Indulto a Fujimori vulnera control de convencionalidad y derecho de acceso a la justicia de las víctimas

Juana María Ibáñez Rivas*

Hace más de 20 y 15 años, respectivamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió las sentencias en Barrios Altos y La Cantuta, dos casos emblemáticos y trágicamente representativos del período de conflicto armado de carácter no internacional en el Perú (1980-2000). 

En la sentencia Barrios Altos (2001), la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación del derecho a la vida de 15 personas y el derecho a la integridad de cuatro que fueron heridas gravemente (una de las cuales resultó incapacitada de manera permanente), en noviembre de 1991, en un inmueble en Lima, en el vecindario conocido como “Barrios Altos”. En la sentencia La Cantuta (2006), la Corte declaró responsable al Perú por violaciones al derecho a la vida, la integridad y libertad personal en perjuicio de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”-La Cantuta, quienes fueron detenidos arbitrariamente en julio de 1992 (dos fueron ejecutados y, los otros ocho, desaparecidos forzadamente). En ambos casos, se demostró que las violaciones fueron resultado de la actuación del “Grupo Colina”, adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional, que operaba con conocimiento de la Presidencia de la República y del Comando del Ejército. En las referidas sentencias, la Corte IDH ordenó al Estado investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos.

La sentencia del Tribunal Constitucional del Perú de 17 de marzo de 2022 que restituye los efectos de la Resolución Suprema de 24 de diciembre de 2017 que concedió un indulto humanitario a Alberto Fujimori y dispuso su libertad[1] representa un incumplimiento de las decisiones de la Corte IDH, así como una nueva vulneración del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

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¿Debería ejercer Argentina la jurisdicción universal en la causa de los rohinyás?

Naomi Roht-Arriaza*

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Los jueces escucharon atentos la declaración que prestó en inglés, por videoconferencia, Maun Tung Khin ante un tribunal de apelaciones argentino. En su testimonio, relató a los jueces los ataques que perpetraron fuerzas militares y paramilitares contra su comunidad en Myanmar, al otro lado del mundo. Describió ataques a aldeas, violaciones de mujeres, familias obligadas a huir cuando quemaron sus casas, y agregó: es imposible obtener justicia en mi país. Los jueces le agradecieron, mientras consideran si Argentina debería aceptar la jurisdicción respecto de delitos cometidos contra la comunidad étnica de Khin, los rohinyás.

El 13 de noviembre de 2019, la Burmese Rohingya Organization (Reino Unido) inició acciones ante la justicia argentina en las que alega que, entre 2012 y 2018, fuerzas militares cometieron genocidio y crímenes de lesa humanidad contra comunidades rohinyás en Myanmar.  En la demanda se describe un repertorio de hechos de discriminación, denegación de ciudadanía y opresión, que se agudizaron después de 2012, al punto de incluir ataques generalizados a comunidades, ejecuciones, torturas, violaciones sexuales masivas y, por último, el desplazamiento de comunidades rohinyás. Cientos de miles de rohinyás huyeron de Myanmar al país vecino de Bangladés para escapar del Ejército. Los demandantes solicitaron que Argentina conozca el caso contra los líderes del Tatmadaw (Ejército) al amparo del principio de jurisdicción universal.

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El ABC de la Consulta Popular en México

Daniela Malpica Neri*

El 1 de agosto de 2021, las y los mexicanos fuimos llamados a participar en la primera consulta popular en nuestro país. Este ejercicio generó mucha controversia y polarización, por decir lo menos. En el presente espacio pretendo abordar de manera breve y sencilla cómo surgió esta figura de participación directa de la democracia en México, el origen de la pregunta y el proceso hasta llegar a la boleta, así como un breve análisis de sus resultados y las posibilidades que la pregunta representó para conocer la verdad de violaciones graves a derechos humanos en nuestro país. 

Origen de la consulta popular en México

Además de las elecciones para los cargos públicos de los poderes ejecutivo y legislativos, México incluyó la figura de consulta popular como mecanismo de participación ciudadana en el año de 2012. Su regulación secundaria, la Ley Federal de Consulta Popular, se publicó dos años después, el 14 de marzo de 2014. Ahora bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió desde su periodo de campaña diversas consultas populares. Con esto en mente, y en específico para la consulta que nos espera el próximo domingo, decidió que se requería de modificaciones para asegurarse de la constitucionalidad y vinculatoriedad de las consultas[1]. Por ello, se logró modificar la Constitución el pasado 20 de diciembre de 2019 para quedar como la conocemos ahora. 

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Venezuela en la Corte Penal Internacional: guía para entender este histórico asunto

Acceso a la Justicia* 

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Víctimas de violaciones a los derechos humanos, activistas, funcionarios gubernamentales y los medios de comunicación aguardaban con ansías ese día. ¿El motivo? Se esperaba que la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, anunciara si continuaría el proceso de investigación de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país. Sin embargo, las maniobras del fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, las cuales incluyeron una solicitud de control judicial, parecen haber logrado el objetivo y han demorado el pronunciamiento.

No obstante, son muchos los que no conocen la trascendencia del asunto; por ello, en Acceso a la Justicia hemos considerado pertinente aclarar algunas dudas.

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El Informe de la Misión de Determinación de los hechos sobre Venezuela: Consideraciones sobre las dimensiones de género y los actos de violencia sexual

Beatriz Borges* y Nicole Ramia**

El pasado mes de septiembre fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela. Esta misión fue creada en el 2019, en el 42° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el fin de investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y los tratos crueles o degradantes ocurridos desde el año 2014 en Venezuela. Este informe que narra de forma detallada las atrocidades y violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela, presenta reflexiones e información relevante sobre las dimensiones de género de la crisis y también sobre la comisión de delitos sexuales. 

En este sentido, la misión ha destacado el uso de la violencia sexual o amenazas de violación, infligiendo dolor físico y angustia psicológica por parte de los agentes de seguridad del Estado, como técnica de represión y tortura particularmente en circunstancias de detención para obtener confesiones e información de la víctima.

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Venezuela: Corrupción y Crímenes de Lesa Humanidad

Carmen Alguíndigue Morles*

El Informe de la Misión de Determinación de Hechos recientemente presentado ante el Consejo de Derechos Humanos contiene un apartado específico sobre el fenómeno de la corrupción en Venezuela, en el que se hace mención sobre el casi centenar de investigaciones en distintas jurisdicciones del mundo, el mal manejo de los asuntos económicos y en general el desdibujamiento de la independencia de poderes públicos, a medida que el poder Ejecutivo se ha extendido.

Esta misión internacional independiente deja claro que la existencia y mantenimiento de este fenómeno de la corrupción “es un factor motivador de las violaciones de los derechos humanos, al generar beneficios económicos personales a los responsables….”, afirmando que “un elemento de la crisis de Venezuela que merece una investigación más profunda, es el nexo entre la corrupción y las graves violaciones de los derechos humanos[1]”. Este aporte, al igual que todos los hallazgos encontrados es fundamental en el examen preliminar que se adelanta desde 2018 sobre Venezuela en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

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