Economic Actors and Transitional Justice Policies in Latin America

Nelson Camilo Sánchez*

Versión en español aquí.

A few days ago, the Special Jurisdiction for Peace (la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP), the transitional tribunal established in Colombia by the peace agreements signed in 2016, issued a very important decision providing clarification for cases of civilians murdered during the conflict who were presented to the government as enemy casualties in combat (a macabre practice that in Colombia was known by the euphemism “false positives”).

The JEP’s decision included, among other significant things, this court’s first indictment of a “civilian third party”. The peace agreement uses the term “civilian third party” to refer to those persons who, without being part of an armed group, participated in the commission of grave human rights violations. Many of these third parties had eminently economic motivations and, to satisfy them, sponsored the armed actors in various ways, including providing economic, logistical, and political support. 

The relationship between economic actors and armed groups in times of repression and war is not unique to the Colombian conflict. Victims of human rights violations have recounted how economic elites, companies (transnational and national) and other business agents (formal and informal) have been complicit in human rights violations in every corner of the globe.  

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Actores económicos y políticas de justicia transicional en América Latina

Nelson Camilo Sánchez*

English version here.

Hace unos días, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional establecido en Colombia a partir de los acuerdos de paz firmados en 2016, emitió una decisión muy importante para el esclarecimiento de casos de asesinato de civiles para presentarlos como bajas enemigas hechas en combate (una práctica macabra que en Colombia se conoció con el eufemístico nombre de “falsos positivos”).

La decisión de la JEP incluyó, entre otras cosas significativas, la primera imputación de un “tercero civil” hecha por este tribunal. El acuerdo de paz usa el término “tercero civil” para referirse a aquellas personas que sin hacer parte de un grupo armado participaron en la comisión de graves violaciones a derechos humanos. Muchos de estos terceros tuvieron motivaciones eminentemente económicas y, para satisfacerlas, auspiciaron a los actores armados a partir de varias formas, incluyendo apoyo económico, logístico y político. 

La relación entre actores económicos y grupos armados en épocas de represión y guerra no es exclusiva del conflicto colombiano. Víctimas de violaciones a derechos humanos han relatado cómo élites económicas, empresas (transnacionales y nacionales) y otros agentes de negocios (formales e informales) han sido cómplices de violaciones a derechos humanos en todos los rincones del globo.  

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The significance of the Engel list: against corruption and in defense of democracy

Katharine Valencia*

Adapted from an article originally published on Revista Factum.

Spanish version available here.

There has been much attention to the “Engel List” in Central America in recent weeks. The list of corrupt and undemocratic actors published by the US Department of State on July 1 was highly anticipated, especially after a list of corrupt Central American officials requested by Congresswoman Norma Torres was published in May. With the Torres list paving the way, a total of 55 individuals from El Salvador, Guatemala, and Honduras were included on the Engel List, including high-level judges, members of Congress, and (in the case of El Salvador) presidential administration officials. 

Many of those placed on the list or associated with those named have sought to downplay its importance or asserted a lack of evidence against them. But what does inclusion on the Engel list actually mean? How important is it from the US perspective and what weight does it have? 

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La importancia de la lista Engel: contra la corrupción y en defensa de la democracia

Katharine Valencia*

Adaptado de un artículo publicado originalmente en Revista Factum.

Versión en inglés aquí.

En las últimas semanas se ha prestado mucha atención a la “Lista Engel” en Centroamérica. La lista de actores corruptos y antidemocráticos publicada por el Departamento de Estado de EE.UU. el 1 de julio fue muy esperada, especialmente después de que en mayo se publicó una lista de funcionarios corruptos centroamericanos solicitada por la congresista Norma Torres. Con la lista de Torres allanando el camino, un total de 55 individuos de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron incluidos en la Lista Engel, incluyendo jueces de alto nivel, miembros del Congreso y (en el caso de El Salvador) funcionarios de la administración presidencial. 

Muchos de los incluidos en la lista o asociados a los nombrados han tratado de restarle importancia o han afirmado la falta de pruebas contra ellos. Pero, ¿qué significa realmente la inclusión en la lista Engel? ¿Qué importancia tiene desde la perspectiva de Estados Unidos y qué peso tiene?

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¿Cómo avanza la persecución penal en Guatemala? Un vistazo a indicadores del Mirador Judicial

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG)

La justicia en Guatemala en los últimos años se ha encontrado en un proceso permanente de transformaciones institucionales. Probablemente, el cambio más paradigmático se ubica en el año 2015, con la ventilación de procesos penales contra organizaciones criminales que por muchos años saquearon las arcas del Estado y se beneficiaron con la cooptación de las instituciones públicas.

No obstante, es necesario recordar que el sistema de justicia penal desde la firma de los Acuerdos de Paz también se ha encontrado en un proceso de cambios importantes, como fue la reforma procesal penal, que significó la transformación del diseño procesal y la creación de nuevas agencias de justicia. De hecho, se podría asegurar que este proceso, emprendido desde el año 1994, facilitó que en las siguientes décadas la sociedad guatemalteca observara los avances en la persecución penal y juzgamiento contra organizaciones criminales que, históricamente, se habían beneficiado de la corrupción e impunidad.

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The Root of the Problem: Our Recommendations to the Biden Administration for Tackling Corruption in Central America’s Northern Triangle

Ursula Indacochea* and Katharine Valencia**

Versión en español aquí.

President Joe Biden’s Administration has been very clear that one of its top priorities is addressing the massive migration of people to the United States, mostly from Honduras, Guatemala, and El Salvador. Biden has opted to distance himself from the human rights-violating policies and the hostile and criminalizing narrative of his predecessor in office, Donald Trump; and instead, has promised a humanitarian approach and effective measures to attack the real underlying problems: insecurity, hopelessness and lack of opportunities and welfare in the countries of origin, which force people to migrate. 

This “root causes strategy” is being constructed with the involvement of several agencies, and rests on a sound premise: the need to understand the structural nature of the causes of migration, and that these causes cannot be resolved either in the short term or solely with the transfer of financial resources to governments. Where to begin, then, in addressing these issues?

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What Kamala Needs to Know*

Ana Lorena Delgadillo and Alicia Moncada**

The Vice President of the United States, Kamala Harris, is visiting Mexico and Guatemala at one of the most critical moments of the migration crisis in the Americas. Although her itinerary has been predetermined, we cannot miss this opportunity to communicate what the Mexican government may not tell her.

The Biden-Harris administration says it is committed to reversing the Trump administration’s cruel immigration policies such as the “Remain in Mexico” program (which officially ended this year), repairing the US asylum system, and implementing a comprehensive plan for safe, legal and orderly migration that combats poverty, insecurity and violence as structural causes of migration in the region.

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Lo que Kamala debe escuchar*

Ana Lorena Delgadillo y Alicia Moncada**

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visita México y Guatemala en uno de los momentos más álgidos de la crisis migratoria en las Américas. Más allá de que en la agenda ya se decidió qué y a quién viene a escuchar, no podemos dejar pasar la ocasión para comunicarle lo que el gobierno posiblemente no le dirá. 

La administración Biden-Harris dice estar comprometida con revertir las crueles políticas migratorias de la administración de Trump como el programa “Quédate en México”, que terminó oficialmente el 1 de junio de este año, reparar el sistema de asilo estadounidense e implementar un plan integral para una migración segura, legal y ordenada que combata la pobreza, la inseguridad y la violencia como causas estructurales de la migración en la región. 

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Selección adversa: el apoyo de la sociedad civil para la elección de jueces y fiscales honestos en Guatemala, Honduras y El Salvador*

Kristen Sample**

El 26 de enero de 2021, Mynor Moto fue elegido por el Congreso de Guatemala para cubrir una vacante en la Corte de Constitucionalidad a pesar de estar siendo investigado por una unidad de élite de la Fiscalía.  La sociedad civil fue enfática en sus críticas a Moto y al proceso de selección. El nuevo gobierno de Estados Unidos también se pronunció, afirmando que la presencia de Moto en la Corte “amenaza el estado de derecho… y debilitaba la integridad de la Corte”.  

La toma de posesión de Moto fue bloqueada gracias a la orden de arresto emitida a pedido de los fiscales el 1 de febrero. Optó por huir en lugar de responder a los cargos que se le imputaban. 

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The role of justice in the face of authoritarianism*

Prof. Aníbal Pérez-Liñán**

The political attack on justice is a central moment in the processes of democratic erosion. When we look at the cases of autocratization in Latin America and the European Union we find that the capture of justice (especially the capture of constitutional courts) is the decisive, and often irreversible, moment in the slide towards authoritarian rule. Many people today are asking why the capture of the judiciary has become so important to authoritarian leaders, and what we can do in the face of this challenge. To explore these questions, I propose three ideas:

The first is that the relationship between authoritarianism and the rule of law is not linear. Political science has had to confront this ambiguity throughout its intellectual history.

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