Carlos Quesada*

En las últimas semanas me ha sorprendido el nivel de discusión y acción de miles de personas dentro y fuera de los Estados Unidos que han salido a las calles para protestar, de nuevo, por la brutalidad policial hacia los afroamericanos, a raíz del asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo en Minneapolis, Estado de Minnesota. No fue el último, de hecho, luego del asesinato del señor Floyd al menos cinco nuevos casos han salido a la luz pública, incluyendo el de Rayshard Brooks, otro afroamericano, el pasado 12 de junio en Atlanta, Estado de Georgia.

Estos casos reflejan el impacto desproporcionado del racismo estructural en todo el sistema de administración de justicia en los Estados Unidos hacia los afroamericanos: desde la interacción con los policías hasta el tipo de sentencias; pasando por las detenciones antes del juicio, la elección de los jurados y los tipos de fiscales y jueces que participan en los procesos judiciales.

Ya el Comité de Naciones Unidas que Monitorea la Convención Internacional contra Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) lo planteaba en su revisión de país en septiembre del 2014, cuando mencionó que le preocupaba la práctica del perfilamiento racial por parte de las autoridades, especialmente de los agentes federales y de la policía hacia los afroamericanos. Lo cierto es que se ha normalizado el hecho de que los afroamericanos sean desproporcionalmente detenidos, arrestados y encarcelados y sujetos a sentencias más severas -incluyendo las sentencias de por vida sin oportunidad de salir bajo fianza- o las sentencias a muerte.

Muchos críticos hablan de reformas policiales, pero en realidad, lo que tenemos que reformar o empezar al menos, es a reconocer que hemos sido incapaces de cerrar las heridas de más de 150 años que llevaron a la abolición de la esclavitud y a nunca reconocer a los otros como nosotros; seguimos viviendo en un país donde “somos iguales, pero estamos separados” “Separate but Equal”  (Leyes Jim Crow) donde incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos en el famoso caso de Brown Vs the Board of Education, dictaminó en mayo de 1954, que la segregación en las escuelas violaba la Enmienda 14 de la Constitución Política, que es la que garantiza la igualdad de protección ante la ley para todos los ciudadanos estadounidenses.

En la actualidad, seguimos viviendo de facto ante la misma premisa; la pobreza estructural de los afroamericanos y de otros grupos étnicos y la falta de oportunidades en todos los aspectos de la vida cotidiana continúan, y ha quedado reflejado con la pandemia causada por la COVID-19. Los afroamericanos y latinos estamos siendo afectados desproporcionalmente por esta enfermedad y somos los que más muertos estamos poniendo; entre otras razones, por falta de acceso a servicios médicos preventivos ante enfermedades crónicas tratables.

Estas desigualdades han provocado que el actual movimiento antirracista, a diferencia del movimiento del Black Lives Matter, también creado a raíz de la brutalidad policial, esté respaldado por la respuesta de los otros grupos étnicos que componemos este país: latinos, blancos, asiáticos, quizás motivados por la falta de respuestas del gobierno federal para minimizar el problema. Otro aspecto positivo de las protestas es que son los jóvenes, muchos jóvenes, quienes han salido también a las calles, cansados del discurso de odio alimentado desde el Ejecutivo de este país, incapaz de reconocer y reconciliar a un país que está cada vez más dividido políticamente y también por divisiones raciales.

Lo que nunca había visto, importante de mencionar, ha sido la rapidez de la respuesta del Sistema Universal de Derechos Humanos, tanto del Comité CERD como de los procedimientos especiales, a través de la Relatora Especial sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, Tendayi Achiumi, condenando el asesinato de George Floyd. Acto seguido, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres y la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresaron su preocupación por el racismo y la violencia policial contra los afroamericanos.

En el último Consejo de Derechos Humanos, que finalizó el 19 de junio, el grupo de países africanos (54 países), solicitaron un debate urgente dentro del Consejo para hablar del tema y promover una resolución, a pesar de una presión sin precedentes del gobierno de Estados Unidos para evitarla, misma que se aprobó y que solicita a la Oficina de la Alta Comisionada preparar un informe, de alcance global, sobre el racismo estructural y las prácticas policiales que llevaron al asesinato de George Floyd.

De no haber un debate más profundo sobre cómo eliminar de raíz el racismo estructural y sus consecuencias, incluyendo dentro del sistema de administración de justica en los Estados Unidos, esa brutalidad policial que se evidenció en casos extremos como el de George Floyd o Rayshard Brooks, no viene sino a legitimar que las acciones contra los afrodescendientes son normales y hasta justificables. Al final lo que viene a demostrar es que para muchos estadounidenses, blancos y racistas, los afroamericanos, pero también los latinos, judíos, musulmanes, asiáticos, entre otros, seguimos viviendo bajo el esquema del “Separate but Equal”.

*Director Ejecutivo, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Foto: Protesta en Washington DC, 7 de junio de 2020, Ted Eytan/Flickr