Nelson Camilo Sánchez*

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Hace unos días, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional establecido en Colombia a partir de los acuerdos de paz firmados en 2016, emitió una decisión muy importante para el esclarecimiento de casos de asesinato de civiles para presentarlos como bajas enemigas hechas en combate (una práctica macabra que en Colombia se conoció con el eufemístico nombre de “falsos positivos”).

La decisión de la JEP incluyó, entre otras cosas significativas, la primera imputación de un “tercero civil” hecha por este tribunal. El acuerdo de paz usa el término “tercero civil” para referirse a aquellas personas que sin hacer parte de un grupo armado participaron en la comisión de graves violaciones a derechos humanos. Muchos de estos terceros tuvieron motivaciones eminentemente económicas y, para satisfacerlas, auspiciaron a los actores armados a partir de varias formas, incluyendo apoyo económico, logístico y político. 

La relación entre actores económicos y grupos armados en épocas de represión y guerra no es exclusiva del conflicto colombiano. Víctimas de violaciones a derechos humanos han relatado cómo élites económicas, empresas (transnacionales y nacionales) y otros agentes de negocios (formales e informales) han sido cómplices de violaciones a derechos humanos en todos los rincones del globo.  

Pese a que mucha de esta información se conoce gracias al trabajo pionero de mecanismos de justicia transicional (como las comisiones de la verdad de Argentina y Guatemala), el estudio sistemático de esta dimensión de los conflictos solo ha ganado prominencia en los estudios académicos sobre justicia transicional en la última década. A estos trabajos académicos, hoy en día se suma el reciente informe producido por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas sobre la relación entre violaciones a derechos humanos y actividad corporativa en zonas afectadas por conflictos. 

Estos estudios comparados coinciden en señalar el rol protagónico que han tenido víctimas, activistas y otros actores institucionales y sociales latinoamericanos en la búsqueda de rendición de cuentas de actores económicos. Leigh Payne, Gabriel Pereira y Laura Bernal destacan en su libro, por ejemplo, las innovadoras prácticas desarrolladas por comisiones de la verdad y poderes judiciales de países de América Latina que han convertido a la región más activa en esta materia en el mundo.

Pero el camino por andar es muy largo, tanto en el mundo como en América Latina. Los procesos de construcción de verdad y memoria son incipientes, la impunidad sigue siendo la regla en lugar de la excepción y la reparación sigue siendo una promesa hasta ahora incumplida para la vasta mayoría de las víctimas. Al mismo tiempo, muchas de las prácticas corporativas que permitieron que estas violaciones ocurrieran se siguen repitiendo a lo largo de la región. 

Para evaluar con mayor detalle todos estos avances, pero también complejidad y deudas históricas de estos procesos, conduje una investigación y preparé un informe en colaboración con la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), como parte de la Iniciativa Global de Justicia, Verdad y Reconciliación (GIJTR), sobre tres experiencias concretas de justicia transicional en América Latina: Argentina, Colombia y Guatemala. El estudio, disponible en este enlace, busca contribuir con los esfuerzos de promoción de la rendición de cuentas corporativa en una doble vía. 

Por un lado, el informe indaga sobre el rol que jugó la complicidad empresarial en la comisión de graves violaciones de derechos humanos en América Latina – con especial énfasis en Argentina, Colombia y Guatemala. El informe analiza las dinámicas de involucramiento, los móviles que habrían llevado a distintos actores económicos a involucrarse en las violaciones, y la caracterización de contra quiénes se dirigió la violencia que promovieron o apoyaron los actores económicos. Además, el informe analiza los factores facilitaron este involucramiento y su posterior impunidad o las barreras existentes para la rendición de cuentas.

Complementariamente, el estudio expone cómo los mecanismos de justicia transicional creados en la región han dado cuenta de la relación entre sector privado y violencia sistemática en épocas de represión y conflicto en estos tres países. La información oficial y académica existente demuestra que dicha complicidad no ha sido aislada. En consecuencia, el estudio busca sistematizar lecciones que permitan a las víctimas, grupos de sobrevivientes, organizaciones de la sociedad civil y formuladores de política promover la rendición de cuentas de actores económicos involucrados en violaciones graves a los derechos humanos.

Las experiencias de Argentina, Colombia y Guatemala demuestran que los pocos, pero significativos, avances de la región en materia de justicia de transición por responsabilidad corporativa se han producido gracias a la tenacidad, innovación y visión estratégica de los movimientos y organizaciones de víctimas. Ojalá este informe contribuya a identificar estos esfuerzos y a diseñar estrategias para potenciarlos. 

* Director de la Clínica de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia 

Foto: Fernando Vergara / AP Images