Luis Pásara*

Cincuenta años atrás empezó la reforma de la justicia en el Perú. Se estableció un consejo para que los nombramientos no se efectuaran en instancias políticas. Como resultado se produjo una renovación de jueces y fiscales, al tiempo que se introdujeron cambios en códigos y leyes. A partir de entonces, las reformas han recorrido buena parte de América Latina.

A los cambios en la composición de las instituciones se agregaron la renovación en la infraestructura física e informática y, luego, la reingeniería de flujos y procesos. Se incrementaron significativamente los montos presupuestales dedicados a la justicia y con el apoyo, en ocasiones complaciente, de la cooperación internacional se multiplicaron proyectos piloto para diversos asuntos. Debe notarse que la mayor parte de estas experiencias no han sido evaluadas. Las inversiones han sido enormes y los resultados son escasos y desiguales. La insatisfacción ciudadana ha crecido y hoy en día prevalece en la región un gran escepticismo respecto de cambiar la justicia.

¿Cuáles son los límites encontrados? En esta nota se propone considerar cuatro de los principales problemas que no solo no se han resuelto sino que han crecido y complicado. En esta consideración es indispensable distinguir los obstáculos que corresponden al sistema de justicia y aquellos que provienen de la sociedad en la que ese sistema opera. Esta diferenciación es indispensable para delimitar mejor qué es lo que puede alcanzarse mediante una reforma del sistema.

El primer problema límite corresponde al acceso: la justicia es un sistema incomprensible para el ciudadano medio, que debe recurrir a un abogado que es parte de una oferta profesional segmentada en la que solo quienes en la sociedad pertenecen a los estratos altos pueden pagar un servicio aceptable. El problema –que las reformas casi no han tocado– tiene raíz, de un lado, en una ciudadanía que desconoce sus derechos e ignora cómo funciona el sistema y, de otro, en una organización del aparato de justicia y de la profesión legal que solo sirve eficazmente a los sectores de ingresos más altos.

El segundo problema es la ineficacia y la ineficiencia, en las que se genera el retardo y que continúan produciendo decisiones que resuelven los conflictos de manera insatisfactoria. Muchas de las reformas intentadas en este aspecto han sido resistidas o saboteadas por los actores que se benefician del estado de cosas, abogados y funcionarios que saben cómo manejarse en él. Esta comprobación significa que la reforma no cuenta con los actores del sistema, cuya actuación abona la inoperancia.

El asunto se agrava en la medida en que, a diferencia de lo que ocurre en países desarrollados, en los nuestros los mejores profesionales no están dispuestos a trabajar en el sistema. Los cargos de juez y fiscal atraen a abogados mediocres –que difícilmente podrían tener éxito en otra actividad de la profesión– que se han multiplicado al ritmo del crecimiento de universidades-negocio que otorgan el título sin exigencias. Incluso los abogados más reconocidos rechazan litigar, dada la situación del aparato. Trabajar en la justicia no prestigia.

El tercer problema límite es la corrupción. Siempre la hubo pero se ha escalado de hechos aislados y circunstanciados que afectaban principalmente el trámite a una actividad sistematizada que en muchos de nuestros países corresponde a redes de abogados litigantes, funcionarios judiciales y jueces de todas las instancias, y “garantiza” resultados para quien puede pagar un precio.

Debe advertirse que esta toma del sistema por la corrupción no es privativa de la justicia; nuestros países han normalizado la corrupción como la savia del funcionamiento de las instituciones públicas y privadas. Casos como el de Odebrecht son noticia, afortunadamente; pero llama menos la atención el hecho de haberse estandarizado la corrupción en la vida cotidiana.

El cuarto problema es la injerencia del poder. Se trata de un viejo problema que se intentó resolver mediante el distanciamiento entre las instancias políticas y el lugar de nombramientos, ascensos y procesos disciplinarios. Pero los consejos han sido instrumentalizados por el poder político, como en el caso ecuatoriano, o han sido penetrados por redes mafiosas del crimen organizado, como es el caso del Perú.

A estas alturas, se ha agotado la imaginación para diseñar fórmulas que prevengan la injerencia del poder, de los poderes políticos y económicos. Como la actividad política también se ha convertido en terreno de aventureros en busca de enriquecimiento, la posibilidad de regresar a los nombramientos en una instancia política está descartada.

El balance no es alentador. Pero si se cree que todavía es posible transformar el sistema de justicia, resulta ineludible esclarecer los porqués de la frustración de las reformas intentadas en estas décadas.

*Senior Fellow, DPLF

Foto: Pixabay