A mitad del camino: el gobierno de AMLO y los derechos indígenas en México

Rodrigo Llanes Salazar*

En la primera mitad de su gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (o AMLO, como es conocido) prometió una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas del país. Como parte de esta nueva relación, en su toma de protesta como mandatario, AMLO fue el primer presidente mexicano en recibir el bastón de mando por parte de actores políticos indígenas. El gobierno de AMLO transformó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), nombrando como director a un especialista en derechos de los pueblos indígenas, Adelfo Regino Montes, y anunció una nueva reforma constitucional que incorporaría los Acuerdos de San Andrés, esto es, los acuerdos a los que llegaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Estado Mexicano en 1996 para reconocer la autonomía de los pueblos indígenas, entre otros derechos.

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La consulta popular para enjuiciar a expresidentes de México es contraria a los derechos humanos

José Antonio Guevara Bermúdez*

El pasado domingo primero de agosto se celebró una consulta popular promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena –el partido político al que pertenece– que podríamos calificar de histórica por ser la primera que abiertamente contraviene las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos y que fue un fracaso en términos de participación.

La consulta como forma de participación ciudadana en los asuntos públicos está regulada por la Constitución (artículo 35, f. VIII) y la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP), instrumentos que disponen que las mismas pueden ser solicitadas por el presidente de la República, un porcentaje de legisladores (diputados o senadores) o un determinado número de electores. 

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El ABC de la Consulta Popular en México

Daniela Malpica Neri*

El 1 de agosto de 2021, las y los mexicanos fuimos llamados a participar en la primera consulta popular en nuestro país. Este ejercicio generó mucha controversia y polarización, por decir lo menos. En el presente espacio pretendo abordar de manera breve y sencilla cómo surgió esta figura de participación directa de la democracia en México, el origen de la pregunta y el proceso hasta llegar a la boleta, así como un breve análisis de sus resultados y las posibilidades que la pregunta representó para conocer la verdad de violaciones graves a derechos humanos en nuestro país. 

Origen de la consulta popular en México

Además de las elecciones para los cargos públicos de los poderes ejecutivo y legislativos, México incluyó la figura de consulta popular como mecanismo de participación ciudadana en el año de 2012. Su regulación secundaria, la Ley Federal de Consulta Popular, se publicó dos años después, el 14 de marzo de 2014. Ahora bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió desde su periodo de campaña diversas consultas populares. Con esto en mente, y en específico para la consulta que nos espera el próximo domingo, decidió que se requería de modificaciones para asegurarse de la constitucionalidad y vinculatoriedad de las consultas[1]. Por ello, se logró modificar la Constitución el pasado 20 de diciembre de 2019 para quedar como la conocemos ahora. 

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Lo que Kamala debe escuchar*

Ana Lorena Delgadillo y Alicia Moncada**

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visita México y Guatemala en uno de los momentos más álgidos de la crisis migratoria en las Américas. Más allá de que en la agenda ya se decidió qué y a quién viene a escuchar, no podemos dejar pasar la ocasión para comunicarle lo que el gobierno posiblemente no le dirá. 

La administración Biden-Harris dice estar comprometida con revertir las crueles políticas migratorias de la administración de Trump como el programa “Quédate en México”, que terminó oficialmente el 1 de junio de este año, reparar el sistema de asilo estadounidense e implementar un plan integral para una migración segura, legal y ordenada que combata la pobreza, la inseguridad y la violencia como causas estructurales de la migración en la región. 

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La Masacre de Camargo: El recordatorio de la impunidad sistémica en México

Ana Lorena Delgadillo Pérez*

El 23 de enero de 2020, se dio a conocer en los medios de comunicación, el hallazgo de dos vehículos con 19 cuerpos calcinados y con impactos de bala en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo, Estado de Tamaulipas. Los hechos, que habrían ocurrido el día 22, fueron reportado por policías estatales en base a una alerta ciudadana. Desde que se dieron a conocer los hechos, se presumió que algunas de las víctimas eran migrantes guatemaltecos originarios de Comitancillo (San Marcos, Guatemala), pues personas originarias de este lugar reportaron haber recibido llamadas indicando que sus familiares eran parte de las víctimas. Las autoridades de Guatemala procedieron a la toma de muestras para su envío a México y las investigaciones fueron iniciadas por las autoridades de Tamaulipas. El primero de febrero, se difundió en prensa que la Fiscalía General de República de México había iniciado también un expediente de investigación, debido a que uno de los 2 vehículos localizados era propiedad del Instituto Nacional de Migración. El 2 de febrero se dio a conocer la posible implicación de 12 policías estatales en los hechos.

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Este no es un artículo para fregarlo, Señor Fiscal

Alfredo Lecona Martínez*

Foto tomada de la página del Senado de la República de México.

Alejandro Gertz Manero fue designado Fiscal General de la República, el primer fiscal de México, el pasado 18 de enero. Desde entonces ha violado la Ley que rige a la institución, entre otras cosas, apartando a las víctimas y a la ciudadanía de la vigilancia y colaboración con la fiscalía. Tampoco ha defendido la autonomía de la FGR como se comprueba con la exoneración del ex secretario de la defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, y su postura frente a las críticas que ha hecho la sociedad civil mexicana, como quedó evidenciado recientemente en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

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Derecho humano al agua en México: Nueva ley de aguas debe incorporar un enfoque de derechos, ambiental y pluricultural

Anaid Paola Velasco Ramírez* y Francisco Xavier Martínez Esponda**

Hace siete (07) años México espera una nueva Ley de aguas a partir de una reforma del artículo 4° de la Constitución federal que consagró el derecho humano al agua en el año 2012. El debate jurídico ha girado en torno a qué modelo de desarrollo legislativo debe adoptarse: uno que se limite a considerar a este vital recurso natural como un servicio administrativo u otro innovador que incorpore un enfoque de derechos, ambiental y pluricultural. Sobre el particular, dos expertos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) nos ilustran sobre este interesante y actual debate legislativo y que podría ser un buen (o mal) referente normativo en otros países de América Latina.

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La consulta popular: entre la constitución y la justicia transicional en México

Issa Cristina Hernández Herrera*, Jorge Peniche** y Daniel E. Torres Checa***

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve cientos de casos al año, pero solo algunos consagran su posición en el imaginario colectivo. La sesión del jueves pasado que resolvió la constitucionalidad de la consulta popular es uno de ellos. No solo por el impacto político que tuvo su resolución, sino sobre todo, por los procesos de justicia que podrían derivar de la nueva pregunta planteada por el máximo Tribunal. 

Ante el justificado reclamo por paz, verdad y justicia, el discurso que envuelve a la consulta popular coquetea cada vez más con mecanismos de justicia transicional (JT). Con el fin de contribuir al debate, este texto propone estudiar la resolución desde tres aproximaciones distintas: la interpretación de la Corte sobre la consulta popular, las implicaciones de la nueva pregunta y, finalmente, una aproximación general sobre las consultas populares y su valor en la justicia transicional.

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¿Necesitamos una consulta popular para investigar ex presidentes mexicanos?

Estefania Medina y Adriana Greaves*

El pasado 15 de septiembre el presidente de México presentó al Congreso una propuesta de consulta popular, con la finalidad de que se lleve a cabo una consulta a la ciudadanía sobre si se deberían investigar y sancionar a ex- presidentes por posibles delitos que ocurrieran en el pasado.

Sin embargo, la pregunta presentada por el Presidente resulta por demás innecesaria, toda vez que conforme a la Constitución y las leyes mexicanas la Fiscalía General de la República (que desde 2019 es un órgano constitucional autónomo), o en su caso las fiscalías estatales, tiene la obligación de iniciar investigaciones cuando se tiene conocimiento de cualquier hecho que pueda ser un delito, por lo cual, para el inicio de estas investigaciones basta la presentación de una denuncia o el conocimiento de los hechos para dar paso a estas investigaciones.

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El control de la ética profesional de los abogados y abogadas en México

Jorge Cardoso y Emiliano Polo*

El control de la ética profesional encuentra distintas regulaciones según la profesión y la latitud en la que se ejerza. En el caso de México, la discusión sobre la ética profesional de los abogados y abogadas llevaba varios años pausada. El último gran debate se produjo en 2015, con motivo de una iniciativa de reforma constitucional que pretendió imponer la colegiación obligatoria al gremio jurídico, iniciativa que encontró fuertes objeciones y resistencias.[1]

El caso reciente que llamaremos Cruz Azul-Junquera ha revivido la discusión. Como veremos, se trata de un caso actual, con amplia cobertura mediática, que invita a la reflexión sobre la necesidad y conveniencia de mejorar y fortalecer los controles de la ética profesional de los abogados y abogadas en México, de cara a la confianza que la sociedad deposita en nosotros.

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