Activismo afrodescendiente protagoniza las protestas de julio en Cuba

Caleb Weaver*

English version here.

Protestas masivas y aparentemente espontáneas estallaron en toda Cuba el domingo 11 de julio, en las que miles de personas salieron a la calle en más de cincuenta ciudades, incluida una multitud de 2,000 personas en el centro de La Habana. Aunque estas protestas parecen haber tomado por sorpresa al gobierno cubano, el presidente Miguel Díaz-Canel rápidamente reunió la respuesta del estado unipartidista, desplegando a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), incluidas las fuerzas especiales conocidas como “boinas negras”, y convocando a los partidarios del gobierno a las calles para las contra protestas. Las calles de La Habana y otras ciudades permanecieron “militarizadas” durante los días siguientes.

A medida que se asentaban las protestas, la sociedad civil y los medios de comunicación independientes comenzaron a denunciar una serie de abusos en la respuesta del gobierno, incluida una muerte confirmada: Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, quien según los testigos recibió un disparo en la espalda durante un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes en el barrio de La Güinera, en La Habana. Trágicamente, la madre de Diubis se suicidó una semana después, y sus familiares informaron que estaba desconsolada desde la muerte de su hijo. Otros abusos documentados incluyen golpizas, detenciones arbitrarias y agresiones sexuales a personas detenidas. Una serie de vídeos virales muestra a un miembro de las fuerzas especiales irrumpiendo en una casa con su arma desenfundada y las consecuencias de un aparente tiroteo en la casa.

Tal como lo han enfatizado muchos analistas, las protestas apuntan al potencial impacto social y político de la conectividad a Internet en la isla. Tras años de limitar el acceso a Internet a los puntos centrales de wi-fi, la empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA ha desplegado rápidamente servicios de Internet móvil 3G y 4G, que ahora llegan a más de 3,7 millones de cubanos y cubanas. Este aumento ha reforzado la capacidad de la sociedad civil cubana para documentar los abusos, compartir información con el mundo y coordinar las protestas, desencadenando un juego del gato y el ratón entre las y los usuarios de Internet y el gobierno. En medio de las protestas, ETECSA se apresuró a cortar el acceso a Internet, lo que provocó dos breves períodos de cierre total el 11 de julio y una notable reducción del tráfico durante varios días después. Las plataformas de mensajería y streaming (transmisión en línea) permanecieron bloqueadas durante días. Cuando la población cubana comenzó a sortear estos bloqueos utilizando servicios de VPN, ETECSA respondió bloqueando los mensajes que contenían las palabras “VPN” y “Psiphon” (una herramienta de VPN popular entre los cubanos).

El ejemplo más destacado del papel de Internet es el himno de rap “Patria y Vida“, que ha acumulado más de 7 millones de visitas desde su estreno en febrero. La canción, una colaboración entre artistas de la isla y estrellas cubanas internacionales, es el lema de las protestas antigubernamentales en Cuba y en todo el mundo.

El lugar que ocupa el hip-hop en la actual ola de protestas apunta a otro factor clave, que ha recibido mucha menos atención internacional: el destacado papel de las y los afrocubanos en las luchas por los derechos humanos. En los meses previos al 11 de julio, los activistas y organizaciones afrocubanas han planteado una serie de desafíos de alto nivel al gobierno. La mecha se encendió con la detención del rapero afrocubano Denis Solís a principios de noviembre pasado. Solís, miembro de un colectivo de activistas conocido como el Movimiento San Isidro, se convirtió en una causa célebre para activistas cubanos. El Movimiento San Isidro llevó a cabo una huelga de hambre en su nombre, que fue reprimida por la policía y desencadenó meses de activismo adicional. La atención nacional e internacional volvió a centrarse en Cuba en mayo, cuando el activista más destacado de San Isidro, el artista afrocubano Luis Manuel Otero Alcantará, pasó un mes misteriosamente detenido en un hospital de La Habana después de que la policía disolviera otra protesta que pedía la liberación de Solís.

Al describir los problemas que impulsan la participación de los afrocubanos en los recientes esfuerzos de activismo, los socios de Raza e Igualdad en la isla subrayan que la población afrocubana se enfrenta a los mismos problemas que impulsan a las y los cubanos de todas las razas a salir a la calle, siendo en primer lugar la pandemia del COVID-19. A finales de junio, poco más del 10% de la población había recibido cursos completos de las vacunas Soberana 2 y Abdala, desarrolladas en Cuba. A pesar de este progreso, el número de nuevas infecciones, casos activos y muertes se ha disparado en los últimos seis meses. La pandemia ha sumido a Cuba en una crisis económica marcada por la escasez, varias horas de espera para adquirir productos básicos y las tasas de cambio e inflación tremendamente fluctuantes. El descontento con la economía y con las medidas de bloqueo de mano dura ha erosionado la paciencia de los cubanos con el gobierno y ha puesto de manifiesto el descontento prolongado con la represión y la falta de libertades políticas.

Sin embargo, tal como Raza e Igualdad y nuestras contrapartes afrocubanas han documentado durante mucho tiempo, la población afrocubana también se enfrenta racismo estructural y discriminación racial que agravan estas difíciles circunstancias. La discriminación racial en el mercado laboral relega a muchos cubanos negros a puestos de trabajo mal pagados y estigmatizados. Las disparidades raciales en los ingresos contribuyen a la sobrerrepresentación de los afrocubanos en los abarrotados barrios “populares”, donde la calidad de la vivienda y el acceso a la educación, la sanidad, la seguridad social y otros derechos son deficientes. Las recientes reformas económicas de Cuba amenazan con ampliar aún más las diferencias raciales, ya que los afrocubanos tienen menos acceso a las remesas extranjeras y a las redes que apoyan al emergente sector empresarial. Las y los afrocubanos que desafían al gobierno a cumplir sus compromisos se enfrentan a calumnias, acoso policial y detenciones. En medio de un movimiento global por la igualdad racial, no es de extrañar que los afrocubanos estén a la cabeza de las demandas de cambio.

El apoyo de la comunidad internacional será fundamental para la sociedad civil cubana en las próximas semanas. A medidas las protestas se apagaron, el gobierno procedió a juzgar a los manifestantes y a los acusados de incitar a las protestas en juicios sumarios rápidos, sin acceso a abogados defensores y sin notificar a la familia del acusado. La organización de derechos humanos Cubalex está trabajando para documentar más de 650 casos de detenciones, de los cuales 36 siguen desaparecidos.

Los socios cubanos de Raza e Igualdad reiteran la importancia de mantener la atención internacional sobre los casos de abusos, detenciones, desapariciones y enjuiciamientos. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han insistido en que Cuba investigue estos hechos y lleve a los responsables ante la justicia, especialmente en el caso del asesinato de Diubis Tejeda. A pesar del fin de las protestas públicas, es vital seguir poniendo de relieve estos casos e insistir en el cumplimiento por parte de Cuba de los ordenamientos jurídicos internacionales que protegen la seguridad de los ciudadanos vulnerables. Para la sociedad civil, aunque el acceso a Internet ha dado lugar a varios avances, el trabajo menos glamuroso de crear coaliciones, elaborar estrategias y comprometerse con las instituciones internacionales sigue siendo vital si los activistas quieren capitalizar la actual apertura. Los programas de desarrollo de capacidades, la creación de redes y otras formas de apoyo a la sociedad civil independiente serán cruciales en este sentido.


*Asistente de Programa para América Latina del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Foto: AP Photo/Ramon Espinosa

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Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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