Joaquín Caprarulo*

Este 29 de julio, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció una serie de iniciativas de reforma en el sistema de justicia, algo que ya había adelantado en su discurso de asunción a finales de 2019 y en sucesivos pronunciamientos públicos, pero que se vio postergado por múltiples razones, entre ellas la pandemia de COVID-19.

Los anuncios en cuestión constan de dos iniciativas. La primera es un proyecto de ley que ya fue enviado al Congreso de la Nación que contempla modificaciones en el diseño de la justicia penal federal y la aceleración en la implementación del sistema penal acusatorio. En particular, se destaca la descentralización de lo que actualmente se conoce como “Comodoro Py”, los doce juzgados en los que se tramitan hasta el momento la totalidad de las causas de corrupción contra actuales o ex funcionarias y funcionarios del gobierno nacional, y otras causas de mucha repercusión pública. Por nombrar algunos ejemplos, es donde se tramitan la totalidad de las denuncias contra la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente Mauricio Macri, la “Causa de los Cuadernos” que involucra a los principales empresarios del país y los expedientes locales vinculados a los delitos de corrupción de la empresa “Odebrecht”. A esto se suma toda una ingeniería judicial de rediseño del organigrama en éste y otros fueros de mucha relevancia, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el resto del país.

El segundo anuncio es la creación por decreto de un Consejo Consultivo compuesto por once especialistas, para realizar propuestas de reformas sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, los Ministerios Públicos y el juicio por jurados. Este Comité está compuesto por personalidades del ámbito jurídico que representan distintos sectores ideológicos, provenientes del ejercicio de la abogacía, la magistratura y la academia.

Iniciar una discusión sobre estos temas resultaba urgente si se tienen en cuenta los numerosos problemas de independencia y de mal funcionamiento que exhiben distintos sectores del Poder Judicial desde hace años. De la iniciativa concreta presentada por el Poder Ejecutivo surge que, mientras algunas de las propuestas atienden deudas históricas respecto del funcionamiento de la judicatura, otras resultan problemáticas; destacándose algunas omisiones sobre cuestiones de mucha relevancia y urgencia como las relativas al acceso a la justicia y a la democratización de ciertos espacios de toma de decisiones públicas.

Unos días antes de este anuncio, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) publicamos el documento “Reformar la Justicia. Miradas y propuestas para pensar un Poder Judicial accesible, igualitario, transparente, independiente y comprometido con los derechos”, a fin de aportar al debate público un conjunto de propuestas que -si bien no agotan el universo de reformas que consideramos que necesita el Poder Judicial- pretenden promover una transformación del sistema de justicia con carácter integral, priorizando iniciativas tendientes al acceso igualitario a instancias judiciales, al fortalecimiento de la independencia judicial basada en una perspectiva de derechos humanos, y a la transparencia y la rendición de cuentas de esta institución de nuestra democracia.

El comienzo de esta discusión parte de una situación del Poder Judicial que podríamos describir como crítica, luego de años y sucesivas administraciones en las que las afectaciones a su independencia y autonomía fueron la nota dominante. A ello debe sumarse que el aumento de la desigualdad y la pobreza en nuestro país invita a rediscutir el rol de esta institución como garante último de los derechos de la ciudadanía, que se ha mostrado particularmente inalterada ante las demandas de numerosos colectivos.

En el caso del Poder Judicial nos encontramos con una institución que sigue anclada en su diseño y muchas de sus prácticas institucionales y culturales a un modelo del siglo XIX, pensado para una sociedad que ya no existe. La rigidez que lo caracteriza y un cierto grado de endogamia y elitismo, lo han ido alejando no solo de la ciudadanía, sino que también de los restantes poderes, lejos del diálogo democrático que debería caracterizar esta relación en pleno siglo XXI.

Este panorama se ha visto agravado por la irrupción de la pandemia de COVID-19. A los graves impactos de la emergencia en materia de salud y la actividad económica, se le suman los efectos de la cuarentena en el sistema de justicia, que ha exhibido de forma particular muchos de los problemas que arrastra desde hace tiempo en materia de infraestructura, modernización y acceso igualitario.

Todo este escenario demanda entonces una reforma muy abarcativa del Poder Judicial, ya que el riesgo de avanzar en forma limitada y en base a transformaciones parciales, puede derivar en la perpetuación de sus principales problemas.

Por este motivo, en el documento antes mencionado intentamos impulsar, a partir de diagnósticos -recogidos de trabajos propios y de muchos otros actores de la sociedad civil y la academia- y propuestas específicas, un abordaje integral y efectivo para una salida a esta crisis y la consecución de un sistema de justicia que proteja los derechos de las personas y contribuya a mejorar de esa forma la calidad de nuestra democracia.

En primer lugar, uno de los pilares centrales de una reforma judicial debería ser la implementación de aquellas políticas que apunten a garantizar un Poder Judicial compuesto por autoridades idóneas, independientes y comprometidas con los derechos humanos y la democracia. Para esto, es necesario poner el foco, primero, en la forma en la cual las y los jueces son seleccionados, y a su vez, en los mecanismos mediante los cuales se controla su desempeño -tareas que tiene a cargo el Consejo de la Magistratura de la Nación desde 1994 -.

Si bien la propuesta oficial contempla algunas mejoras en los concursos para los juzgados que se crearían por aplicación de la nueva ley, delega en el Consejo Consultivo propuestas para reformar los procesos de selección en el Consejo de la Magistratura. Si esto no ocurre, aún cuando se multiplique la cantidad de juzgados, son pocas las posibilidades de generar cambios reales, sobre todo en el trámite de causas de alto impacto.

Algo similar ocurre con la composición del Consejo de la Magistratura y los procesos disciplinarios, dos discusiones delegadas por el momento al grupo de expertas y expertos. No obstante, en el proyecto de ley se incorporaron algunas nuevas reglas respecto al accionar de jueces y juezas, que sin cambios en los completamente ineficientes mecanismos de control, están destinadas a su inaplicabilidad (tal como ocurre con las ya vigentes reglas de comportamiento). La ley también le propone a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura que sancionen códigos de ética judiciales, una medida necesaria pero implementada de un modo problemático al proponerse a modo de autorregulación.

Los anuncios del Poder Ejecutivo omiten por completo cualquier abordaje de los graves problemas de acceso a la Justicia y de su eficiencia y eficacia procesal. En el documento elaborado por ACIJ enunciamos muchas áreas en las que son necesarios cambios urgentes, como lo que refiere a las acciones de amparo o las causas de carácter colectivo. Tampoco hay propuestas relativas al mal funcionamiento del Poder Judicial en lo que refiere a las demoras en el trámite de sus causas o los altos costos de los litigios, que deberían ser abordados a través de nuevas medidas en área como la asistencia jurídica gratuita, el uso de lenguaje claro e inclusivo, o la mayor oralidad y digitalización en su funcionamiento.

Otro de los factores que más contribuye a la desconfianza ciudadana sobre el Poder Judicial es la persistencia de una cultura institucional poco transparente, reactiva en general a las prácticas de rendición de cuentas -y, en particular, al derecho de acceso a la información pública- y rodeada de numerosos privilegios sociales y económicos, cuestiones que hasta el momento este debate de reforma propuesto por el Gobierno no pareciera abordar.

En este sentido las iniciativas anunciadas deberían ser una parte de una verdadera reforma del Poder Judicial. Para que ello sea así, es fundamental que el Gobierno y el Congreso promuevan un debate público participativo y con una mirada de largo plazo. Este este tipo de discusiones no pueden seguir reservadas a una élite política o intelectual, sino que deben incluir instancias para una amplia participación de la ciudadanía y estar atravesadas por un profundo sentido inclusivo del conjunto de las miradas y expectativas sociales respecto del funcionamiento de nuestra democracia y del impacto del servicio de Justicia en todas las personas -y en particular en los grupos más desaventajados-.

El limitado impacto de las sucesivas propuestas desde el regreso de nuestra democracia invita a un ejercicio de mucha creatividad sobre cuáles son los canales y las medidas para empezar un proceso de cambio que dé cuenta de una transformación integral en todos sus niveles.

*Coordinador del programa de Apertura del Poder Judicial y Acceso a la Justicia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

Foto: Presidente Alberto Fernández durante presentación de proyecto de ley de reforma del sistema judicial de Argentina/Casa Rosada. Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR)