No. No hay una CICIES en El Salvador.

Celia Medrano*

En enero 2019, el aún candidato a la presidencia, Nayib Bukele, afirmó que una de sus primeras acciones sería la creación de una comisión contra la impunidad que llamaría CICIES y que esperaba el acompañamiento de Naciones Unidas[1], emulando la experiencia del país vecino Guatemala, con la Comisión Internacional contra la impunidad de Guatemala (CICIG).

“Lo hemos dicho alto y claro: independientemente de si se trata de alguien de nuestro partido o de cualquier otro partido, sea quien sea, CICIES tendrá que actuar contra una persona corrupta”, dijo Bukele. Nueve meses después de asumir el gobierno, ya en contexto de covid19, el ahora presidente aseguraría también “yo mismo meteré preso a quien toque un centavo del dinero para la crisis”[2].

En el marco de su primer discurso ante las Naciones Unidas, Bukele anunció que la CICIES ya estaba instalada y había iniciado la investigación de dos casos de gran corrupción que estuvieron ligados con gestiones gubernamentales anteriores: la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral y la operación del Sistema de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS)[3]. Tan solo con una carta de intención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el nombramiento de un vocero interino, Bukele aseguró que la CICIES estaba en funcionamiento y que seguiría “fortaleciéndose para combatir la impunidad […] y la corrupción”[4].

Transcurrido su primer año de gobierno, el presidente enfrenta denuncias de, al menos, 6 hechos graves relacionados con uso irregular de fondos públicos, tráfico de influencias y nepotismo. El Fiscal General de la República ha anunciado que se han iniciado investigaciones sobre esos hechos, sin que se conozcan avances concretos a la fecha. Por su parte, Bukele contradiciendo sus propias declaraciones, no ha puesto a disposición de la Fiscalía a los funcionarios señalados, tampoco ha colaborado abiertamente con la Fiscalía en estas investigaciones, ni siquiera se ha pronunciado públicamente a favor del esclarecimiento de estos presuntos delitos. Un caso particular toca al círculo más cercano de Bukele: el que involucra a su comisionada presidencial, Carolina Recinos, sobre la cual ha trascendido que ha contratado a sus hermanos en cargos públicos y una hermana ha sido favorecida con el otorgamiento de un préstamo en Banco de Desarrollo[5], aún contra un dictamen de su Comité de Créditos al detectar conflicto de intereses.

En casos de uso de fondos públicos para favorecer empresas y negocios privados de sus funcionarios aprovechando decretos de emergencia nacional y calamidad por el covid19, para saltarse la observancia a la Ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública (LACAP) y violentando normas de la Ley de Ética Gubernamental, el presidente anunció que “su” CICIES auditará e investigará estos hechos.

En medio de estas denuncias, a las que van sumándose cada semana el descubrimiento de nuevos hechos, la pregunta que muchos se hacen es si realmente la CICIES del presidente Bukele es la instancia competente para investigar con transparencia, independencia e imparcialidad a los propios funcionarios del gobierno que la controla. Más aún, valdría la pena cuestionarnos si la CICIES actual es una instancia legal y legitima para dar garantía de que los hechos que investigue no quedarán impunes. Y es que, en realidad, en El Salvador no se cuenta con una Comisión Internacional contra la Impunidad a semejanza de la CICIG en Guatemala, que es lo que se prometió a un electorado cansado de practicas corruptas de gobiernos anteriores. La CICIES del presidente Bukele ni se acerca a las facultades y atribuciones que tuvo la CICIG, ni siquiera a las atribuciones y funciones que tuvo la otra experiencia regional más cercana, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Para empezar, tanto CICIG como MACCIH, contaron con avales de sus respectivos congresos. El gobierno sugiere que no es indispensable contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa, puesto que el órgano ejecutivo está facultado para suscribir acuerdos con instancias internacionales. Tal aseveración no es del todo cierta. Si bien el artículo 168 inciso 4 de la Constitución salvadoreña faculta al Ejecutivo de “[c]elebrar tratados y convenciones internacionales”, los mismos deben someterse a ratificación de la Asamblea Legislativa, la cual también está facultada para “denegar su ratificación”, conforme el artículo 131 inciso 7 del mismo cuerpo legal. Este vacío no da al acuerdo de CICIES firmado por el gobierno con la OEA carácter de Ley de la República, conforme el artículo 144 de la constitución[6].

Otro aspecto esencial son las facultades para la investigación y activación para la judicialización de casos con las que contaron CICIG y –aunque con menor fuerza– la MACCIH, así como la creación dentro de las fiscalías respectivas, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Guatemala y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) en Honduras, estructuras especificas con las que trabajarían asociadas estas misiones internacionales. En el caso de El Salvador, Ronalth Ochaeta ha sido claro en señalar que la CICIES solo brindará asistencia técnica a la Fiscalía. Esto es: no investigará casos, sino más bien “realizará auditorías forenses en el Ejecutivo” y, “si se encuentran indicios de delitos” se presentarán avisos a la FGR para que esta inicie investigaciones[7].

Efectivamente, la Constitución salvadoreña otorga a la Fiscalía General el monopolio del ejercicio de la acción penal, así como la dirección en la investigación del delito. Sin embargo, Ochaeta aseguró que el órgano ejecutivo estaba en la disposición de presentar a la Asamblea Legislativa reformas a la normativa procesal penal en función de que CICIES pudiera ser una instancia querellante[8]. Hasta la fecha, no se ha conocido de ninguna iniciativa en ese sentido desde casa presidencial.

Sobre casos que CICIES ya se encontrase investigando, como lo había afirmado el presidente Bukele, Ochaeta afirmó que recibieron informes por parte de Casa Presidencial, pero esto no significaba que ya se estuviera trabajando sobre un caso y que ya en la Fiscalía General llevaba esos casos. “Será el señor Fiscal quien determine si en efecto él desea el acompañamiento de la CICIES”, concluyó el comisionado[9].

Cierto es que una comisión internacional contra la corrupción e impunidad no tendría porque construirse a imagen y semejanza de sus referentes cercanos como la CICIG y MACCIH. Sin embargo, también es cierto que la promesa electoral del presidente Bukele fue el de una CICIES con el sello de marca de la CICIG, caracterizada por capacidades para la investigación independiente, para activar procesos para su judicialización, con fondos proveídos desde la comunidad internacional y con estructuras nacionales específicas para la activación legal de casos.

Lejos está la CICIES de ser una comisión independiente cuando al menos parte de su funcionamiento, sus auditores, por ejemplo, no se maneja de manera transparente desde el gobierno que triangularía estos pagos como contrataciones[10]. Lejos también está la actual CICIES de liderazgos beligerantes como los de Iván Velázquez en Guatemala o Juan Jiménez Mayor en Honduras, que mantuvieron alto nivel público ante actores contrarios de manera abierta o solapada a una verdadera lucha contra la impunidad. Estaría por verse, además, la competencia técnica de los equipos de esta instancia salvadoreña, pendiente aún de entregar un informe sobre auditorias realizadas al uso de fondos públicos por parte del gobierno durante la pandemia provocada por el covid19 que les ha requerido el Fiscal General, Raúl Melara.

Así pues: No, en realidad no hay una CICIES en El Salvador, aunque desde el gobierno se abandere su nombre. Lograr una verdadera comisión internacional contra la impunidad y la corrupción implica un rol activo desde la sociedad civil, cuya movilización fue capaz de ejercer la presión suficiente para la salida del expresidente Otto Pérez Molina en Guatemala o la pujanza del movimiento de “los indignados” en Honduras para la instalación de la MACCIH. Implica también una apuesta desde la comunidad internacional para que esta comisión cumpla la función de acompañar procesos y fortalecer a las instancias nacionales sin sustituirlas; e implica, en definitiva, un gobierno y sus instituciones con real voluntad política para ejercer esta función con transparencia, eficiencia, eficacia.

*Celia Medrano es periodista especializada en derechos humanos y educación para la paz. Oficial de Programas para Centroamérica en Cristosal. Ha sido directora de la Comisión de Derechos Humanos para Centroamérica (CODEHUCA); y se desempeñó como Cónsul General para El Salvador en Washington D.C., Maryland y Virginia, y como Directora de Derechos Humanos y Gestión Humanitaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores en El Salvador.


[1] Aleman, Marcos. Associated Press.. 07/30/2019. AP Interview: El Salvador’s leading candidate targets graft
https://apnews.com/29895f0a48664c92a9b38e9a6dbb9c47

[2] Javier, Oscar. La Prensa Gráfica. 03/18/2020. Bukele advierte que el mismo meterá preso a cualquier funcionario que se atreva a robarse las donaciones del país. https://noticiassv.com/bukele-advierte-que-el-mismo-metera-preso-a-cualquier-funcionario-que-se-atreva-a-robarse-las-donaciones-del-pais/

[3] Laínez, Luis. La Prensa Gráfica. 09/25/2019. CICIES ya investiga primeros casos de presunta corrupción.
https://www.laprensagrafica.com/internacional/CICIES-ya-investiga-primeros-casos-de-presunta-corrupcion-20190924-0532.html

[4] Ídem.

[5] Lemus, Efrén. El Faro. 06/24/2020. Bandesal dio crédito a hermana de comisionada presidencial pese a detectar conflicto de interés. https://elfaro.net/es/202006/el_salvador/24582/Bandesal-dio-cr%C3%A9dito-a-hermana-de-comisionada-presidencial-pese-a-detectar-conflicto-de-inter%C3%A9s.htm

[6] Constitución de la República de El Salvador (1983)

[7] Diario El Mundo. 12/16/2019. Cicies “no investigará casos” de corrupción solo “dará asistencia técnica” a FGR. https://diario.elmundo.sv/cicies-no-investigara-casos-de-corrupcion-solo-dara-asistencia-tecnica-a-fgr/

[8] Ídem

[9] El Diario de Hoy. 16/12/2019. Comisionado aclara que la CICIES «no investigará casos» y solo dará asistencia a la FGR.
https://elsalvadorgram.com/2019/12/comisionado-aclara-que-la-cicies-no-investigara-casos-y-solo-dara-asistencia-a-la-fgr/

[10] Sandoval, Wilson. Foro “El modelo de Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad que El Salvador necesita”. 07/30/2020.

Foto: @OEA_CICIES / Twitter

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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