Por: Mirte Postema

Mirte Postema encabezó el Programa de independencia judicial de DPLF entre el 2009 y el 2015. Actualmente, es Fellow para derechos humanos y reforma de la política criminal y carcelaria en las Américas en el Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford 

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Esfuerzos para fortalecer las instituciones judiciales en Centroamérica no han faltado. Solamente en la reforma judicial, se ha invertido cientos de millones de dólares en las últimas décadas. Y aunque las iniciativas financiadas han tenido ciertos efectos tangibles -por ejemplo, la creación de nuevas leyes y cortes- la confianza ciudadana en el poder judicial en los países del Triángulo Norte ha bajado.

Todo indica que en los próximos años, viene otra gran inversión para, entre otras cosas, fortalecer la gobernabilidad, la justicia y el Estado de derecho en el Triángulo Norte: la Alianza para la Prosperidad. ¿Resultará esta vez? Esto dependerá de muchas variables. De la disposición de los respectivos gobiernos para implementar reformas y de la presión ciudadana para hacer que así sea (y las manifestaciones ciudadanas en Guatemala y Honduras ciertamente sugieren que la vigilancia ciudadana seguirá), pero, por supuesto, también de las reformas propuestas.

En décadas pasadas, las reformas judiciales se enfocaron en crear infraestructura y nuevas leyes (Hammergren, Envisioning Reform, 2007), esperando que esas mejoras resultarían en el fortalecimiento de la judicatura. Sin embargo, su impacto ha sido limitado. La causa puede ser, como sugirió Thomas Carrothers en el 1999 (Aiding Democracy Abroad), que quienes implementaron esas reformas no solían preguntarse por qué la judicatura era tan débil y cuáles intereses se beneficiaban de esa situación. No hacerse esas preguntas hizo que los problemas de fondo permanecieran.

Lo ocurrido en los procesos de selección judicial en Guatemala en el 2014 –monitoreados activamente por DPLF– demuestra eso. En la última década, Guatemala ha adoptado una normativa detallada (que es mucho más avanzada que en otros países de la región), con normas que deberían garantizar la transparencia y la selección con base en méritos por un grupo de expertos.

Sin embargo, a pesar de esa normativa desarrollada, los procesos de selección de la Fiscal General, la Corte Suprema y todos las y los jueces de la Corte de Apelaciones del país fueron caracterizados por su manipulación por intereses especiales. Por ejemplo, los instrumentos de calificación de postulantes favorecieron la antigüedad en lugar de la calidad profesional, los méritos de las y los candidatos no fueron evaluados, y las tachas no fueron consideradas debidamente. A pesar de esas obvias violaciones, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca avaló esos procesos de selección.

¿Cuál es la lección para la Alianza para la Prosperidad, y para otros esfuerzos de reforma (judicial)? Que ‘sólo’ emprender reformas judiciales no es suficiente para cambiar la realidad y fortalecer la judicatura y el Estado de derecho. En otras palabras, si no se abordan las razones de fondo de la debilidad del poder judicial -su dependencia de poderes políticos y crimen organizado- los cientos de millones de dólares presupuestados no tendrán mayor impacto.

Sin embargo, Guatemala da una buena pauta sobre cómo es posible enfrentar esos problemas estructurales: con una entidad como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente híbrido (compuesto por funcionarios nacionales e internacionales) cuya tarea es investigar y desarticular la criminalidad organizada que amenaza al Estado.

Aunque esa entidad ha conocido luces y sombras a través de sus ocho años de operación, recientemente ha mostrado resultados impresionantes. Indudablemente, su contribución más relevante ha sido en la investigación de casos. En años recientes, la CICIG ha destapado la existencia de redes de criminalidad organizada en que participaron criminales notorios, así como altos funcionarios del Estado –incluyendo al Presidente, la Vice Presidenta, y anteriores presidentes del Banco de Guatemala. Estos casos también hicieron ver la influencia de esas redes sobre el poder judicial: la CICIG descubrió cómo una jueza benefició a varios sindicados con arresto domiciliario sin vigilancia, a cambio de recibir sobornos.

El resultado de esas investigaciones es que el entonces Presidente, Otto Pérez Molina, y su Vice Presidenta, Roxana Baldetti, tuvieron que renunciar a sus puestos y están detenidos ahora. Esas ocurrencias despertaron manifestaciones de un tamaño no visto en décadas. Aunque este caso no ha ido a juicio todavía, se puede afirmar que ya ha tenido un impacto sin precedentes.

Incluso, quizás puede ser el fin de la impunidad de más poderes antes considerados intocables: en enero de 2016, el Ministerio Público hizo detener e imputar a 18 militares retirados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Es difícil imaginarse que eso habría sido posible sin el trabajo de la CICIG en el 2014 y 2015.

Se puede concluir que el desmantelamiento de las redes criminales que cooptan el Estado es fundamental, y que debe constituir el primer paso para el fortalecimiento del poder judicial y la consiguiente consolidación del Estado de derecho. El éxito de la CICIG sugiere que la creación de tales iniciativas debe ser contemplada por países que enfrentan desafíos similares.

En El Salvador, el gobierno ha rechazado las repetidas peticiones de crear una entidad similar a la CICIG. Pero en Honduras, la Misión de Acompañamiento Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), otro mecanismo híbrido compuesto de expertos nacionales e internacionales, iniciará sus labores pronto. Recibirá denuncias, investigará casos de corrupción y junto con la sociedad civil, monitoreará la justicia hondureña. El éxito de ese mecanismo dependerá, en gran medida, de la capacidad técnica del equipo y de la habilidad de su liderazgo de crear puentes, además del apoyo ciudadano que logrará generar, así como de la política nacional e internacional.

Es importante notar que la creación de tales mecanismos no es una panacea; el mismo comisionado Iván Velásquez ha afirmado que el camino para combatir la impunidad es mucho más largo, y que requiere voluntad política y la creación de capacidades significativas. Sin embargo, contrastando los resultados de la lucha contra la impunidad en Guatemala en los últimos dos años, con los de las últimas dos décadas de reformas, es innegable que el trabajo de la CICIG ha tenido un impacto mayor.

Para que la Alianza para la Prosperidad tenga el impacto deseado en el Triángulo Norte, debe trabajar en las razones de fondo de la debilidad de la justicia: en su cooptación por poderes paralelos (con conexión a la política y al crimen organizado). Es fundamental que la CICIG continúe sus labores, que la MACCIH empiece a trabajar de manera independiente y seria, y que El Salvador contemple seriamente la creación de un mecanismo similar a la CICIG. Caso contrario, la Alianza para la Prosperidad no será más una ‘terapia ocupacional’ muy costosa.

° Esta nota se basa en: Mirte Postema, Why Reforms Alone Are Insufficient to Strengthen the Judiciary: A Case Study of Guatemala´s Judicial Selection Processes, Hastings International and Comparative Law Review, Vol. 39, No. 1 (Winter 2016), pp. 237-266.