¿Litigio frívolo en los Estados Unidos? Litigios electorales planteados por el equipo de Trump y el posible rol de la Corte Suprema

Katharine Valencia*

English version here.

El sábado 7 de noviembre —cuatro días después de la jornada electoral—la mayoría de los medios de comunicación informaron que se proyectaba que Joe Biden había ganado las elecciones presidenciales frente al actual presidente Donald Trump. En Estados Unidos es habitual que el resultado de las elecciones se anuncie en función de conteos de votos no oficiales informados por los estados antes de su certificación oficial, que se produce varias semanas más tarde. Según los últimos conteos de votos, Biden recibió alrededor de 5,5 millones más de votos que Trump, pero lo más importante es que se proyecta que Biden superará el mínimo de 270 votos en el Colegio Electoral (sistema proporcional vinculado a los estados que se utiliza para elegir al presidente) necesario para ganar. En épocas normales, el candidato perdedor hubiera aceptado la derrota y el proceso de certificación de votos sería poco más que una formalidad a efectos del resultado final.

Sin embargo, no vivimos en épocas normales y Donald Trump no es para nada un presidente común. Trump declaró que él es el ganador y que en los estados clave donde los conteos de votos demostraban que Biden había triunfado se había cometido un fraude masivo. Lo cierto es que desde hace meses Trump ha estado dando señales de que no aceptaría la derrota y de que solo podría perder si los comicios estuvieran amañados. El equipo de campaña de Trump y el partido republicano iniciaron varias acciones judiciales antes y después de las elecciones para impugnar la validez de determinadas boletas. En el ámbito público, Trump y sus partidarios continúan afirmando, sin aportar pruebas, que hubo fraude electoral generalizado. En este artículo se ofrece una breve descripción del estado actual de los litigios electorales y se analiza la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos pueda desempeñar un papel decisivo.

El impacto de la pandemia del COVID-19 en los patrones de voto

Las elecciones del 3 de noviembre de 2020 en Estados Unidos fueron históricas por muchos motivos. Acudió a las urnas un número récord de más de 160 millones votantes, o cerca de las dos terceras partes de la población en condiciones de votar (esto es especialmente significativo si se tiene en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de América Latina, el registro de votantes en EE. UU. no es obligatorio ni automático). Además, las elecciones se realizaron durante la actual pandemia de COVID-19, por lo que hubo que incorporar cambios drásticos en los hábitos de votación. Para evitar grandes aglomeraciones de votantes, muchos estados modificaron sus procesos eleccionarios y permitieron que se votara en forma anticipada y presencial durante un período más amplio (a partir de varias semanas antes del 3 de noviembre, el Día de la Elección oficial) y facilitaron la recepción de boletas por correo (incluso de manera automática). Si bien el volumen de votos por correo que hubo este año no tenía precedentes, cabe señalar que ese tipo de votación constituye una práctica establecida y completamente válida en EE. UU., otra diferencia con América Latina, donde en la actualidad no existe la opción de votar por correo.

Con abordajes totalmente distintos respecto de la pandemia —Trump ha intentado en reiteradas oportunidades minimizar su gravedad mientras que Biden ha exhortado a una mayor intervención del Gobierno para detenerla—, el partido demócrata y la campaña de Biden alentaron a sus seguidores a votar con anticipación o por correo. Por el contrario, Trump con frecuencia desalentó el voto por correo pues supuestamente consideró que facilitaba un fraude a gran escala. Esto a pesar de que los expertos en elecciones tanto liberales como conservadores concuerdan en que sencillamente no hay pruebas de que el fraude electoral generalizado sea un problema contemporáneo de Estados Unidos.

Como resultado de las distintas posturas que han tenido los partidos políticos sobre este tema, se estima que la mayoría de los votantes por correo y de quienes votaron por anticipado lo hicieron a favor de la boleta de Biden-Harris, en comparación con la mayor cantidad de votos emitidos el Día de las Elecciones en forma presencial, que fueron para reelegir al presidente Trump y al vicepresidente Pence. A su vez, esto provocó que el Día de las Elecciones el presidente Trump pareciera estar ganando en los estados donde los votos en persona se computaron antes que aquellos sufragados por anticipado o por correo. En la mañana del 4 de noviembre, el día después de que cerraran los comicios, quedó claro que Biden le estaba ganando a Trump a medida que se abrían y contaban los votos por correo. Si bien esta dinámica era previsible, Trump cuestionó la legitimidad de este cambio en la situación. Poco después, comenzó directamente a denunciar que había habido fraude, y su equipo de campaña inició acciones legales en estados clave en donde los márgenes de votos habían sido muy cerrados. Trump ha continuado actuando de esa manera a pesar de que los funcionarios electorales de ambos partidos y de su propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han declarado que las elecciones fueron las más seguras en la historia del país.

Breve reseña de los litigios electorales

Dada la falta de pruebas para sustentar el señalamiento de fraude generalizado, no es de sorprender que muchas de las argumentaciones legales formuladas por los abogados de Trump no hayan resistido una evaluación judicial o hayan sido desestimadas de manera sumaria. Por ejemplo, el 13 de noviembre un juez de Michigan manifestó que las acusaciones de fraude en la demanda eran “incorrectas e implausibles” y que estaban “plagadas de especulaciones”. La semana anterior en ese mismo estado se desestimó otra demanda por separado en la cual se pretendía detener el conteo de votos. La jueza interviniente consideró que el testimonio vertido durante la campaña de Trump sobre un supuesto fraude de los trabajadores electorales era inadmisible como testimonio de oídas dentro de un testimonio de oídas, y que el resto de la prueba era “imprecisa y equívoca”. Mientras tanto, en Georgia, se desestimó otro recurso para intentar detener el conteo de votos porque, para el juez, el equipo de campaña de Trump no había demostrado que las boletas en cuestión fueran ilegítimas.

En otros casos, los abogados que representaban a Trump o al partido republicado ni siquiera han sostenido que haya existido fraude, lo que contrasta claramente con los argumentos planteados en el discurso público. El 13 de noviembre, un juez de un tribunal estatal de Pennsylvania rechazó cinco demandas del equipo de Trump y señaló que, en realidad, no “afirmaban que haya habido fraude [ni] que existan pruebas de fraude”. Pocos días antes, en el mismo estado, un abogado del equipo de campaña de Trump admitió a regañadientes en un interrogatorio que no afirmaba que hubiera habido fraude con respecto a las boletas impugnadas.

A su vez, muchas de las demandas se han referido a márgenes de votación relativamente pequeños, lo que significa que incluso si un juez estuviera de acuerdo en invalidar las boletas en cuestión, estas no serían suficientes para cambiar el resultado. De hecho, recientemente el equipo de campaña de Trump desistió de un juicio en Arizona y reconoció que el margen de Biden era demasiado amplio como para que el resultado del proceso, aunque fuera positivo, significara una diferencia.

Todo lo anterior amerita plantearse lo siguiente: ¿por qué se presentan las demandas? La respuesta puede abarcar dos aspectos. En primer lugar, las acusaciones de fraude contribuyen a la narrativa de Trump en la que éste es una victima de las instituciones políticas tradicionales, y son congruentes con el frecuente menosprecio que ha manifestado hacia las “ciudades gestionadas por demócratas”, que han demostrado ser fundamentales para darle la victoria a Biden en varios estados, en gran parte debido a la alta participación de las comunidades afroamericanas. La mayoría de los observadores prevén que, aunque Trump en algún momento admita la derrota, seguirá afirmando que le robaron las elecciones para mantener enardecidas a sus bases y, posiblemente, montar una campaña de regreso en 2024. A corto plazo, los líderes del partido republicano parecen avalar las acusaciones de Trump para complacer a sus seguidores en todo el país y, específicamente, para darles ánimos a los votantes conservadores de Georgia, donde la segunda vuelta que tendrá lugar en breve será determinante para el equilibrio de poder en el Senado.

En segundo lugar, según se indica en distintos informes, el equipo de campaña de Trump está intentando bloquear la certificación de votos —debido al supuesto fraude u otras irregularidades— con el objetivo de dilatar el proceso y, posiblemente, facilitar que las legislaturas estatales designen a electores partidarios de Trump en el Colegio Electoral, aunque el voto popular en sus estados haya sido a favor de Biden. Parece poco probable que el Poder Judicial vaya a bloquear la certificación de votos si no existen pruebas de fraude generalizado, pero el hecho de que ese resultado, que impacta por lo antidemocrático, sea siquiera una posibilidad genera gran preocupación.

¿Intervendrá la Corte Suprema de Justicia de EE. UU.?

Durante las semanas y meses previos a las elecciones hubo mucha especulación sobre el posible papel de la Corte Suprema en la determinación del resultado de las elecciones y Trump dio a entender, en un aguerrido discurso poselectoral, que agotaría todas las vías hasta llegar al alto tribunal. Este tema quedó incluso más bajo la lupa ante el nombramiento en la Corte Suprema de la candidata propuesta por Trump, Amy Coney Barrett, apenas semanas antes de las elecciones. Trump y Pence han manifestado específicamente que deseaban que Coney Barrett estuviera en la Corte para decidir el litigio electoral. Durante las audiencias de confirmación, Coney Barrett no se comprometió a recusarse en cuestiones vinculadas con la elección presidencial, pero sí decidió no pronunciarse en dos casos relacionados con las elecciones pocos días después de haberse incorporado a la Corte.

Otro de los motivos por los cuales la posibilidad de que la Corte Suprema intervenga se presenta como muy real para el público es que existe un antecedente reciente en el que ese órgano zanjó una elección presidencial: el caso de Bush c. Gore. En el año 2000, George W. Bush ganaba por un margen muy estrecho de 1784 votos en Florida, donde el recuento se encontraba en curso (el margen, con el correr del tiempo, terminó siendo incluso menor). En una decisión de 5 contra 4, la Corte ordenó que el recuento se diera por finalizado antes de que se completara, y esto en la práctica consolidó a Bush como vencedor. Además, el margen de votos electorales de los candidatos era tan estrecho que todo dependía del resultado en Florida, por lo que la sentencia a favor de Bush efectivamente dejó en sus manos la presidencia. La decisión fue muy controvertida y en la actualidad la opinión de la mayoría sigue considerando con escepticismo y de manera crítica.

Dada la falta de pruebas de fraude generalizado y que, en general, los litigios iniciados por el equipo de campaña de Trump hasta el momento no han tenido resultados positivos, parece improbable al momento de este escrito que se vaya a plantear ante la Corte Suprema un caso o una controversia que tenga el potencial de modificar el resultado de la elección, como ocurrió con Bush c. Gore. Para que eso suceda, si se tiene en cuenta el amplio margen de votación electoral de Biden, la Corte Suprema tendría que aceptar varios casos y además anular los resultados electorales en varios estados. Por eso, este caso es completamente distinto al de Bush c. Gore, donde no se anularon los resultados electorales sino que se mantuvo el statu quo (que era que Bush estaba ganando), y solo se trataba con un estado donde el margen de votos era ínfimo. Si bien la posibilidad no se descarta de lleno y debemos señalar que la Corte Suprema es más conservadora que hace 20 años, sigue siendo improbable que los jueces deseen llevar adelante acciones tan controvertidas y sin precedentes, máxime teniendo en cuenta la reacción negativa que sigue concitando Bush c. Gore.

La Corte Suprema ya ha abordado una cuestión relacionada con los comicios luego de las elecciones. El 6 de noviembre, el magistrado Samuel Alito ordenó que Pennsylvania separara las boletas recibidas luego del Día de las Elecciones y remitió el asunto a la Corte en pleno. Sin embargo, la Corte aún no ha tomado medidas en este asunto, y los observadores se preguntan si se abstendrá de volver a pronunciarse sobre las elecciones de 2020 salvo que sea absolutamente necesario.  Asimismo, la cantidad de boletas que se separaron en función de la orden de Alito resultó ser bastante reducida e insuficiente para revertir el resultado en Pennsylvania, donde ganó Biden.

***

En conclusión, si bien todo es posible, no parece probable que los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 vayan a modificarse de manera sustancial debido a litigios. Eso no significa, sin embargo, que tales demandas no hayan tenido algún efecto. Todo lo contrario: para quienes no siguen de cerca los pormenores de los procedimientos judiciales, esas demandas le han proporcionado una apariencia de legitimidad a los infundados señalamientos de fraude planteados por Trump. Prueba de ello es que durante el fin de semana miles de seguidores de Trump llegaron a Washington D.C. a protestar por lo que consideran que fueron unas elecciones robadas. Muchos de los congresistas republicanos en funciones aún no han reconocido el triunfo de Biden, y las personas designadas por Trump están reteniendo recursos gubernamentales e informes de seguridad que deberían estar disponibles para el presidente electo. Por lo tanto, los litigios, si bien no han prosperado ante los tribunales, han servido igualmente para generar más divisiones, inestabilidad e incertidumbre en la sociedad estadounidense y en el ámbito político.

*Asesora Legal Sénior, DPLF

Foto: Corte Suprema de los Estados Unidos / Pixabay

Acerca de Justicia en las Américas

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