En Defensa de la Independencia Judicial

Claudia Escobar

Fellow en NED

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Guatemala es un pequeño país en Centroamérica que no acapara la atención de la prensa internacional y cuando lo hace es principalmente por asuntos relacionados con la violencia o la inestabilidad política. Sin embargo, últimamente el país ha sido reconocido por los esfuerzos realizados por la lucha contra la impunidad y la corrupción.

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The National Dialogue – will it lead to greater justice in Guatemala?

Katharine Valencia

DPLF Program Officer

Versión en español aquí

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An ambitious Constitutional reform project convoked by the Government of Guatemala has been underway over the past few months. Known as the “National Dialogue for Justice Sector Reform” (Diálogo Nacional: Hacia la reforma de la Justicia en Guatemala), this project has been led by a Secretariat composed of the Attorney General’s Office, the Human Rights Ombudsman, and the International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG, in accordance with its mandate to propose legal reforms). These entities joined forces to draft a proposed set of Constitutional reforms, focusing on a relatively narrow set of specific issues: judicial independence, legal aid, and indigenous justice systems, among others.

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Upcoming Cases in Guatemala Could Expose Links between Past and Present Criminality

 By Naomi Roht-Arriaza

President of the Board of Directors of DPLF,

Professor at Hastings College of Law University of California

Versión en español

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Photo: AFP

On Wednesday, January 6, police in Guatemala arrested 17 former high-ranking military officers in relation to crimes committed during Guatemala’s 36-year armed conflict. The officers, charged with enforced disappearance, torture and crimes against humanity, are a “who’s-who” of those with greatest responsibility for designing the military strategy that led to over 200,000 deaths and 40,000 disappearances, according to a U.N.-sponsored report. Even more importantly, several of those charged played key roles in the transformation of sectors of the military into “hidden powers” who now form part of organized crime and large-scale corruption. Several of those charged are close to new President Jimmy Morales. By detaining and charging this group, the Prosecutors’ Office has taken the tiger of continuing impunity by the tail. Whether it can manage to tame it is another question.

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Próximos juicios sobre hechos del conflicto armado en Guatemala podrían resaltar vínculos entre delitos del pasado y del presente

Por Naomi Roht-Arriaza

Presidenta del Consejo Directivo de DPLF,

Profesora de Hastings College of Law Universidad de California

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Foto: AFP

El miércoles 6 de enero, la Policía de Guatemala detuvo a 17 exmilitares de alto rango en relación con delitos cometidos durante los 36 años de conflicto armado en ese país. Estos militares, acusados de desaparición forzada, tortura y delitos contra la humanidad, integran la lista de los máximos responsables de haber ideado la estrategia militar que dejó un saldo de más de 200.000 muertes y 40.000 desapariciones, según se indica en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, patrocinado por la ONU. Un factor aún más importante es que varios de los acusados tuvieron un rol clave en la transformación de sectores militares en “poderes ocultos”, que actualmente integran la delincuencia organizada y participan en la corrupción a gran escala. Algunos de los acusados son personas cercanas al nuevo presidente Jimmy Morales. Al detener y acusar a este grupo, el Ministerio Público (Fiscalia General) ha decidido actuar ante fuerzas que encarnan la relación entre la impunidad por delitos del conflicto armado y la impunidad prevalente actualmente. Si logrará o no salir airoso del esfuerzo, es otra cuestión.

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El caso sobre ecocidio en Guatemala: Implicaciones para el movimiento de empresas y derechos humanos

Por Cindy Woods

Legal Fellow en ICAR

(International Corporate Accountability Roundtable)

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Foto: Plaza Pública 

En una decisión sin precedentes para los activistas que promueven la rendición de cuentas empresarial, el mes pasado un tribunal guatemalteco que interviene en delitos ambientales confirmó una condena contra la empresa africana productora de aceite de palma Reforestadora de Palma de Petén S.A. (REPSA) por el delito de “ecocidio” —a saber, el daño extenso, la destrucción o la pérdida de ecosistemas en un grado que menoscaba gravemente su goce pacífico por los habitantes del territorio—, en relación con la contaminación del río Pasión.

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Cuatro preguntas para la MACCIH

Por: Mirte Postema

Encabezó el Programa de independencia judicial de DPLF entre el 2009 y el 2015. Actualmente es Fellow para derechos humanos y reforma de la política criminal y carcelaria en las Américas en el Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford

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Publicado originalmente en  ilg2.org

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Foto: OEA

El lunes 22 de febrero de 2016 se presentó en Honduras la Misión de Apoyo para Combatir la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). La MACCIH es un mecanismo híbrido, respaldado por la Organización de Estados Americanos, y establecido para apoyar a las instituciones hondureñas encargadas de prevenir la corrupción y la impunidad. La creación de la MACCIH es una medida drástica; deja claro que el Estado hondureño, por cualquier razón, no es capaz de investigar y sancionar los casos de corrupción adecuadamente. Sin embargo, para quienes han seguido la situación de Honduras, esto no es ninguna sorpresa.

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El fortalecimiento de la justicia requiere más que sólo reformas judiciales. Lecciones para la MACCIH y la Alianza para la Prosperidad

 

Por: Mirte Postema

Mirte Postema encabezó el Programa de independencia judicial de DPLF entre el 2009 y el 2015. Actualmente, es Fellow para derechos humanos y reforma de la política criminal y carcelaria en las Américas en el Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford 

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Foto: Lesther Castillo

Esfuerzos para fortalecer las instituciones judiciales en Centroamérica no han faltado. Solamente en la reforma judicial, se ha invertido cientos de millones de dólares en las últimas décadas. Y aunque las iniciativas financiadas han tenido ciertos efectos tangibles -por ejemplo, la creación de nuevas leyes y cortes- la confianza ciudadana en el poder judicial en los países del Triángulo Norte ha bajado.

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