Fernando M. Fernández*

El informe presentado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ante la 48ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos, se refiere en casi su totalidad a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Lamentablemente, su análisis sobre la situación de los DESCA en Venezuela lo hace sin profundizar en el contexto –que no estuvo bien documentado– y usando una metodología que no fue la más sólida.

En cuanto a los derechos civiles y políticos (DCP), el informe reitera todo lo dicho anteriormente en otros reportes y arroja nuevos datos, especialmente en materia de detenciones y persecución a defensores de derechos humanos y sindicalistas, entre otros graves asuntos. En el tema de los derechos de los pueblos indígenas, atina a mantener la vigilancia de este sector vulnerable. El gobierno rechazó inmediatamente estos señalamientos. Hecha esta observación, se continúa con los comentarios sobre los DESCA. 

En el punto 3, el informe indica que sus fuentes son: “… información recopilada y analizada por el ACNUDH, incluso sobre la base de entrevistas a víctimas y testigos, así como de reuniones con funcionarios del gobierno y organizaciones de la sociedad civil. El informe consideró información y datos oficiales proporcionados por el gobierno, incluyendo un cuestionario enviado por el ACNUDH para los fines del informe.” En otras palabras, no hubo una investigación propia y exhaustiva de la cronología de los hechos, ni sobre causas y efectos sobre los DESCA.

El informe se acopla con lo expresado anteriormente por la Relatora de la ONU sobre Sanciones Unilaterales, la Sra. Douhan, acerca de las “medidas coercitivas unilaterales”. Según el informe, la culpa de todo la tienen las sanciones que agravaron la crisis, en consonancia con lo que dice el gobierno en la remisión de la Situación II, bajo estudio de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional (CPI).

El presente análisis no significa que el autor apoye directa o indirectamente que se sancione a determinadas personas naturales o jurídicas. Solo aspira a tener una visión objetiva de la realidad. Tampoco se niega que las sanciones impacten en la economía. Lo que se afirma es que este impacto debe ser contextualizado y tomar en consideración temas mucho más poderosos e influyentes, como la Gran Corrupción y el despilfarro crónico de estos últimos años. 

El informe no indica que haya consultado a expertos independientes de las disciplinas necesarias según los hechos abordados en el contenido del informe, tales como la economía, el derecho, la historia, la sociología y la ciencia política, al menos. De haberlo hecho, quizás se habría enterado con precisión de la cronología de los eventos, de las causas y los efectos sobre los DESCA. 

No se menciona siquiera los problemas estructurales y de fondo que causan la crisis económica y que han deteriorado los DESCA: un modelo político y jurídico que fracasó. En Venezuela se repitió en estos 22 años el patrón ideológico y se reprodujeron los mismos efectos empobrecedores de la población de gobiernos que han aplicado políticas basadas en la ideología marxista: la URSS y sus países satélites, la China de Mao, Vietnam, Cuba, República Democrática Alemana, etc. La lucha de clases, las expropiaciones, la dictadura del proletariado, el militarismo y la economía planificada han fracasado en todas partes porque impiden todo tipo de libertades y derechos humanos, no solo los económicos y patrimoniales.

El informe no identifica cómo, en el periodo analizado (1º de junio 2020 a 30 de junio 2021), se han radicalizado las políticas, en términos de avanzar sin freno alguno en las leyes comunales y los Planes de la Patria, en abierta oposición a la Constitución y en franca violación de los DCP, como lo han advertido expertos y ONG calificadas de derechos humanos. Tales leyes y planes buscan sustituir el régimen democrático por un sistema socialista. Tampoco detecta los acontecimientos derivados de la acción erosiva e inconstitucional de la Asamblea Constituyente, que sustituyó al órgano legislativo y usurpó sus funciones desde 2017 a diciembre de 2020. 

Debe destacarse la promulgación de la Ley Antibloqueo en octubre de 2020 con importantes efectos sobre la economía y los DESCA, al permitir la “inaplicación de normas legales” algo que no tiene sentido jurídico: las leyes son para aplicarse. De no ser necesarias, las leyes deben derogarse o anularse; de lo contrario, campea la inseguridad jurídica que es el espantapájaros de las inversiones perdurables y que generan empleos. Pero, es muy atractiva para aquellas provenientes del delito y la corrupción, que si necesitan de la discrecionalidad y las prerrogativas.  

El informe no menciona la Gran Corrupción que dio origen a la quiebra del Fisco Nacional ni a los grandes juicios actualmente en curso en otras jurisdicciones por casos de Gran Corrupcion cometidos por funcionarios públicos venezolanos. El fenómeno de la Gran Corrupción en Venezuela, el mayor del mundo en el siglo XXI está muy bien documentado y verificado por Transparencia Internacional^[1]. Este fenómeno criminal empobreció a toda la población y barrió con la clase media. Resultado: 96% de pobreza como ha identificado la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Como contraste, en Venezuela se ha creado una nueva elite económica (4%) con claros signos exteriores de riqueza súbita e inexplicable: carros de lujo, viviendas, edificios sin inquilinos, casinos, etc.

El informe tampoco menciona la mala administración de los ingresos petroleros de un billón de US$; todavía sin explicación alguna y sin rendición de cuentas de nadie. El vínculo de interdependencia de la corrupción con los derechos humanos está muy bien documentado y verificado, también. En Venezuela es notorio y flagrante, no necesita demostración, pero no se menciona en el informe.

Menos aún se menciona la hiperinflación incontenible y exacerbada por el gobierno y sus políticas financieras. Es obvia la falta grave de una metodología adecuada al no incluir esta variable como causa del deterioro del salario, las pensiones y otros ingresos. Sólo habla de la variable sanciones como causa de la agravación de la crisis. Efecto paradójico: se culpa a las sanciones de todo, pero la moneda nacional es inexistente. Solo hay dólares para muy pocos. Desde antes de 2008, cuando ya teníamos la mayor inflación del continente, ha habido tres reconversiones monetarias y eliminación de 14 ceros a la moneda; desde entonces se venía gestando la hiperinflación actual, mucho antes de las sanciones. 

En cuanto a la escasez de medicamentos no se dice nada sobre el impago de las deudas cambiarias de más de US$ 4,000 millones con los laboratorios desde 2012,  razón de la salida de muchos de ellos del país y del abandono de la cadena regular de suministros, luego monopolizada por el gobierno y sus aliados políticos. 

El informe no menciona que las “medidas sectoriales unilaterales” financieras y petroleras son producto de la Gran Corrupción y de la infiltración en otras economías para lavar dinero mal habido en terceros países, como consta en los procesos judiciales abiertos en el exterior. Asimismo, la medida sectorial sobre venta de armas al gobierno es para evitar su uso contra la población. Pero el informe aboga por la eliminación de las medidas sectoriales de forma descontextualizada.

De eliminarse las medidas, ¿regresaríamos a los tiempos felices? No, dado que los problemas estructurales y de fondo que actuaron como causas eficientes de la crisis venezolana se han radicalizado y profundizado. La variable sanciones no afecta lo que venía creándose con la Gran Corrupción, el despilfarro y la mala administración; así como el modelo económico, político, jurídico, militarista y autoritario impuesto contra la Constitución. Los efectos empobrecedores en toda la población por causa de la política expropiatoria del gobierno se iban a producir, con o sin sanciones.

Otro detalle es que el informe no menciona como la pequeña corrupción diseminada en todos los ámbitos de la administración del Estado y de la geografía nacional genera un encarecimiento del costo de la vida, impactando en los derechos de la población: alcabalas que cobran en las carreteras para dejarte pasar; restablecimiento de servicios básicos: telefonía, electricidad gas, etc.; trámites de documentos básicos, etc. Todo cuesta plata y debe ser pagado en US$ en efectivo. La extorsión es la regla. Eso aumenta el precio final al consumidor. 

En fin, hay mucha tela que cortar y muchas cosas aun por decir sobre los DESCA y el impacto que ha tenido la Gran Corrupción y el despilfarro sobre éstos. Es importante reconstruir la verdad histórica de los hechos derivados de las sanciones, pero sin perder de vista el contexto de variables estructurales y de fondo mucho más poderosas e influyentes. Esa es la intención de escribir este artículo. 

^[1] “Transparencia Venezuela ha identificado alrededor del mundo 236 casos relacionados con corrupción en Venezuela, de los cuales sólo se conoce la cantidad de dineros públicos comprometida en 114 casos: US$52.000 millones…” Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57081595

*Profesor venezolano de Derecho Penal Económico, Penal Internacional y Derechos Humanos. @FM_Fernandez y @DhMonitor 

Foto: AP Photo/Fernando Llano