Elecciones presidenciales en Perú evidencian un país profundamente dividido

David Lovatón Palacios*

El zorro de arriba y el zorro de abajo – José María Arguedas

País de Jauja una utopía posible, cual es la de la convivencia respetuosa y enriquecedora entre culturas – Edgardo Rivera Martínez

El pasado domingo 6 de junio tuvo lugar la segunda vuelta electoral entre dos presidenciables que obtuvieron la más alta votación en las elecciones generales del pasado 11 de abril: el izquierdista Pedro Castillo del partido Perú Libre y la derechista Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular. Al momento de escribir este artículo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya había procesado el 99.82% de las actas electorales; el resultado, aunque muy ajustado, es claro: Castillo obtuvo el 50.204% y Fujimori el 49.796% de la votación. Por una diferencia de tan sólo 71,441 votos, en un universo electoral de casi 25 millones de votantes, lo más probable es que Pedro Castillo será el próximo presidente de la República para el quinquenio 2021-2026.

Sin embargo, Fujimori y su partido aún no reconocen este resultado, han anunciado que pelearán voto a voto y han oficializado ante la justicia electoral la impugnación de alrededor de 800 actas que supondría la revisión de alrededor de 500,000 votos, arguyendo que se habrían cometido en esas mesas de votación graves irregularidades para favorecer a Pedro Castillo.

Al respecto, vemos algunos problemas. Primero, levantan expectativas de triunfo en sus electores que, de no ser satisfechas finalmente, podrían contribuir a una mayor polarización social y política; hablar de fraude a estas alturas es jugar con fuego. Segundo, no vemos condiciones en el partido Perú Libre para haber perpetrado un fraude; por el contrario, lo que los ha caracterizado es su precariedad, al punto que Castillo tuvo que recurrir a profesionales y técnicos de otros partidos de izquierda para esta segunda vuelta. Tercero, no hay indicio alguno que los organismos electorales hayan estado involucrados en estas irregularidades, algo que ni Fujimori plantea. Cuarto, según la legislación electoral peruana gran parte de estos cuestionamientos debieron ser planteados en las propias mesas de votación; en todo caso, en esta oportunidad el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) eventualmente tendrá que resolverlas. Quinto, si Fujimori logra revertir este resultado electoral a su favor, quedará la sensación en gran parte del país que ganó en mesa lo que no pudo ganar en la cancha.

Cabe recordar que ambas figuras pasaron a la segunda vuelta con una baja votación y gracias a la fragmentación de los votos entre varios partidos políticos: Castillo obtuvo 18.90% y Fujimori 13.40%. Esto es, 7 de cada 10 electores no votaron por ellos. Para esta segunda vuelta, la lógica del “mal menor” fue decantando a ese casi 70% del electorado a favor de uno u otro candidato y, pese a ello, el ausentismo fue de 25% (esto es, 6.300.000 personas) y, si bien en el Perú los votos nulos y blancos no se consideran válidos, éstos alcanzaron el 6.36% de los votos emitidos (esto es, casi 1.200.000 votos). Casi 1 de cada 3 peruanos(as) no votó por ninguno de ellos en segunda vuelta.

A continuación, un breve balance de lo que ha sido esta campaña electoral y qué escenarios podemos prever.

La campaña del miedo que terminó en bumerang

Tal como se afirmó en un artículo anterior, hay razones justificadas para desconfiar de ambos candidatos(as). Pero la segunda vuelta estuvo marcada por una campaña brutal en contra de Pedro Castillo por parte de la prensa privada concentrada de Lima[1] y de las redes sociales: fue acusado no sólo de comunista y de tener vínculos con Cuba y Venezuela –de lo cual en efecto hay indicios que preocupan–, sino también de tener vínculos con Sendero Luminoso (SL), organización terrorista que tuvo en vilo al país en los años ochentas y noventas; esto último es darle un poder e influencia a SL que hace tiempo –felizmente– ya no tiene. Todo esto acompañado, con frecuencia, de condenables expresiones clasistas, racistas y discriminatorias.

Lo que sí preocupa es la influencia que Vladimir Cerrón pueda tener en un probable gobierno de Pedro Castillo. Cerrón es líder del partido Perú Libre que acogió la candidatura presidencial de Castillo-, fue gobernador de la región de Junín (sierra central) y ha sido condenado judicialmente por delitos de corrupción cuando ejerció dicho cargo. Sin embargo, parte del grupo parlamentario de Perú Libre es leal a este personaje y no a Castillo y recientemente ha logrado que un juez anule la sentencia condenatoria que pesaba sobre él; si bien dicha decisión judicial puede ser revertida, sin duda aviva -aún más- la preocupación que se tiene sobre este cuestionable personaje en un eventual gobierno de Castillo. 

Pero en esta segunda vuelta no sólo se demonizó a Castillo, sino que el “terruqueo” –expresión coloquial para describir el intento de vincular injustificadamente a una persona con SL–, también incluyó a los valientes fiscales que vienen investigando a Keiko Fujimori por grave corrupción, al propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que es un correcto juez supremo titular, entre otros.

Esta campaña caló en gran parte del electorado limeño y de la costa –que realmente terminó y sigue aterrorizado– y tuvo el efecto contrario en el resto del país: otra parte importante de la ciudadanía percibió como abusiva la campaña del miedo de la prensa concentrada y, en protesta y por hartazgo, votó precisamente por el candidato duramente cuestionado. Algo similar pasó en las elecciones del año 2011 que ganó Ollanta Humala. Conozco personas que iban a votar en blanco, pero que este abuso mediático los inclinó a votar por Castillo, cual efecto bumerang.

Un país que exige ser escuchado y partido en dos

Tal como se describió al inicio de este artículo, Pedro Castillo habría ganado por un muy estrecho margen de alrededor de 71,000 votos: alrededor de dos Estadios nacionales de Lima cuando juega nuestra sufrida selección de fútbol. Sospecho que lo mismo sucedería si la candidata Fujimori logra revertir los resultados. En ese sentido, esta segunda vuelta electoral ha dejado al país políticamente partido en dos: la mitad y apenas un poquito más que apoya a Castillo y la otra mitad que apoya a Fujimori. Sin embargo, este apoyo electoral en segunda vuelta es volátil, pues la mayoría que le dio su voto fue o por un cambio, o por mantener el modelo y no porque le entusiasmaban los candidatos.

En cambio, lo que si vuelven a evidenciar estas elecciones es una gran parte del país que exige ser escuchada, que exige –legítima y democráticamente cada cinco años– cambios que mejoren sus condiciones de vida: más empleo, mejores condiciones salariales, mejor educación, mejor atención de salud, licencia social y ambiental de los proyectos extractivos que se instalen en sus territorios, menos corrupción, mejor infraestructura vial y de servicios públicos como luz, agua o internet. En otras palabras, un país que siente que no es escuchado por las élites políticas y económicas limeñas en un Estado aún centralista como el peruano.

Por ello, Castillo ganó ampliamente en el sur y en la sierra del país, precisamente donde se concentra gran parte de la pobreza y pobreza extrema y en los que algunos proyectos extractivos han generado agudos conflictos sociales. En cambio, Fujimori ganó en Lima, el Callao y la costa central y norte, precisamente donde logramos beneficiarnos más del crecimiento económico los últimos veinte años. Así, ese Perú sureño y serrano se ha vuelto a expresar exigiendo legítimamente que el crecimiento económico los beneficie con mayor equidad. Más aún en un contexto como el actual, en el que la pandemia no sólo ha dejado más de 180.000 peruanos y peruanas fallecidos, sino también una aguda recesión económica y desempleo. Si las condiciones de vida ya eran precarias en el sur y la sierra del país, la pandemia las ha precarizado aún más y ha dejado a millones de personas sin empleo formal o informal y con hambre.

Por otro lado, tampoco puede descalificarse a quienes se inclinaron en esta segunda vuelta por Fujimori. Muchas personas votaron por un temor real de ver disminuido el patrimonio que lograron luego de muchos años de trabajo y sacrificio, por temor a una fuga de capitales e inversiones o porque consideran -sinceramente- que el actual modelo de desarrollo es lo mejor para el país. La alta votación que obtuvo la candidata no sólo se explica por la campaña mediática en contra de Castillo.

¿Por fin podrán dialogar el zorro de arriba y el zorro de abajo?

Hay, en la literatura peruana, dos grandes referentes en torno a la compleja relación histórica entre el mundo andino de la sierra y el mundo occidental de las grandes ciudades de la costa. José María Arguedas la describió como tormentosa, violenta y un proyecto aún por construir en su novela inconclusa “El zorro de arriba y el zorro de abajo”. Por su parte, Edgardo Rivera Martínez, en su novela “País de Jauja”, apuesta por una integración armoniosa entre lo andino y occidental, entre lo indígena y lo europeo. ¿Qué camino transitaremos luego de este resultado electoral que sigue manteniendo en vilo al país?

En primer lugar, pese a la polarización social y política, las y los peruanos podemos decir que tenemos institucionalidad democrática electoral que la gran mayoría del país –incluyendo a la prensa y el empresariado– respeta. Hay un extendido consenso social y político que los resultados electorales, sean cual sean, deben ser respetados.

En segundo lugar, la sociedad civil peruana ha demostrado una vez más ser muy activa y vigilante. Por un lado, la buena iniciativa de las Iglesias y otras instituciones, liderada por el Cardenal Pedro Barreto, de proponer a ambos candidatos un juramento en el que respetarán el estado de derecho y los derechos humanos; si bien no asegura que lo harán, supone un mayor costo político, tanto nacional como internacional, sino lo hacen. Por otro lado, la movilización básicamente pacífica de partidarios de uno y otro candidato y también como personeros.

En tercer lugar, Pedro Castillo sabe que -de ganar finalmente- gobernará desde el inicio con la mitad del país en contra y, para poder hacerlo, tendrá que tender puentes con diversos sectores sociales, políticos y económicos y –entre otras medidas inmediatas– hacer anuncios que calmen los mercados y a los actores económicos. Por su parte, Keiko Fujimori -de perder finalmente- debe reconocer su tercera y consecutiva derrota y no seguir alentando denuncias de fraude. Como en todo proceso electoral, siempre se producen incidentes e irregularidades que no gravitan en el resultado final y ninguna Misión internacional de observación electoral ha alertado de indicios de fraude.

En cuarto lugar, las fuerzas armadas han mantenido la neutralidad política que la Constitución consagra, a pesar de irresponsables y aislados llamados para que intervengan, frente a lo cual el Ministerio de Defensa difundió el 9 de junio un comunicado en el que reitera que este tipo de llamados “es impropio de una democracia”. Confiamos que seguirán así.

En quinto lugar, prevemos que uno de los frentes más críticos del próximo Ejecutivo será la relación con el nuevo Parlamento, conformado en su mayoría por partidos políticos de derecha o de centro-derecha que, previsiblemente, le harán contrapeso a la orientación izquierdista de un probable gobierno de Pedro Castillo. Si bien este contrapeso es saludable en democracia, en el Perú del último quinquenio (2016-2021) hemos sido testigos que este contrapeso se pervirtió en obstruccionismo primero y en vacancia presidencial y populismo legislativo después, que trajo como resultado cuatro presidentes de la república en cinco años y gran inestabilidad institucional.

Si bien el país entero espera que el nuevo Parlamento también tienda puentes con el Ejecutivo y ejerza moderadamente sus prerrogativas legislativas y de control político, nada asegura que así sea. Un escenario no deseable pero posible es, otra vez, de agudo enfrentamiento entre el Gobierno y el Legislativo: censura de ministros(as), cuestiones de confianza, cierre del Parlamento al amparo del art. 134° constitucional o la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente al amparo del art. 113.2° constitucional. 

Al respecto, resulta extremadamente preocupante que el Parlamento actual, que ya está de salida, esté forzando la aprobación de determinadas reformas constitucionales a través de una nueva legislatura absolutamente irregular. Una de estas reformas pretende limitar la prerrogativa del Poder Ejecutivo de plantear al Parlamento “cuestión de confianza”, que es un mecanismo que permite muy excepcionalmente al presidente disolver el Congreso bajo determinadas condiciones previstas en el art. 134° constitucional.

Ese escenario de enfrentamiento entre Poderes sería doblemente condenable en medio de una pandemia de la cual no terminamos de salir y de una recesión económica que reta a las nuevas autoridades a recuperar los millones de empleos que se perdieron y a volver a sacar de la pobreza y el hambre a millones de familias. Si llega a ganar Castillo, es probable que intente hacer frente al Parlamento explotando el descrédito del que hace años padece este Poder del Estado y plantee una nueva Constitución y una Asamblea constituyente, apoyándose en movilizaciones sociales. Por donde se le mire, escenario complicado el que se nos viene a los zorros de arriba y a los zorros de abajo.


[1] “Prensa privada concentrada” se refiere a que en el Perú el grupo económico “El Comercio” concentra al 80% de la prensa escrita y dos canales de televisión.


* Asesor legal de DPLF y profesor principal en PUCP

Foto: AP Photo / Martin Mejia

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Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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