Estado de Derecho en Perú: asediado por la pandemia y la corrupción

David Lovatón*

El 26 de abril del 2020 escribí en este mismo espacio un artículo titulado “Quarantine, State of Emergency, State of Enforcement, and the Pandemic in Peru”, con el que intenté dar cuenta de cómo el coronavirus había impactado en el Estado de derecho y los derechos humanos en el país. Entre otros aspectos, destaqué que, a pesar de nuestras debilidades institucionales y la precariedad de nuestro sistema de salud, esta excepcional situación no se había traducido en graves violaciones de derechos humanos ni rupturas del Estado de derecho, salvo situaciones aisladas.

Hoy, a casi un año del inicio de esta prolongada pandemia, del estado de emergencia decretado el 15 de marzo del 2020 y prorrogado todo este tiempo, de la imposición de diversos niveles de confinamiento y restricciones a libertades civiles como el libre tránsito y el derecho de reunión y una severa recesión económica, el balance es negativo no sólo porque es previsible que en marzo del presente año alcancemos la cifra oficial de 50,000 fallecidos y de alrededor de 1´300,000 contagiados,[1] sino también porque ha habido un severo debilitamiento institucional que explicaría, entre otras causas, que el Perú es uno de los países más golpeados por el covid-19 en AL.

Por un lado, la crisis política y social que sacudió al país y terminó con la destitución del ex Presidente de la República Martín Vizcarra por un Parlamento movido por intereses subalternos en noviembre del 2020, contribuyó a ralentizar las negociaciones y gestiones que el Estado peruano venía haciendo para adquirir vacunas contra esta enfermedad; al extremo que el nuevo Gobierno de transición del Presidente Francisco Sagasti recién pudo lograr que el pasado 13 de febrero del 2021 llegase al país el primer lote de vacunas sinopharm procedentes de China. En comparación con muchos países de AL, hemos sido de los últimos en iniciar el proceso de vacunación masiva y en asegurar el número suficiente de vacunas para toda la población.

Por otro lado, el descubrimiento en febrero del presente año que el ex presidente de la República Vizcarra, cuando aún ejercía el cargo y en plena pandemia, fue vacunado en secreto con la vacuna china sinopharm -que en ese momento aún estaba en fase experimental aquí en Perú-, al igual que su esposa y uno de sus hermanos, ha indignado y avergonzado al país. Pocos días después, se descubrió también que fueron vacunadas en secreto las ministras de salud y de relaciones exteriores del actual Gobierno, varios altos funcionarios públicos, algunos ejecutivos y médicos de clínicas privadas y familiares y amigos de todos ellos. Dichas ministras ya renunciaron, pero tanto el Parlamento como la Fiscalía han iniciado investigaciones para determinar posibles responsabilidades políticas y penales del ex presidente Vizcarra, las ex ministras y algunos funcionarios públicos.

Los nuevos ministros de salud y relaciones exteriores han ofrecido exhaustivas investigaciones y han exigido la renuncia de todos los funcionarios que aceptaron ser vacunados bajo estas condiciones.[2] El actual presidente Sagasti asegura que no estaba al tanto de esta situación y que se siente “furioso e indignado”[3], sentimiento que sin duda comparte la mayor parte de peruanos y peruanas pues, en medio de esta dramática pandemia que ha costado la vida a miles de compatriotas, un puñado de funcionarios públicos, familiares y amigos, aprovechándose de su posición de poder político o económico, se vacunaron en secreto ignorando por completo el orden de prioridad en la vacunación que ya se había establecido: primero personal médico, militar y policial, luego adultos mayores y personas de riesgo y así sucesivamente. Actuaron en beneficio propio y bajo la despreciable lógica del “sálvese quien pueda”.

Increíblemente, el director del ensayo médico que validó en el Perú la eficacia de esta vacuna sinopharm -que se realizó en una prestigiosa universidad privada cuyas autoridades y varios funcionarios han tenido que renunciar-, intentó minimizar la gravedad de esta vacunación secreta sosteniendo que en otros países como Emiratos Árabes y Egipto la referida farmacéutica china también había enviado un lote adicional “de cortesía” para el personal y funcionarios públicos vinculados al ensayo clínico. Lo que no llega a explicar es por qué entonces esta vacunación selectiva se llevó a cabo en el más absoluto secreto y benefició a personas que no tenían relación alguna con el ensayo; según él, no es ni un comerciante ni un “dealer” de vacunas.[4] Pocos días después, dicha universidad removió a este médico de su cargo.[5]

Con cargo a las investigaciones oficiales que se realicen sobre el particular, todo parece indicar que estamos frente a una trama de gran corrupción,[6] en la que un puñado de funcionarios públicos, personal médico y particulares, se beneficiaron indebidamente de un bien público y escaso como son -hoy en día- las vacunas contra el covid-19 en el Perú. Esto no sólo socava -aun más- la confianza ciudadana en el Estado de Derecho y sus autoridades, sino que inclusive podría poner en riesgo el envío de nuevos lotes de vacunas de este u otros laboratorios o impedir que el país vuelva a ser elegido a futuro para otros ensayos clínicos.

Este condenable proceder ha exacerbado aún más la frustración y la rabia de millones de peruanos y peruanas que han perdido sus empleos o fuentes de ingreso o que han perdido a familiares y amigos y echa por tierra el balance que se tenía de que el gobierno del ex presidente Vizcarra enfrentó -lo mejor que pudo- esta pandemia; ahora se conoce que no sólo no hizo avances significativos en la adquisición de vacunas sino que, peor aún, se aprovecharon de su posición para beneficiarse y beneficiar a sus allegados.

Todo esto en medio de una deslucida y atípica campaña electoral para elegir al nuevo presidente(a) de la República y al nuevo Parlamento nacional el próximo 11 de abril del presente año. Compiten un total de veintitrés (23) candidatos(as) presidenciales[7] y un número similar de listas parlamentarias lo que, a todas luces, ya es un punto en contra de estas elecciones generales pues será muy difícil para el votante distinguir suficientemente el símbolo de su candidato o partido de preferencia en la respectiva boleta de votación.

Serán elecciones presenciales (en el Perú aún no existen las condiciones para llevar a cabo elecciones virtuales o por correo), así que diecisiete (17) partidos políticos han suscrito el “Pacto ético electoral 2021”[8] promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que, entre otros compromisos, exhorta a los(as) candidatos(as) a respetar reglas de distanciamiento social y, en general, a observar medidas de bioseguridad para evitar que las campañas y movilizaciones partidarias se conviertan en nuevos focos de contagio. Sin embargo, algunos candidatos no han honrado estos compromisos pues han realizado actos de campaña en los que no se ha respetado el distanciamiento social ni las medidas de bioseguridad.[9]

Por su parte, la institución encargada de organizar el proceso electoral, la Oficina nacional de procesos electorales (ONPE), ha anunciado la implementación de siete (07) protocolos de medidas sanitarias dirigidas a evitar los contagios por el coronavirus: i) el uso obligatorio de mascarilla y protector facial para ingresar a los locales de votación; ii) control obligatorio de temperatura al ingresar a los locales de votación; iii) desinfección de manos con alcohol en los locales de votación; iv) mantener metro y medio, como mínimo, de distanciamiento social en las filas de votación y mesas de sufragio; v) uso de lapicero propio para votar; vi) desinfectar con alcohol el documento nacional de identidad (DNI); vii) luego de votar, no permanecer en el local de sufragio.[10]

Además, la ONPE ha extendido la jornada de votación de 7:00 am a 7:00 pm (12 horas) y ha establecido horarios diferenciados de votación: de 7:00 a 9:00 am los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o de riesgo; a partir de las 9:00 am en adelante, se ha establecido un horario escalonado en función del último dígito del DNI.[11] De esta manera, se espera evitar o aminorar las aglomeraciones de personas y el riesgo de contagio, pero todo dependerá no sólo de las reglas establecidas por la autoridad sino también del cumplimiento de las mismas por parte de los ciudadanos el día de la votación.

También habrá observación electoral internacional, entre otros, por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha estado muy atenta a la situación política y social del país durante la pandemia. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo oficial a Lima del 29 de noviembre al 2 de diciembre del 2020, para investigar y documentar los abusos policiales perpetrados en noviembre del año pasado durante el gobierno de seis (06) días del parlamentario Manuel Merino y emitió el comunicado de prensa N° 290/20 el pasado 7 de diciembre del 2020 con conclusiones y recomendaciones para el Estado.[12]

En Perú el orden público de las elecciones está constitucionalmente a cargo no sólo de la policía nacional sino también de las fuerzas armadas[13], las mismas que durante todo el largo periodo de pandemia han ajustado su actuación al marco constitucional, inclusive en los peores momentos de la crisis política y social que remeció al país en noviembre del 2020 y que culminó -como ya adelantamos- no sólo con la destitución del ex presidente Vizcarra y el establecimiento del gobierno de transición del actual presidente Francisco Sagasti, sino también con el fallido y breve gobierno del parlamentario Manuel Merino, que duró tan sólo seis (06) días y que sostenidas movilizaciones sociales pacíficas y el creciente rechazo internacional obligaron a renunciar.

Por su parte, el sistema de justicia ha seguido funcionando “a media máquina” durante esta prolongada pandemia dado el retraso tecnológico de sus procedimientos e infraestructura. Pese a ello, han seguido llevándose a cabo algunas diligencias y trámites a través de videoconferencias, pero con limitaciones. La Fiscal de la Nación ha seguido mostrando autonomía en su actuación y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), órgano constitucional autónomo encargado de la designación, evaluación y eventual sanción de jueces y fiscales de todo el país y de todas las instancias, luego de largos procesos disciplinarios ha logrado destituir al ex Fiscal de la Nación y a un juez supremo, seriamente comprometidos con una red de corrupción que viene siendo investigada judicialmente.

En especial, es de resaltar el papel que ha seguido cumpliendo el Tribunal Constitucional (TC) como supremo intérprete de la Constitución y árbitro final en controversias constitucionales; sin embargo, en la coyuntura de la destitución del ex presidente Vizcarra en noviembre del 2020, la mayoría del TC renunció a cumplir ese papel y evitó pronunciarse sobre la controversial figura de la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”,[14] a pesar que todo el país, los actores políticos y hasta la comunidad internacional esperaban ello. Aquí puede verse esta criticable sentencia: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/00002-2020-CC.pdf

En cuanto al estado de emergencia decretado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM el 15 de marzo del 2020, el mismo ha sido sucesivamente prorrogado a través de diversos decretos supremos. Ello es posible porque el artículo 137° de la Constitución vigente no contempla límites temporales a esta potestad excepcional del presidente de la República, salvo que el estado de emergencia se decreta por un máximo de sesenta (60) días pero puede ser prorrogado.

Si bien a la fecha ni el Poder Judicial ni el TC han tenido oportunidad de pronunciarse sobre la necesidad de establecer un límite temporal a esta potestad excepcional que podría ser ejercida en forma desproporcionada e indefinida -como sucedió en algunas regiones del país como Ayacucho durante el conflicto armado interno que asoló el país durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX-, no descartamos que a futuro puedan pronunciarse y vía interpretación constitucional establecer algunos límites. Otro escenario posible podría ser una futura reforma constitucional del referido artículo 137° de la Constitución que delimite mejor esta potestad presidencial.

Por el momento, el estado de emergencia con restricciones a los derechos fundamentales a la libertad de tránsito, libertad de reunión, inviolabilidad de domicilio y libertad individual, ha sido extendido hasta el 28 de febrero del 2021 mediante Decreto Supremo N° 008-2021-PCM[15] y es previsible que continúe hasta que la pandemia sea controlada vía la vacunación masiva de la población.

Pese a lo prolongado de este estado de excepción en gran parte del territorio nacional, no sea han producido violaciones de derechos humanos, salvo algunos casos aislados que inmediatamente fueron denunciados mediante la prensa o redes sociales. Inclusive, en comparación a más severas restricciones a la libertad individual que se impusieron el año 2020, ahora las personas que incumplen los toques de queda (prohibición de circular por las calles en determinadas horas), son detenidas por un máximo cuatro (04) horas, deben pagar una multa y, si son reincidentes, pierden la posibilidad de acceder a programas sociales. Otra acertada medida establecida por el actual gobierno ha sido la gradualidad geográfica de las restricciones según la tasa de contagios del covid-19: a más contagios más restricciones, a menos contagios menos restricciones.

Por su parte, la libertad de expresión y la libertad de prensa no han experimentado restricción alguna durante la pandemia y, por el contrario, la prensa y las redes sociales han sido claves para dejar al descubierto el reciente escándalo conocido como “vacunagate”[16] al que ya hemos hecho referencia en el presente artículo.

Finalmente, nos preocupan algunos peligros que se ciernen sobre la frágil democracia peruana. Primero, la escasa legitimidad de las nuevas autoridades que resulten elegidas en las elecciones del próximo 11 de abril del presente año: tememos que el ausentismo electoral sea mayor en comparación con anteriores elecciones y que eso pueda convertirse en una fuente más de inestabilidad política y social. Segundo, que la vacunación masiva de la población no se lleve a cabo con la justicia, transparencia y rapidez que se requiere sino que, por el contrario, sea un factor más de desigualdad social y económica. Al respecto, el gobierno del presidente Sagasti ha expresado su voluntad de mantener la gratuidad de la vacuna contra el covid-19 para toda la población.[17]

Tercero, que la recesión económica, hambre, pobreza y desempleo que ha generado esta pandemia se conviertan en el terreno propicio para nuevas aventuras populistas y autoritarias -de derecho o de izquierda- en el Perú. Bastantes experiencias recientes y lamentables tenemos de ello en AL: líderes que ofrecen resolver con prontitud las legítimas y urgentes necesidades de la población tomando atajos autoritarios que terminan por debilitar el Estado de derecho, generan más corrupción y nuevas violaciones de derechos humanos.

Frente a ello, confiamos que el próximo 11 de abril sea una nueva oportunidad para que los peruanos y peruanas del bicentenario (este año 2021 el Perú cumple 200 años de República independiente y soberana), elijamos a mejores y más honestas autoridades y comencemos a dejar de ser un país adolescente.

This article will be published in English, as part of the Power and the COVID-19 Pandemic Symposium in the Verfassungsblog (https://verfassungsblog.de/category/debates/power-and-the-covid-19-pandemic-debates/).

* Asessor legal en DPLF y Profesor principal en PUCP

Foto: AP

[1] https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp

[2] https://elcomercio.pe/politica/gobierno/vacunagate-canciller-allan-wagner-pide-renuncia-y-retiro-de-sus-cargos-de-funcionarios-que-recibieron-la-vacuna-de-sinopharm-covid-19-nndc-noticia/

[3] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56072179

[4] https://peru21.pe/politica/german-malaga-sobre-dosis-vip-de-covid-19-no-soy-un-dealer-de-vacunas-german-malaga-covid-19-upch-noticia/

[5] https://larepublica.pe/sociedad/2021/02/18/upch-suspende-a-german-malaga-del-ensayo-clinico-de-sinopharm/

[6] Además, es posible que es este esquema sea parte tambipen del negocio transnacional de los laboratorios: https://www.idl-reporteros.pe/el-sector-de-vacunaciones-estructuradas/

[7] https://andina.pe/agencia/noticia-elecciones-2021-conoce-a-23-candidatos-a-presidencia-de-republica-824556.aspx

[8] https://andina.pe/agencia/noticia-elecciones-2021-diecisiete-partidos-asumen-compromisos-pacto-etico-electoral-831673.aspx

[9] Entre otros candidatos: https://elcomercio.pe/politica/elecciones/elecciones-2021-pedro-castillo-candidato-presidencial-contagiado-de-covid-19-realizo-actividades-sin-respetar-distanciamiento-social-coronavirus-noticia/