Cerrar los refugios seguros para la delincuencia organizada del Estado de Venezuela: “Estado de derecho invertido”, impunidad y desafíos en la cooperación internacional para la extradición entre Estados Unidos y España

Jan-Michael Simon

Resumen

Los actores delictivos vinculados con la delincuencia organizada del Estado de Venezuela, tanto dentro como fuera del país, se benefician con el sistema imperante en Venezuela, basado en un “Estado de derecho invertido” y la impunidad. El presente artículo señala los desafíos internacionales que han surgido al intentar llevar a la justicia a los actores delictivos en el extranjero. Los procesos penales que, en la actualidad, se encuentran en trámite en Estados Unidos y en España permiten conocer el espectro de las actividades delictivas y la magnitud de los activos robados. La delincuencia organizada del Estado de Venezuela se ha caracterizado como “una empresa de corrupción con ramificaciones en múltiples jurisdicciones, que hace que Odebrecht parezca un mero carterista del centro de Caracas”. Esta es una comparación interesante, si se tiene en cuenta que el Departamento de Justicia de EE. UU. se ha referido al precedente de “Odebrecht” como el “mayor caso de soborno transnacional de la historia”. Muchos casos relacionados con la delincuencia organizada del Estado de Venezuela recién comienzan a salir a la luz. Aun así, los casos en EE. UU. y España ponen en evidencia que las operaciones delictivas implican relaciones transnacionales ilícitas a nivel global entre actores de diferentes nacionalidades y residencias.

En función de tres estudios de casos, este artículo llega a la conclusión de que exfuncionarios públicos de alto nivel vinculados con la delincuencia organizada del Estado de Venezuela que residen en España, han buscado refugio allí mientras intentaban eludir investigaciones en Estados Unidos. También se concluye que, a fin de que España no sea un refugio seguro para este tipo de delitos, las autoridades españolas deben tomar medidas de buena fe que posibiliten la persecución penal y asegurar la debida diligencia, o bien disponer la extradición de estas personas a Estados Unidos. De lo contrario, el sector de la justicia española contribuiría a la impunidad de los actores implicados en la delincuencia organizada del Estado de Venezuela.

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El Ministerio Público y la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Carmen Alguíndigue Morles*

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, luego de su visita oficial a Venezuela este año, publicó sus conclusiones y recomendaciones, en cumplimiento del mandato establecido por la resolución N° 39/1 del Consejo de Derechos Humanos.

Entre ellas, se aprecian temas complejos, de enorme importancia y gravedad, sin embargo no queda clara la identificación de la causa crónica de las situaciones descritas: el desmoronamiento d la democracia y el estado de derecho, condiciones necesarias para reconstruir la institucionalidad que permita atender las distintas recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

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Closing safe havens for Venezuelan State Organized Crime: “Inverted rule of law,” impunity, and challenges in international cooperation in extradition between the U.S. and Spain

Jan-Michael Simon

Criminal actors linked to Venezuelan State Organized Crime, be they in or outside the country, profit from Venezuela’s ruling system of “inverted rule of law” and impunity. The present article sheds light on international challenges that have arisen while seeking accountability abroad. Criminal proceedings currently underway in the U.S. and Spain provide insight as to the spectrum of the criminal activities and the magnitude of the assets stolen. Venezuelan State Organized Crime has been described as “a multi-jurisdictional corruption enterprise that makes Odebrecht look like a downtown Caracas pickpocket.” It is an interesting comparison considering that the U.S. Department of Justice has called the “Odebrecht” precedent “the largest foreign bribery case in history.” Many cases related to Venezuelan State Organized Crime are only beginning to be uncovered. Yet, the cases in the U.S. and Spain make clear that the criminal operations involve illicit transnational relations at the global level between actors of different nationalities and residencies.

Based on three case studies, this article concludes that former high-level public officials linked to Venezuelan State Organized Crime residing in Spain have sought refuge there while trying to elude investigations in the U.S. This article concludes that to ensure that Spain is not a safe haven for such crimes, Spanish authorities must take good faith measures toward prosecution and ensure due diligence, or extradite to the U.S. Failing to do so would result in the Spanish justice sector contributing to the impunity of actors involved in Venezuelan State Organized Crime.

 

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Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos: ¿Qué implica su ingreso a ese órgano?

Ramiro Orias*

Luego de una ajustada votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, la República Bolivariana de Venezuela obtuvo una de las ochos sillas asignadas para la región latinoamericana en el Consejo de Derecho Humanos, con 105 votos sobre Costa Rica, que obtuvo 96. Aunque el gobierno venezolano, frente a su creciente aislamiento externo, ha tratado de mostrar este logro como una victoria diplomática, esto de ninguna manera significa un reconocimiento internacional ni laureles a la política de derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro. El ingreso  de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, importa más bien elevar el estándar de cumplimiento de sus compromisos y obligaciones internacionales dentro del sistema universal de derechos humanos.

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Radiografía: la independencia judicial en Venezuela

Santiago Martínez Neira*

La independencia del Poder Judicial en Venezuela está profundamente erosionada y su reconstrucción institucional es urgente. En estas líneas, se van a reconstruir algunos sucesos clave que han minado la independencia judicial y han hecho que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se convierta en un instrumento político del oficialismo y un actor fundamental para su permanencia indefinida en el poder.

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El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela: ¿Síntomas o causas de la crisis de derechos humanos?

Ramiro Orias Arredondo*

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Michelle Bachelet, luego de su visita oficial a Venezuela realizada del 19 al 21 de junio de 2019, publicó sus conclusiones y recomendaciones, en cumplimiento del mandato establecido por la resolución n.° 39/1 del Consejo de Derechos Humanos. El informe ofrece una visión general de la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela de enero de 2018 a mayo de 2019, y destaca patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

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Venezolanos, go home!

Asociación Civil Derechos en Acción*

El 23 de febrero del año 2001, el gobierno boliviano expulsó a una familia peruana que había ingresado al país cuatro días antes sin presentar los documentos migratorios correspondientes. En 2012 el caso terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que un año después sancionó a Bolivia por haber violado los derechos de sus cinco integrantes, entre otros el principio de no devolución, las garantías judiciales, la protección judicial, la protección a la familia y la integridad personal. El asunto es conocido en la jurisprudencia de la Corte IDH como el caso de la Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia[2], caso emblemático por haber sido el primero en el que tribunal de San José se pronunció sobre el principio de no devolución en un caso contencioso.

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