Andrea Santacruz*

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha sido la primera representante de alta jerarquía de un organismo internacional que ha podido ingresar a Venezuela en una misión oficial, desde comienzos del siglo XXI. Esto implicó un hecho histórico en junio de 2019, que se vio reforzado al mes siguiente, el 4 de julio, cuando se hizo público un informe en el que, de manera clara y contundente, se señalaba que en el país se violaban gravemente derechos humanos y se destacaban diversos patrones de violaciones.

El 26 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución 42/4[1], impulsada por países como Irán y la República Popular Democrática de Corea. De su mandato derivó el informe publicado el 2 de julio de 2020, que lamentablemente dejó un sinsabor en organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos y en víctimas, pues aquel tono claro y contundente de julio de 2019, cambió a uno que no evidenciaba la gravedad y urgencia de la situación en el país; aun cuando debe destacarse que el informe indicó, entre otros aspectos, que: efectivamente siguen ocurriendo violaciones de derechos humanos; las recomendaciones previas no se han cumplido; se resalta la cifra de ejecuciones extrajudiciales en el marco de operaciones de seguridad[2]; existe un patrón de detenciones ilegales, arbitrarias y violaciones del debido proceso en las causas seguidas por razones políticas, así como un patrón de desapariciones forzadas por breves períodos de tiempo. Este informe recoge dieciséis nuevas recomendaciones para el estado venezolano, quien no se pronunció sobre el mismo.

Desde junio de 2019, en Venezuela hay representantes de la oficina del ACNUDH. Al comienzo eran dos, hoy son tres, quienes trabajan arduamente en el terreno, en condiciones adversas. Pero, debe resaltarse que, luego del informe de julio de 2019, se les requirió a los representantes de ese momento no volver al país, situación que se reflejó en la actualización oral de la Alta Comisionada, del 9 de septiembre de 2019, en el que indicaba “…Se ha logrado restablecer el trabajo de un equipo de la Oficina en Caracas y el Gobierno…”

El evento antes descrito, evidencia la presión a la que están sometidos los representantes en el terreno cada vez que se publica un informe. Pero las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos esperan de la Alta Comisionada que sea la voz de quienes hoy no tienen voz, de quienes tienen miedo y de quienes, sin tenerlo, no encuentran espacios de justicia en el sistema interno venezolano. Esa voz se volvió a reflejar en el informe del 15 de julio de 2020.

Ese día, se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos el informe temático “Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco”[3], que responde a la resolución 42/25[4], publicada el 27 de septiembre de 2019, impulsada por países como Argentina, Países Bajos y Alemania. Esta resolución es histórica porque en ella, además, se estableció la creación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.

En este informe se enfatizó la injerencia de factores externos y de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en decisiones judiciales de distintas instancias, siendo un tema que resaltar en materia penal. También, se destacaron los estímulos a la corrupción de los jueces, el uso de la jurisdicción militar en contra de los civiles, la creación irregular de tribunales con competencia en materia de terrorismo, e incluso sus actuaciones violatorias de derechos humanos y garantías fundamentales; las torturas en sedes de inteligencia militar y, la alta rotación de fiscales en los casos de asesinatos en el contexto de manifestaciones, revictimizando a los familiares.

Todo esto evidencia un sistema de justicia quebrado, sin embargo, faltó información, e incluso resultó muy benevolente con el Ministerio Público, sobre quien señala que “ha hecho esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos imputables a los miembros de las fuerzas de seguridad…”, afirmación que no se ajusta a la realidad, ya que en los casos de asesinatos en el contexto de manifestaciones, se ha constatado que las fuerzas de seguridad se niegan a dar información de relevancia para la investigación, y la fiscalía no inicia los procedimientos penales correspondientes por obstrucción de la justicia, ni imputa a las cadenas de mando, aunque es evidente que el uso desproporcionado de la fuerza responde a un patrón, y por lo tanto a una política estatal.

Sobre los DESCA es poco lo que se señaló, considerando la gravedad de la situación actual, y estuvo orientado principalmente al derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo que sería de altísimo interés un informe temático sobre estos. Igualmente, debe señalarse que en los temas de violencia de género la información es insuficiente. Sobre la situación en el Arco Minero del Orinoco (AMO), se expuso objetivamente la terrible realidad que allí se vive, así como las graves violaciones de los derechos humanos de las que son víctimas los pueblos indígenas de la zona.

Este informe recoge veintiún nuevas recomendaciones, acumulándose así sesenta para un Estado que parece no tener voluntad de cumplirlas, pues respondió calificando el informe de “tendencioso”.   

Es mucho lo que se ha hecho y mucho lo que falta por hacer. En Venezuela, las víctimas solo confían en los sistemas internacionales de protección. Eso compromete a sus miembros, principalmente a la Alta Comisionada, a ser una voz clara y contundente. Que esa voz no se silencie ni matice es una lucha constante de la sociedad civil.

*Directora Ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Caracas-Venezuela.

[1] Disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G19/285/66/PDF/G1928566.pdf?OpenElement

[2] “…entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, habrían muerto violentamente 1.324 personas, entre ellas nueve mujeres…”

[3] Disponible en: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/Documents/A_HRC_44_54_UnofficialSpanishTranslation.pdf

[4] Disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G19/284/24/PDF/G1928424.pdf?OpenElement

Foto: UN Geneva/Flickr, compartido bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.0 Genérica (CC BY-NC-ND 2.0)