Naomi Roht-Arriaza*
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La celebración de Juneteenth el 19 de junio conmemora la fecha en que, en 1865, se notificó de su liberación a los últimos esclavos que había en Estados Unidos. La fecha se recordó este año en todo EE. UU. con marchas en reclamo de que se reduzca el financiamiento de la policía y se aborde el racismo sistémico que sigue existiendo en el país. Estas marchas dieron continuidad a las semanas de protestas que se iniciaron con el asesinato de George Floyd y otras personas a manos de la policía. A primera vista, estos reclamos de un cambio radical pueden parecer innecesarios y extremos; en definitiva, EE. UU. tuvo hace poco un presidente negro y la esclavitud terminó hace ya mucho tiempo. Sin embargo, son producto de que, a lo largo del siglo XX y hasta hoy, las acciones gubernamentales crearon y posibilitaron el racismo institucionalizado. Estos patrones se han vuelto imposibles de ignorar con el impacto desproporcionado que el COVID-19 y el desempleo han tenido en la comunidad negra. En particular, las protestas se dan en respuesta a las iniciativas de reforma infructuosas que se han impulsado durante décadas para terminar con la muerte de personas negras no armadas por la policía en todo el país, un fracaso que tiene relación directa con el aislamiento y el control de las comunidades negras y latinas y el desfinanciamiento de los servicios destinadas a estas comunidades. La experiencia estadounidense ofrece una perspectiva bastante clara de la persistencia del racismo y las prácticas policiales racistas en el resto de América.
