Colombian Democracy in the Streets

Vivian Newman*

Although protests in Colombia have been increasing since the 1990s, they have grown noticeably following the signing of the peace agreements in 2016. Until then —with few exceptions— protest marches were stigmatized as infiltrated by guerrillas, limiting them to union members, public university students, LGBTI people, and informal workers, excluding other minorities with legitimate claims and an immense apathetic society. A significant part of Colombian society has now demonstrated an increased public expression of its discontent. The government, disconnected from the streets, has failed to understand and manage the new democracy.

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La democracia colombiana en las calles

Vivian Newman* 

A pesar de que las protestas han venido aumentando en Colombia desde los años noventa, con la firma de los acuerdos de paz en 2016 se ha sentido un pronunciado crecimiento. Hasta entonces, salvo contadas excepciones, las marchas estaban estigmatizadas como infiltradas por la guerrilla, lo que las limitaba a presencia de sindicatos, universidades públicas, población lgbti y trabajadores informales, excluyendo a otras minorías con reclamos legítimos y a una inmensa sociedad indiferente. Ahora, gran parte de la sociedad colombiana ha incrementado la expresión pública de sus inconformidades y el gobierno, desconectado de las calles, no ha sabido entender ni manejar la nueva democracia.

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¿Por qué y para qué la CIDH en Colombia?

Silvia Serrano Guzmán*

Miles de solicitudes motivaron que el pasado viernes 14 de mayo la CIDH le solicitara al Estado de Colombia su anuencia para una visita al país. Además, se le ha solicitado a la Comisión la conformación de un grupo de investigación independiente. Aquí defiendo que estas solicitudes están más que justificadas y comento la importancia de que se materialicen.

Desde el 28 de abril no ha habido un día en el que no se hayan reportado denuncias de violaciones de ddhh por parte de la fuerza pública que incluyen detenciones arbitrarias, muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza, desapariciones y violencia sexual. Existen videos que muestran a la fuerza pública usando armas letales e indiscriminadas. En este marco, el Gobierno optó por implementar la asistencia militar en las labores de orden público con los riesgos que ya conocemos. A esto se suma un clima de estigmatización de la protesta desde las más altas autoridades del Estado y una inexplicable omisión de dichas autoridades en condenar inequívocamente esos hechos. Pareciera que se entiende que condenar las violaciones de ddhh de la fuerza pública significa aceptar la – también grave – violencia que excede el ejercicio legítimo del derecho a la protesta. Pero si este panorama no fuera lo suficientemente grave, también hemos visto a civiles armados disparándole a manifestantes con fuerza pública observando tranquilamente la situación, reviviendo el fantasma (que nunca se fue) del paramilitarismo.

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Colombia: human rights as an instrument for peace

Sébastien Coquoz*

This article is part of volume 2 of the Society of Common Good “reveal humanity, fight inhumanity”

Versión en español aquí.

An alarming global situation

According to one of the latest speeches of the UN High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra’ad Al Hussein, held before the Human Rights Council, the current situation in the world is alarming: conflicts in the Middle East, famine in Africa, treatment of migrants seeking to reach Europe, are just a few examples. During the first three years of his tenure, he says, the world has become “darker and more dangerous”.[1]

International media report a country which seems to be going in the other direction, moving towards peace after more than 50 years of conflict: Colombia. Obviously, the picture is not all bright in this vast Andean country of South America (about twice the size of France[2]): the implementation of the peace agreement between the government and the FARC[3] encounters many obstacles[4], the negotiation process between the government and the ELN[5] appears to be stagnating or even regressing, and the activities of armed groups and criminal gangs, as well as the increase in the killings of human rights defenders, show that the country is far from having reached peace. But a process is under way and the Colombian population affected by the conflict hopes to be able to benefit little by little.

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Colombia: Los derechos humanos como instrumento de paz

Sébastien Coquoz*

Este artículo forma parte del volumen 2 de la Sociedad de Bien Común “revelar la humanidad, combatir la inhumanidad”.

English version here.

Una situación global alarmante

Según uno de los últimos discursos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano, Zeid Ra’ad Al Hussein, llevado a cabo ante el Consejo de Derechos Humanos, la situación actual en el mundo es alarmante: conflictos en Medio Oriente, hambruna en África, trato de inmigrantes que buscan llegar a Europa, son solo algunos de los ejemplos. Durante los primeros tres años de su mandato, dice, el mundo de ha vuelto “oscuro y más peligroso”.[1]

Los medios internacionales informan de un país que parece ir en la dirección opuesta, avanzando hacia la paz después de más de 50 años de conflicto: Colombia. Obviamente, el panorama no es del todo brillante en este vasto país andino de América del Sur (aproximadamente del doble del tamaño de Francia[2]): la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC[3] se enfrenta a muchos obstáculos[4], el proceso de negociación entre el gobierno y el ELN[5] parece estar estancado o incluso en retroceso, y las actividades de los grupos armados y bandas criminales, así como el incremento en los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, muestran que el país está lejos de haber alcanzado la paz. Pero el proceso está en marcha y la población colombiana afectada por el conflicto espera poder beneficiarse poco a poco.

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El Caso Gustavo Petro vs. Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Posibles escenarios a la luz de la jurisprudencia interamericana

María Clara Galvis Patiño*

El trámite del caso Gustavo Francisco Petro Urrego v. Colombia ante el sistema interamericano de derechos humanos y la sentencia que adoptará próximamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han despertado gran expectativa en sectores académicos y en la opinión pública colombiana e internacional. ¿De qué se trata el caso?, ¿qué se debate?, ¿qué puede esperarse de la sentencia de la Corte IDH?, son los interrogantes que este artículo aborda, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia interamericana.

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Jueces honestos frente a la corrupción sistemática

Claudia Escobar Mejía*

El comportamiento de un funcionario que ejerce la judicatura debiera caracterizarse siempre por su integridad, honorabilidad e imparcialidad. Lamentablemente, no siempre sucede de esa forma; algunas veces el actuar del juzgador depende de las circunstancias y de las garantías de independencia, autonomía y seguridad personal con que cuenta para ejercer su función. Ya que no es lo mismo ser juez en Francia, Canadá o Costa Rica que serlo en Venezuela, Guatemala o en Ucrania.

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Covid-19 and racial inequality in Colombia: The case of the department of Chocó

Ely Cossio*

Versión en español aquí.

Exceptional times require extraordinary measures; however, there are places in Colombia where the lack of essential services would make any extraordinary measure be considered meager given the marginality and the historical backwardness in the country. The negligence of the central government is the common denominator of the formerly called territorios nacionales[1], but only in the Department[2] of Chocó this feature is epitomized in absolute terms.

Seen in the light of the ability to cope with a virus as deadly as COVID-19, which to date has claimed the lives of nearly 400,000 people worldwide, the forecasts in the department of Chocó are terrifying. To this date, the people of Chocó lack the readiness and the human, technical, and financial resources necessary to face an epidemiological event of this kind.

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Covid-19 y la desigualdad racial en Colombia: El caso del departamento del Chocó

Ely Cossio*

English version here.

Tiempos excepcionales requieren medidas extraordinarias, sin embargo, existen lugares en Colombia, donde la carencia de lo esencial dada la marginalidad y el rezago histórico, harían cualquier medida extraordinaria exigua. El olvido negligente del gobierno central es de hecho el común denominador de los antiguamente llamados “territorios nacionales”[1], pero solo en el departamento del Chocó ese rasgo se epitomiza en términos absolutos.

Visto a la luz de la capacidad para enfrentar un virus tan letal como el COVID-19, que a la fecha ha cobrado la vida de alrededor de 400,000 personas en el mundo, los pronósticos en el departamento del Chocó son aterradores. Hoy en día, los chocoanos carecen de la preparación y los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para hacer frente a un evento epidemiológico de este tipo.

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América Latina: Derechos civiles y políticos en tiempos de pandemia

David Lovatón Palacios*

Esta nota analiza muy brevemente qué está pasando en América Latina en torno a la restricción de derechos civiles e incluso políticos, en el marco de las diversas medidas excepcionales -pero justificadas- de emergencia adoptadas para enfrentar la pandemia mundial del Covid19. Para ello me he apoyado en excelente notas nacionales escritas por mis colegas de DPLF y algunos destacados invitados, cuyos enlaces aparecen al final de esta nota.

Antes de entrar al tema permítanme la siguiente reflexión: esta pandemia y las medidas restrictivas adoptadas, han sumado más precariedad, sufrimiento y hambre a millones de compatriotas latinoamericanos. Si bien las restricciones al libre tránsito, a la libertad de trabajo, a la libertad de reunión, entre otras, son legítimas pues por el momento el distanciamiento social es la única arma contra este virus, debemos ser consciente que millones de personas en América Latina sobreviven gracias al trabajo callejero o a empleos informales. Es inaceptable que para muchos en AL el dilema sea o que los mate el hambre o el coronavirus. En ese sentido, a partir de esta emergencia, el continente debería retomar un serio debate sobre la pertinencia de un Estado social o de bienestar, sin corrupción, que brinde servicios públicos básicos como salud.

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