Resarciendo daños en El Salvador: la experiencia de reparaciones a víctimas de la guerra

Leonor Arteaga*

¿Se puede devolver un ser querido ejecutado a su familia? ¿Es posible borrar las huellas físicas y psicológicas de una tortura? ¿Cómo “regresarle” el proyecto de vida arrebatado a una persona desaparecida? Son algunas de las preguntas frecuentes que surgen cuando hablamos de “reparación” en casos de crímenes atroces, de sistema. Aunque dolorosa, la respuesta obvia es que no es posible retornar a la misma situación en la que nos encontrábamos antes de que se cometieran esas crueldades. Lo que sí es posible, y necesario, es encontrar formas de dar nuevo sentido a lo vivido, mediante acciones desde lo social y público que compensen el daño sufrido, las cuales deben tener un sustento común: el reconocimiento de lo acontecido, el valor de la persona o personas afectadas y el trato con dignidad.

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La otra historia: el robo de niños y niñas en la guerra de El Salvador

Héctor Rosemberg* y Leonor Arteaga Rubio**

En el contexto de la guerra civil que vivió El Salvador, desde al menos 1980 hasta 1992[1], gran parte de la población salvadoreña fue objeto de innumerables violaciones a los derechos de humanos, por ser considerada por el gobierno y la fuerza armada como simpatizantes y semilleros de la guerrilla. En particular, la práctica de la desaparición forzada fue utilizada desde los años setenta como un mecanismo de persecución de opositores políticos y, posteriormente, en los ochenta como una importante estrategia de la política contrainsurgente, planificada y ejecutada desde las altas esferas del poder político, militar y empresarial, con el apoyo del aparato de seguridad del Estado y de sus estructuras paramilitares[2].

Una de las más horrorosas facetas de ese accionar represivo consistió en el robo y sustitución de identidad de niños y niñas, hijos e hijas de quienes se perseguía, desaparecía o mataba. En la gran mayoría de casos se les mantenía con vida[3] para que luego los perpetradores o sus familias se los apropiaran; o eran entregados a otras familias allegadas que simplemente los “inscribían” como hijos propios; o bien eran llevados a distintas instituciones del circuito jurídico de niñez de la época para ser dados en adopciones pseudo legales, tanto dentro de El Salvador como adopciones internacionales.

El mayor número de desapariciones de niños y niñas se registró entre 1980 y 1984[4].  Las personas afectadas eran en su mayoría muy pequeñas, pues eran menos capaces de protegerse, huir o esconderse del peligro[5]. Además, las posibilidades de que fueran consideradas como enemigos por las fuerzas armadas eran menores[6].

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El sistema de controles policiales en El Salvador: ¿el gran ausente?

Leonor Arteaga y Sonia Rubio-Padilla*

En El Salvador, el enfoque represivo que ha caracterizado las políticas de seguridad pública impulsadas por sucesivas administraciones gubernamentales –de diferentes ideologías políticas– ha propiciado la comisión de torturas, ejecuciones extralegales, feminicidios y agresiones sexuales contra mujeres y población LGBTI, por parte de agentes policiales[1], que generalmente no son adecuadamente investigadas por la misma policía.  A este preocupante escenario, le agregamos las dudas que genera la figura del actual Director, Mauricio Arriaza Chicas, quién ha sido cuestionado por sus antecedentes en casos de corrupción y su rol como aliado incondicional del presidente Nayib Bukele[2], así como por representar el reposicionamiento de grupos internos que responden a intereses ilícitos.

En este contexto, poco se conoce sobre el funcionamiento de los controles internos y externos de la Policía Nacional Civil (PNC) para investigar a sus miembros cuando se les atribuye la comisión de un delito o una falta disciplinaria grave. Por eso nos preguntamos: ¿cómo está formado ese sistema de controles? ¿cuál es su eficacia actual? ¿existe una intención desde el más alto nivel de mantenerlo inoperante? Responder a estas interrogantes requiere investigaciones serias y profundas; sin embargo, dada la falta de transparencia y rendición de cuentas características de la administración pública, obtener información primaria que arroje luz sobre este tema es una tarea casi imposible. Pese a ello, estamos convencidas que el esfuerzo sigue siendo válido, por eso en las siguientes líneas analizamos algunas de estas cuestiones.

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El estrecho camino de la justicia salvadoreña, a cuatro años de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía

Equipo DPLF en El Salvador

Han transcurrido más de cuatro años, desde que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que la Ley de Amnistía General de 1993 era inconstitucional[1] y que, por lo tanto, debía ser expurgada del ordenamiento jurídico de salvadoreño. En efecto, el 13 de julio de 2016 en una trascendental sentencia, el alto tribunal salvadoreño resolvió una demanda que había sido presentada tres años antes por víctimas y organizaciones de derechos humanos, como parte de una larga exigencia iniciada casi tres décadas atrás, cuando la Asamblea Legislativa de aquella época, atropelladamente, decretó una amnistía absoluta e incondicional, a pocos días de haberse hecho público el Informe de la Comisión de la Verdad[2].

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No. No hay una CICIES en El Salvador.

Celia Medrano*

En enero 2019, el aún candidato a la presidencia, Nayib Bukele, afirmó que una de sus primeras acciones sería la creación de una comisión contra la impunidad que llamaría CICIES y que esperaba el acompañamiento de Naciones Unidas[1], emulando la experiencia del país vecino Guatemala, con la Comisión Internacional contra la impunidad de Guatemala (CICIG).

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Autoritarismo presidencial: una amenaza a la salud de la democracia

Juan Carlos Sánchez*

Desde el principio de su mandato, el presidente Nayib Bukele ha enviado señales preocupantes que han encendido alarmas en amplios sectores nacionales y en la comunidad internacional, que van desde dictar importantes órdenes ejecutivas vía Twitter, amenazar militarmente a la Asamblea Legislativa, desconocer fallos judiciales o atacar inescrupulosamente a quienes considera sus adversarios políticos.

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Los derechos humanos en tiempos de COVID-19

Abraham Abrego*

El Salvador fue uno de los primeros países en reaccionar ante la pandemia del COVID-19, cerrando las fronteras y estableciendo una amplia cuarentena domiciliar. Esto le trajo reconocimientos al Presidente Nayib Bukele, quien goza de alta popularidad en el país, pero también críticas, como veremos.

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América Latina: Derechos civiles y políticos en tiempos de pandemia

David Lovatón Palacios*

Esta nota analiza muy brevemente qué está pasando en América Latina en torno a la restricción de derechos civiles e incluso políticos, en el marco de las diversas medidas excepcionales -pero justificadas- de emergencia adoptadas para enfrentar la pandemia mundial del Covid19. Para ello me he apoyado en excelente notas nacionales escritas por mis colegas de DPLF y algunos destacados invitados, cuyos enlaces aparecen al final de esta nota.

Antes de entrar al tema permítanme la siguiente reflexión: esta pandemia y las medidas restrictivas adoptadas, han sumado más precariedad, sufrimiento y hambre a millones de compatriotas latinoamericanos. Si bien las restricciones al libre tránsito, a la libertad de trabajo, a la libertad de reunión, entre otras, son legítimas pues por el momento el distanciamiento social es la única arma contra este virus, debemos ser consciente que millones de personas en América Latina sobreviven gracias al trabajo callejero o a empleos informales. Es inaceptable que para muchos en AL el dilema sea o que los mate el hambre o el coronavirus. En ese sentido, a partir de esta emergencia, el continente debería retomar un serio debate sobre la pertinencia de un Estado social o de bienestar, sin corrupción, que brinde servicios públicos básicos como salud.

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From hope to skepticism: The International Commission Against Impunity in El Salvador (CICIES)

Last week, as the number of COVID-19 cases in El Salvador climbed to at least 32, Salvadoran Congress approved a two-billion dollar loan for emergency government funding to combat the pandemic. Because Congress approved the funds during a state of emergency, the executive branch has more discretion in how the money is spent than it would under normal conditions. At the same time, government restrictions on freedom of the press have been ramped up, making it more difficult for journalists to obtain and share information. Salvadoran civil society is already monitoring these actions for potential corruption; however, the increased powers afforded to the executive branch – and increased restrictions on civil society – in the current crisis mean that now, more than ever, El Salvador must have effective anti-corruption mechanisms in place. The International Commission Against Impunity in El Salvador (CICIES), established last year, should be playing a visible and vigilant role right now; in this article, DPLF outlines some of the major concerns about CICIES, its formation, and its current status, all of which may impede its ability to play such a role.

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De la esperanza al escepticismo: La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES)

La semana pasada, mientras el número de casos de COVID-19 en El Salvador asciende a al menos 32, el Congreso salvadoreño aprobó un préstamo de dos mil millones de dólares para que el gobierno combata la pandemia. Dado que estos fondos se otorgan durante un estado de emergencia, el poder Ejecutivo tiene más discrecionalidad sobre cómo se gasta el dinero, de lo que tendría en condiciones ordinarias. Por lo anterior, tanto la prensa como la sociedad civil ya están monitoreando el uso de esos fondos, sin embargo, el aumento de los poderes otorgados al Ejecutivo, y las mayores restricciones para obtener información en la crisis actual, van a dificultar la rendición de cuentas y es por eso que ahora, más que nunca, El Salvador debe tener mecanismos efectivos de lucha contra la corrupción. La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), establecida el año pasado, debería estar desempeñando un papel visible y vigilante en este momento; en este artículo, DPLF describe algunas de las principales preocupaciones sobre CICIES, su formación y su estado actual.

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