David Lovatón Palacios*

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El pasado 11 de abril tuvieron lugar en Perú las elecciones generales para elegir al nuevo Presidente(a) y Congreso de la República para el periodo 2021-2026, con un resultado absolutamente imprevisto y desalentador desde una perspectiva democrática. A continuación, un breve análisis de lo que representan los dos candidatos presidenciales que han pasado a la segunda vuelta electoral y los muy difíciles escenarios que se pueden presentar en el próximo quinquenio para el Perú.

Ha sido un proceso electoral absolutamente atípico producto de las restricciones impuestas por la pandemia y los devastadores efectos en la vida, salud, empleo y economía de los peruanos. Las campañas de los candidatos y candidatas no sólo presidenciales sino también al Parlamento, se dieron -en gran medida- en medio de la apatía de la ciudadanía, mucho más preocupada en salvar la vida de un familiar o amigo consiguiendo una cama UCI o un balón de oxígeno, en mantenerse a salvo de este enemigo invisible o no perder el empleo o el pequeño negocio o, si ya lo perdió, cómo generar nuevos ingresos y llevar algo de comida a sus familias. En otras palabras, esta campaña electoral se dio en un contexto social en el que millones de peruanos se siguen enfrentando cotidianamente al terrible dilema: o morir de Covid-19 o morir de hambre.

En ese contexto social y sentimiento colectivo, el magro resultado electoral del pasado 11 de abril en el Perú fue, por un lado, un Congreso unicameral fragmentado en diez (10) grupos parlamentarios según los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el que ningún partido tendrá mayoría significativa. Por otro lado, dos candidatos presidenciales que han pasado a segunda vuelta electoral con una votación muy baja: el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori, quienes -desde su respectivo espectro político-, han ofrecido salidas rápidas a la crisis como un posible cierre del Congreso o del Tribunal Constitucional el primero o “mano dura” la segunda. En resumen, ambos representan peligrosas propuestas populistas y autoritarias, tanto de izquierda como de derecha.

El art. 111° de la Constitución peruana establece que el Presidente(a) de la República es elegido por más del 50% de los votos válidos. Si ningún candidato(a) obtiene dicha votación, entonces se prevé una segunda vuelta electoral entre los candidatos(as) presidenciales que quedaron en primer y segundo lugar. En esta segunda vuelta logra ocupar el cargo de Presidente(a) quien obtenga la mayor votación.

Como bien señala el periodista Gustavo Gorriti en un reciente artículo, el problema de estas elecciones es que los dos candidatos(as) que han pasado a segunda vuelta lo hacen con una votación muy baja en comparación con procesos electorales anteriores y, por ende, con escasa legitimidad ciudadana: “¿Qué enseña esa exploración de la representación electoral en las cinco elecciones generales de este siglo? Que las cuatro primeras tuvieron un grado significativo de representatividad. Los dos primeros candidatos en la primera vuelta de cada una de esas elecciones lograron el 44,2%, el 40,8%, el 40,4% y el 40,8% de todos los electores hábiles del país. Y mucho más, por supuesto, de los votos emitidos y los votos válidos. Hay poca duda de que esas elecciones expresaron la voluntad de la mayoría… En patente contraste con todas las elecciones anteriores, el ganador y el segundo puesto de la primera vuelta de 2021 sumaron apenas el 18,5% de todos los electores hábiles en el país…”

El texto constitucional vigente sólo contempla la posibilidad de anular un proceso electoral “cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos” (art. 184° constitucional). Esto es, se requeriría que dos de cada tres peruanos vicien su voto o voten en blanco para que estas elecciones se anulen, algo muy difícil que suceda. Así que los peruanos y peruanas nos veremos obligados a votar por el mal menor que, en esta ocasión, es muy difícil de identificar; citando nuevamente a Gorriti, es realmente una “alternativa del diablo”. En ese sentido, una futura reforma constitucional debería contemplar otros supuestos de anulación de elecciones.

En el caso de Pedro Castillo, es un profesor, dirigente de una de las facciones del Sindicato de profesores de la educación pública (Conare-Sutep) y también dirigente de las rondas campesinas, organización popular que, en zonas rurales de la sierra norte del país, brinda seguridad ciudadana e imparte justicia comunal ante la ausencia o escasa presencia del Estado. Sin duda, las rondas campesinas gozan de gran legitimidad ciudadana, tienen reconocimiento constitucional en el artículo 149° de la Constitución[1] y han merecido desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Suprema de la República.

Así que el problema con Castillo no es quién es ni de dónde proviene, sino qué plantea en caso llega a ser presidente de la república. En declaraciones públicas ha dicho que cerraría el Parlamento si éste no acepta sus planes y que también desactivaría el Tribunal Constitucional pues asegura que éste defiende la gran corrupción . En síntesis, al parecer no se siente cómodo con la separación y el equilibrio de poderes y anuncia que lo suyo sería más bien la concentración del poder. Se entiende así su simpatía con regímenes políticos en América Latina como el de Maduro en Venezuela o el de Ortega en Nicaragua. En el continente ya conocemos de sobra ese libreto populista y autoritario de izquierda y ya sabemos también cómo termina: crisis institucional y graves violaciones de derechos humanos.

Al candidato Castillo ni a su partido -Perú Libre- tampoco le gusta el control de la comunidad internacional. Sobre el sistema interamericano de derechos humanos -que en nuestro país y en AL ha sido determinante para la proscripción de leyes de amnistía o para el desarrollo de los derechos de los pueblos originarios, sólo para nombrar dos ejemplos- afirman que tanto la Comisión como la Corte interamericanas tienen un “comportamiento parcializado con el imperialismo” (p. 70) , esto es, las consideran una suerte de alfiles del gobierno de los Estados Unidos. Otro aspecto que acerca a este candidato a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua.

En el caso de Keiko Fujimori, es la tercera vez que postula a la presidencia de la república y pasa a segunda vuelta electoral. Si bien en las elecciones del 2016 hizo el amago de ubicarse en el centro político, en esta ocasión -urgida por una consistente investigación fiscal y judicial por financiamiento ilícito de sus campañas electorales anteriores que ya la mantuvo en prisión preventiva por varios meses-, invocó al núcleo duro del fujimorismo y resumió muchas de sus propuestas para combatir la pandemia, la pobreza y el desempleo, tan sólo en dos palabras: “mano dura”. Al parecer, su estrategia electoral en esta ocasión no era necesariamente ganar sino lograr un grupo parlamentario que le permitiese presionar o negociar a favor de su impunidad.

Pese a ello, ha logrado pasar a segunda vuelta aunque con una bajísima votación de tan sólo 13.38% de los votos válidos; votación que en cualquier otra elección no habría alcanzado para seguir en la brega electoral. La primera encuesta sobre intención de voto para la segunda vuelta que fue hecha pública el pasado 18 de abril, muestran que ella tiene un 31% de intención de voto, por detrás de Pedro Castillo que cuenta con un 42% de intención de voto.

Pero lo que más le debería preocupar a Fujimori es que es la candidata con mayor resistencia: según la misma encuesta 55% de los encuestados no votaría por ella, en tanto Castillo tiene una resistencia de 33% entre los encuestados. En síntesis, parece ser la peor candidata para defender el “modelo económico” consagrado por la Constitución de 1993, pues aún carga con la impronta de gran corrupción, graves violaciones de derechos humanos y abuso de poder que perpetró el régimen de su padre Alberto Fujimori en la década de 1990, quien hoy purga prisión precisamente por los delitos que cometió. Pese a ello, ella ha ofrecido públicamente indultar a su padre de llegar al poder, algo que la Corte interamericana y la Corte Suprema del Perú ya determinaron en el 2018 que resulta contrario a la Convención Americana.

Eso sí, ambos candidatos de izquierda y de derecha parecen denostar del sistema interamericano de derechos humanos y del equilibrio de poderes en general. Una muestra más del perfil autoritario de sus promesas electorales.

Sobre el modelo económico de corte liberal y la Constitución vigente, parte del actual debate electoral ha girado en torno a mantenerlos o modificarlos. Castillo no ha sido el único candidato en plantear ello, todos los candidatos de izquierda lo han hecho e inclusive candidatos de centro ofrecieron introducir reformas parciales al modelo. Lo cierto es que el Perú post pandemia exige, por un lado, una revisión del modelo económico que permita regular mejor algunos mercados claves para la vida y la salud de los ciudadanos, como las medicinas o el oxígeno medicinal o los sistemas públicos y privados de salud o de pensiones. Por otro lado, la regulación constitucional del ambiente y los recursos naturales y su relación con la economía y las comunidades, también merecen una revisión integral.

Uno de estos dos personajes será el(la) próximo(a) presidente(a) de la república del Perú, con un Congreso fragmentado en diez (10) grupos parlamentarios. Sombrío panorama político, social y económico que se cierne sobre el país.

Ahora bien, tres escenarios posibles si gana Pedro Castillo. El primero: que adquiera mayor apoyo popular y, por ende, un mayor poder que le permita imponer sus planes de una nueva Constitución, la revisión del modelo económico y el socavamiento del equilibrio de poderes, tal como efectivamente ya hemos visto en otros países del continente. El segundo: que sea cooptado o “aggiornato” por poderes económicos -lícitos o ilícitos- y termine siendo una segunda versión del expresidente Ollanta Humala que ofreció una “gran transformación” que tan sólo quedó en el papel. Y el tercero: que entre en una vorágine de enfrentamiento con el Parlamento que podría culminar con el cierre de este último, con una vacancia (destitución presidencial) o con ambas, inestabilidad que ya hemos vivido en el Perú los últimos cinco años.

En el caso de Keiko Fujimori, dos escenarios posibles. El primero: que compense la fuerte oposición popular que seguramente tendría desde el inicio, apoyándose en las fuerzas armadas y el gran capital. En ese caso, podría volver a incurrir en graves violaciones de derechos humanos y abuso del poder si es que opta por militarizar la respuesta a las protestas sociales y criminalizar a los dirigentes sociales. El segundo: que entre también en una vorágine de enfrentamiento con el Parlamento que podría culminar con el cierre de este Poder del Estado, la vacancia presidencial o ambas cosas.

En cualquiera de esos escenarios, una gran interrogante es la actitud que adoptarán las fuerzas armadas. Hasta ahora y pese a las crisis políticas e institucionales que ha sufrido el país en los últimos años, se han mantenido neutrales y dentro del marco constitucional. Confiemos que continúen así.

Mientras tanto, la pandemia sigue haciendo estragos en la vida, salud y economía de los peruanos y peruanas. Según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), al 19 de abril del presente año habrían fallecido por covid-19 153,346 personas. Según el Banco Central de Reserva (BCR) en el año 2020 2´900,000 personas perdieron su empleo, lo que supuso una contracción del empleo del 17.1% en comparación con el año 2019, una de las recesiones más agudas de la región. Por su parte, la campaña de vacunación avanza a cuenta gotas, debido sobre todo a la lenta llegada de las vacunas; el actual gobierno de transición del presidente Sagasti ha ofrecido que antes que culmine su mandato en julio próximo, sólo los adultos mayores de 60 años habrán sido vacunados.

Así que el quinquenio del bicentenario del Perú como república independiente (2021-2026) no pinta festivo ni próspero como se esperaba, sino más bien sombrío e incierto. Sólo resta confiar que las fuerzas de los sectores sociales genuinamente comprometidos con la democracia (jóvenes universitarios, movimientos de mujeres, sindicatos, movimientos campesinos e indígenas, asociaciones civiles, iglesias, emprendedores, entre otros) vuelvan a movilizarse en caso la democracia y el estado de derecho vuelvan a estar en peligro. En el año 2000 ya plantamos cara a una dictadura que pretendió re-reelegirse y recientemente el 2020 volvimos a tomar las calles para rechazar a un gobierno represor que duró tan sólo seis días. Como suelen decir los sufridos hinchas de nuestra modesta selección de fútbol que volvió a estar presente en un Mundial después de 36 años: sí se puede. Siempre se puede.

*Asesor legal DPLF y profesor principal PUCP

[1] “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.”