Este no es un artículo para fregarlo, Señor Fiscal

Alfredo Lecona Martínez*

Foto tomada de la página del Senado de la República de México.

Alejandro Gertz Manero fue designado Fiscal General de la República, el primer fiscal de México, el pasado 18 de enero. Desde entonces ha violado la Ley que rige a la institución, entre otras cosas, apartando a las víctimas y a la ciudadanía de la vigilancia y colaboración con la fiscalía. Tampoco ha defendido la autonomía de la FGR como se comprueba con la exoneración del ex secretario de la defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, y su postura frente a las críticas que ha hecho la sociedad civil mexicana, como quedó evidenciado recientemente en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

Antes de que usted llegara, señor Fiscal, la impunidad de casi el 100% ya estaba aquí. Y padeciéndola estaban cientos de miles de víctimas de la violencia y las instituciones que terminó de pudrir la guerra contra el crimen organizado en nuestro país. Son a quienes han arrebataron a un padre, a una madre, a un hijo, a una hija, a un hermano, a una hermana, a un sobrino o a una sobrina. A estas alturas yo ya no sé si sabe que para ellas trabaja. Para ellas, hace dos años, al nombrarlo el primer fiscal general de México, el senado le confió la tarea de demoler la fábrica de impunidad que era la PGR y de sus escombros construir una Fiscalía eficaz, autónoma e independiente del poder político o de cualquier otro poder fáctico.

Usted recordará que para que usted llegara ahí, era necesario contar con una ley, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para que la creación de la FGR se consolidara sin que esto significara, desde luego, que todo cambiaría con la simple promulgación de esta. Y eso ha quedado claro después de constatar que lo único que ha logrado cambiar de la PGR, fue una pe por una efe. La ley, fue resultado de muchas luchas ciudadanas añejas, pero más recientemente de la que encabezó un grupo de organizaciones de la sociedad civil en el colectivo #FiscalíaQueSirva. Usted no participó en ese proceso previo al del congreso, pero quienes lo hicieron señor Fiscal, sí. Y en ese lejano otoño de 2018, parte del equipo de transición de este gobierno, junto con legisladores, se sentaron con #FiscalíaQueSirva para presentar un proyecto de ley que se convirtió en el acta de nacimiento de la institución que usted encabeza desde el primer momento. Cuando el senado la votó, muchos sonreímos, pero sin duda nadie estuvo completamente satisfecho. Nadie. Los políticos querían menos. La sociedad civil quería más. Cosa pasada, pero lo cierto es que el punto de coincidencia de todas y todos fue que en la ley quedaron elementos suficientes para lograr una mayor transparencia y eficacia para combatir la lacerante impunidad que azota al país: un consejo ciudadano, un plan de persecución penal que debía construirse en conjunto con la sociedad, herramientas para que el senado vigilara su chamba… varias cosas, pero en síntesis, un espejo para poder ver nítidamente dónde había que mejorar. Porque conocerse a uno mismo, Señor Fiscal, es el primer paso para saber frente a qué se está.

Usted ha decidido romper el espejo. Ponerse frente a una cámara solo cuando tiene algún buen anuncio. O eso parece, porque solo se le ve públicamente cuando va a entregar algún cheque a Palacio Nacional (como hizo para la “rifa” del avión presidencial), cuando anuncia alguna extradición rimbombante (como la de Emilio Lozoya) o cuando se quiere aventar un debate con interlocutores que nunca son aquellos para quienes trabaja. Porque testimonios sobran de cómo es su “diálogo” cuando de trabajar asuntos sobre personas desaparecidas, por ejemplo, se trata. Ahí sí: “Váyanse a sus casas y déjenme trabajar”. Ahí sí mejor cabildea en el Senado para aprobar una nueva ley que le permita quitarse la obligación de acompañar a las familias buscadoras. El punto es que en un país cómo el nuestro, con más de 80 mil personas desaparecidas y casi 4 mil fosas clandestinas, las víctimas tienen derecho de dudar si en realidad está trabajando.

Perdón, pero ¿qué se puede pensar si a dos años de su designación ha incumplido sistemáticamente la ley que se aprobó para que usted fuera fiscal?

¿O no presentó usted un Plan de Persecución Penal (¡el documento central para guiar el actuar de sus investigaciones!) sin participación ciudadana que exige el artículo 6 de la ley?

¿No ha nombrado fiscales especializades a personas tan cercanas al presidente que alguna vez hasta propuso para ponerlos en el lugar en el que usted quedó?

¿No ha dejado de reunirse con víctimas? ¿Cuándo fue la última vez que saludó a la madre de un desaparecido?

¿No trabajó con el Senador Monreal un proyecto de nueva ley que lo aleja de la participación y vigilancia ciudadana que (todavía) está en la ley?

Esto último fue el primer elemento de prueba de que usted no quiere transformar a la institución. Su actuar en el caso Cienfuegos, de que independiente no es. Pero la prueba irrefutable de que usted en realidad no quiere ser fiscal, fue la entrevista que le concedió a Carmen Aristegui el pasado martes 19 enero.

Más allá del evidente enojo que traía esa mañana y, es más, todavía más allá de sus insinuaciones (que rayaron en la calumnia) contra organizaciones que han sido críticas de su trabajo, usted soltó su confesión de parte: podría ver al país incendiándose y no va a mover un dedo si no le llevan una denuncia y la chamba hecha.

Cuando la periodista le preguntó si no bastaba enterarse de la detención y presentación de cargos contra el señor general para que usted iniciara una investigación sin tener que esperar la información de la DEA, usted abdicó a su cargo cuando dijo:

“Se abrió con la información de una denuncia especifica, te vuelvo a repetir: la fiscalía no puede iniciar por su cuenta, tiene que tener una denuncia con datos de prueba. Y nos mandó a leer los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución, y el 218 del “código de procedimientos penales”.

Y pues muchas personas ya los leímos y nomás no encontramos lo que usted dijo. Pero sí nos topamos con el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales que termina así su primer párrafo:

“(…) El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia”.

Y perdón, pero aquí nos miente el código o nos miente usted, porque nadie podría pensar que el Fiscal General de la República, una de las personas más informadas del país, no tuvo noticia de información que dio la vuelta al mundo.

Después metió en el mismo saco a víctimas, académicos, abogados, periodistas y defensores de derechos humanos que lo critican y de linchadores no los bajó.

¿Por qué no se lleva igual de pesado con el Canciller? Él fue quien el 18 de noviembre dijo que la FGR fue la solicitante del retiro de cargos del general, es decir, que usted fue quien pidió investigarlo acá y que lo dejaran allá. Si mintió el Canciller y ese es su coraje, no lo dirija contra quienes solo quieren ver al país salir de sus profundas crisis. Y si el canciller mintió, ¿por qué permitió que usaran a la fiscalía de esa forma para someter la justicia a la política y no defendió su autonomía? Señor fiscal, nadie lo quiere fregar, pero, seamos honestos: usted no quiere ser fiscal.

Y si usted no quiere investigar, ¿por qué no le da a una sociedad marcada por la impunidemia la oportunidad de transformar a la institución como usted no lo hizo?

¿Para qué mantenerse en el cargo?

*Periodista, activista y defensor de derechos humanos de Mexico. Miembro del Colectivo Contra la Impunidemia. @AlfredoLecona

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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