Cuando el sistema de justicia mexicano discrimina: El caso del pueblo Masewal y la Inconstitucional Ley Minera

Francisco Xavier Martínez Esponda*

Hablar de minería en América Latina es hablar de procesos dolorosos de explotación de los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y de la Tierra misma. Como es sabido en los años noventa el Banco Mundial impulsó una serie de políticas a fin de favorecer la inversión privada en ciertos sectores como la minería, lo que supuso que más de cien países modificaran su legislación en dicha materia.[1] El efecto quedó a la vista muy pronto en las Américas: del río Bravo a Tierra del Fuego los conflictos socioambientales y las disputas por los territorios fueron aumentando y con ello la violación de los derechos humanos y la criminalización de la protesta. De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) se han documentado hasta el momento 284 conflictos en la región[2] y el fenómeno ha obligado a las personas y a los pueblos afectados a articularse para hacer frente a la amenaza, como es el caso de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), entre otras redes. El presente artículo da cuenta de la batalla judicial librada por el pueblo masewal en México en aras de cuestionar la constitucionalidad de la Ley Minera y del lamentable fallo emitido por la Suprema Corte.

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Ejercicio de la libre determinación de comunidades tzeltales en Chiapas: una gran distancia entre ley y realidad

Gabriel Mendoza Zárate*

Este año, 2021, se cumplen 30 años de la ratificación de México del Convenio 169 de la OIT (1991) relativo a pueblos indígenas y tribales, y el próximo año, 2022, se cumplirán 30 años de la reforma constitucional de 1992; donde, por primera vez, el Estado mexicano reconoció la existencia de los pueblos y comunidades indígenas en el país, poniendo fin -al menos a nivel normativo- a una política de negación indígena y de idealización del mestizaje cultural en la construcción de una supuesta identidad nacional. También este año se cumplen 20 años de la reforma Constitucional del 2001, en la que después del levantamiento neozapatista de 1994 y de los Acuerdos de San Andrés de 1996 en Chiapas, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la autonomía. Sin embargo, para las comunidades tzeltales de los municipios de Chilón y Sitalá, en Chiapas, el ejercicio del derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas en México sigue siendo negado. A continuación, un artículo sobre las grandes dificultades y amenazas que enfrentan, en los hechos, dos comunidades tzeltales en los altos de Chiapas.

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Tres retos para el Sistema Interamericano y el derecho a la consulta previa, libre e informada

Cristina Blanco*

Artículo publicado en la edición 22 de la Revista Aportes.

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En América Latina pocos derechos de los pueblos indígenas han recibido tanta atención como el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado (CPLI). En una región caracterizada por su enorme diversidad cultural y altos niveles de conflictividad social asociada a proyectos extractivos y de inversión, los pueblos indígenas han usado la CPLI como una herramienta para resistir los impactos de dichos proyectos sobre sus territorios. Igualmente, autoridades estatales, sector privado, entidades financieras, entre otros actores, han visto en la consulta previa una herramienta clave para la prevención de conflictos sociales.

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Del derecho a la consulta previa a la libre determinación: reflexiones desde la experiencia de DPLF

Daniel Cerqueira*

Artículo publicado en la edición 22 de la Revista Aportes.

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Una parte importante del trabajo de DPLF, desde el programa Derechos Humanos y Recursos Naturales, ha sido fortalecer la incorporación de estándares internacionales sobre la consulta previa, libre e informada (CPLI) en normas, políticas públicas y jurisprudencia de los Estados latinoamericanos. Nuestra labor ha sido brindar un aporte jurídico a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y movimientos indígenas que trabajan por la incorporación de los referidos estándares en las normas y prácticas de sus Estados. Para ello, hemos realizado actividades de incidencia, publicado digestos de jurisprudencia, elaborado estudios y análisis especializados, hemos monitoreado procesos judiciales y presentado escritos de amicus curiae en casos emblemáticos.

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El Tren Maya erige un nuevo Leviatán en México: las organizaciones de sociedad civil

David Lovatón Palacios*

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Recientemente el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho suya una infundada campaña de desprestigio en contra de organizaciones de sociedad civil (OSC) y fundaciones internacionales que hemos respaldado iniciativas y pronunciamientos que -dentro del marco de la ley- cuestionan o se oponen al megaproyecto denominado “Tren Maya” en la Península de Yucatán y otros Estados del sureste mexicano. Al parecer, el presidente está comenzando a padecer del conocido síndrome político, binario y ciertamente autoritario, de muchos gobernantes latinoamericanos: o estás conmigo o estás en mi contra.

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