Estado de Derecho en Perú: asediado por la pandemia y la corrupción

David Lovatón*

El 26 de abril del 2020 escribí en este mismo espacio un artículo titulado “Quarantine, State of Emergency, State of Enforcement, and the Pandemic in Peru”, con el que intenté dar cuenta de cómo el coronavirus había impactado en el Estado de derecho y los derechos humanos en el país. Entre otros aspectos, destaqué que, a pesar de nuestras debilidades institucionales y la precariedad de nuestro sistema de salud, esta excepcional situación no se había traducido en graves violaciones de derechos humanos ni rupturas del Estado de derecho, salvo situaciones aisladas.

Hoy, a casi un año del inicio de esta prolongada pandemia, del estado de emergencia decretado el 15 de marzo del 2020 y prorrogado todo este tiempo, de la imposición de diversos niveles de confinamiento y restricciones a libertades civiles como el libre tránsito y el derecho de reunión y una severa recesión económica, el balance es negativo no sólo porque es previsible que en marzo del presente año alcancemos la cifra oficial de 50,000 fallecidos y de alrededor de 1´300,000 contagiados,[1] sino también porque ha habido un severo debilitamiento institucional que explicaría, entre otras causas, que el Perú es uno de los países más golpeados por el covid-19 en AL.

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Venezuela: Corrupción y Crímenes de Lesa Humanidad

Carmen Alguíndigue Morles*

El Informe de la Misión de Determinación de Hechos recientemente presentado ante el Consejo de Derechos Humanos contiene un apartado específico sobre el fenómeno de la corrupción en Venezuela, en el que se hace mención sobre el casi centenar de investigaciones en distintas jurisdicciones del mundo, el mal manejo de los asuntos económicos y en general el desdibujamiento de la independencia de poderes públicos, a medida que el poder Ejecutivo se ha extendido.

Esta misión internacional independiente deja claro que la existencia y mantenimiento de este fenómeno de la corrupción “es un factor motivador de las violaciones de los derechos humanos, al generar beneficios económicos personales a los responsables….”, afirmando que “un elemento de la crisis de Venezuela que merece una investigación más profunda, es el nexo entre la corrupción y las graves violaciones de los derechos humanos[1]”. Este aporte, al igual que todos los hallazgos encontrados es fundamental en el examen preliminar que se adelanta desde 2018 sobre Venezuela en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

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¿Quiénes son las verdaderas víctimas de la corrupción?  

Estefania Medina y Adriana Greaves*

Si el día de hoy alguien entrara a nuestra casa y se llevara todas nuestras pertenencias, o si estuviéramos caminando por la calle y una persona nos atacara con un arma de fuego para quitarnos la bolsa o el celular, pareciera que es muy fácil identificar de qué clase de delitos se trata y quiénes son las víctimas que sufren el daño causado por estos hechos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando una persona o un grupo de personas desvían miles de millones de recursos públicos que estaban destinados a garantizar el derecho a la salud, a la alimentación, y a la educación, de sectores vulnerables como adultos mayores o niños? ¿Quiénes pueden ser identificados como las víctimas de la corrupción?

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Derechos humanos y corrupción: Algunos aspectos relevantes del reciente informe publicado por la CIDH

Claudio Nash*

El tema de la corrupción ha ido ganando un espacio propio en la discusión de derechos humanos (DDHH) a nivel internacional y el Informe sobre “Derechos Humanos y Corrupción” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el esfuerzo más completo de abordaje integral del tema que haya hecho por un organismo internacional a la fecha.

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