Judicial immunity: a double-edged sword in Guatemala*

Hannah Jane Ahern** and Ursula Indacochea***

On February 1, 2021, Judge Erika Lorena Aifán Dávila, judge for the First Criminal Court of First Instance, Na and Crimes against the Environment of the department of Guatemala with competence to hear High Risk Proceedings, Group D, issued an arrest warrant against former judge Mynor Mauricio Moto Morataya, at the request of the Special Prosecutor’s Office against Impunity (FECI). Moto was being investigated for the crime of conspiracy to obstruct justice, in the framework of the case known as “Parallel Commissions 2020,” a high profile case of corruption and manipulation in the high court election process that took place last year. Moto is a key figure in that complex case of co-optation of justice, and until shortly before his capture was ordered, he served as judge for the Third Criminal Court of First Instance, Narcoactivity and Crimes against the Environment.

In her position, Judge Aifán oversees cases of atrocities committed during the armed conflict, macro-corruption, and other high impact crimes, which has exposed her to threats of violence, harassment, smear campaigns, and other attempts to hinder her work. Recognizing the threats, pressures and reprisals she has faced, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) has previously granted her precautionary measures, ordering the State of Guatemala to protect her life and integrity. Aifán is widely recognized as an anticorruption champion, not only in Guatemala, but also internationally; most recently, she is a recipient of the 2021 International Women of Courage award from the U.S. State Department.

The arrest warrant issued against Moto caused a stir, as it came after he was elected by the Guatemalan Bar Association as magistrate to the Constitutional Court of Guatemala, and was irregularly sworn in by Congress on January 26, 2021. Precisely in order to serve in his new position, Moto requested the Guatemalan Council of the Judiciary to place him on “leave of absence” from his position as criminal court judge until April 13, 2021, a request which was granted. Therefore, when Aifán ordered his arrest, Moto was no longer serving as a judge, nor had he yet assumed the position of magistrate of the Constitutional Court.

Seguir leyendo

La inmunidad judicial: un arma de doble filo en Guatemala*

Hannah Jane Ahern** e Ursula Indacochea***

El 01 de febrero de 2021, la jueza Erika Lorena Aifán Dávila, a cargo del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala con competencia para conocer Procesos de Mayor Riesgo, Grupo D, emitió una orden de aprehensión contra el ex juez Mynor Mauricio Moto Morataya, a solicitud de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad (FECI). Moto era investigado por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia, en el marco del caso conocido como “Comisiones Paralelas 2020” sobre corrupción y manipulación en el proceso de elección de altas Cortes que se llevó a cabo el año pasado. Moto es un personaje clave en este complejo caso de cooptación de la justicia, y hasta poco antes de ordenarse su captura, se desempeñaba como titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

La jueza Aifán tiene a su cargo casos de crímenes atroces cometidos durante el conflicto armado, casos de macro corrupción y otros delitos de alto impacto, lo que le ha expuesto a amenazas de violencia, hostigamientos, campañas de desprestigio, y otros intentos a obstaculizar su trabajo. Reconociendo las amenazas, presiones y represalias que ha enfrentado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha otorgado medidas cautelares, ordenando al Estado de Guatemala que proteja su vida e integridad de protección. Aifán es reconocido en Guatemala, pero también a nivel internacional como luchadora en contra de la corrupción y a favor de la transparencia e independencia de los sistemas de justicia. Es recipiente del premio International Women of Courage del Departamento del Estado de Estados Unidos para el año 2021.

La orden de captura contra Moto causó revuelo, pues se produjo luego de que fuera elegido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para integrar la Corte de Constitucionalidad del país, y de que fuera irregularmente juramentado por el Congreso el 26 de enero de 2021, pese a que aún se encontraba pendiente la resolución de impugnaciones a su nombramiento (juramentación posteriormente anulada por un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad). Precisamente, para desempeñarse en su cargo, Moto había solicitado al Consejo de la Carrera Judicial que se le colocara en la situación de “excedencia” hasta el 13 de abril de 2021, lo cual le fue concedido. Por tanto, cuando Aifán ordenó su captura, Moto ya no se desempeñaba como juez, ni tampoco había asumido el cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

Seguir leyendo

Jueces honestos frente a la corrupción sistemática

Claudia Escobar Mejía*

El comportamiento de un funcionario que ejerce la judicatura debiera caracterizarse siempre por su integridad, honorabilidad e imparcialidad. Lamentablemente, no siempre sucede de esa forma; algunas veces el actuar del juzgador depende de las circunstancias y de las garantías de independencia, autonomía y seguridad personal con que cuenta para ejercer su función. Ya que no es lo mismo ser juez en Francia, Canadá o Costa Rica que serlo en Venezuela, Guatemala o en Ucrania.

Seguir leyendo

¿Los inocentes a las Cortes de Guatemala?

Ursula Indacochea*

El proceso de elección de Cortes en Guatemala está llegando a su etapa final. En los próximos días, se debe convocar al Pleno del Congreso para que los diputados, de forma individual y a viva voz, elijan a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y de todas las cortes de apelaciones del país, a partir de las nóminas enviadas por las Comisiones de Postulación. Una porción importante de aspirantes, sin embargo, están bajo investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) por su vinculación a un grave caso de corrupción judicial. No es cualquier caso: se trata del intento de manipulación corrupta de esta misma elección. Ellos y ellas alegan que excluirlos por ese motivo sería inconstitucional y que debe presumirse que son inocentes.

En este contexto, es fundamental reflexionar acerca de los alcances de la presunción de inocencia y su aplicación los procesos de selección y nombramiento de jueces y juezas. Se trata de uno de los momentos fundamentales de la justicia, y la existencia de denuncias penales, investigaciones y procesos sancionadores -judiciales o administrativos- en curso contra personas candidatas, es un elemento que debe ser cuidadosamente ponderado por los órganos evaluadores, nominadores y electores. Este post tiene el propósito de dar algunas luces que contribuyan a aclarar este tema.

Seguir leyendo

La epidemia de la corrupción en el sistema de justicia guatemalteco

Claudia Escobar Mejía*

En medio de la crisis del coronavirus algunos países se enfrentan también a una epidemia en el sistema de justicia. Los grupos criminales aprovechan la situación para fomentar la corrupción y garantizar la impunidad de sus fechorías. Uno de los riesgos más probables es que la pandemia sea utilizada por los ladrones de cuello blanco y por los políticos corruptos para apropiarse del dinero destinado a la ayuda humanitaria y así enriquecer sus bolsillos.  Por esta y otras razones a los criminales les interesa controlar la justicia.

Seguir leyendo

América Latina: Derechos civiles y políticos en tiempos de pandemia

David Lovatón Palacios*

Esta nota analiza muy brevemente qué está pasando en América Latina en torno a la restricción de derechos civiles e incluso políticos, en el marco de las diversas medidas excepcionales -pero justificadas- de emergencia adoptadas para enfrentar la pandemia mundial del Covid19. Para ello me he apoyado en excelente notas nacionales escritas por mis colegas de DPLF y algunos destacados invitados, cuyos enlaces aparecen al final de esta nota.

Antes de entrar al tema permítanme la siguiente reflexión: esta pandemia y las medidas restrictivas adoptadas, han sumado más precariedad, sufrimiento y hambre a millones de compatriotas latinoamericanos. Si bien las restricciones al libre tránsito, a la libertad de trabajo, a la libertad de reunión, entre otras, son legítimas pues por el momento el distanciamiento social es la única arma contra este virus, debemos ser consciente que millones de personas en América Latina sobreviven gracias al trabajo callejero o a empleos informales. Es inaceptable que para muchos en AL el dilema sea o que los mate el hambre o el coronavirus. En ese sentido, a partir de esta emergencia, el continente debería retomar un serio debate sobre la pertinencia de un Estado social o de bienestar, sin corrupción, que brinde servicios públicos básicos como salud.

Seguir leyendo

La Corte Interamericana y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales: las virtudes del caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala

Juan Jesús Góngora*

El pasado 25 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la sentencia del Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala, en el que declaró, por primera vez, la violación a la obligación de progresividad (Artículo 26 de la Convención Americana) con relación a la falta de efectividad del derecho a la salud de 43 pacientes que vivían/viven con VIH/ SIDA.

Seguir leyendo

Corte de Constitucionalidad señala la ruta en crisis institucional en Guatemala

Claudia Escobar PhD*

La función de un Tribunal Constitucional es velar porque se respeten las normas constitucionales y lograr una efectiva protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En Guatemala en el año 1985, con la promulgación de una nueva constitución que marcó el retorno a época democrática y puso fin a gobiernos autoritarios, fue creada la Corte de Constitucionalidad (CC) como un ente independiente de los otros poderes del Estado.

Seguir leyendo

Reformas a la Ley de Antejuicio en Guatemala: La pieza que falta para blindar la impunidad

Ursula Indacochea*

Es indudable que la rendición de cuentas es un aspecto fundamental de la democracia. Pero cuando pensamos en los sistemas de justicia y en sus más altas autoridades, es fundamental mantener ese delicado equilibrio entre la responsabilidad y la garantía de la independencia judicial. Uno de los mecanismos clásicos del sistema de pesos y contrapesos de las democracias modernas, ha consistido en otorgar a los Parlamentos la atribución de realizar controles previos a la investigación penal, o directamente investigar y sancionar las conductas de las altas autoridades judiciales. Pero este mecanismo descansa bajo una premisa que, cada vez con más frecuencia, es desmentida por la realidad: que el órgano legislativo garantiza la imparcialidad de este juicio, y que los jugadores parlamentarios no tiene intereses ilegítimos en expulsar al árbitro del partido. Guatemala es el ejemplo perfecto de esta distorsión.

Seguir leyendo

De Sepur Zarco a El Mozote: en búsqueda de la justicia con sentido de mujer

Leonor Arteaga*

Publicado originalmente en El Faro.

Todas somos Sepur Zarco, repetía una frase de la Alianza rompiendo el Silencio y la Impunidad, simbolizando así la solidaridad con las mujeres que vivieron repetidos abusos, trabajos forzados y violaciones sexuales que tomaron forma de esclavitud, en la base militar del mismo nombre, que operó entre 1982 y 1986, en el marco del conflicto armado en Guatemala. Todas ellas fueron abusadas mientras sus maridos, que reclamaban la tierra, habían sido desaparecidos, detenidos o asesinados. Seguir leyendo