David Lovatón Palacios*

“Y cuándo nos veremos con los demás, al borde

de una mañana eterna, desayunados todos!”

(La cena miserable, César Vallejo)

La noche del pasado lunes 9 de noviembre comenzaron los días política y socialmente más turbulentos e inciertos que el Perú ha vivido en las últimas dos décadas, desde la fuga de Alberto Fujimori al Japón y el inicio de la transición democrática en noviembre del año 2000. La elección del parlamentario Francisco Sagasti como Presidente de la República, de conformidad con las reglas de sucesión presidencial previstas en el artículo 115° constitucional, sin duda es un bálsamo para la democracia peruana pero tan sólo una tregua frente a las redes de corrupción que mantienen secuestrado el Parlamento. A continuación, una breve crónica de una vacancia presidencial y protestas sociales no anunciadas y un preliminar análisis constitucional de lo ocurrido.

Presidente de la República vacado (destituido) en forma “express”

Apenas mes y medio antes, el pasado 18 de septiembre, el Parlamento ya había intentado vacar (destituir) al entonces Presidente de la República Martín Vizcarra y no habían logrado hacerlo.[1] Por ello, cuando se presentó un segundo pedido de vacancia y el lunes 9 de noviembre comenzó a debatirse en el pleno del Parlamento, la mayor parte de la ciudadanía no le dio mucha importancia y creímos que -al igual que el anterior pedido de vacancia- éste tampoco prosperaría debido a que era idéntico al primero: vacarlo (destituirlo) por supuesta “incapacidad moral permanente”, causal muy controversial que, si bien prevista en el artículo 113.2° de la Constitución, su uso excesivo e irresponsable ha terminado por desdibujarla. En ambos casos, lo que gatilló la vacancia fueron investigaciones preliminares a cargo de la fiscalía por supuestos delitos de corrupción que el entonces Presidente Vizcarra habría cometido. Por el momento, no hay acusación ni sentencia, sólo investigaciones preliminares.

Pero para sorpresa e indignación de todos en esta ocasión el Parlamento, por amplia mayoría y luego de un debate de escasas horas, decidió vacar (destituir) al entonces Presidente Vizcarra. Al día siguiente 10 de noviembre, el Presidente del Parlamento en ese momento, Manuel Merino, asumió la Presidencia de un Gobierno que duró tan sólo seis (06) días ¿Por qué esta destitución presidencial prendió la pradera de las masivas y sostenidas protestas sociales que siguieron?

Primero, porque la figura de la vacancia presidencial por la causal de “incapacidad moral permanente” prevista en el artículo 113.2° constitucional ha sido utilizada en forma abusiva e irresponsable: tan sólo por la fuerza de los votos pero sin ninguna legitimidad ciudadana. Segundo, porque el ex Presidente Martín Vizcarra contaba con una buena aprobación según las encuestas de opinión: 54% aprobaba su gestión y el 78% consideraba que debía culminar su mandato.[2] Tercero, porque el Parlamento ya arrastraba una baja aprobación ciudadana: 60% desaprueba su desempeño y 32% la aprueba[3]; luego de las protestas sociales esos índices deben haber empeorado dramáticamente en perjuicio del Legislativo.

Cabe mencionar también que el uso abusivo y fraudulento de la figura de la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, ha permitido encubrir un juicio político o una destitución presidencial “express”, esto es, sacar del cargo a un Presidente en una semana y sin suficientes garantías de debido proceso, rompiendo así el equilibrio de poderes del presidencialismo atenuado vigente no sólo en el Perú sino en la mayor parte de países de América Latina. En otras palabras, la figura de la “vacancia presidencial” prevista en la Constitución peruana busca evitar el vacío de poder, no generarlo, tal como ya lo hemos explicado en un artículo anterior.[4]

Por estas y otras razones, la ciudadanía -que parecía despertar de un largo letargo impuesto por la pandemia- puso en jaque a un Parlamento y a un Gobierno repudiados por masivas, sostenidas y pacíficas protestas sociales, con la mayoritaria participación de jóvenes estudiantes que, lamentablemente, fueron reprimidas con excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, lo que dejó como trágico saldo la muerte de dos (02) jóvenes y varios heridos, algunos de ellos de gravedad. Ello sin duda indignó aún más no sólo a los manifestantes sino a la opinión pública, la prensa y la comunidad internacional.

Estas masivas protestas sociales que comenzaron el mismo lunes 9 de noviembre que vacaron al ex Presidente Vizcarra y que sólo amainaron cuando el domingo 15 de noviembre el inconstitucional Presidente Manuel Merino anunció su renuncia luego de haber guardado dramático y largo silencio tras la brutal represión policial de las protestas sociales del día anterior. La larga noche de ese sábado y la mañana de ese domingo fueron de gran confusión y desgobierno. Felizmente las Fuerzas Armadas se mantuvieron en sus cuarteles, marcando una diferencia con el pasado.

Las protestas sociales -que se articularon sobre todo vía redes sociales- tuvieron claro desde el inicio que no defendían la inocencia del ex Presidente Vizcarra, sino que defendían a la democracia de unas mafias que mantienen secuestrado el Parlamento y que pretendieron tomar por asalto el Gobierno haciendo uso inconstitucional y abusivo de la vacancia presidencial. Por ello, el retorno a la presidencia de Martín Vizcarra rápidamente dejó de ser una salida satisfactoria para un sector importante de la ciudadanía movilizada, por lo que se fue gestando la siguiente solución política luego de la renuncia de Merino: que asuma la Presidencia de la República alguno(a) de los diecinueve (19) parlamentarios(as) que se opusieron a un acto tan arbitrario como esta vacancia. Por otro lado, gran parte de los que apoyaban a Vizcarra se sintieron decepcionados y hasta traicionados cuando él anunció que acataba sumisamente la arbitraria vacancia, sin librar previamente una batalla constitucional y pese a haber medido fuerzas con el Parlamento en los últimos meses.

Las salidas constitucionales y el lamentable papel del Tribunal Constitucional

El mismo domingo 15 de noviembre que renunció Merino a la presidencia, el Parlamento anunció -en claro gesto de reconocimiento del craso error perpetrado con la vacancia- que se reuniría de emergencia para nombrar a un nuevo Presidente(a) del Congreso y a un nuevo Presidente(a) de la República. Sin embargo, la noche de ese día el país fue testigo de otro despropósito: el Parlamento votó en contra de la lista única que habían consensuado los mismos voceros de los grupos parlamentarios. De esta manera, esa noche los peruanos y peruanas nos fuimos a dormir sin Presidente de la República y con una gran incertidumbre en medio de la peor crisis sanitaria y económica que aún padecemos.

Finalmente, el lunes 16 de noviembre, luego de idas y venidas, negociaciones y rumores, se presentó otra lista única para la Mesa Directiva del Parlamento que, ahora sí, contó con el respaldo mayoritario del Pleno y de la cual han surgido no sólo la nueva Presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez del Frente Amplio de izquierda, sino el nuevo Presidente de la República, el parlamentario Francisco Sagasti del Partido Morado de centro. Cabe mencionar que la sucesión presidencial prevista en el artículo 115° constitucional, contempla la posibilidad que el Presidente del Parlamento, asuma la Presidencia de la República a falta de Presidente y los dos vicepresidentes y convoque de inmediato a elecciones generales, convocatoria que ya está hecha y que tendrán lugar el 11 de abril del 2021. En consecuencia, la salida política finalmente hallada por el Parlamento, está dentro del marco constitucional.

El miércoles 18 de noviembre juró el nuevo Gabinete ministerial presidido por la destacada abogada feminista Violeta Bermúdez e integrada por buenos(as) profesionales. Este Gabinete deberá pedir la confianza al Parlamento y será una nueva oportunidad para constatar si el Legislativo ha aprendido -o no- de esta aguda crisis política y social.

Para terminar de alejar la precariedad e incertidumbre institucionales, era clave que el Tribunal Constitucional, en el marco del proceso competencial que el Ejecutivo inició contra el Legislativo en septiembre pasado en torno al primer intento de vacancia y que aún estaba en trámite, contribuya a establecer límites formales y sustanciales a esta indeterminada causal de vacancia de “incapacidad moral permanente”.

Sin embargo, en un muy cuestionable fallo por mayoría del pasado 20 de noviembre,[5] el TC resolvió lavarse las manos y declarar improcedente la demanda competencial y, de esta manera, evitar pronunciarse sobre el fondo de la controversia constitucional y que era lo que todo el país y la comunidad internacional estaba esperando (la propia OEA lo señaló en un comunicado): que estableciese criterios de interpretación y límites para la aplicación de esta causal de incapacidad moral permanente.

Si el TC hubiese declarado la inconstitucionalidad de este uso abusivo y arbitrario de la causal de incapacidad moral permanente por parte del Parlamento, eso no habría supuesto el retorno del expresidente Vizcarra pues política y socialmente habría resultado insostenible que ello ocurra, al punto que el propio expresidente vacado (destituido) felicitó al nuevo Presidente Sagasti apenas fue elegido.

El TC podría haber dispuesto, por ejemplo, que el último año de mandato del Presidente de la República, el Parlamento no pueda vacarlo por dicha causal, en forma similar a la prohibición ya prevista en el artículo 134° Constitución: el Presidente de la República no puede disolver al Parlamento el último año de mandato. Habría sido un camino para cautelar el equilibrio de poderes y contribuir a evitar que el flamante Presidente vuelva a ser vacado (destituido). Pero el TC prefirió rehuir de su responsabilidad histórica y evitó pronunciarse pretextando argumentos exclusivamente formales.

Confiemos pues que el gobierno del Presidente Francisco Sagasti conduzca al Perú a una transición política pacífica el 28 de julio del 2021, a elecciones generales libres y legítimas el próximo 11 de abril del 2021 y que vaya sacando al país de la peor crisis sanitaria y una de las peores recesiones económicas de nuestra historia republicana.

*Asesor legal DPLF, Profesor principal PUCP

[1] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54215569

[2] https://www.radionacional.com.pe/noticias/politica/encuesta-un-78-de-peruanos-considera-que-vizcarra-debe-culminar-su-mandato

[3] https://www.radionacional.com.pe/noticias/politica/encuesta-un-78-de-peruanos-considera-que-vizcarra-debe-culminar-su-mandato

[4] https://dplfblog.com/2020/09/24/peru-nueva-crisis-politica-de-una-republica-bicentenaria-pero-aun-adolescente/

[5] https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/00002-2020-CC.pdf

Foto: Presidencia Perú / Flickr [1] [2] [3]