Rendición de cuentas en el extranjero por corrupción del Estado Venezolano (Parte III): El esquema de negocios en el caso «Alimentos para Venezuela» y la respuesta de las autoridades mexicanas

Jan-Michael Simon

English version here.

En la primera parte de esta serie se analizaron dos causas penales en curso en los EE. UU. sobre el blanqueo de capitales comprometidos por corrupción del Estado venezolano. Una de estas trata de comisiones clandestinas en compras de productos alimenticios exportados desde México y destinados a un programa social del Estado venezolano (caso Alimentos para Venezuela).

En la segunda parte, se analizó cómo la justicia de México aborda el caso Alimentos para Venezuela en su propio territorio. Comparada con las consecuencias de una condena en EE. UU., dónde se esperan altas penas y el decomiso del total de los capitales involucrados, se demuestra que la respuesta mexicana al caso, de buscar concluir el caso por medio de acuerdos reparatorios, es poco significante e ignora reglas básicas de la prevención del delito y estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, al tiempo que difícilmente compagina con estándares interamericanos en materia de corrupción y derechos humanos.

La tercera parte de la serie analiza el esquema de negocios en el caso Alimentos para Venezuela, y la calidad de la respuesta de las autoridades mexicanas de cara a la naturaleza ilícita de este esquema. El autor concluye, en base de los indicios disponibles, que el esquema de negocios buscaría disimular la fuente financiera de las comisiones clandestinas mediante un cálculo compensatorio oculto. Este cálculo absorbería cantidades de productos reducidas por transacciones comerciales sobrevaloradas, en transacciones a precios muy bajos con productos de la misma y/o similar categoría de calidad inferior.

Se concluye que las autoridades mexicanas no establecieron ni revelaron la naturaleza ilícita del esquema de negocios. Esto abre la interrogante sobre cuáles son los razonamientos fácticos y jurídicos que harían que el caso fuera susceptible de acuerdos de reparación. Esto incluye preguntas sobre quién tendría el derecho a la reparación y estaría facultado para firmar acuerdos de reparación.

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Derechos de los cenotes en Yucatán*

Rodrigo Llanes Salazar*

“Si el agua tuviera voz, diría que no la ensucies, que la cuides y la protejas”, declaró Maribel Ek Kan, guardiana de los cenotes del pueblo maya Homún, en una conferencia de prensa el pasado 17 de febrero en la que se dio a conocer la solicitud que presentaron habitantes de dicho pueblo para que se reconozcan los cenotes como sujetos de derecho.

La solicitud es acompañada por las organizaciones de derechos humanos Equipo Indignación y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF). La demanda por el reconocimiento del derecho de los cenotes puede ubicarse en un doble proceso. Por un lado, las reivindicaciones de comunidades mayas y de organizaciones de derechos humanos para que los derechos del pueblo maya sean una realidad.

Esto es, que los pueblos ejerzan sus derechos a la libre determinación (que decidan sobre sus modelos de desarrollo económico, político, social, cultural); al manejo de sus tierras, territorios y recursos naturales; a su integridad cultural y a un medio ambiente sano, entre muchos otros.

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¿La institucionalización del autoritarismo para lograr la Cuarta Transformación (4T) en México?

Dra. Elisa Cruz Rueda*

Recientemente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, gaceta oficial de difusión del gobierno mexicano,un acuerdo administrativo que busca acelerar el trámite de permisos, licencias y autorizaciones en proyectos de infraestructura financiados con recursos públicos. Esta acción ha traído nuevamente la discusión sobre el uso de la seguridad nacional para justificar criterios de excepción a la legalidad, participación ciudadana e información pública. 

El “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional” no es sorpresa si consideramos que forma parte de la relación que el actual gobierno ha establecido con las organizaciones de la sociedad civil (OSC), sobre todo ambientales y de derechos humanos.

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Retos en la atención a migrantes que se encuentran en México

Rita M. Robles Benítez*

De manera constante, tanto gobiernos como medios de comunicación, presentan a los procesos migratorios como una crisis y por lo tanto como un problema, pero esto no es necesariamente cierto. En México la migración ha estado presente a lo largo de su historia, tanto como país expulsor, como país receptor y de tránsito, la diferencia radica en la forma en que han sido atendidos los flujos migratorios en los distintos momentos. Tenemos distintos ejemplos que han resultado positivos tales como la protección que se hizo a los refugiados españoles,[1]chilenos, salvadoreños y guatemaltecos.[2]

En el caso de Guatemala y en Salvador, los acuerdos de paz no fueron suficientes para que las personas que en su momento fueron retornadas, encontraran condiciones para continuar viviendo en sus lugares de origen, razón por la que, tiempo después, volvieron a cruzar la frontera con México ya no como refugiados, si no como migrantes indocumentados. Las consecuencias de los conflictos armados en Centroamérica se siguen viviendo hoy en estos países; sumándose otras causales como pobreza, exclusión, desempleo, violencia de género, violencia derivada de los altos niveles de inseguridad que se viven sobre todo en Honduras, Guatemala y El Salvador.

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A mitad del camino: el gobierno de AMLO y los derechos indígenas en México

Rodrigo Llanes Salazar*

En la primera mitad de su gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (o AMLO, como es conocido) prometió una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas del país. Como parte de esta nueva relación, en su toma de protesta como mandatario, AMLO fue el primer presidente mexicano en recibir el bastón de mando por parte de actores políticos indígenas. El gobierno de AMLO transformó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), nombrando como director a un especialista en derechos de los pueblos indígenas, Adelfo Regino Montes, y anunció una nueva reforma constitucional que incorporaría los Acuerdos de San Andrés, esto es, los acuerdos a los que llegaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Estado Mexicano en 1996 para reconocer la autonomía de los pueblos indígenas, entre otros derechos.

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La consulta popular para enjuiciar a expresidentes de México es contraria a los derechos humanos

José Antonio Guevara Bermúdez*

El pasado domingo primero de agosto se celebró una consulta popular promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena –el partido político al que pertenece– que podríamos calificar de histórica por ser la primera que abiertamente contraviene las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos y que fue un fracaso en términos de participación.

La consulta como forma de participación ciudadana en los asuntos públicos está regulada por la Constitución (artículo 35, f. VIII) y la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP), instrumentos que disponen que las mismas pueden ser solicitadas por el presidente de la República, un porcentaje de legisladores (diputados o senadores) o un determinado número de electores. 

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El ABC de la Consulta Popular en México

Daniela Malpica Neri*

El 1 de agosto de 2021, las y los mexicanos fuimos llamados a participar en la primera consulta popular en nuestro país. Este ejercicio generó mucha controversia y polarización, por decir lo menos. En el presente espacio pretendo abordar de manera breve y sencilla cómo surgió esta figura de participación directa de la democracia en México, el origen de la pregunta y el proceso hasta llegar a la boleta, así como un breve análisis de sus resultados y las posibilidades que la pregunta representó para conocer la verdad de violaciones graves a derechos humanos en nuestro país. 

Origen de la consulta popular en México

Además de las elecciones para los cargos públicos de los poderes ejecutivo y legislativos, México incluyó la figura de consulta popular como mecanismo de participación ciudadana en el año de 2012. Su regulación secundaria, la Ley Federal de Consulta Popular, se publicó dos años después, el 14 de marzo de 2014. Ahora bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió desde su periodo de campaña diversas consultas populares. Con esto en mente, y en específico para la consulta que nos espera el próximo domingo, decidió que se requería de modificaciones para asegurarse de la constitucionalidad y vinculatoriedad de las consultas[1]. Por ello, se logró modificar la Constitución el pasado 20 de diciembre de 2019 para quedar como la conocemos ahora. 

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Lo que Kamala debe escuchar*

Ana Lorena Delgadillo y Alicia Moncada**

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visita México y Guatemala en uno de los momentos más álgidos de la crisis migratoria en las Américas. Más allá de que en la agenda ya se decidió qué y a quién viene a escuchar, no podemos dejar pasar la ocasión para comunicarle lo que el gobierno posiblemente no le dirá. 

La administración Biden-Harris dice estar comprometida con revertir las crueles políticas migratorias de la administración de Trump como el programa “Quédate en México”, que terminó oficialmente el 1 de junio de este año, reparar el sistema de asilo estadounidense e implementar un plan integral para una migración segura, legal y ordenada que combata la pobreza, la inseguridad y la violencia como causas estructurales de la migración en la región. 

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La Masacre de Camargo: El recordatorio de la impunidad sistémica en México

Ana Lorena Delgadillo Pérez*

El 23 de enero de 2020, se dio a conocer en los medios de comunicación, el hallazgo de dos vehículos con 19 cuerpos calcinados y con impactos de bala en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo, Estado de Tamaulipas. Los hechos, que habrían ocurrido el día 22, fueron reportado por policías estatales en base a una alerta ciudadana. Desde que se dieron a conocer los hechos, se presumió que algunas de las víctimas eran migrantes guatemaltecos originarios de Comitancillo (San Marcos, Guatemala), pues personas originarias de este lugar reportaron haber recibido llamadas indicando que sus familiares eran parte de las víctimas. Las autoridades de Guatemala procedieron a la toma de muestras para su envío a México y las investigaciones fueron iniciadas por las autoridades de Tamaulipas. El primero de febrero, se difundió en prensa que la Fiscalía General de República de México había iniciado también un expediente de investigación, debido a que uno de los 2 vehículos localizados era propiedad del Instituto Nacional de Migración. El 2 de febrero se dio a conocer la posible implicación de 12 policías estatales en los hechos.

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Este no es un artículo para fregarlo, Señor Fiscal

Alfredo Lecona Martínez*

Foto tomada de la página del Senado de la República de México.

Alejandro Gertz Manero fue designado Fiscal General de la República, el primer fiscal de México, el pasado 18 de enero. Desde entonces ha violado la Ley que rige a la institución, entre otras cosas, apartando a las víctimas y a la ciudadanía de la vigilancia y colaboración con la fiscalía. Tampoco ha defendido la autonomía de la FGR como se comprueba con la exoneración del ex secretario de la defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, y su postura frente a las críticas que ha hecho la sociedad civil mexicana, como quedó evidenciado recientemente en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

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