¿Litigio frívolo en los Estados Unidos? Litigios electorales planteados por el equipo de Trump y el posible rol de la Corte Suprema

Katharine Valencia*

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El sábado 7 de noviembre —cuatro días después de la jornada electoral—la mayoría de los medios de comunicación informaron que se proyectaba que Joe Biden había ganado las elecciones presidenciales frente al actual presidente Donald Trump. En Estados Unidos es habitual que el resultado de las elecciones se anuncie en función de conteos de votos no oficiales informados por los estados antes de su certificación oficial, que se produce varias semanas más tarde. Según los últimos conteos de votos, Biden recibió alrededor de 5,5 millones más de votos que Trump, pero lo más importante es que se proyecta que Biden superará el mínimo de 270 votos en el Colegio Electoral (sistema proporcional vinculado a los estados que se utiliza para elegir al presidente) necesario para ganar. En épocas normales, el candidato perdedor hubiera aceptado la derrota y el proceso de certificación de votos sería poco más que una formalidad a efectos del resultado final.

Sin embargo, no vivimos en épocas normales y Donald Trump no es para nada un presidente común. Trump declaró que él es el ganador y que en los estados clave donde los conteos de votos demostraban que Biden había triunfado se había cometido un fraude masivo. Lo cierto es que desde hace meses Trump ha estado dando señales de que no aceptaría la derrota y de que solo podría perder si los comicios estuvieran amañados. El equipo de campaña de Trump y el partido republicano iniciaron varias acciones judiciales antes y después de las elecciones para impugnar la validez de determinadas boletas. En el ámbito público, Trump y sus partidarios continúan afirmando, sin aportar pruebas, que hubo fraude electoral generalizado. En este artículo se ofrece una breve descripción del estado actual de los litigios electorales y se analiza la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos pueda desempeñar un papel decisivo.

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Interferencias indebidas a órganos de la justicia internacional: el reciente caso de la CPI

Michelle Reyes Milk*

El pasado 2 de septiembre, el mundo del Derecho Penal Internacional fue una vez más sacudido por un nuevo acto de intimidación contra la Corte Penal Internacional (CPI) por parte de la administración de Trump, esta vez dirigido a la más alta autoridad en materia de investigación: la propia Fiscal de la Corte, Fatou Bensouda. En concreto, a inicios de este mes, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, anunció que Estados Unidos tomaría una serie de medidas contra la Fiscal Bensouda y contra un integrante clave de su equipo, Phakiso Mochochoko, Director de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Fiscalía, que incluyen la imposición efectiva de sanciones contra dichos altos funcionarios, incluyendo congelamiento de sus activos y bloqueo de sus propiedades. Asimismo, se podrían adoptar sanciones contra otras personas que brinden apoyo material a las potenciales investigaciones contra nacionales estadounidenses.

La medida implementa la Orden Ejecutiva 13298 adoptada en junio de este año por el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, denominada “Bloqueo de las Propiedades de Ciertas Personas Asociadas con la Corte Penal Internacional”, adoptada argumentando una amenaza contra la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos, así como una emergencia nacional.

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Historia del racismo sistémico en Estados Unidos: Reseña para los latinoamericanos y algunos paralelismos

Naomi Roht-Arriaza*

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La celebración de Juneteenth el 19 de junio conmemora la fecha en que, en 1865, se notificó de su liberación a los últimos esclavos que había en Estados Unidos. La fecha se recordó este año en todo EE. UU. con marchas en reclamo de que se reduzca el financiamiento de la policía y se aborde el racismo sistémico que sigue existiendo en el país. Estas marchas dieron continuidad a las semanas de protestas que se iniciaron con el asesinato de George Floyd y otras personas a manos de la policía. A primera vista, estos reclamos de un cambio radical pueden parecer innecesarios y extremos; en definitiva, EE. UU. tuvo hace poco un presidente negro y la esclavitud terminó hace ya mucho tiempo. Sin embargo, son producto de que, a lo largo del siglo XX y hasta hoy, las acciones gubernamentales crearon y posibilitaron el racismo institucionalizado. Estos patrones se han vuelto imposibles de ignorar con el impacto desproporcionado que el COVID-19 y el desempleo han tenido en la comunidad negra. En particular, las protestas se dan en respuesta a las iniciativas de reforma infructuosas que se han impulsado durante décadas para terminar con la muerte de personas negras no armadas por la policía en todo el país, un fracaso que tiene relación directa con el aislamiento y el control de las comunidades negras y latinas y el desfinanciamiento de los servicios destinadas a estas  comunidades. La experiencia estadounidense ofrece una perspectiva bastante clara de la persistencia del racismo y las prácticas policiales racistas en el resto de América.

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Hablemos de Racismo: A propósito del caso de George Floyd y otros

Carlos Quesada*

En las últimas semanas me ha sorprendido el nivel de discusión y acción de miles de personas dentro y fuera de los Estados Unidos que han salido a las calles para protestar, de nuevo, por la brutalidad policial hacia los afroamericanos, a raíz del asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo en Minneapolis, Estado de Minnesota. No fue el último, de hecho, luego del asesinato del señor Floyd al menos cinco nuevos casos han salido a la luz pública, incluyendo el de Rayshard Brooks, otro afroamericano, el pasado 12 de junio en Atlanta, Estado de Georgia.

Estos casos reflejan el impacto desproporcionado del racismo estructural en todo el sistema de administración de justicia en los Estados Unidos hacia los afroamericanos: desde la interacción con los policías hasta el tipo de sentencias; pasando por las detenciones antes del juicio, la elección de los jurados y los tipos de fiscales y jueces que participan en los procesos judiciales.

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Donald Trump vs. las Oficinas del Inspector General

Jean Carlos Báez Rosario*

En Estados Unidos, el rol del Inspector General (IG) dentro de las diversas agencias y departamentos del gobierno federal (equivalentes a ministerios o secretarías en América Latina) juega un papel muy importante de veeduría interna y rendición de cuentas, manteniendo informada a la rama legislativa y al pueblo estadounidense. A pesar de su relevancia, este puesto se ha visto atacado por la administración del Presidente Donald Trump, quien ha hecho todo lo posible por mantener los puestos de IG vacantes y obstaculizar investigaciones en curso con la remoción del Inspector General de varios departamentos. Pero no se puede decir que estas acciones no tengan precedentes, ya que lo mismo ocurrió con Barack Obama y su administración (2009-2017).

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Cerrar los refugios seguros para la delincuencia organizada del Estado de Venezuela: “Estado de derecho invertido”, impunidad y desafíos en la cooperación internacional para la extradición entre Estados Unidos y España

Jan-Michael Simon

Resumen

Los actores delictivos vinculados con la delincuencia organizada del Estado de Venezuela, tanto dentro como fuera del país, se benefician con el sistema imperante en Venezuela, basado en un “Estado de derecho invertido” y la impunidad. El presente artículo señala los desafíos internacionales que han surgido al intentar llevar a la justicia a los actores delictivos en el extranjero. Los procesos penales que, en la actualidad, se encuentran en trámite en Estados Unidos y en España permiten conocer el espectro de las actividades delictivas y la magnitud de los activos robados. La delincuencia organizada del Estado de Venezuela se ha caracterizado como “una empresa de corrupción con ramificaciones en múltiples jurisdicciones, que hace que Odebrecht parezca un mero carterista del centro de Caracas”. Esta es una comparación interesante, si se tiene en cuenta que el Departamento de Justicia de EE. UU. se ha referido al precedente de “Odebrecht” como el “mayor caso de soborno transnacional de la historia”. Muchos casos relacionados con la delincuencia organizada del Estado de Venezuela recién comienzan a salir a la luz. Aun así, los casos en EE. UU. y España ponen en evidencia que las operaciones delictivas implican relaciones transnacionales ilícitas a nivel global entre actores de diferentes nacionalidades y residencias.

En función de tres estudios de casos, este artículo llega a la conclusión de que exfuncionarios públicos de alto nivel vinculados con la delincuencia organizada del Estado de Venezuela que residen en España, han buscado refugio allí mientras intentaban eludir investigaciones en Estados Unidos. También se concluye que, a fin de que España no sea un refugio seguro para este tipo de delitos, las autoridades españolas deben tomar medidas de buena fe que posibiliten la persecución penal y asegurar la debida diligencia, o bien disponer la extradición de estas personas a Estados Unidos. De lo contrario, el sector de la justicia española contribuiría a la impunidad de los actores implicados en la delincuencia organizada del Estado de Venezuela.

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Un juez muestra a la justicia frente al poder

Luis Pásara*

Un juez federal estadounidense ha dado desde su estrado una clase magistral sobre la justicia, de especial utilidad para ingenuos. Ha condenado a cuatro mujeres que creían ejercer su solidaridad con los inmigrantes que atraviesan el desierto de Arizona, dejándoles agua y alimentos en lugares donde pudieran encontrarlos. No sabían –o no podían creer– que un juez, un funcionario público encargado de administrar justicia, llegaría a considerar ese acto –para ellas, un acto de justicia– como un delito merecedor de pena de prisión.

Hace mucho que me ha llamado la atención el doble sentido de la palabra justicia. Quien sufre un agravio y reclama justicia se somete a la justicia para llevarle su demanda. Los filólogos dirán que hay allí una anfibología o, mejor aún, una disemia (palabra de doble significado). Pero un ciudadano agudo percibirá que ese doble significado encierra una trampa.

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Tillerson se despide de la diplomacia de derechos humanos

Ted Piccone

Artículo publicado en el blog Order from Caos de The Brookings Institute

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Key Speakers At Ceraweek 2012

Con algunas palabras rimbombantes sobre los valores que orientan en todo momento la política exterior estadounidense, el secretario de Estado Rex Tillerson dejó muy en claro que, cuando se trata de políticas concretas, lo que priman son la seguridad nacional y los intereses económicos. Los principios bien intencionados como la libertad y los derechos humanos pesan sobre nuestras espaldas, a modo de ángel guardián que nos susurra que hagamos lo correcto… pero solo cuando ello sea conveniente a intereses económicos y de seguridad más preponderantes. Al dar instrucciones a su equipo de diplomáticos, Tillerson manifestó:

   “realmente tenemos que entender, en cada país o región del mundo con la cual tratamos, cuáles son nuestros intereses de seguridad nacional, cuáles son nuestros intereses de prosperidad económica, y luego, en la medida en que podamos promocionar y avanzar nuestros valores, deberíamos hacerlo…”.

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Una Corte Constitucional en manos de Trump

Luis Enrique Rosas Luengas [1]

Licenciado en Derecho por el CIDE,

Maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por Notre Dame

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Como menciona Van Jones, el 9 de noviembre de 2016 será una fecha difícil de explicar a las futuras generaciones.[2] El ascenso de Trump al poder demuestra a un electorado lo suficientemente inconforme con el establishment al grado tal de aceptar a un candidato que ha sostenido abiertamente posturas racistas y misóginas. La cuestión no termina ahí, los Republicanos conservaron la mayoría en el Congreso,[3] y la Corte Suprema Norteamericana integrada por 9 miembros (en adelante la Corte) se encuentra, por decirlo menos, maniatada.

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