La reelección presidencial en El Salvador

Daniel Olmedo*

El 1 de mayo de 2021 la Asamblea Legislativa de El Salvador, sin procedimiento previo, destituyó a magistrados y magistrada del tribunal constitucional: la Sala de lo Constitucional (SC). La SC de inmediato declaró inconstitucional tal destitución, pero la asamblea desobedeció la orden judicial. Nombró a otras personas en el tribunal, y estas, apoyadas de la fuerza policial, ocuparon el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Hoy continúan operando como si fueran magistrados del tribunal constitucional.

Ese órgano de facto –que aquí denominaremos Sala de lo Constitucional impuesta (SCi)– ha firmado durante todo este tiempo documentos que pretende hacer pasar por legítimas resoluciones judiciales. Uno de ellos fue el emitido el 3 de septiembre de 2021 –que aquí llamaremos la presunta resolución–. En él, la SCi autorizó la reelección presidencial inmediata, aún cuando la Constitución salvadoreña la prohíbe expresamente. Lo mismo ya habían hecho Daniel Ortega (Nicaragua) en 2009, y Juan Orlando Hernández (Honduras) en 2015.

La vigente Constitución salvadoreña de 1983 reconoce el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia; lo que implica prohibir la reelección presidencial inmediata. Desde 1841, ocho constituciones consistentemente han recogido una postura similar; pero hubo un deleznable paréntesis: en 1939 el dictador Maximiliano Hernández Martínez aprobó una nueva Constitución y autorizó la reelección presidencial «por esta única vez». El dictador se reeligió para el período 1939-1944, pero en 1944  nuevamente volvió a reformar la Constitución para eliminar la frase «por esta única vez» que él mismo había escrito años antes. Unos meses después de reelegirse, presentó su renuncia tras la insurrección no violenta conocida como Huelga de brazos caídos[1].

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Estado de excepción y populismo punitivo en El Salvador

Leonor Arteaga Rubio*

Publicado originalmente en el blog Agenda Estado de Derecho del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.

Tras un fin de semana violento en El Salvador, con más de 80 homicidios cometidos presuntamente por pandillas, a solicitud del presidente Nayib Bukele vía Twitter y sin ninguna discusión, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto de estado de excepción por 30 días -prorrogado por otros 30 días-, con el cual se suspenden derechos fundamentales como el de reunión y asociación, y otros que forman parte de las garantías judiciales: los derechos a saber los cargos que se le imputan, a contar con abogado/a, y a no confesar contra sí mismo.

Esta reacción frente a la escalada de violencia se explica, en parte, porque el gobierno de Bukele ha asentado el éxito de su política de seguridad en el descenso de la tasa de homicidios, especialmente dado que, hasta hace unos años, El Salvador ocupaba los primeros lugares en el mundo en ranking de muertes violentas. Se desconoce las razones del súbito aumento de asesinatos, pero expertos sugieren que se debe a una fractura de un pacto secreto entre este gobierno y las pandillas para reducir la violencia letal a cambio de beneficios financieros e impunidad.

Sin duda, la violencia endémica que ha enfrentado El Salvador por años, incluyendo este episodio, demandan acciones urgentes que protejan la vida y la integridad de las personas frente a la criminalidad; pero, este estado de excepción y las otras medidas represivas adoptadas han levantado alarmas nacionales e internacionales debido a que contradicen los más básicos derechos humanos. Cabe recordar, que estas recientes decisiones de la actual administración se dan en un contexto de deterioro del Estado de derecho y cooptación del sistema judicial.

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Five meanings of #1M for El Salvador

Ursula Indacochea*

Versión en español aquí.

On May 1, 2021, the Legislative Assembly of El Salvador resolved -as the first act in its first session- to remove all the magistrates and alternate magistrates of the Constitutional Chamber and the Attorney General of the Republic from their positions, and to directly appoint their replacements, placing in these positions a group of lawyers and a lawyer, respectively, related to their interests. These acts were unanimously condemned by international human rights organizations and civil society organizations throughout the region, as a repetition of the disastrous authoritarian experiences of the past and as a current threat to hemispheric democracy. One year later, the impacts of these actions have been manifold; some of them have become clearer with the passage of time. In this article I offer five approaches to these events with the purpose of making their different effects visible. 

1. Serious violations of all the guarantees of judicial independence

International human rights law guarantees judicial independence, both at the institutional level (of the judiciary as a whole) and at the personal level (of each individual judge). Various bodies, both of the United Nations system and the Inter-American system, have developed the contents of this guarantee: (i) an adequate appointment process, (ii) the guarantee of irremovability and (iii) the guarantee against external pressures. 

The events of May 1 violated all of these, without exception. The removal of high magistrates, based on the content of their decisions, without a serious cause previously established by law, and without due process, violated the guarantee of the irremovability of the members of the Constitutional Chamber. The pressures that forced the voluntary resignations of almost all the legitimate magistrates of this body -through letters with identical wording-, and the use of public force to take over the facilities of the Supreme Court of Justice and prevent them from entering their offices (in addition to installing their replacements), violated the guarantee against external pressures. Finally, the direct appointment without following the selection mechanism foreseen in the internal rules violated the guarantee of an adequate selection process.

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Cinco significados del #1M para El Salvador

Úrsula Indacochea*

English version here.

El 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador resolvió –como primer acto en su primera sesión– remover de sus cargos a la totalidad de magistrados y magistradas titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, y designar directamente a sus reemplazos, colocando en estos cargos a un grupo de abogados y una abogada afines a sus intereses. Estos actos fueron condenados de forma unánime por organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones civiles de toda la región, como una reedición de las nefastas experiencias autoritarias del pasado y como una amenaza actual a la democracia hemisférica. Un año después, sus impactos han sido múltiples; algunos de ellos han podido verse con mayor claridad con el paso del tiempo. En este artículo ofrezco cinco aproximaciones a estos hechos con el propósito de visibilizar sus distintos efectos. 

1. Violaciones graves a todas las garantías de la independencia judicial

El derecho internacional de los derechos humanos garantiza la independencia judicial, tanto a nivel institucional (del Órgano Judicial como un todo) como a nivel personal (de cada uno de los jueces y juezas de forma individual). Diversos organismos, tanto del sistema de las Naciones Unidas como del sistema interamericano, han desarrollado los contenidos de esta garantía: (i) un adecuado proceso de nombramiento, (ii) la garantía de la inamovilidad y (iii) la garantía frente a presiones externas. 

Los hechos del 1 de mayo vulneraron todas ellas, sin excepción. La remoción de altas magistraturas, basada en el contenido de sus decisiones, sin que exista una causa grave previamente establecida en la ley, y sin un debido proceso, violó la garantía de la inamovilidad de quienes integraban la Sala de lo Constitucional. Las presiones que forzaron las renuncias voluntarias de casi todos los magistrados legítimos de este órgano –mediante cartas con una redacción idéntica–, y el uso de la fuerza pública para tomar las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia e impedirles el ingreso a sus despachos (además de instalar a sus reemplazos), violó la garantía frente a presiones externas. Finalmente, la designación directa y sin seguir el mecanismo de selección previsto en las normas internas violó la garantía que exige un adecuado proceso de selección.

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Apoyar sin revictimizar: Los desafíos del acompañamiento psicosocial

Héctor Rosemberg Aparicio*

Podemos entender la revictimización desde el concepto del trauma psicosocial: “Etimológicamente, trauma significa herida. En psicología, se suele hablar de trauma para referirse a una vivencia o experiencia que afecta de tal manera a la persona que la deja marcada, es decir, deja en ella un residuo permanente… se utiliza el término nada usual de trauma psicosocial para enfatizar el carácter esencialmente dialéctico de la herida causada por la vivencia prolongada de una guerra”[1].  Por tanto, toda persona expuesta a una situación crítica, como un conflicto armado, tiene un daño emocional extremo, que trasciende a todas las personas que están a su alrededor y perdura hasta que no siga un proceso reparador. Cuando el Estado vuelve sobre este trauma, ya sea de forma directa con sus acciones o discursos, pero también con la pasividad y silencio sobre las víctimas, entonces revictimiza y sigue dañando, causando más dolor.

Lo anterior puede ocurrir con alguna frecuencia en los equipos estatales dedicados a implementar programas de reparación o la búsqueda de personas desaparecidas, pues por un lado son quienes llevan más alivio a las víctimas, pero en sus intervenciones también pueden ser los más propensos a revictimizar. Por eso vale la pena recordar a Martín Baró cuando nos dice que “todos los equipos implicados en procesos de búsqueda de personas desaparecidas e investigaciones forenses deben ante todo garantizar que no se generará más daño a las víctimas, sino que se fomentará la realización de acciones que tengan un carácter reparador[2]”.

El Salvador es un país de víctimas y también de experiencias y aprendizas sobre acompañamiento psicosocial, desde la sociedad civil y desde el estado. Ese país sufrió por alrededor de doce años (1980-1992) una guerra civil, siendo las principales causas las condiciones sociales, la desigualdad económica y con ello la represión política. Se le puso fin con los Acuerdos de Paz entre la entonces guerrilla del FMLN y el gobierno salvadoreño firmados en Chapultepec, México. Se sabe que la violencia política de ese periodo dejó al menos 75, 000 víctimas, entre ellas varios miles de personas desaparecidas, incluyendo niños y niñas. 

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El Salvador and the false discourse on judicial independence

Ursula Indacochea Prevost*

Versión en español aquí.

Last Wednesday, March 16, a public hearing was held before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) to address the situation of judicial independence in El Salvador. In it, the petitioning organizations presented to this international body a reading of various decisions, facts and arbitrary reforms that occurred in 2021, as a strategy to capture the justice system, executed with the deliberate aim of neutralizing its ability to control power and protect human rights

The State, for its part, deployed an opposite narrative: all these acts would have obeyed, rather, to the objective of «strengthening and modernizing» a justice system «inefficient and conducive to widespread impunity». In this note, I intend to answer some of these arguments to demonstrate that there are reasonable grounds to consider that the state’s commitment to judicial independence is not sincere or, even, that there is a manipulation or appropriation of the discourse in defense of judicial independence, for purposes contrary to those stated.

As a starting point, it is worth briefly summarizing the civil society approach. It was argued that the Salvadoran justice system -which includes both the judiciary and the Attorney General’s Office- has been the object of a strategy of capture by the political power currently in government, executed in various stages. 

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El Salvador y el falso discurso por la independencia judicial

Úrsula Indacochea Prevost*

English version here.

El pasado miércoles 16 de marzo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevó a cabo una audiencia pública para tratar la situación de la independencia judicial en El Salvador. En ella, las organizaciones solicitantes planteamos frente a este organismo internacional una lectura de diversas decisiones, hechos y reformas arbitrarias ocurridas en 2021, como una estrategia de captura del sistema de justicia, ejecutada con la finalidad deliberada de neutralizar su capacidad de controlar al poder y proteger los derechos humanos

El Estado, por su parte, desplegó una narrativa opuesta: todos estos actos habrían obedecido, más bien, al objetivo de “fortalecer y modernizar” un sistema de justicia “ineficaz y favorecedor de la impunidad generalizada”. En esta nota, me propongo contestar algunos de esos argumentos para demostrar que existe motivos razonables para considerar que el compromiso estatal con la independencia judicial no es sincero o, incluso, que existe una manipulación o apropiación del discurso de defensa de la independencia judicial, para fines contrarios a los que se enuncian.

Como punto de partida, vale la pena resumir brevemente el planteamiento de la sociedad civil. Se planteó que el sistema de justicia salvadoreño –que incluye tanto el órgano judicial como a la Fiscalía General de la República– habría sido objeto de una estrategia de captura por parte del poder político actualmente en el gobierno, ejecutada a través de diversas etapas. 

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Pegasus: ¿la “legalización del espionaje” en El Salvador?

Julia Gavarrete*

English version here.

En El Salvador, 35 personas -entre periodistas y activistas- fueron intervenidas con Pegasus. Solo en el periódico El Faro, fuimos 22. Así lo revelamos el 13 de enero de 2022, luego de tres meses de haber sometido a análisis exhaustivos nuestros  celulares. Se trató de un espionaje a través de un software sofisticado denominado Pegasus, capaz de entrar a los teléfonos, infectarlos y tener acceso a todo: información, videos, fotografías, mensajes de texto. Todo significa todo. Citizen Lab y Access Now fueron las dos organizaciones que analizaron nuestros dispositivos telefónicos desde el inicio. Ambas concluyeron el “obsesivo espionaje” al que estuvo sometido la mayor parte del personal de El Faro: 17 meses de intervenciones, de junio de 2020 a noviembre de 2021, y en algunos casos de manera ininterrumpida. Desde la dirección, jefaturas editoriales, personal administrativo y periodistas intervenidos. En esos meses, quienes tuvieron acceso a nuestra información, conocieron los lugares que frecuentamos -con solo echar un vistazo a la geolocalización- y hasta de nuestros problemas familiares. Suficientes detalles como para iniciar una investigación seria para identificar quién estaría detrás y activar las alarmas de un país entero, ¿no? Lo digo de esta manera porque, al menos, eso es lo que pasó en Polonia, donde cinco casos de espionaje bastaron para generar un gran escándalo. 

La noticia de espionaje en Polonia ocurrió casi de manera paralela a la de El Salvador. Cuando en el país se revelaba que 35 personas fueron espiadas con un programa que cuesta millones de dólares y que, según NSO Group, la empresa fabricante, solo se vende a gobiernos y aparatos de seguridad del Estado, el Senado polaco ya había instalado una discusión sobre el uso del software en contra de miembros de la oposición, entre otros funcionarios. John Scott-Railton, uno de los investigadores de Citizen Lab, y quien lideró la investigación en El Salvador, fue entrevistado por el Senado de Polonia. A él se le preguntó sobre el uso de este programa y sus alcances. De ahí que el Senado pidió al gobierno de Polonia que investigara de dónde provenía el espionaje, contra quiénes se usó, además de considerar como necesidad urgente el promulgar leyes que impidan que un espionaje de este nivel vuelva a pasar. 

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El medio ambiente en peligro ante la desprotección por la nueva Sala de lo Constitucional en El Salvador

Sandra Santos*

Según el artículo 246 de la Constitución de El Salvador, toda persona puede pedir amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por violación de los derechos que ella le otorga. A finales del año 2021, el Tribunal admitió cuatro demandas de amparo relacionadas al permiso ambiental concedido a una empresa particular para ejecutar el proyecto urbanístico llamado “Valle El Ángel” en el municipio de Apopa, departamento de San Salvador.  Por ello, es importante analizar si dichas decisiones implican un retroceso o un avance en la jurisprudencia constitucional.

El derecho al medio ambiente es un derecho fundamental que conlleva las siguientes facultades: (i) al goce de los recursos naturales, (ii) a que tal medio se preserve y (iii) a ser protegido frente a amenazas o lesiones a los dos derechos anteriores.

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Bitcoin y ciudadanía: ¿en dónde quedó la participación?

Wilson Sandoval*

Mucho se ha venido hablando del bitcoin en El Salvador. Por una parte, el Ejecutivo que controla el “poder de agenda” ha posicionado el tema desde la perspectiva “ganadora” que genera bienestar económico de la población y de “libertad e inclusión” que la ciudadanía puede tener frente a la banca tradicional, al punto de que el mismo presidente de la República se encarga desde sus redes sociales de exponer constantemente las “bondades” del activo virtual. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil, la academia e incluso organismos multilaterales también han generado debate y cuestionamiento en torno al tema, especialmente en lo que respecta a los riesgos que puede implicar el uso del bitcoin gracias a su gran volatilidad, así como de las amenazas en relación con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Sin embargo, más allá de continuar con los enfoques previos -centrados en el apartado económico y de gestión de riesgos del activo-, es importante hacer destacar un elemento que ha tenido poca cabida en la discusión que orbita el bitcoin: el proceso de formación de ley. Al revisar cual fue el proceso seguido para introducir a la denominada “Ley Bitcoin” en el sistema jurídico salvadoreño, es posible identificar ciertos aspectos que evidencian no solo la violación a diferentes principios que deben converger para garantizar la cabida del pluralismo de la sociedad en la aprobación de una ley, sino que también la supresión de la participación ciudadana de cara a una ley que implica un impacto directo en la economía salvadoreña y por consecuencia en la calidad de vida de las y los salvadoreños.

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