Violencia, corrupción, impunidad y justicia transicional en América Latina

Daniel Vázquez*

América Latina ha pasado por largos procesos de transición a la democracia, comenzando con República Dominicana y Ecuador en 1978, Perú (1980), Honduras (1981), Bolivia (1982), Argentina (1983), El Salvador (1984), Guatemala, Brasil y Uruguay en 1985, Paraguay y Panamá en 1989, Chile (1990) y México (2000). Como resultado de esta ola transicional, hubo una gran expectativa en que estos procesos de democratización tuvieran un impacto positivo en la disminución de las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, entre otras cosas, porque la élite político-económica de la región utilizó prácticas no constitucionales para obtener el poder político. En consecuencia, los golpes de Estado, fueron y hoy en día son en algunos países de la región, una práctica común que desvió la atención de los Estados sobre la necesidad de consolidar y dotar de calidad los procesos democráticos, esto es, construir un sólido Estado de Derecho, elaborar pesos y contrapesos con órganos realmente autónomos, priorizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio gubernamental y, especialmente, hacer de la distribución igualitaria de recursos económicos y políticos el principal objetivo de gobierno para generar sociedades políticas más horizontales.

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Corte de Constitucionalidad señala la ruta en crisis institucional en Guatemala

Claudia Escobar PhD*

La función de un Tribunal Constitucional es velar porque se respeten las normas constitucionales y lograr una efectiva protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En Guatemala en el año 1985, con la promulgación de una nueva constitución que marcó el retorno a época democrática y puso fin a gobiernos autoritarios, fue creada la Corte de Constitucionalidad (CC) como un ente independiente de los otros poderes del Estado.

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Reformas a la Ley de Antejuicio en Guatemala: La pieza que falta para blindar la impunidad

Ursula Indacochea*

Es indudable que la rendición de cuentas es un aspecto fundamental de la democracia. Pero cuando pensamos en los sistemas de justicia y en sus más altas autoridades, es fundamental mantener ese delicado equilibrio entre la responsabilidad y la garantía de la independencia judicial. Uno de los mecanismos clásicos del sistema de pesos y contrapesos de las democracias modernas, ha consistido en otorgar a los Parlamentos la atribución de realizar controles previos a la investigación penal, o directamente investigar y sancionar las conductas de las altas autoridades judiciales. Pero este mecanismo descansa bajo una premisa que, cada vez con más frecuencia, es desmentida por la realidad: que el órgano legislativo garantiza la imparcialidad de este juicio, y que los jugadores parlamentarios no tiene intereses ilegítimos en expulsar al árbitro del partido. Guatemala es el ejemplo perfecto de esta distorsión.

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De Sepur Zarco a El Mozote: en búsqueda de la justicia con sentido de mujer

Leonor Arteaga*

Publicado originalmente en El Faro.

Todas somos Sepur Zarco, repetía una frase de la Alianza rompiendo el Silencio y la Impunidad, simbolizando así la solidaridad con las mujeres que vivieron repetidos abusos, trabajos forzados y violaciones sexuales que tomaron forma de esclavitud, en la base militar del mismo nombre, que operó entre 1982 y 1986, en el marco del conflicto armado en Guatemala. Todas ellas fueron abusadas mientras sus maridos, que reclamaban la tierra, habían sido desaparecidos, detenidos o asesinados. Sigue leyendo