Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos: ¿Qué implica su ingreso a ese órgano?

Ramiro Orias A.

Luego de una ajustada votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, la República Bolivariana de Venezuela obtuvo una de las ochos sillas asignadas para la región latinoamericana en el Consejo de Derecho Humanos, con 105 votos sobre Costa Rica, que obtuvo 96. Aunque el gobierno venezolano, frente a su creciente aislamiento externo, ha tratado de mostrar este logro como una victoria diplomática, esto de ninguna manera significa un reconocimiento internacional ni laureles a la política de derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro. El ingreso  de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, importa más bien elevar el estándar de cumplimiento de sus compromisos y obligaciones internacionales dentro del sistema universal de derechos humanos.

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Radiografía: la independencia judicial en Venezuela

Santiago Martínez Neira*

La independencia del Poder Judicial en Venezuela está profundamente erosionada y su reconstrucción institucional es urgente. En estas líneas, se van a reconstruir algunos sucesos clave que han minado la independencia judicial y han hecho que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se convierta en un instrumento político del oficialismo y un actor fundamental para su permanencia indefinida en el poder.

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El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela: ¿Síntomas o causas de la crisis de derechos humanos?

Ramiro Orias Arredondo*

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Michelle Bachelet, luego de su visita oficial a Venezuela realizada del 19 al 21 de junio de 2019, publicó sus conclusiones y recomendaciones, en cumplimiento del mandato establecido por la resolución n.° 39/1 del Consejo de Derechos Humanos. El informe ofrece una visión general de la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela de enero de 2018 a mayo de 2019, y destaca patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

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Venezolanos, go home!

Asociación Civil Derechos en Acción*

El 23 de febrero del año 2001, el gobierno boliviano expulsó a una familia peruana que había ingresado al país cuatro días antes sin presentar los documentos migratorios correspondientes. En 2012 el caso terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que un año después sancionó a Bolivia por haber violado los derechos de sus cinco integrantes, entre otros el principio de no devolución, las garantías judiciales, la protección judicial, la protección a la familia y la integridad personal. El asunto es conocido en la jurisprudencia de la Corte IDH como el caso de la Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia[2], caso emblemático por haber sido el primero en el que tribunal de San José se pronunció sobre el principio de no devolución en un caso contencioso.

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¿Un nuevo autogolpe?

Santiago Martínez Neira*

El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori comunicó por televisión su decisión de disolver el Congreso de la República del Perú. Esa tarde, decenas de tanquetas militares se estacionaron en las esquinas del centro de Lima y cientos de militares encapuchados rodearon el edificio del Congreso para impedir el ingreso de los senadores y diputados. No era un golpe de estado cualquiera, era un autogolpe; un hecho casi inédito en el continente. En lugar de conspirar contra el Presidente —como había acontecido en Argentina, Brasil, Chile, o en el mismo Perú en 1968— los militares conspiraron con él para cerrar el Congreso y adueñarse de las principales instituciones del Estado. Con esto se buscó anticipar las elecciones parlamentarias para que el nuevo Congreso, esta vez de mayoría fujimorista, promulgara una nueva Constitución. Pese a lo acontecido, los congresistas siguieron sesionando desde el Colegio de Abogados de Lima. Su primera decisión fue declarar la vacancia del presidente, medida que no logró contrarrestar el poder impuesto por las vías de hecho.

Por inverosímil que parezca este escenario, todo parece indicar que el continente va a presenciar un nuevo autogolpe, esta vez en Venezuela. Sigue leyendo

Brasil, ¿sucursal de Venezuela?

Daniel Cerqueira

Artículo publicado originalmente en  Open Democracy

 English /Português

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Los pueblos indígenas y quilombolas de Brasil enfrentan retrocesos propios de países sin estado de derecho. Su única esperanza es el Poder Judicial.

Ausencia de elecciones libres, criminalización de las voces críticas al gobierno, represión sistemática de manifestantes y Poder Judicial inoperante frente a los abusos del gobierno. Estas son solamente algunas de las razones por las que Venezuela merece el rótulo de dictadura. Mientras allá la ruptura de la democracia afecta a la población en general y a los pueblos indígenas en particular, en Brasil los pueblos indígenas y quilombolas están sujetos a atropellos institucionales y a una oleada de violencia e impunidad propias de un país sin estado de derecho.

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Venezuela: ¿Justicia transicional sin transición?

Por: Ramiro Orías

Fellow DPLF

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Foto: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información

Al día siguiente que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela declaró la inconstitucionalidad de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada por la Asamblea Nacional, el presidente venezolano Nicolás Maduro instaló una Comisión para la Verdad, la Justicia y la Reparación, iniciativa que ya había sido descartada en enero pasado. Según el anuncio presidencial[1], esta Comisión será presidida por el vicepresidente del Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, y tendrá como secretario permanente a Larry Devoe, el ejecutivo del Consejo Nacional de DDHH, y como miembros permanentes a la Fiscal General de la República, al Defensor del Pueblo, y a la Ministra para Relaciones Exteriores. También se señaló que se incorporarían tres voceros del Comité de Víctimas de las Guarimbas; una integrante del Frente contra el Sicariato Campesino y el presidente del Comité de Víctimas del Golpe de Estado de 2002. Esta comisión a su vez estaría integrada por cuatro representantes oficialistas del Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional, así como cuatro delegados del bloque opositor, quienes ya adelantaron que no participarán.

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