¿La institucionalización del autoritarismo para lograr la Cuarta Transformación (4T) en México?

Dra. Elisa Cruz Rueda*

Recientemente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, gaceta oficial de difusión del gobierno mexicano,un acuerdo administrativo que busca acelerar el trámite de permisos, licencias y autorizaciones en proyectos de infraestructura financiados con recursos públicos. Esta acción ha traído nuevamente la discusión sobre el uso de la seguridad nacional para justificar criterios de excepción a la legalidad, participación ciudadana e información pública. 

El “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional” no es sorpresa si consideramos que forma parte de la relación que el actual gobierno ha establecido con las organizaciones de la sociedad civil (OSC), sobre todo ambientales y de derechos humanos.

Desde hace más de treinta años estas organizaciones han sido incómodas para cualquier régimen, por ser apartidistas y enarbolar un discurso de derechos humanos que contesta cualquier política pública que se quiera imponer pasando por encima de ellos. Este periodo de tiempo se remonta a la lucha del Movimiento Indígena Negro y Popular del año 1989; también por la firma y ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 1990 y la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) que entró en vigor en 1992 y sobre el cual el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en enero de ese año, mostraría su descontento con su declaración de guerra al gobierno de turno.

De esta manera, la naturaleza de las OSC, sobre todo las que acompañan procesos populares y sociales de pueblos y comunidades indígenas, es ser contestatarias de cualquier gobierno. Por esa relación con organizaciones y comunidades, rurales y urbanas, indígenas o no, no deja de sorprender que el actual presidente de la república ponga tanto énfasis en cuestionarlas. Podríamos especular al respecto diciendo que al mostrarse así se consolida como el único populista que toma en cuenta a esos sectores; o bien, para mostrar a los empresarios —a quienes considera abiertamente sus amigos y asesores— que no tiene ninguna otra lealtad y compromiso más que con este sector.

Al margen de esas especulaciones, podemos afirmar que el ataque del actual presidente de México contra las OSC no deja de ser preocupante, pues al referirse a nosotros nos coloca continuamente como los causantes y chivos expiatorios de sus fracasos, desaciertos y descalificaciones que recibe de la oposición y de la derecha.

Además, cuando confronta a las OSC, en realidad su ataque lo dirige contra el Estado de derecho, basado en la separación y equilibrio de poderes y en los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Ese Estado de derecho ha costado la movilización social de distintos sectores sociales de la sociedad mexicana que, junto a las OSC, lo hemos podido cimentar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) con el llamado bloque de constitucionalidad de derechos humanos en el año 2011.

Contrario a lo que señalaba constantemente el presidente mexicano sobre la supremacía constitucional resumida en el principio “Nada ni nadie por encima de la constitución”, con el mencionado Acuerdo el presidente mexicano se desdice colocándose él y a su gobierno por encima del pacto federal que es justamente la CPEUM. Y no faltamos organizaciones sociales que, tal como hicimos con anteriores gobiernos, ahora le recordamos esto al presidente. Por ello, le resultamos incómodas e incomodos los defensores y las defensoras de la naturaleza y de los derechos humanos.

Esta pauta de relación establecida por el presidente mexicano con determinadas organizaciones sociales —por no ser incondicionales a él, ni tampoco a ningún partido ni organización política—comenzó desde antes de la toma de posesión del actual gobierno. A continuación, señalamos varios hechos que marcan la ruta de esa relación que el actual gobierno mexicano se empeña en normalizar e instalar en el pensamiento de la sociedad mexicana, para dar al traste con más de 30 años en la lucha por los derechos humanos:

  1. El 15 de noviembre de 2018 se dirigió una carta al presidente electo, cuyo contenido se refería fundamentalmente al llamado Tren Maya. En esa carta, los que firmamos señalábamos con preocupación que el proyecto fuera ejecutado sin cumplir los principios elementales de los derechos humanos (Cruz, 2021:52). 
  2. El 29 de agosto de 2019 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU emitió una recomendación al gobierno mexicano, que consiste fundamentalmente en señalar su preocupación por la información que ha recibido sobre la realización de consultas ciudadanas respecto de la ejecución de grandes proyectos de inversión como el Tren Maya y el corredor transístmico. De dicha información se desprende que el gobierno mexicano no ha tomado en cuenta la palabra de comunidades y pueblos (Cruz, 2021:52), recomendando al gobierno traducir a lenguas indígenas la recomendación de este Comité y difundirla. Cuestión que el gobierno mexicano no ha hecho.
  3. En Chiapas, compañeros y compañeras que forman parte del área de derechos humanos de la diócesis de San Cristóbal, juntaron más de seis mil firmas oponiéndose a la manera en que se han impuesto este tipo de proyectos, como la hidroeléctrica la Huesca, la carretera Palenque-San Cristóbal-Palenque. Comunidades de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo también han sido afectadas por la construcción del llamado Tren Maya, que continúo con sus obras a pesar de la declaratoria de pandemia y de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que ordenaba detener los trabajos por el riesgo de contagio.
  4. En noviembre de 2019 el gobierno federal convocó al llamado proceso de consulta y participación ciudadana sobre el proyecto de desarrollo Tren Maya, que se llevó a cabo los días 14 y 15 de diciembre. Sin embargo, ya para ese entonces, se habían violentado varios estándares y principios de la consulta indígena que señala el Convenio 169 de la OIT en sus artículos 6 y 7.
  5. De esta manera, se tiene que el 19 de diciembre, el gobierno mexicano invitó al alto comisionado de las Naciones Unidas en México como testigo de honor a estas consultas. E ste organismo internacional de control del cumplimiento de derechos humanos, en un pronunciamiento, descalificó la manera grave en que el gobierno mexicano violentó el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, puesto que no siguió ni cumplió los estándares internacionales pertinentes.
  6. La estrambótica revelación de supuestos fondos extranjeros recibidos por quienes el presidente mexicano llamó “los que quieren descarrilar el tren”, hecha por él en su conferencia matutina del 20 de agosto de 2020. Si bien estamos plenamente de acuerdo que deben transparentarse las donaciones, las OSC que apoyamos las resistencias de los pueblos no recibimos recursos para descarrilar el Tren Maya, sino para atender asuntos puntuales sobre acceso a la justicia para indígenas y sus pueblos. De la misma manera, pedimos que el personal de su gabinete, que en su momento fueron parte de la OSC y también recibieron recursos de fundaciones extranjeras, rindan cuentas para que quede claro cómo es que el presidente mexicano llegó al poder con el apoyo de esas personas.
  7. El retraso en la resolución de la jueza del Juzgado Primero de Distrito en Campeche, sobre distintos recursos presentados (sobre todo por los quejosos) en el juicio de amparo 12/2020.
  8. La declaración de reserva de esa misma jueza para la resolución del recurso de revisión, en virtud del cual nos rechazó la presentación de pruebas en el juicio de amparo, señalando que resolvería hasta el retorno de la normalidad pasando la pandemia. Hasta ahora, seguimos esperando.
  9. El Acuerdo de Concentración SECNO/CE/4/2021, dictado por el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de fecha 07 de julio de 2021, por el cual determina que los amparos interpuestos en contra del Tren Maya sin importar la diversidad de sujetos de derecho e impactos de los actos de autoridad, deberán tramitarse en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. Contraviniendo con ello el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece como estándar internacional de acceso a la justicia que los Estados deben garantizar el derecho a contar con un recurso sencillo, rápido y eficaz.
  10. El cuestionamiento periódico y constante a periodistas y medios de comunicación en sus conferencias matutinas todos los días, con el capítulo ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? y el ataque frontal a Carmen Aristegui Noticias por el reportaje El programa sembrando vida y la fábrica de chocolates, donde aparentemente están involucrados hijos y parientes del actual mandatario mexicano.
  11. El 29 de octubre el presidente mexicano declaró: “[Q]ue la política neoliberal promovió en el mundo… [P]ara saquear a sus anchas, los llamados nuevos derechos y se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales, todas causas muy nobles, pero el propósito era crear todas estas nuevas causas para que no reparemos, para que no volteáramos a ver que estaban saqueando al mundo”.

Frente a estos hechos, el acuerdo en mención a la cabeza de este artículo si bien no nos sorprende, representa una estocada abiertamente inconstitucional que el gobierno federal da a los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Vemos con preocupación la desesperación del ejecutivo federal por detener el albazo de amparos, perdiendo cualquier sentido y proporción del movimiento social que lo llevó a la presidencia, abusando de su poder e imponiendo su voluntad por encima de la CPEUM y sentando un precedente peligroso en contra de la ciudadanía. 

En última instancia, el presidente traiciona su palabra cuando insiste que no solo representa al pueblo, sino que él “es el pueblo” y en esa encarnación se coloca sobre la CPEUM, justificando la trasgresión a los derechos humanos y sus garantías, supuestamente en aras del bien común. 


Referencias:

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (2019). Observaciones finales sobre los informes periódicos 18ᵒ a 21ᵒ combinados de México, 29 de agosto de 2019 https://www.bing.com/search?q=cerd/c/mex/co/18-21&cvid=c27ad0cc642646988793188154e9045c&form=WSBBST

Cruz, E. (2021) Pluralismo jurídico en México en tiempos de COVID 19 y la cuarta transformación: Entre el interés general y los derechos de indígenas y sus pueblos. ABYA-YALA: Revista sobre acesso á justiça e direitos nas Américas. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7936719

Secretaría de Gobernación (2021). ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional. Diario Oficial de la Federación DOF: 22/11/2021. Dado en la Residencia del Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2021, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635985&fecha=22/11/2021

* Abogada y acompañante de luchas de pueblos originarios en México. Diálogo y Movimiento A.C. 

Imagen: AP Images/Peter Orsi

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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