Elecciones presidenciales en Perú evidencian un país profundamente dividido

David Lovatón Palacios*

El zorro de arriba y el zorro de abajo – José María Arguedas

País de Jauja una utopía posible, cual es la de la convivencia respetuosa y enriquecedora entre culturas – Edgardo Rivera Martínez

El pasado domingo 6 de junio tuvo lugar la segunda vuelta electoral entre dos presidenciables que obtuvieron la más alta votación en las elecciones generales del pasado 11 de abril: el izquierdista Pedro Castillo del partido Perú Libre y la derechista Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular. Al momento de escribir este artículo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya había procesado el 99.82% de las actas electorales; el resultado, aunque muy ajustado, es claro: Castillo obtuvo el 50.204% y Fujimori el 49.796% de la votación. Por una diferencia de tan sólo 71,441 votos, en un universo electoral de casi 25 millones de votantes, lo más probable es que Pedro Castillo será el próximo presidente de la República para el quinquenio 2021-2026.

Sin embargo, Fujimori y su partido aún no reconocen este resultado, han anunciado que pelearán voto a voto y han oficializado ante la justicia electoral la impugnación de alrededor de 800 actas que supondría la revisión de alrededor de 500,000 votos, arguyendo que se habrían cometido en esas mesas de votación graves irregularidades para favorecer a Pedro Castillo.

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Elecciones generales en Perú 2021: Ganó la pandemia

David Lovatón Palacios*

Versión en inglés aquí.

El pasado 11 de abril tuvieron lugar en Perú las elecciones generales para elegir al nuevo Presidente(a) y Congreso de la República para el periodo 2021-2026, con un resultado absolutamente imprevisto y desalentador desde una perspectiva democrática. A continuación, un breve análisis de lo que representan los dos candidatos presidenciales que han pasado a la segunda vuelta electoral y los muy difíciles escenarios que se pueden presentar en el próximo quinquenio para el Perú.

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Bolivia: La Transición Democrática Inconclusa

Ramiro Orias*

Las elecciones fallidas del 20 de octubre de 2019 marcan un hito fundamental en el proceso de consolidación de la democracia boliviana. Más allá de la interpretación coyuntural que unos y otros le dan a este hecho, qué si fue fraude electoral o que si fue golpe de Estado, para la memoria histórica de largo plazo, este episodio de conflicto político y protesta ciudadana será recordado como el punto final de los 14 años de gobierno del Presidente Evo Morales, el periodo presidencial continuo más prolongado de su historia republicana.

La inaplicabilidad de los límites constitucionales a la reelección presidencial, la habilitación de la candidatura del presidente en funciones a un cuarto mandato consecutivo, así como la posterior anulación de las elecciones del 20 de octubre del 2019, la renuncia del ex presidente Evo Morales, su salida intempestiva hacia el asilo político, la sucesión constitucional de la presidenta Janine Añez, su candidatura frustrada y posterior declinación, las sucesivas postergaciones de la fecha para unas nuevas elecciones en el contexto de la declaratoria de emergencia sanitaria frente a la pandemia del Covid-19, la prórroga de los mandatos en el Ejecutivo, Legislativo y gobiernos subnacionales, por términos más allá de los regularmente establecidos, constituyen datos fundamentales para comprender cómo se llegó a descomponer la democracia boliviana, hasta un extremo de excepcionalidad constitucional.  

La crisis política y el estallido social que el país vivió en ese momento reflejó un proceso gradual y acumulado de debilitamiento institucional que se venía arrastrando, que no sólo comprometió el desempeño del sistema electoral, sino que encuentra sus raíces en la erosión progresiva del sistema de administración de justicia en su capacidad para tutelar los derechos ciudadanos y garantizar la separación e independencia de los poderes públicos.

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¿Litigio frívolo en los Estados Unidos? Litigios electorales planteados por el equipo de Trump y el posible rol de la Corte Suprema

Katharine Valencia*

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El sábado 7 de noviembre —cuatro días después de la jornada electoral—la mayoría de los medios de comunicación informaron que se proyectaba que Joe Biden había ganado las elecciones presidenciales frente al actual presidente Donald Trump. En Estados Unidos es habitual que el resultado de las elecciones se anuncie en función de conteos de votos no oficiales informados por los estados antes de su certificación oficial, que se produce varias semanas más tarde. Según los últimos conteos de votos, Biden recibió alrededor de 5,5 millones más de votos que Trump, pero lo más importante es que se proyecta que Biden superará el mínimo de 270 votos en el Colegio Electoral (sistema proporcional vinculado a los estados que se utiliza para elegir al presidente) necesario para ganar. En épocas normales, el candidato perdedor hubiera aceptado la derrota y el proceso de certificación de votos sería poco más que una formalidad a efectos del resultado final.

Sin embargo, no vivimos en épocas normales y Donald Trump no es para nada un presidente común. Trump declaró que él es el ganador y que en los estados clave donde los conteos de votos demostraban que Biden había triunfado se había cometido un fraude masivo. Lo cierto es que desde hace meses Trump ha estado dando señales de que no aceptaría la derrota y de que solo podría perder si los comicios estuvieran amañados. El equipo de campaña de Trump y el partido republicano iniciaron varias acciones judiciales antes y después de las elecciones para impugnar la validez de determinadas boletas. En el ámbito público, Trump y sus partidarios continúan afirmando, sin aportar pruebas, que hubo fraude electoral generalizado. En este artículo se ofrece una breve descripción del estado actual de los litigios electorales y se analiza la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos pueda desempeñar un papel decisivo.

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Elecciones para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: una línea que los Estados no deben cruzar

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Christian DeVos y Liliana Gamboa*

Cuando los Estados de toda la región se reúnan la próxima semana para la celebración de la 49ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), asumirán una tarea de gran envergadura: tendrán que elegir a cuatro integrantes para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el principal órgano encargado de velar y proteger los derechos humanos en la región y que está compuesto por siete integrantes. ¿Cuál es el problema? Que, por primera vez en la historia reciente, no hay suficientes candidatos calificados para elegir. Seguir leyendo