Economic Actors and Transitional Justice Policies in Latin America

Nelson Camilo Sánchez*

Versión en español aquí.

A few days ago, the Special Jurisdiction for Peace (la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP), the transitional tribunal established in Colombia by the peace agreements signed in 2016, issued a very important decision providing clarification for cases of civilians murdered during the conflict who were presented to the government as enemy casualties in combat (a macabre practice that in Colombia was known by the euphemism “false positives”).

The JEP’s decision included, among other significant things, this court’s first indictment of a “civilian third party”. The peace agreement uses the term “civilian third party” to refer to those persons who, without being part of an armed group, participated in the commission of grave human rights violations. Many of these third parties had eminently economic motivations and, to satisfy them, sponsored the armed actors in various ways, including providing economic, logistical, and political support. 

The relationship between economic actors and armed groups in times of repression and war is not unique to the Colombian conflict. Victims of human rights violations have recounted how economic elites, companies (transnational and national) and other business agents (formal and informal) have been complicit in human rights violations in every corner of the globe.  

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Actores económicos y políticas de justicia transicional en América Latina

Nelson Camilo Sánchez*

English version here.

Hace unos días, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional establecido en Colombia a partir de los acuerdos de paz firmados en 2016, emitió una decisión muy importante para el esclarecimiento de casos de asesinato de civiles para presentarlos como bajas enemigas hechas en combate (una práctica macabra que en Colombia se conoció con el eufemístico nombre de “falsos positivos”).

La decisión de la JEP incluyó, entre otras cosas significativas, la primera imputación de un “tercero civil” hecha por este tribunal. El acuerdo de paz usa el término “tercero civil” para referirse a aquellas personas que sin hacer parte de un grupo armado participaron en la comisión de graves violaciones a derechos humanos. Muchos de estos terceros tuvieron motivaciones eminentemente económicas y, para satisfacerlas, auspiciaron a los actores armados a partir de varias formas, incluyendo apoyo económico, logístico y político. 

La relación entre actores económicos y grupos armados en épocas de represión y guerra no es exclusiva del conflicto colombiano. Víctimas de violaciones a derechos humanos han relatado cómo élites económicas, empresas (transnacionales y nacionales) y otros agentes de negocios (formales e informales) han sido cómplices de violaciones a derechos humanos en todos los rincones del globo.  

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El techo de cristal de mujeres y disidencias en el Poder Judicial

Natalia Echegoyemberry y Clara Lucarella*

“[N]o podemos persistir sin reglas de reconocimiento (…) el Estado monopoliza los recursos de reconocimiento” – Judith Butler, 2018.

En Argentina, desde la reforma constitucional de 1994, existe la normativa constitucional que permitiría la plena vigencia del principio de igualdad y no discriminación para las mujeres. En particular, esta reforma consagra normas que promueven la participación política de mujeres[1] y se establece la obligación del Congreso de regular acciones afirmativas con el objetivo de alcanzar la igualdad de oportunidades y mitigar el impacto de las barreras de acceso al ejercicio de los derechos[2].

La ley suprema otorga jerarquía constitucional a una serie de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Para; también se sancionaron otras leyes que establecieron cupos para que las mujeres accedieran a cargos electivos y sindicales[3]. Tanto la ley de cupo femenino, como la regulación en la Constitución Nacional, han sido dos impulsos centrales en pos del fortalecimiento de los derechos de las mujeres en la esfera pública. 

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The role of justice in the face of authoritarianism*

Prof. Aníbal Pérez-Liñán**

The political attack on justice is a central moment in the processes of democratic erosion. When we look at the cases of autocratization in Latin America and the European Union we find that the capture of justice (especially the capture of constitutional courts) is the decisive, and often irreversible, moment in the slide towards authoritarian rule. Many people today are asking why the capture of the judiciary has become so important to authoritarian leaders, and what we can do in the face of this challenge. To explore these questions, I propose three ideas:

The first is that the relationship between authoritarianism and the rule of law is not linear. Political science has had to confront this ambiguity throughout its intellectual history.

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El comienzo de un debate para la reforma del Poder Judicial en Argentina: miradas y propuestas desde ACIJ

Joaquín Caprarulo*

Este 29 de julio, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció una serie de iniciativas de reforma en el sistema de justicia, algo que ya había adelantado en su discurso de asunción a finales de 2019 y en sucesivos pronunciamientos públicos, pero que se vio postergado por múltiples razones, entre ellas la pandemia de COVID-19.

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Remarks on the judgment of the Inter-American Court in the Lhaka Honhat vs. Argentina case

Angel Cabrera*, Daniel Cerqueira**, and Salvador Herencia-Carrasco***

 Versión en español aquí.

On 6 February, 2020, the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) issued a judgement in the case of the Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat (Our Land) Association, vs. Argentina. The ruling reiterates the inter-American standards on communal land and territorial rights of indigenous peoples. This is a landmark decision establishing that economic, social, cultural and environmental rights (ESCER) of indigenous peoples are autonomous and judicially enforceable rights before the IACt-HR. Although the main controversy revolves around the absence of land titling, the petitioners alleged a series of impacts derived from grazing activities, illegal logging, and the installation of fences by non-indigenous people in the territory of the communities.

This article analyses the most relevant excerpts of the ruling, highlighting controversial aspects over the judicial enforceability of new rights recognised under Article 26 of the American Convention (ACHR), related to economic, social, cultural, and environmental rights (ESCER). We also comment on important advances in the area of reparation and obligations to ensure indigenous peoples’ rights in the face of environmental degradation perpetrated by settlers. Finally, we briefly comment on the contribution of the amici curiae in the reasoning present in the sentence and votes of Judges Ferrer Mac-Gregor and Sierra Porto.

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Comentarios a la sentencia de la Corte Interamericana sobre el Caso Lhaka Honhat vs. Argentina

Angel Cabrera*, Daniel Cerqueira** y Salvador Herencia***

English version here.

El 6 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió sentencia en el Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra), vs. Argentina. El fallo reitera los estándares interamericanos sobre derechos territoriales de los pueblos indígenas y establece la obligación de entregar un título de propiedad único e indivisible en favor de diferentes comunidades que integran la mencionada asociación. Aunque la controversia principal gira en torno a la ausencia de titulación del territorio, los peticionarios alegaron una serie de impactos derivados de actividades de pastoreo, tala ilegal e instalación de alambrados por parte de personas no indígenas en el territorio de las comunidades.

El presente artículo analiza los puntos más relevantes de la sentencia, subrayando aspectos controversiales con relación a la justiciabilidad directa de nuevos derechos reconocidos bajo el Art. 26 de la Convención Americana (CADH). Asimismo, comenta avances importantes en materia de reparación y obligaciones de garantía de derechos de los pueblos indígenas frente a la degradación ambiental cometida por particulares. Finalmente, se hace un balance del aporte de los amici curiae en el razonamiento presente en la sentencia y votos de los Jueces Ferrer Mac-Gregor y Sierra Porto.

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Impericia jurídica, insolencia histórica e incoherencia diplomática: a propósito del manotazo de cinco países de Sudamérica al Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Daniel Cerqueira*

El pasado 23 de abril la cancillería chilena publicó un comunicado en que el gobierno de Sebastián Piñera y sus homólogos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay manifestaron una serie de inconformidades con el actuar de la Comisión (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El comunicado hace alusión a una declaración suscrita por los cancilleres de los referidos países, con críticas genéricas a los órganos del Sistema Interamericano (SIDH), sin explicaciones ni ejemplos concretos de decisiones de dichos órganos. Hasta ahora, no hay claridad ni siquiera sobre la fecha de adopción de la declaración, la cual no ha sido publicada en las páginas oficiales de todas las cancillerías que la suscribieron.

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El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina

María Julia Dellasoppa*

El pasado miércoles 8 de agosto, con 38 votos en contra y 31 a favor, la Cámara de Senadores argentina rechazó el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. El proyecto contaba con la media sanción de la Cámara de Diputados y, de acuerdo con lo estipulado por la Constitución, sólo podrá volver a tratarse en las sesiones legislativas del año próximo. En este escenario, queda abierta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo incluya a la despenalización del aborto como uno de los puntos a tratar con el proyecto de reforma al Código Penal que se presentaría próximamente para tratamiento legislativo.

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