Colombia: Los derechos humanos como instrumento de paz

Sébastien Coquoz*

Este artículo forma parte del volumen 2 de la Sociedad de Bien Común “revelar la humanidad, combatir la inhumanidad”.

English version here.

Una situación global alarmante

Según uno de los últimos discursos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano, Zeid Ra’ad Al Hussein, llevado a cabo ante el Consejo de Derechos Humanos, la situación actual en el mundo es alarmante: conflictos en Medio Oriente, hambruna en África, trato de inmigrantes que buscan llegar a Europa, son solo algunos de los ejemplos. Durante los primeros tres años de su mandato, dice, el mundo de ha vuelto “oscuro y más peligroso”.[1]

Los medios internacionales informan de un país que parece ir en la dirección opuesta, avanzando hacia la paz después de más de 50 años de conflicto: Colombia. Obviamente, el panorama no es del todo brillante en este vasto país andino de América del Sur (aproximadamente del doble del tamaño de Francia[2]): la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC[3] se enfrenta a muchos obstáculos[4], el proceso de negociación entre el gobierno y el ELN[5] parece estar estancado o incluso en retroceso, y las actividades de los grupos armados y bandas criminales, así como el incremento en los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, muestran que el país está lejos de haber alcanzado la paz. Pero el proceso está en marcha y la población colombiana afectada por el conflicto espera poder beneficiarse poco a poco.

Colombia: hacia la paz después de 50 años de conflicto

Por qué se hundió el país, hace más de 50 años, en este violento conflicto entre las FARC, las fuerzas armadas colombianas y los paramilitares? Esta guerra, que ha matado a más de 220,000 personas y ha desplazado a 7 millones[6], está ligada a los problemas estructurales del país. Se cuestiona principalmente la falta de garantías para participar en política, el acceso desigual a la tierra y el abandono de las áreas rurales del país, donde el acceso a la salud, educación y el empleo es mínimo o inexistente.

La Constitución colombiana, la legislación y ahora el acuerdo de paz contienen numerosas garantías para el respeto de los derechos humanos y la consolidación de la paz. Si el acuerdo de paz se implementa satisfactoriamente, la población y las comunidades encontrarían soluciones a los muchos desafíos estructurales que enfrentan y se podrían subsanar graves deficiencias del estado de derecho, la democracia y el desarrollo.[7]

Pero la implementación de estas garantías se enfrenta con una serie de obstáculos, que van desde una burocracia engorrosa hasta la falta de coordinación interinstitucional y voluntad política, pasando por problemas de asignación presupuestal y corrupción. La principal dificultad es probablemente la inadecuada respuesta del estado a las necesidades reales de la población local.

División entre el Estado y la sociedad civil

Existe una distancia significativa entre el Estado y la sociedad civil; una distancia geográfica por supuesto, especialmente entre las poblaciones rurales más afectadas por el conflicto y los habitantes de la capital, Bogotá, donde se elaboran las leyes y políticas nacionales, o los habitantes de las capitales departamentales donde están presentes la mayoría de las instituciones. Por ejemplo, hay 600 kilómetros entre los municipios sureños del departamento de Bolívar, muy alejados y afectados por el conflicto, y Cartagena, la capital del departamento.

Es común escuchar a la gente deplorar la falta de comprensión de las autoridades sobre la realidad en sus territorios. Esta observación surge de varias razones: falta de presencia en el terreno y de capacidad, o incluso voluntad, para cumplir su misión. Cuando vives o trabajas en estos territorios, esta falta de confianza es flagrante entre las instituciones estatales, por un lado, y la población y defensores de derechos humanos, por el otro. Estos últimos arriesgan sus vidas promoviendo y protegiendo los derechos de sus comunidades en uno de los países con mayor número de asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo.[8]

Esta falta de confianza, esta sensación de aislamiento de la población se refleja en frecuentes manifestaciones y bloqueo de carreteras. Las comunidades y sus representantes buscan así obligar al Estado al diálogo. Este diálogo, cuando se materializa, suele tener lugar en presencia de delegados gubernamentales sin poder de decisión.

Esta ruptura entre áreas urbanas y rurales no facilita el compromiso y la participación de las poblaciones más vulnerables (como los campesinos y las poblaciones afrocolombianas e indígenas que más han sufrido el conflicto) en los asuntos sociales, económicos y políticos del país y sus subregiones.

En realidad, hay poco espacio para la participación, y cuando existe, generalmente es convocado por las autoridades para cumplir con una obligación legal o administrativa más que para adaptar las políticas del Estado a las necesidades e iniciativas de la población. El resultado es lo que podría denominarse una imposición de soluciones desde las distintas capitales (nacional o departamentales), que solo merma la confianza de la población frente a las autoridades.

Además, muchos medios de comunicación y funcionarios públicos desprecian a las poblaciones que viven en estas zonas de conflicto, equiparándolas a grupos armados o actividades ilegales y cuestionando la honestidad y legitimidad de sus representantes cuando exigen mejoras en las condiciones de vida de sus comunidades. Un ejemplo reciente fue en diciembre de 2017, cuando el Ministro de Defensa declaró a la prensa que la gran mayoría de los defensores de derechos humanos asesinados habían sido asesinados por problemas entre vecinos, faldas y rentas ilícitas…[9]

Derechos humanos y responsabilidad individual y comunitaria

La magnitud del conflicto y de las necesidades en Colombia claramente indican que la respuesta del Estado, por sí sola, no es suficiente y que es necesario promover el compromiso de todos, a nivel individual y comunitario, para lograr que la sociedad colombiana se base en el respeto a todos los individuos, la reconciliación, las garantías de no repetición de las atrocidades cometidas durante el conflicto y el desarrollo inclusivo del país. Asimismo, se debe empoderar a los individuos y a las comunidades para que sean capaces de tomar sus propias decisiones, y así contribuyan a la reconciliación y al desarrollo de la sociedad colombiana.

Los derechos humanos pueden representar este vehículo para que las comunidades tomen el control de su destino y contribuyan a cambios positivos y concretos en su vida diaria. Esto se debe a que los derechos humanos sitúan a las personas y comunidades, que están dotadas de derechos y capacidades, en el centro de todo proceso de transformación de la sociedad.

Como parte de su trabajo en Colombia, la OACNUDH reconoce a las personas y comunidades como sujetos de derechos y deberes, capaces de informarse, organizarse y desarrollar estrategias y alianzas para encontrar soluciones éticas a sus necesidades, a través de mecanismos a nivel local, nacional, regional e internacional[10], con el fin de exigir y apoyar los esfuerzos del Estado de cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos[11].

La interdependencia entre los derechos humanos y la paz se reconoce cada vez más a nivel internacional. Una sociedad pacífica que resuelve sus diferencias sin violencia está en mejores condiciones de gozar de un alto nivel de respeto por sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Y un alto nivel de respeto por los derechos humanos contribuye en gran medida a una paz genuina y duradera, asegurando la dignidad humana de todos y brindando soluciones a las causas subyacentes del conflicto, como la pobreza, la desigualdad y la discriminación. En su discurso, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llega incluso a afirmar que los principios de los derechos humanos son el único medio para evitar la guerra global y la miseria profunda.[12]

Hacer un cambio y consolidar la paz

Concretamente, este enfoque requiere la promoción de información y debate sobre los derechos y deberes de todos a nivel individual y colectivo, sobre las obligaciones del Estado de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y sobre los mecanismos a nivel local, nacional, regional e internacional para exigir el cumplimiento de estas obligaciones.

El Estado ciertamente tiene un papel importante que desempeñar en la difusión de esta información y la promoción de un debate comprensivo, particularmente a través de campañas en los medios de comunicación y estrategias educativas en escuelas y universidades. Pero esto no es suficiente: cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de reflexionar sobre sus acciones y modos de vida. ¿Contribuyen realmente a mejorar la situación de la población en su conjunto y a crear una Sociedad de Bien Común? Compartamos nuestras reflexiones e iniciativas desde nuestros respectivos hogares, barrios y actividades diarias[13]!

Además, no basta con criticar a las instituciones por la falta de respuesta adecuada a nuestras necesidades, es necesario asociarnos a los esfuerzos e iniciativas del Estado, para orientarlo y hacer propuestas concretas con el fin de mejorar su respuesta, dando así mayor relevancia y sostenibilidad a sus acciones.

Igualmente, dado que los funcionarios públicos implementan las políticas estatales, es fundamental asegurar que las estructuras estatales incluyan personas del “terreno”, miembros de las comunidades y / o víctimas del conflicto, que conozcan las problemáticas que enfrentan las poblaciones, especialmente las más vulnerables.

Es evidente que el enfoque debe basarse primero en el contexto local, partiendo de un análisis de las necesidades específicas y las iniciativas puestas en marcha por las comunidades; estas iniciativas deben fortalecerse en lugar de reemplazarse, integrando actores clave en las esferas social, económica y política.

El sector económico privado también debe poder aportar su contribución a la consolidación de la paz y al desarrollo de las zonas rurales, ofreciendo a las poblaciones la oportunidad de mejorar su nivel de vida y romper el círculo vicioso de pobreza y violencia.

Una estrategia común entre empresarios, víctimas del conflicto y consumidores permitiría promover la producción agrícola en las zonas afectadas por el conflicto, comercializar estos productos a nivel local, nacional e internacional y favorecer el comercio y el consumo justo y equitativo[14]. Así es como se podría impulsar el desarrollo de las zonas rurales del país, evitando así, por ejemplo, que los agricultores opten por cultivar coca por razones económicas, lo que muchas veces contribuye a la perpetuación de la violencia por parte de personas malintencionadas, así como de grupos armados y bandas criminales.

En alianza con dos empresas nacionales, la OACNUDH puso así en marcha un primer programa denominado “Café por los Derechos”, que permite comprar café a mil familias en una zona conflictiva, capacitados en producción, exportación y comercialización sin intermediarios[15]. Como mencionó Todd Howland, Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, bastaría con que el 10% de los consumidores colombianos se convirtieran en consumidores responsables para cambiar la realidad de las zonas afectadas por el conflicto[16].

Las empresas y multinacionales de Europa y de otros lugares deben también apoyar estos esfuerzos de paz. En este sentido, los consumidores en Europa (¡y en otros lugares!) también tienen un papel importante que desempeñar, a saber, exigir bienes producidos en condiciones sociales y económicas basadas en la dignidad y el respeto por los seres humanos.

Así, todo enfoque enraizado en los principios de igualdad y no discriminación que son el núcleo de los derechos humanos y que coloca a las personas y a las comunidades en el centro, permitiría facilitar el surgimiento de una relación de confianza entre el Estado y los diferentes sectores de la población colombiana.

Crear o fortalecer el diálogo entre el Estado y los diferentes segmentos de la sociedad es fundamental para generar alianzas y soluciones pertinentes a los desafíos estructurales del país y, de esta manera, consolidar la paz y la reconciliación[17].

Como parte de su trabajo en algunos de los lugares más remotos y abandonados de Colombia, la OACNUDH está trabajando para lograr cambios positivos y concretos en la vida de las personas. Al establecer un diagnóstico participativo de sus necesidades e iniciativas, identificando con ellas las prioridades, fortaleciendo los conocimientos y capacidades de los titulares de derechos y obligaciones y creando espacios de diálogo y acción entre los diferentes actores, se encuentran soluciones en áreas como la salud , seguridad, justicia transicional y los derechos de los pueblos indígenas y minorías, sentando así las bases de una sociedad justa y pacífica arraigada en el respeto de los derechos humanos[18].

Nosotros, en Europa (y en otros lugares), también debemos comprometernos y contribuir localmente a la paz, al apoyo a los más vulnerables y al respeto de los derechos humanos a diario. A través de nuestra forma de vida, consumo, compromiso asociativo o político, podemos participar en el surgimiento de una Sociedad del Bien Común que se ocupa de la totalidad del ser humano, ¡de todos los seres humanos!

*Experto en derechos humanos, humanitario y consolidación de paz. Estaba trabajando con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia cuando escribió este artículo. El autor escribió este artículo a título personal y no como empleado de las Naciones Unidas, por lo que las opiniones expresadas son únicamente las del autor y no las de las Naciones Unidas.


[1] http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22041&LangID=E

[2] 1’141’748 km. (Instituto Geográfico Institute Agustín Codazzi). 

[3] Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mayor grupo armado de tendencia marxista, hasta su desmovilización en 2017.

[4] Ver la evaluación del ACNUDH sobre la implementación del acuerdo en su informe anual de 2017
https://www.hchr.org.co/media/com_acymailing/upload/a_hrc_37_3_add_3_en.pdf  

[5] Ejército de Liberación Nacional, segundo grupo armado de tendencia marxista después de las FARC.

[6] Centro Nacional de Memoria Histórica; Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

[7] Colombia es uno de los países más desiguales de la región, tanto al comparar las zonas rurales con las urbanas como dentro de las zonas urbanas. Sufre de importantes debilidades relacionadas con la presencia y capacidad local del Estado, la deficiente coordinación entre los niveles nacional y local, la seguridad de los ciudadanos frente al conflicto armado y la violencia, el acceso a la justicia, la participación política, la lucha contra la corrupción y la planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, véase en particular

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41598/4/S1700567_es.pdf;  http://www.hchr.org.co/media/com_acymailing/upload/a_hrc_37_3_add_3_en.pdf;  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/107/15/PDF/G1310715.pdf  

[8] En su informe anual de 2017, el ACNUDH confirma 121 asesinatos, incluidos 84 líderes, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas asesinadas durante protestas sociales.
http://www.hchr.org.co/media/com_acymailing/upload/a_hrc_37_3_add_3_en.pdf

[9] http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/asesinatos-colectivos/6849-ligerezas-verbales-del-ministro-de-defensa-exponen-a-lideres-sociales    

[10] Los mecanismos a nivel local, nacional y regional dependen de cada país y región; los mecanismos internacionales incluyen en particular la posibilidad de presentar quejas o enviar informes a los órganos de tratados de la ONU.
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx

[11] De acuerdo con esta tipología de obligaciones estatales, el Estado debe abstenerse de interferir o restringir el disfrute de los derechos humanos (respeto), proteger a las personas y grupos frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por terceros (proteger) y tomar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos (cumplir). https://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx

[12] http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22041&LangID=E

[13] En este sentido, varias iniciativas de ONG en Colombia promueven este tipo de reflexión e intercambio, por ejemplo a través de ejercicios sobre nuevas masculinidades que incitan a niños, jóvenes y adultos a reflexionar sobre sus prácticas cotidianas y sobre su percepción del sexo opuesto para prevenir la violencia, especialmente contra mujeres y niñas, https://www.savethechildren.org.co/trabajos/vacante-consultor-nuevas-masculinidades (proyecto “Viva la Educación” del Consejo Noruego para Refugiados y Save the Children); https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/igualdad-de-g%C3%A9nero-para-una-respuesta-humanitaria-eficaz

[14] http://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/columnas-del-alto-comisionado-en-colombia/360-ano-2016/7755-el-compromiso-de-la-sociedad-es-indispensable-para-la-construccion-de-la-paz

[15] http://www.wradio.com.co/noticias/economia/onu-y-empresas-colombianas-crean-programa-para-capacitar-a-caficultores/20171102/nota/3626773.aspx

[16] http://www.semana.com/nacion/articulo/todd-howland-escribe-sobre-matanza-de-defensores-de-derechos-humanos/552195

[17] http://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/columnas-del-alto-comisionado-en-colombia/360-ano-2016/7589-participar-una-de-las-claves-para-construir-paz

[18] La OACNUDH también promueve este “diálogo social” en el contexto de numerosas manifestaciones en el país, ayudando a reducir las tensiones y poner fin a los enfrentamientos entre manifestantes y la policía, prevenir nuevas violaciones de derechos humanos y apoyar la implementación de acuerdos para encontrar respuestas adecuadas a las necesidades de las poblaciones en el origen de estas protestas,
http://www.hchr.org.co/media/com_acymailing/upload/a_hrc_37_3_add_3_en.pdf, p.11.

Foto: PxHere

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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