Las víctimas de la violencia en el Perú: una mancha oscura de racismo, exclusión y discriminación estructural

Sinthya Rubio Escolar*

Las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas no pueden quedar en la impunidad. La vida de 46 peruanos y las consecuencias que produjo la violencia en sus familias, así como en las 485 personas heridas, deben ser reconocidas y atendidas por el Estado conforme a los estándares internacionales[1]. Este artículo se escribe con el propósito de tener un acercamiento a la situación desde la perspectiva de las víctimas civiles. 

El disenso es un componente fundamental de la democracia y expresarlo a través de la protesta pacífica es un derecho. En la mayoría de ocasiones es el único y último recurso que tienen las personas que luchan por condiciones de vida dignas y por la garantía de sus derechos. Como respuesta, por parte del Estado y la sociedad peruana, las poblaciones de los Andes solo han encontrado exclusión, discriminación y desprecio por su vida. 

En este punto cabe hacer una precisión: la protesta como mecanismo de participación democrático solo puede darse de manera pacífica. Existen acusaciones acerca de la utilización de la protesta por parte de grupos que tienen intereses en actividades ilegales. Episodios de vandalismo contra bienes del Estado y de particulares deben ser rechazados. Su participación de la protesta requiere un análisis más amplio sobre sus causas y consecuencias. Por su parte, el acto de barbarie cometido contra un policía que fue quemado vivo y falleció en Juliaca el 9 de enero de 2023 es absolutamente condenable. Todos estos hechos deberán ser investigados.

Ahora bien, la crisis política y social del 2022 (que se acentúa en el 2023), precedida por la emergencia sanitaria global y otras crisis de corrupción y gobernabilidad anteriores, puso en evidencia, nuevamente, cómo esta violencia surge de la relación histórica entre la sociedad, el Estado y los pueblos étnicos. Violencia que ha estado marcada por el racismo, la discriminación, el clasismo y el legado colonial. La realidad contemporánea demuestra que el Perú es un país de transiciones. ¿Cuándo ocurrirá la transición hacia el respeto por la vida humana y la dignidad de las poblaciones andinas que han sido históricamente atropelladas y que son revictimizadas de manera persistente? 

Al revisar los hechos que tuvieron lugar en Ayacucho el pasado diciembre, no puedo dejar de evocar los hallazgos que identificó la CVR en el 2003. La institución estableció que la violencia impactó de manera desigual en distintos ámbitos geográficos y en diferentes estratos sociales del país. Además, evidenció el papel fundamental que ejerció el racismo y la discriminación durante el conflicto armado. En efecto, fueron estos prejuicios los que permitieron que la ciudadanía, de cierta manera, ignorara los crímenes cometidos y que, por lo tanto, haya sido posible ocultar parcialmente esta violencia[2].

La Comisión también indicó que el 75% de las víctimas fatales tenía como idioma materno el quechua u otras lenguas nativas y contaban con un nivel de educación más bajo que el promedio nacional por falta de acceso a las instituciones educativas. El informe confirmó que la principal víctima de la violencia fue la población campesina. De la totalidad de víctimas el 79% vivía en zonas rurales y el 56 % desarrollaba actividades agropecuarias[3].

Igualmente, existió una visible relación entre la situación de pobreza y exclusión social, y la posibilidad de ser víctima de la violencia. En el departamento andino de Ayacucho se concentró más del 40% de muertos y desaparecidos reportados. Al sumar a ello las víctimas en los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín se llega al 85% de las víctimas registradas por la Comisión. 

En el mapa del Perú, la intensidad de la violencia del conflicto armado interno se visualizó “como una mancha oscura a lo largo de la sierra y la selva de la mitad central del país”.[4] Si se revisan las cifras de las personas fallecidas y heridas el pasado diciembre, se vislumbra esa misma “mancha oscura” en la sierra del Perú. No existe justificación alguna para que esa infame trayectoria de muerte vuelva recorrer el país. 

La CVR propuso en su informe final un gran horizonte de la reconciliación nacional que se derivaría de la ciudadanía plena para todos los peruanos y peruanas. La Comisión interpretó “la reconciliación como un nuevo pacto funcional entre el Estado y la sociedad, y entre los miembros de la sociedad”.[5] En el centro de esta propuesta se encontraba la restitución de derechos para todos y todas y la construcción de ciudadanía. Significaba la refundación del pacto social, la expresión de una nueva voluntad social y política y el inicio de algo nuevo, una propuesta a futuro para el país, alejada de cualquier tipo de discriminación o exclusión[6]

El otro, el enemigo

Veinte años después de la entrega del informe final de la CVR, sigue reinando el centralismo de una sociedad y un Estado fundados en un sistema político, jurídico y económico cerrado a la transformación. Con una democracia frágil y una fragmentación social y cultural profunda, existe una incapacidad de cimentar una confianza colectiva que, a través de la voluntad y el diálogo, pueda llevar a la construcción de una convivencia pluricultural y de la paz.

El racismo ha desempeñado un papel sustancial en el Perú, la segregación social y la incapacidad de las élites para reconocer y aceptar a las mayorías han imposibilitado la formación de un proyecto nacional[7]. El tejido social del país se ha construido a partir de exclusiones violentas del otro, de ese otro indio, campesino, pobre y quechuahablante; por ende, atrasado, salvaje, peligroso e indigno.

Esa necesidad de antagonizar y estigmatizar al que es diferente (al ciudadano urbano de Lima) es el origen del conflicto social que aún hoy persiste y que ha instaurado una política del miedo. Este fenómeno ha contribuido a la normalización y exacerbación de la violencia, como ha estado ocurriendo con el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas recientemente.

Además, en este contexto de movilizaciones sociales, ese enemigo adquiere forma de terruco, término coloquial que reemplaza al de terrorista y que se ha utilizado en el Perú desde los años ochenta, inicialmente, en el contexto del conflicto armado interno. El imaginario del terruco en un amplio sector de la población peruana es “la imagen de personas de extracción indígena que cometían actos de violencia sanguinaria que, a su vez, revelaban su condición de individuos hipócritas, fanáticos, traidores, antipatriotas e incluso subhumanos”[8].

En los años siguientes, nombrar a un terruco, además de ser un insulto con un marcado componente étnico racial, se ha convertido en una estrategia política que busca anular a un oponente, que ha producido, y sigue produciendo, la estigmatización de distintos grupos de la sociedad incluyendo estudiantes, defensores de derechos humanos, víctimas y familiares de víctimas del conflicto armado, periodistas y personas de origen indígena en general[9]. El terruqueo ha sido una práctica para despojar a los individuos de su humanidad, su dignidad y sus derechos, así como para negarles la posibilidad de ser interlocutores válidos en la construcción de nación.

En último término, es necesario subrayar que el espacio político es construido por los medios de comunicación. En el Perú, estos reproducen y legitiman estereotipos que afectan a determinados grupos étnicos, lo cual ha facilitado tanto la discriminación étnico racial[10], como el terruqueo. Por lo tanto, corresponde a la realidad afirmar que existe un nivel de responsabilidad que los medios deben asumir por la criminalización de la actual protesta, el terruqueo y la violencia simbólica que a ello conlleva[11].

El Estado

El racismo en el Perú se ha construido sobre una trama de relaciones clasistas, de género, étnicas y de poder que tienen efectos en la institucionalidad, puesto que allí se legitiman y se consolidan[12]. El Estado ha permitido que el trato colonial y el racismo estructural haya derivado en una violencia histórica y en la criminalización de la protesta. El Estado ha facilitado la existencia del otro, el enemigo.

Reivindicar y ejercer los derechos no puede llevar a la muerte. La potestad que tiene el Estado del uso de la fuerza debe utilizarse como último recurso. De acuerdo con reportes de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, las fuerzas estatales utilizaron armas letales ejerciendo el uso de la fuerza de manera desproporcionada, actuando así en violación de su obligación de respetar y proteger los derechos y las libertades consagrados normas imperativas del derecho internacional de los derechos humanos[13].

Por su parte, el terruqueo también ha sido utilizado por autoridades del Estado para criminalizar la protesta social que inició en diciembre de 2022[14]. Además, se ha abusado de la figura del estado de emergencia poniendo en riesgo la vida de sus ciudadanos, transgrediendo sus derechos en lugar de protegerlos. A la inconformidad de la ciudadanía frente la situación política, social y económica del país, en lugar del diálogo, el Estado envió un mensaje militarista y de mano dura desplegando ampliamente sus fuerzas armadas.  

Las marchas y protestas seguirán, son un componente indispensable de la democracia. El Estado no puede acostumbrarse a responder con excesiva violencia y cuando ya el daño está hecho, y hay muertes que enlutan al país, pedir disculpas e invitar al diálogo. El Estado debe promover y cumplir el derecho a la vida de todos sus ciudadanos sin discriminación.

Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición 

Los testimonios de los familiares llenos de dolor y desesperación por la muerte de las víctimas son desgarradores. Es inconcebible que la mayoría de la sociedad peruana no se haya pronunciado para decir: ¡basta ya! Diferentes organizaciones internacionales como la ONU y la CIDH han condenado todo tipo de violencia y han hecho un llamado al Estado para que se investiguen los hechos de manera pronta y exhaustiva, haciendo un énfasis particular en los derechos de los niños, niñas y adolescentes[15]

La verdad y la justicia son esenciales y deberán ser garantizadas por el Estado de manera rápida y efectiva. Igualmente, es un asunto de urgencia y de dignidad que las víctimas y sus familias puedan acceder las reparaciones que, si bien no podrán borrar los efectos de la violencia, podrán reconocer y dignificar a las víctimas como sujetos de derechos y proporcionar beneficios directos que les permitan intentar reconstruir su proyecto de vida. 

Se reconoce la disposición del Estado, a través del Ministerio de Justicia, en la creación de la Comisión Multisectorial para los casos de las personas fallecidas y heridas de gravedad, que tiene como objetivo atender las necesidades inmediatas de las víctimas y sus familiares. Aquí cuatro recomendaciones: todas las medidas deberán ir acompañadas del reconocimiento de los hechos y la responsabilidad del Estado, de la dignidad de las víctimas y de su condición como sujetos de derechos; los mecanismos institucionales que se ofrezcan a las víctimas siempre deberán ser integrales e incluyentes (en términos de beneficiarios y de las consecuencias de la violencia que buscan resarcir).

Asimismo, las reparaciones apropiadas deberán responder a las necesidades de las víctimas y sus intereses para ser efectivas, por lo cual escucharlas con seriedad y tener en cuenta sus opiniones es fundamental; y el gobierno deberá adoptar servicios de reparación en emergencia, mientras se estén diseñando las medidas de reparación, con el objetivo de atender las necesidades urgentes de las víctimas y evitar exponerlas a más daños.

Finalmente, la construcción de una ciudadanía democrática que respete y valore la diversidad, así como el pluralismo étnico, cultural y político, requiere que el en el Perú se establezca un pacto que, por una parte, reconozca la violencia histórica que han sufrido los pueblos étnicos y, por otra, que se asuma la responsabilidad colectiva de enmendar y transformar esa realidad por una que garantice derechos y promueva la igualdad efectiva.


* Sinthya Rubio Escolar es consultora experta en Justicia Transicional.

Imagen: AP Photo/Hugo Curotto

[1] Incluyendo la vida de 5 adolescentes y muchos jóvenes. Cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo del Perú. Reporte diario, crisis política y protesta social, Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, 9 de enero de 2023.

[2] Guillerot, J. y Magarrell, L., Reparaciones en la Transición Peruana. Memorias de un Proceso Inacabado, Asociación Pro – Derechos Humanos, International Center for Transitional Justice, Perú, 2006, p.24.

[3] Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, Hatun Willakuy: Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Segunda edición, Lima, 2008, p.434.

[4] Ibid., p.21.

[5] Ibid., p.465.

[6] Macher, S., “Un camino arduo”, Revista Ideele, No.173, octubre, 2005, p. 26.

[7] Callirgos, J., “El racismo en el Perú”, en Oboler, S. y Callirgos, J. El racismo peruano. Ministerio de Cultura, Lima, 2015, p.95.

[8] Aguirre, C., Terruco de m… Insulto y estigma en la guerra sucia peruana, histórica XXXV.1, 2011, p.110.

[9] Véase el proyecto de investigación “No al terruqueo”. Disponible en: https://terruqueo.pe/?playlist=316c37a&video=9b54d57

[10] Castañeda, M. y Chávarri, S., Discriminación étnico-racial en medios de comunicaciónDiagnóstico. Ministerio de Cultura, Lima, 2017.

[11] Sagástegui, C., “Los medios racistas de comunicación”, Revista Ideele N°307, diciembre 2022. Disponible en: https://www.revistaideele.com/2022/12/26/los-medios-racistas-de-comunicacion/

[12] Oboler, S. y Callirgos, J., El racismo peruano, Ministerio de Cultura, Lima, 2015, p.12.

[13] Ver https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/12/Comunicado-19-12-22.pdf y https://derechoshumanos.pe/2022/12/vulneraciones-de-derechos-humanos-durante-las-movilizaciones/

[14] Véanse, por ejemplo, las declaraciones del ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia Juan Carlos Liendo quien un día antes de su nombramiento, el 17 de diciembre, argumentó que las protestas hacían parte de una “insurgencia terrorista” https://larepublica.pe/politica/gobierno/2023/01/04/dina-boluarte-despues-de-desafiar-a-la-presidenta-renuncio-el-jefe-de-la-dini-juan-carlos-liendo-sin-protestas-en-peru/ La rueda de prensa de la Presidenta Dina Boluarte dirigida al Congreso en la que se refiere a un sector de los manifestantes como “grupos violentistas”. En la misma conferencia, el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas el general Gómez Latorre hace mención de “muy malos peruanos” que originan el caos, describe los hechos sucedidos en las protestas como una “amenaza a la seguridad nacional” y denomina como “acciones violentistas y terroristas” las que han tenido lugar en las marchas. Disponible en: https://web.facebook.com/watch/?v=3336688739943191 También las declaraciones del entonces (diciembre 2022) jefe de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional Óscar Arriola, en las cuales afirma que en las protestas hay muchos miembros de organizaciones terroristas. Disponible en:https://www.infobae.com/america/peru/2022/12/13/movadef-sendero-luminoso-y-el-mrta-estan-detras-de-la-violencia-en-protestas-advirtio-el-jefe-de-la-dircote/

[15] Ver https://www.ohchr.org/en/statements/2022/12/peru-el-comite-de-la-onu-insta-garantizar-el-derecho-de-expresion-de-ninos-ninas yhttps://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/280.asp

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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