Celia Medrano*
En enero 2019, el aún candidato a la presidencia, Nayib Bukele, afirmó que una de sus primeras acciones sería la creación de una comisión contra la impunidad que llamaría CICIES y que esperaba el acompañamiento de Naciones Unidas[1], emulando la experiencia del país vecino Guatemala, con la Comisión Internacional contra la impunidad de Guatemala (CICIG).
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Last week, as the number of COVID-19 cases in El Salvador climbed to at least 32, Salvadoran Congress approved a two-billion dollar loan for emergency government funding to combat the pandemic. Because Congress approved the funds during a state of emergency, the executive branch has more discretion in how the money is spent than it would under normal conditions. At the same time, government restrictions on freedom of the press have been ramped up, making it more difficult for journalists to obtain and share information. Salvadoran civil society is already monitoring these actions for potential corruption; however, the increased powers afforded to the executive branch – and increased restrictions on civil society – in the current crisis mean that now, more than ever, El Salvador must have effective anti-corruption mechanisms in place. The International Commission Against Impunity in El Salvador (CICIES), established last year, should be playing a visible and vigilant role right now; in this article, DPLF outlines some of the major concerns about CICIES, its formation, and its current status, all of which may impede its ability to play such a role.
La semana pasada, mientras el número de casos de COVID-19 en El Salvador asciende a al menos 32, el Congreso salvadoreño aprobó un préstamo de dos mil millones de dólares para que el gobierno combata la pandemia. Dado que estos fondos se otorgan durante un estado de emergencia, el poder Ejecutivo tiene más discrecionalidad sobre cómo se gasta el dinero, de lo que tendría en condiciones ordinarias. Por lo anterior, tanto la prensa como la sociedad civil ya están monitoreando el uso de esos fondos, sin embargo, el aumento de los poderes otorgados al Ejecutivo, y las mayores restricciones para obtener información en la crisis actual, van a dificultar la rendición de cuentas y es por eso que ahora, más que nunca, El Salvador debe tener mecanismos efectivos de lucha contra la corrupción. La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), establecida el año pasado, debería estar desempeñando un papel visible y vigilante en este momento; en este artículo, DPLF describe algunas de las principales preocupaciones sobre CICIES, su formación y su estado actual.
