La urgente necesidad de consolidar la democracia y el Estado de Derecho en Haití

Gaël Pétillon*

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Según la Constitución haitiana, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial constituyen el fundamento esencial sobre el que se basa la organización del Estado. En el ejercicio de sus respectivos poderes, deberes y funciones, son totalmente independientes. Sin embargo, desde enero de 2020, la ausencia de elecciones legislativas ha provocado un deterioro progresivo de este poder, habiendo finalizado el mandato de todos los diputados y de dos tercios del senado. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en la noche del 6 al 7 de julio, así como la muerte del presidente del Tribunal de Casación han agravado la situación desde el punto de vista institucional. Esta situación ha agravado la disfunción de los tres poderes: la Asamblea Nacional y el Consejo Superior de la Magistratura (CSPJ) son ahora nulos, mientras que el ejecutivo se esfuerza por dirigir la nación con eficacia. Se está creando un vacío institucional que se suma a la crisis política y sanitaria. Además, el reciente terremoto del 14 de agosto de 2021 generó necesidades urgentes adicionales, exacerbando aún más las deficiencias mencionadas y sugiriendo un próximo deterioro de la situación de los derechos humanos en Haití.

El recrudecimiento de actos violentos

Desde hace más de dos años, los haitianos se enfrentan a un aumento de pandillas, con presencia de grupos armados en varios barrios de la capital y otras provincias. Este fenómeno ha dado lugar a numerosas y graves violaciones de los derechos humanos, como masacres, secuestros, violaciones y asesinatos callejeros. Algunos barrios, bajo el control de grupos armados que se enfrentan regularmente para ganar más territorio, están abandonados a su suerte, ya que los bandidos han expulsado a la policía de los recintos.

La proliferación de estos grupos y la recurrencia de los enfrentamientos violentos han provocado el desplazamiento de cerca de diez mil haitianos y haitianas, afectando especialmente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, los niños, las personas que viven en la pobreza, así como los discapacitados. Usualmente viviendo en refugios improvisados, estas personas desplazadas internas, son objeto de todo tipo de violaciones de los derechos humanos. Al huir de sus hogares, las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables a la violencia de género, incluida, entre otras, la violencia sexual.

Un sistema judicial disfuncional

El sistema judicial haitiano está compuesto por 18 jurisdicciones. En los últimos dos años, además de la inseguridad que dificulta la capacidad de los jueces para desempeñar sus funciones, los tribunales están a menudo paralizados debido a las huelgas que llevan a cabo diversos actores del sistema judicial en demanda de mejores condiciones de trabajo o en protesta por las decisiones tomadas por el poder ejecutivo.

En las cárceles, el número de personas en prisión preventiva abusiva sigue aumentando[1]. Al 31 de mayo de 2021, de los 11.500 detenidos, 9.424 estaban en prisión preventiva abusiva, entre ellos 400 mujeres y 22 niñas. Según un informe sobre las condiciones de detención en Haití elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), estas personas son objeto de numerosos abusos y maltratos, que ponen en peligro, sobre todo, el disfrute de sus derechos a la salud, al ocio y a una alimentación sana. Privados de sus derechos a la libertad, la seguridad y la dignidad, son víctimas de violaciones de sus derechos y garantías judiciales, como las reconocidas en los artículos 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), así como en los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Actualmente, el Tribunal de Casación -el más alto tribunal de justicia del país- así como el CSPJ también son disfuncionales[2]. El 2 de julio, el mandato de tres años de sus miembros llegó a su fin, con el nombramiento de un nuevo consejo bloqueado debido a la vacante presidencial.

Los resultados del año judicial 2020-2021, que finalizó el 31 de julio, son dispares. Muchas audiencias fueron aplazadas sine die. Asimismo, debido a que los grupos armados ocupan el Distrito del Bicentenario, sede del Tribunal Civil de Puerto Príncipe, los actores del sistema judicial, como los abogados y los jueces, no pueden desempeñar sus funciones como es debido.

Además de los problemas administrativos, se han denunciado varios casos de corrupción durante los dos últimos años. Por otra parte, en octubre de 2020, el CSPJ destituyó a una docena de jueces implicados en actos considerados reprobables[3]. Entre otras cosas, se les acusó de rescate de litigantes, falsificación y uso de documentos falsificados, corrupción y falta de integridad moral. En opinión del ex presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe[4], Stanley Gaston, la lucha contra la corrupción en Haití no podrá dar frutos mientras persista la impunidad y no se reestructure la justicia.

Impunidad, corrupción y otros obstáculos para el disfrute de los derechos humanos en Haití

La lucha contra la impunidad es uno de los mayores retos a los que se enfrenta Haití. La población, en particular las familias de las víctimas de la inseguridad que afecta a los barrios de bajos ingresos, siguen esperando que se haga justicia, y las víctimas de los regímenes totalitarios, incluido el de Duvalier, siguen exigiendo justicia. Es esencial que se establezca la verdad sobre los crímenes del pasado, y que se reconozca y se atienda adecuadamente el sufrimiento de las víctimas.

Por lo tanto, el Estado debe asegurarse de que cumplir con sus obligaciones para garantizar el disfrute de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, en particular los derechos a la vida y a la seguridad, pero también a un recurso efectivo y a la reparación. En este sentido, tiene el deber de investigar y tomar las medidas oportunas contra los responsables cuando sea necesario, así como de dotar a la justicia de los medios necesarios para que pueda desempeñar sus funciones con plena eficacia. Sin embargo, un mes después del asesinato del presidente de la República y un año después del del presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, Monferrier Dorval, la justicia haitiana sigue luchando por recuperarse mientras la población sigue exigiendo justicia.

Esta búsqueda de la justicia y la verdad también ha llevado a la sociedad civil haitiana a movilizarse masivamente en las calles durante los dos últimos años para exigir cambios democráticos duraderos y estructurales. La sociedad civil, rica en competencias y resiliencia, sigue liderando con valentía la lucha por los derechos humanos, en particular los jóvenes, que se alzaron contra la corrupción en el escándalo de Petrocaribe[5], que supuso el robo de miles de millones de dólares en fondos públicos.

Hacer del Estado de Derecho la máxima prioridad

El asesinato del presidente Moïse es una ilustración sorprendente de los problemas que afectan a Haití. Sólo habrá soluciones a estos problemas si el fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la impunidad y la corrupción se convierten en prioridades absolutas, y si esas prioridades se transforman en acciones concretas para que tales actos no vuelvan a repetirse. Esta es también una condición necesaria para un progreso digno en los campos de la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, el desarrollo social y económico, etc. La justicia, el Estado de Derecho, la seguridad y el desarrollo están inextricablemente unidos. Sin un Estado de Derecho sólido y un sistema de justicia eficaz, ni la seguridad ni el desarrollo pueden realizarse plenamente. El país necesita instituciones fuertes e independientes dirigidas por mujeres y hombres íntegros.

Otros países han pasado por situaciones similares y han decidido actuar desarrollando mecanismos adaptados a sus realidades. Apoyándose en las fuerzas complementarias de los fiscales y jueces nacionales aliados con colegas internacionales, han emprendido investigaciones que han descubierto a los corruptos y a los corruptores, los han llevado ante la justicia y los han condenado en consecuencia, demostrando que el cambio es realmente posible. Este fue el caso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CCIG) y de la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) en Honduras.

Estas experiencias comparativas nos enseñan la importancia de implementar mecanismos desarrollados por y para los haitianos y adaptados al contexto. La población también ha salido masivamente -y de forma pacífica- a las calles para exigir acciones innovadoras de prevención y lucha contra la corrupción.

Recientemente, el gobierno y la Oficina de Protección del Ciudadano (OPC) -institución independiente y de mandato estatal para la protección y promoción de los derechos humanos- solicitaron la creación de una comisión de investigación internacional para esclarecer el asesinato del ex presidente Moïse. Dicha comisión no debe sustituir a las instituciones nacionales, sino que debe apoyarlas en su búsqueda de justicia, y podría servir también para esclarecer otros casos de violaciones de derechos humanos. Cabe señalar que varios colegios de abogados nacionales e internacionales, así como Abogados sin Fronteras de Canadá, también han realizado esfuerzos para pedir al ex presidente la creación de dicha comisión en el contexto del asesinato del presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, Me Monferrier Dorval.

Haití no está destinado a navegar perpetuamente de una crisis a otra. La violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad no son inevitables. La sociedad civil haitiana ya está abordando estos problemas, y este movimiento puede ser amplificado y reforzado mediante el desarrollo de capacidades. La comunidad internacional puede apoyar estos movimientos alentando a los haitianos en su intento de establecer un verdadero mecanismo de lucha contra la impunidad en todas sus formas.

En la oscuridad de los acontecimientos ocurridos en los últimos dos años, todavía hay un rayo de esperanza para el cambio. Ahora nos corresponde a todos apoyar a los haitianos en sus esfuerzos por hacerla más brillante[6].


[1] ACNUDH y BINUH, Informe sobre las condiciones de detención en Haití (junio de 2021), p. 7.

[2] El CSPJ es el órgano de administración, control, disciplina y deliberación del poder judicial. Fue creado en 2007 para garantizar la independencia de dicho poder. Ver: Le Moniteur (20 de diciembre de 2007).

[3] La Nacional, 19 jueces excluidos de la judicatura por el CSPJ (30 de noviembre de 2020).

[4] Metropole, El poder judicial está plagado de corrupción, dice el presidente de la Abogacía (3 de octubre de 2018).

[5] El acuerdo de Petrocaribe de octubre de 2007 permitió al Estado haitiano beneficiarse de facilidades de pago para la compra de gasolina, gasóleo, queroseno, fuel-oil y asfalto a Venezuela, que es el principal proveedor del mercado local de Haití desde hace más de 20 años. Ver: Bureau de Monétisation d’Aide au Développement, Le Fonds PetroCaribe.

[6] Me gustaría agradecer sinceramente a mis colegas Taïna Noster, Stéphanie Day-Cayer, Jodherson Cadet, Emilie Simard y Richard Gorman su importante contribución en la preparación de este artículo.  

* Directora de país de ASFC en Haití – Puerto Príncipe

Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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