La urgente necesidad de consolidar la democracia y el Estado de Derecho en Haití

Gaël Pétillon*

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Según la Constitución haitiana, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial constituyen el fundamento esencial sobre el que se basa la organización del Estado. En el ejercicio de sus respectivos poderes, deberes y funciones, son totalmente independientes. Sin embargo, desde enero de 2020, la ausencia de elecciones legislativas ha provocado un deterioro progresivo de este poder, habiendo finalizado el mandato de todos los diputados y de dos tercios del senado. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en la noche del 6 al 7 de julio, así como la muerte del presidente del Tribunal de Casación han agravado la situación desde el punto de vista institucional. Esta situación ha agravado la disfunción de los tres poderes: la Asamblea Nacional y el Consejo Superior de la Magistratura (CSPJ) son ahora nulos, mientras que el ejecutivo se esfuerza por dirigir la nación con eficacia. Se está creando un vacío institucional que se suma a la crisis política y sanitaria. Además, el reciente terremoto del 14 de agosto de 2021 generó necesidades urgentes adicionales, exacerbando aún más las deficiencias mencionadas y sugiriendo un próximo deterioro de la situación de los derechos humanos en Haití.

El recrudecimiento de actos violentos

Desde hace más de dos años, los haitianos se enfrentan a un aumento de pandillas, con presencia de grupos armados en varios barrios de la capital y otras provincias. Este fenómeno ha dado lugar a numerosas y graves violaciones de los derechos humanos, como masacres, secuestros, violaciones y asesinatos callejeros. Algunos barrios, bajo el control de grupos armados que se enfrentan regularmente para ganar más territorio, están abandonados a su suerte, ya que los bandidos han expulsado a la policía de los recintos.

La proliferación de estos grupos y la recurrencia de los enfrentamientos violentos han provocado el desplazamiento de cerca de diez mil haitianos y haitianas, afectando especialmente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, los niños, las personas que viven en la pobreza, así como los discapacitados. Usualmente viviendo en refugios improvisados, estas personas desplazadas internas, son objeto de todo tipo de violaciones de los derechos humanos. Al huir de sus hogares, las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables a la violencia de género, incluida, entre otras, la violencia sexual.

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Las raíces del problema: nuestras recomendaciones a la Administración Biden para enfrentar la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica

Ursula Indacochea* y Katharine Valencia**

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La Administración del presidente Joe Biden tiene muy claro que uno de los principales problemas de su agenda es la gestión adecuada de la migración masiva de personas a los Estados Unidos, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Ha apostado por distanciarse de las políticas violatorias de los derechos humanos y de la narrativa hostil y criminalizante de su antecesor en el cargo, Donald Trump; en su lugar, ha prometido una aproximación humanitaria y medidas efectivas para atacar el verdadero problema de fondo: la inseguridad, la desesperanza y la falta de oportunidades y de bienestar en los países de origen, que obligan a las personas a migrar. 

Esta estrategia, bautizada como “la estrategia de raíces”, viene construyéndose con intervención de varias agencias y descansa sobre una premisa acertada: el carácter estructural de las causas de la migración y el entendimiento de que no se resolverán ni en el corto plazo ni únicamente con la transferencia de recursos financieros a los gobiernos. ¿Por dónde empezar?

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Este no es un artículo para fregarlo, Señor Fiscal

Alfredo Lecona Martínez*

Foto tomada de la página del Senado de la República de México.

Alejandro Gertz Manero fue designado Fiscal General de la República, el primer fiscal de México, el pasado 18 de enero. Desde entonces ha violado la Ley que rige a la institución, entre otras cosas, apartando a las víctimas y a la ciudadanía de la vigilancia y colaboración con la fiscalía. Tampoco ha defendido la autonomía de la FGR como se comprueba con la exoneración del ex secretario de la defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, y su postura frente a las críticas que ha hecho la sociedad civil mexicana, como quedó evidenciado recientemente en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

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No. No hay una CICIES en El Salvador.

Celia Medrano*

En enero 2019, el aún candidato a la presidencia, Nayib Bukele, afirmó que una de sus primeras acciones sería la creación de una comisión contra la impunidad que llamaría CICIES y que esperaba el acompañamiento de Naciones Unidas[1], emulando la experiencia del país vecino Guatemala, con la Comisión Internacional contra la impunidad de Guatemala (CICIG).

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De la esperanza al escepticismo: La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES)

La semana pasada, mientras el número de casos de COVID-19 en El Salvador asciende a al menos 32, el Congreso salvadoreño aprobó un préstamo de dos mil millones de dólares para que el gobierno combata la pandemia. Dado que estos fondos se otorgan durante un estado de emergencia, el poder Ejecutivo tiene más discrecionalidad sobre cómo se gasta el dinero, de lo que tendría en condiciones ordinarias. Por lo anterior, tanto la prensa como la sociedad civil ya están monitoreando el uso de esos fondos, sin embargo, el aumento de los poderes otorgados al Ejecutivo, y las mayores restricciones para obtener información en la crisis actual, van a dificultar la rendición de cuentas y es por eso que ahora, más que nunca, El Salvador debe tener mecanismos efectivos de lucha contra la corrupción. La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), establecida el año pasado, debería estar desempeñando un papel visible y vigilante en este momento; en este artículo, DPLF describe algunas de las principales preocupaciones sobre CICIES, su formación y su estado actual.

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¿Quiénes son las verdaderas víctimas de la corrupción?  

Estefania Medina y Adriana Greaves*

Si el día de hoy alguien entrara a nuestra casa y se llevara todas nuestras pertenencias, o si estuviéramos caminando por la calle y una persona nos atacara con un arma de fuego para quitarnos la bolsa o el celular, pareciera que es muy fácil identificar de qué clase de delitos se trata y quiénes son las víctimas que sufren el daño causado por estos hechos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando una persona o un grupo de personas desvían miles de millones de recursos públicos que estaban destinados a garantizar el derecho a la salud, a la alimentación, y a la educación, de sectores vulnerables como adultos mayores o niños? ¿Quiénes pueden ser identificados como las víctimas de la corrupción?

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Prisión o no prisión ¿esa es la cuestión?

Leonor Arteaga*

Este artículo fue publicado originalmente en el diario digital ContraPunto.

El mes de julio de 2016 quedó marcado en mi memoria como el momento en que se rompía un hito en El Salvador: la Ley de Amnistía dejaba de existir, en términos jurídicos. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional la cuestionada norma que por más de 24 años obstaculizó la búsqueda de justicia para miles de víctimas del conflicto armado finalizado en 1992.

De repente, nos encontramos ante la posibilidad de romper la cadena de impunidades. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos nos preguntábamos si había llegado, por fin, la hora de los juicios en El Salvador. Paulatinamente, gracias al empuje de las y los sobrevivientes y pese a la pasividad de la Fiscalía General, los tribunales del país comenzaron a inaplicar la ley de amnistía, reabriendo las causas más simbólicas que permanecieron clausuradas por más de veinte años, como las de las masacres de El Mozote y El Calabozo, y el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Pese al tiempo transcurrido, la izquierda y la derecha partidarias siguen empecinadas en impedir que estas investigaciones alcancen a las élites económicas y políticas de ayer y hoy.

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Violencia, corrupción, impunidad y justicia transicional en América Latina

Daniel Vázquez*

América Latina ha pasado por largos procesos de transición a la democracia, comenzando con República Dominicana y Ecuador en 1978, Perú (1980), Honduras (1981), Bolivia (1982), Argentina (1983), El Salvador (1984), Guatemala, Brasil y Uruguay en 1985, Paraguay y Panamá en 1989, Chile (1990) y México (2000). Como resultado de esta ola transicional, hubo una gran expectativa en que estos procesos de democratización tuvieran un impacto positivo en la disminución de las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, entre otras cosas, porque la élite político-económica de la región utilizó prácticas no constitucionales para obtener el poder político. En consecuencia, los golpes de Estado, fueron y hoy en día son en algunos países de la región, una práctica común que desvió la atención de los Estados sobre la necesidad de consolidar y dotar de calidad los procesos democráticos, esto es, construir un sólido Estado de Derecho, elaborar pesos y contrapesos con órganos realmente autónomos, priorizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio gubernamental y, especialmente, hacer de la distribución igualitaria de recursos económicos y políticos el principal objetivo de gobierno para generar sociedades políticas más horizontales.

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Corte de Constitucionalidad señala la ruta en crisis institucional en Guatemala

Claudia Escobar PhD*

La función de un Tribunal Constitucional es velar porque se respeten las normas constitucionales y lograr una efectiva protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En Guatemala en el año 1985, con la promulgación de una nueva constitución que marcó el retorno a época democrática y puso fin a gobiernos autoritarios, fue creada la Corte de Constitucionalidad (CC) como un ente independiente de los otros poderes del Estado.

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Reformas a la Ley de Antejuicio en Guatemala: La pieza que falta para blindar la impunidad

Ursula Indacochea*

Es indudable que la rendición de cuentas es un aspecto fundamental de la democracia. Pero cuando pensamos en los sistemas de justicia y en sus más altas autoridades, es fundamental mantener ese delicado equilibrio entre la responsabilidad y la garantía de la independencia judicial. Uno de los mecanismos clásicos del sistema de pesos y contrapesos de las democracias modernas, ha consistido en otorgar a los Parlamentos la atribución de realizar controles previos a la investigación penal, o directamente investigar y sancionar las conductas de las altas autoridades judiciales. Pero este mecanismo descansa bajo una premisa que, cada vez con más frecuencia, es desmentida por la realidad: que el órgano legislativo garantiza la imparcialidad de este juicio, y que los jugadores parlamentarios no tiene intereses ilegítimos en expulsar al árbitro del partido. Guatemala es el ejemplo perfecto de esta distorsión.

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