Economic Actors and Transitional Justice Policies in Latin America

Nelson Camilo Sánchez*

Versión en español aquí.

A few days ago, the Special Jurisdiction for Peace (la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP), the transitional tribunal established in Colombia by the peace agreements signed in 2016, issued a very important decision providing clarification for cases of civilians murdered during the conflict who were presented to the government as enemy casualties in combat (a macabre practice that in Colombia was known by the euphemism “false positives”).

The JEP’s decision included, among other significant things, this court’s first indictment of a “civilian third party”. The peace agreement uses the term “civilian third party” to refer to those persons who, without being part of an armed group, participated in the commission of grave human rights violations. Many of these third parties had eminently economic motivations and, to satisfy them, sponsored the armed actors in various ways, including providing economic, logistical, and political support. 

The relationship between economic actors and armed groups in times of repression and war is not unique to the Colombian conflict. Victims of human rights violations have recounted how economic elites, companies (transnational and national) and other business agents (formal and informal) have been complicit in human rights violations in every corner of the globe.  

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Actores económicos y políticas de justicia transicional en América Latina

Nelson Camilo Sánchez*

English version here.

Hace unos días, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional establecido en Colombia a partir de los acuerdos de paz firmados en 2016, emitió una decisión muy importante para el esclarecimiento de casos de asesinato de civiles para presentarlos como bajas enemigas hechas en combate (una práctica macabra que en Colombia se conoció con el eufemístico nombre de “falsos positivos”).

La decisión de la JEP incluyó, entre otras cosas significativas, la primera imputación de un “tercero civil” hecha por este tribunal. El acuerdo de paz usa el término “tercero civil” para referirse a aquellas personas que sin hacer parte de un grupo armado participaron en la comisión de graves violaciones a derechos humanos. Muchos de estos terceros tuvieron motivaciones eminentemente económicas y, para satisfacerlas, auspiciaron a los actores armados a partir de varias formas, incluyendo apoyo económico, logístico y político. 

La relación entre actores económicos y grupos armados en épocas de represión y guerra no es exclusiva del conflicto colombiano. Víctimas de violaciones a derechos humanos han relatado cómo élites económicas, empresas (transnacionales y nacionales) y otros agentes de negocios (formales e informales) han sido cómplices de violaciones a derechos humanos en todos los rincones del globo.  

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Protecting Victims’ Identities in Doe v. Chiquita: Amicus filed before US Supreme Court*

Allie Lee** and Allie Brudney***

On July 8, 2021, Corporate Accountability Lab filed an amicus brief asking the US Supreme Court to grant certiorari in the case, Doe v. Chiquita Brands International. The case was brought by the family members of trade unionists, banana workers, political organizers, social activists, and others targeted and killed by the United Self-Defense Group of Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC), a right-wing paramilitary organization in Colombia funded in part by Chiquita, the US-based multinational banana company. The plaintiffs are suing Chiquita, alleging that Chiquita aided and abetted the AUC by financing them.

The question at issue before the Supreme Court is technical and narrow: whether a party that challenges a protective order that both parties stipulated to should bear the burden of showing good cause for the modification. What this actually means is that the petitioners (a sub-group of plaintiffs) are asking the Court to review the 11th Circuit’s decision to lift the protective order that allows them to proceed without their names, addresses, phone numbers, or employment information being revealed to the public. Thus far, although Chiquita has access to these petitioners’ identifying information, the protective order has prevented the information from becoming public. If the petitioners’ identities are to become public, many of them will be at high risk of physical harm, and may even be killed.

The amicus brief — signed by eleven international human rights organizations and one Colombian law firm — argue that the protective order should not be lifted, as revealing the petitioners’ identities would put their lives at risk. 

This blog post begins by providing background on the Doe v. Chiquita case. Next, it explains the procedural history behind the protective order and why the Supreme Court should review the Appellate Court’s decision, outlining the danger that human rights defenders in Colombia face. Finally, we discuss why it is important that communities impacted by corporate abuse are able to safely obtain remedies and hold offending corporations accountable. 

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Protección de la identidad de las víctimas en el caso Doe vs. Chiquita: Amicus presentado ante la Corte Suprema de Estados Unidos*

Allie Lee** y Allie Brudney***

El 8 de julio de 2021, Corporate Accountability Lab presentó un memorial de amicus curiae solicitando a la Corte Suprema de Estados Unidos que conceda el certiorari en el caso, Doe v. Chiquita Brands International. El caso fue presentado por los familiares de sindicalistas, trabajadores del sector bananero, organizadores políticos, activistas sociales y otras personas atacadas y asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar de derecha en Colombia financiada en parte por Chiquita, la empresa bananera multinacional con sede en Estados Unidos. Los demandantes han interpuesto una querella contra Chiquita, alegando que Chiquita fue cómplice de las AUC financiándolas.

La cuestión que se plantea ante la Corte Suprema es técnica y estrecha: si una parte que impugna una orden de protección que ambas partes estipularon debe soportar la carga de demostrar la buena causa de la modificación. Lo que esto significa en realidad es que los peticionarios (un subgrupo de demandantes) piden a la Corte que revise la decisión del 11º Circuito (la Corte de Apelaciones) de levantar la orden de protección que les permite proceder sin que sus nombres, direcciones, números de teléfono o información laboral sean revelados al público. Hasta ahora, aunque Chiquita tiene acceso a la información de identificación de estos peticionarios, la orden de protección ha impedido que la información se haga pública. Si las identidades de los peticionarios se hacen públicas, muchos de ellos correrán un alto riesgo de sufrir daños físicos, e incluso podrían ser asesinados.

El escrito de amicus curiae – firmado por once organizaciones internacionales de derechos humanos y un bufete de abogados colombiano – argumenta que la orden de protección no debe ser levantada, ya que revelar la identidad de los peticionarios pondría en peligro sus vidas. 

Esta entrada del blog comienza proporcionando los antecedentes del caso Doe vs. Chiquita. A continuación, se explica la historia procesal detrás de la orden de protección y por qué la Corte Suprema debe revisar la decisión de la Corte de Apelaciones, destacando el peligro que enfrentan los y las defensores/as de derechos humanos en Colombia. Por último, discutimos por qué es importante que las comunidades afectadas por los abusos de las empresas puedan obtener recursos de forma segura y hacer que las empresas infractoras rindan cuentas. 

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Lo bueno, lo controversial y lo inconstitucional de la reforma a la justicia

Carolina Villadiego Burbano*

El Congreso colombiano aprobó una ambiciosa reforma de la justicia. ¿En qué consiste la reforma y por qué es probable que parte de ella se caiga por inconstitucional?

La reforma

El pasado 15 de junio el Congreso aprobó el proyecto de reforma de la justicia, que modifica más de 90 artículos de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Como el proyecto debe ser revisado por la Corte Constitucional antes de entrar en vigencia, solo sabremos que quedará en pie una vez se surta ese proceso. Dada la magnitud de la reforma, me concentraré en explicar el contenido de los principales cambios, con lo bueno, lo controversial y lo inconstitucional. 

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Y finalmente… la CIDH visitó Colombia

María Clara Galvis Patiño*

La CIDH y su experiencia en visitas

Para cumplir con el mandato que le asignaron los Estados de la OEA de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuenta con varios mecanismos de monitoreo, dentro de los que se encuentran las visitas de observación in loco y las visitas de trabajo.

La CIDH tiene 60 años de experiencia en la realización de visitas a los países de la OEA. Desde 1961, cuando hizo su primera visita de observación in loco, a la República Dominicana, ha realizado 102 visitas de este tipo. En contextos de crisis de derechos humanos como las registradas en los últimos años en el marco de protestas sociales en varios países de la región (Nicaragua, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú), las visitas son de particular importancia, pues permiten observar directamente en el terreno la situación de derechos humanos. La CIDH ha realizado 10 visitas a Colombia: 6 de observación in loco[1], una visita preliminar[2], una visita temática[3] y dos visitas de trabajo[4].

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Colombian Democracy in the Streets

Vivian Newman*

Although protests in Colombia have been increasing since the 1990s, they have grown noticeably following the signing of the peace agreements in 2016. Until then —with few exceptions— protest marches were stigmatized as infiltrated by guerrillas, limiting them to union members, public university students, LGBTI people, and informal workers, excluding other minorities with legitimate claims and an immense apathetic society. A significant part of Colombian society has now demonstrated an increased public expression of its discontent. The government, disconnected from the streets, has failed to understand and manage the new democracy.

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La democracia colombiana en las calles

Vivian Newman* 

A pesar de que las protestas han venido aumentando en Colombia desde los años noventa, con la firma de los acuerdos de paz en 2016 se ha sentido un pronunciado crecimiento. Hasta entonces, salvo contadas excepciones, las marchas estaban estigmatizadas como infiltradas por la guerrilla, lo que las limitaba a presencia de sindicatos, universidades públicas, población lgbti y trabajadores informales, excluyendo a otras minorías con reclamos legítimos y a una inmensa sociedad indiferente. Ahora, gran parte de la sociedad colombiana ha incrementado la expresión pública de sus inconformidades y el gobierno, desconectado de las calles, no ha sabido entender ni manejar la nueva democracia.

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¿Por qué y para qué la CIDH en Colombia?

Silvia Serrano Guzmán*

Miles de solicitudes motivaron que el pasado viernes 14 de mayo la CIDH le solicitara al Estado de Colombia su anuencia para una visita al país. Además, se le ha solicitado a la Comisión la conformación de un grupo de investigación independiente. Aquí defiendo que estas solicitudes están más que justificadas y comento la importancia de que se materialicen.

Desde el 28 de abril no ha habido un día en el que no se hayan reportado denuncias de violaciones de ddhh por parte de la fuerza pública que incluyen detenciones arbitrarias, muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza, desapariciones y violencia sexual. Existen videos que muestran a la fuerza pública usando armas letales e indiscriminadas. En este marco, el Gobierno optó por implementar la asistencia militar en las labores de orden público con los riesgos que ya conocemos. A esto se suma un clima de estigmatización de la protesta desde las más altas autoridades del Estado y una inexplicable omisión de dichas autoridades en condenar inequívocamente esos hechos. Pareciera que se entiende que condenar las violaciones de ddhh de la fuerza pública significa aceptar la – también grave – violencia que excede el ejercicio legítimo del derecho a la protesta. Pero si este panorama no fuera lo suficientemente grave, también hemos visto a civiles armados disparándole a manifestantes con fuerza pública observando tranquilamente la situación, reviviendo el fantasma (que nunca se fue) del paramilitarismo.

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Colombia: human rights as an instrument for peace

Sébastien Coquoz*

This article is part of volume 2 of the Society of Common Good “reveal humanity, fight inhumanity”

Versión en español aquí.

An alarming global situation

According to one of the latest speeches of the UN High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra’ad Al Hussein, held before the Human Rights Council, the current situation in the world is alarming: conflicts in the Middle East, famine in Africa, treatment of migrants seeking to reach Europe, are just a few examples. During the first three years of his tenure, he says, the world has become “darker and more dangerous”.[1]

International media report a country which seems to be going in the other direction, moving towards peace after more than 50 years of conflict: Colombia. Obviously, the picture is not all bright in this vast Andean country of South America (about twice the size of France[2]): the implementation of the peace agreement between the government and the FARC[3] encounters many obstacles[4], the negotiation process between the government and the ELN[5] appears to be stagnating or even regressing, and the activities of armed groups and criminal gangs, as well as the increase in the killings of human rights defenders, show that the country is far from having reached peace. But a process is under way and the Colombian population affected by the conflict hopes to be able to benefit little by little.

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