Carlos Lusverti*

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El 19 de enero de 2022, la Asamblea Nacional de Venezuela, cuyos miembros fueron electos en unas controvertidas elecciones de diciembre de 2020, aprobó una nueva ley respecto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La ley, a primera vista, no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos sobre independencia judicial. 

El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo órgano judicial de Venezuela, que supervisa el gobierno y la administración del Poder Judicial. Esta supervisión se extiende tanto a sus funciones de revisión judicial como a la supervisión de asuntos administrativos, incluyendo control presupuestario y disciplinario. La nueva Ley reduce el número de magistrados del Tribunal Supremo de 32 a 20 y modifica la composición de la Comisión encargada de la designación de los magistrados del Tribunal Supremo, para que haya un mayor número de miembros políticos procedentes de la Asamblea Nacional de Venezuela. La Ley también renueva por completo los mandatos de los magistrados en funciones, no sólo de los que están a punto de terminar su mandato. Asimismo, determina que la Asamblea Nacional nombrará otros cargos administrativos del Poder Judicial, como al Inspector General de Tribunales y al Director de la Escuela Nacional de la Magistratura.