La búsqueda de rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos en Venezuela

Carlos Lusverti*

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¿Qué tienen en común BurundiLibiaMyanmarSudán del Sur y Venezuela? Todos ellos han sido objeto de mecanismos de investigación independientes establecidos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar las graves violaciones de derechos humanos que se producen en estos países.

En cuanto a Venezuela, el Consejo adoptó en 2019 la resolución 42/25 estableciendo una Misión Internacional Independiente de Investigación (MII), que es un órgano internacional de investigación designado para responder a situaciones de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, ya sean prolongadas o resultantes de acontecimientos repentinos, así como para promover la rendición de cuentas por esas violaciones y luchar contra la impunidad.

La MII para Venezuela tiene el mandato de investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluidos los relacionados con violencia sexual y de género, cometidos desde 2014. Los informes de la MII ayudan a combatir la impunidad y a garantizar la plena rendición de cuentas de los autores de estas graves violaciones de derechos humanos, así como la justicia para las víctimas.

El mandato de la Misión ha sido renovado hasta 2024, en tanto que el Consejo entendió que, lamentablemente, las razones que llevaron a su creación, a saber, la impunidad sistémica en Venezuela, la ausencia de vías internas de reparación de las violaciones de los derechos humanos y los continuos intentos de las autoridades de eludir el escrutinio internacional, siguen vigentes a día de hoy.

Los hallazgos de la Misión Internacional de Investigación

La MII ha documentado cientos de casos que implican las mencionadas violaciones graves de los derechos humanos en las que se centra su mandato; ha identificado patrones de crímenes según el derecho internacional y ha elaborado una lista de personas cuya aparente participación en la comisión de dichos crímenes debe ser investigada por autoridades judiciales independientes e imparciales.

El informe 2020 de la MII concluyó «que hay motivos razonables para creer que algunas de las conductas descritas (…) constituyen crímenes de lesa humanidad». Su informe de 2021 demostró la participación del sistema de justicia venezolano, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo, los tribunales inferiores y los fiscales, en los graves delitos que había documentado. En ese momento, la Misión concluyó «que los actores de este sistema [de justicia], tanto por acción como por omisión, han jugado un papel importante en la represión del Estado contra opositores del gobierno y personas que son percibidas como tales.»

El informe 2022 se centró en los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades como parte de un plan para reprimir a la oposición política, y también abordó la crítica situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco. La Misión analizó las responsabilidades de los más altos cargos de la cadena de mando, y concluyó que «[las] violaciones de derechos humanos y delitos, constitutivos de crímenes de lesa humanidad, incluyendo actos de tortura de extrema gravedad» fueron cometidos por individuos que ocupaban diversos cargos dentro de las jerarquías del gobierno de Maduro.

La respuesta de las autoridades venezolanas a los informes de la MII

Aunque la MII ha solicitado a las autoridades venezolanas que autoricen la entrada al país de su personal para realizar sus investigaciones in situ, sus peticiones han sido ignoradas. Además, ante el Consejo de Derechos Humanos, las autoridades venezolanas han hecho varias declaraciones atacando los informes de la Misión, y acusando a la MII de estar politizada.

Al mismo tiempo, las autoridades venezolanas han anunciado medidas para hacer frente a la impunidad en el país, y para mostrar que existe un poder judicial independiente capaz de hacer frente a las violaciones de derechos humanos documentadas por la MII, y de hacer justicia a las víctimas. Pero estas medidas no están respaldadas por una voluntad real de combatir la impunidad, ya que ni revierten el control político del ejecutivo sobre el poder judicial, ni cumplen con las garantías internacionales del debido proceso, ni con las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Recientemente, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha declarado que estas reformas no muestran avances respecto a las investigaciones internas de graves violaciones de derechos humanos. Además, los juicios derivados de graves violaciones de los derechos humanos se ven afectados por acusaciones inadecuadas y/o investigaciones insuficientes. Los jueces y fiscales, que carecen de independencia e imparcialidad, dirigen los juicios, y los procedimientos se ven empañados por retrasos injustificados.

Por otra parte, en enero de 2022, la reforma del Tribunal Supremo de Justicia y el nombramiento de nuevos magistrados fue un ejemplo típico de cómo las reformas emprendidas por las autoridades no han abordado la falta de independencia judicial; de hecho, el proceso terminó aumentando el control político del ejecutivo sobre los jueces. La mayoría de estos nombramientos tuvieron una motivación política. Como resultado, el proceso violó el derecho internacional de los derechos humanos y las normas sobre independencia judicial.  Del mismo modo, el uso continuado de tribunales antiterroristas contra aquellos identificados como opositores políticos y representantes de la sociedad civil muestra un patrón persistente de persecución indebida de personas que son percibidas como disidentes u opositores al gobierno de Maduro. Un ejemplo es el proceso penal contra un conocido defensor de los derechos humanos, el Sr. Javier Tarazona, quien se enfrenta a cargos por motivos políticos, y al que se le ha negado el derecho a un abogado de su elección, y ha sido torturado durante su detención.

Complementariedad entre los mecanismos internacionales de rendición de cuentas

La existencia de varios mecanismos internacionales que pretenden promover la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, como la MII y la Corte Penal Internacional (CPI), que abrió su propia investigación sobre la situación del país en noviembre de 2021, es una buena noticia para las víctimas. Dado que las autoridades nacionales son incapaces de rendir cuentas y no están dispuestas a hacerlo, y están cada vez más alejadas de los organismos internacionales de supervisión de los derechos humanos, la CPI y la MII se complementan entre sí.

Por ejemplo, la investigación de la Fiscalía de la CPI, que se centra en los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por personas concretas, podrá aprovechar los hallazgos y las pruebas recopiladas por la MII que, a su vez, podrían ser relevantes para su trabajo. Por otra parte, la MII puede complementar la investigación de la CPI ampliando su propia documentación sobre las graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, dado que su mandato es más amplio que la investigación que lleva a cabo el Fiscal de la CPI.

Situaciones como las de BurundiMyanmar o Sudán del Sur demuestran que mecanismos como la MII pueden tener un efecto disuasorio sobre la comisión de violaciones de derechos humanos en el futuro. Esto es muy importante en Venezuela, ya que hay elecciones presidenciales y legislativas previstas en 2024 y 2025. Informes anteriores de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) muestran que durante los períodos electorales, la represión a manos de las autoridades nacionales alcanza un pico en Venezuela. Con respecto a esto, como han señalado las organizaciones de la sociedad civil, la MII «puede jugar un papel crucial de alerta temprana, monitoreando y documentando patrones de represión del gobierno y cualquier intensificación en su ofensiva contra el espacio cívico».

Las víctimas en Venezuela esperan justicia. A la luz de la falta de independencia judicial y de la fiscalía, la comunidad internacional puede desempeñar un papel crucial en la promoción de la rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos. Así, la MII, la CPI, la OACDH y otros organismos internacionales son necesarios para garantizar los derechos de las víctimas y apoyar sus demandas de justicia y reparación.


* Carlos Lusverti es consultor jurídico para América Latina en la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

Imagen: 51ra Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. UN Geneva, vía Flickr.

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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