Las paradojas de la justicia en El Salvador: el caso Saca

Xenia Hernández*

En septiembre de 2018, el expresidente de El Salvador entre los años 2004 y 2009, Elías Antonio Saca, fue condenado a 10 años de prisión por un tribunal penal, por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Deberá devolver al Estado $260 millones de dólares, de los $301 millones a los que, según investigaciones periodísticas, ascendería lo sustraído. El caso ha estado en el centro de la atención pública, ya que esta es la primera vez en la historia salvadoreña que un exmandatario recibe una condena por actos de corrupción realizados durante su administración[1]; pero también por los cuestionados resultados del trabajo de investigación y persecución penal de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Ocho propuestas para enfrentar la corrupción en El Salvador

Sidney Blanco*

El 29 de agosto de 2018, en el Encuentro Nacional Anticorrupción que se llevó a cabo en la ciudad de San Salvador, presenté públicamente ocho propuestas que podrían coadyuvar a fortalecer la independencia de la justicia y el combate a la corrupción en El Salvador. Algunas de estas propuestas requerirían reformas constitucionales, mientras que otras podrían implementarse con reformas legales o reglamentarias. Pero todas ellas, vienen formuladas a partir de mi experiencia y conocimiento directo de la forma en que opera el fenómeno de la corrupción.  Propongo lo siguiente:

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De Sepur Zarco a El Mozote: en búsqueda de la justicia con sentido de mujer

Leonor Arteaga*

Publicado originalmente en El Faro.

Todas somos Sepur Zarco, repetía una frase de la Alianza rompiendo el Silencio y la Impunidad, simbolizando así la solidaridad con las mujeres que vivieron repetidos abusos, trabajos forzados y violaciones sexuales que tomaron forma de esclavitud, en la base militar del mismo nombre, que operó entre 1982 y 1986, en el marco del conflicto armado en Guatemala. Todas ellas fueron abusadas mientras sus maridos, que reclamaban la tierra, habían sido desaparecidos, detenidos o asesinados. Sigue leyendo

El asesinato de los cuatro periodistas holandeses en El Salvador: Un caso paradigmático de violación a la libertad de expresión

Vladimir Saldaña y Oscar Antonio Pérez

Foto de periodistas holandeses 

El 17 de marzo de 1982, durante el conflicto armado en El Salvador, cuatro periodistas de nacionalidad holandesa sufrieron uno de tantos ataques realizadas por la Fuerza Armada para sembrar terror y miedo entre la población. Sus cuerpos quedaron tendidos en el césped y junto a ellos las únicas “armas” que le acompañaban: su cámara, plumas y libretas.

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Prisiones salvadoreñas: el retrato de una crueldad extraordinaria

Marien Rivera

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Old steel door that open to the outside.

Juan cumplió veinte años hace un mes. Como regalo de cumpleaños, su madre consiguió que un abogado lo trasladara del penal de Izalco al de Apanteos, en El Salvador. Juan lleva ya un año y medio en prisión preventiva y su audiencia de juicio se ha pospuesto por tercera vez. Formalmente, lo acusan de pertenecer a una célula de la pandilla 18 que se dedica a la extorsión, aunque, en realidad, el error más grave que ha cometido Juan es vivir en el empobrecido barrio de Las Palmas; escenario común de redadas masivas contra jóvenes presuntamente pandilleros.

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Masacre en la UCA: la larga batalla por la justicia

Leonor Arteaga

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En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, seis sacerdotes jesuitas -Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Joaquín López y López, Amando López, y Juan Ramón Moreno-, junto a su empleada Julia Elba Ramos y su hija Celina Mariceth Ramos, fueron asesinados en el interior de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), a manos de la Fuerza Armada de El Salvador.

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En El Salvador: ¿ha llegado la hora de las personas desaparecidas en el conflicto armado?

Leonor Arteaga, Oficial Sénior de Programa, DPLF

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Foto: Our Parents Bones

 El 16 de enero de 2017 se cumplirán 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz que dieron fin a la guerra de 12 años en El Salvador. El gobierno ha puesto en marcha un plan para su conmemoración. La iniciativa es valiosa, pero las notas celebrativas de paz resultan agridulces en un país que no ha lidiado exitosamente con el legado de masivas violaciones a los derechos humanos. Una significativa deuda es la falta de esclarecimiento de las desapariciones. La Comisión de la Verdad documentó cerca de 5,000 casos, pero según registros de la sociedad civil son más de 10,000. La mayoría detenidos o secuestrados por actores estatales y probablemente asesinados con posterioridad. Muchos fueron enterrados en fosas secretas y a sus familiares se les negó todo conocimiento de lo que les pasó. Ni un solo caso ha sido resuelto por acciones estatales[1].

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