Ramiro Orias*

Las elecciones fallidas del 20 de octubre de 2019 marcan un hito fundamental en el proceso de consolidación de la democracia boliviana. Más allá de la interpretación coyuntural que unos y otros le dan a este hecho, qué si fue fraude electoral o que si fue golpe de Estado, para la memoria histórica de largo plazo, este episodio de conflicto político y protesta ciudadana será recordado como el punto final de los 14 años de gobierno del Presidente Evo Morales, el periodo presidencial continuo más prolongado de su historia republicana.

La inaplicabilidad de los límites constitucionales a la reelección presidencial, la habilitación de la candidatura del presidente en funciones a un cuarto mandato consecutivo, así como la posterior anulación de las elecciones del 20 de octubre del 2019, la renuncia del ex presidente Evo Morales, su salida intempestiva hacia el asilo político, la sucesión constitucional de la presidenta Janine Añez, su candidatura frustrada y posterior declinación, las sucesivas postergaciones de la fecha para unas nuevas elecciones en el contexto de la declaratoria de emergencia sanitaria frente a la pandemia del Covid-19, la prórroga de los mandatos en el Ejecutivo, Legislativo y gobiernos subnacionales, por términos más allá de los regularmente establecidos, constituyen datos fundamentales para comprender cómo se llegó a descomponer la democracia boliviana, hasta un extremo de excepcionalidad constitucional.  

La crisis política y el estallido social que el país vivió en ese momento reflejó un proceso gradual y acumulado de debilitamiento institucional que se venía arrastrando, que no sólo comprometió el desempeño del sistema electoral, sino que encuentra sus raíces en la erosión progresiva del sistema de administración de justicia en su capacidad para tutelar los derechos ciudadanos y garantizar la separación e independencia de los poderes públicos.

Las instituciones fallaron, y la situación tuvo que ser resuelta con el acuerdo de los principales actores políticos, que trazaron una ruta de transición para la recuperación de la institucionalidad democrática en el país.  

La crisis política ocasionada por las denuncias de fraude electoral en octubre de 2019 encontró una salida democrática en los acuerdos políticos para: a) dejar sin efecto los resultados de esas elecciones, b) reconformar el Tribunal Supremo Electoral, y c) convocar a unas nuevas elecciones generales. Podríamos decir que se trató de un verdadero Pacto de Estado, con el apoyo unánime de los legisladores de las distintas fuerzas políticas. Inicialmente el gobierno transitorio de Jeanine Añez asumió con determinación esas tareas, logrando pacificar el país luego de varios días de conflicto violento –con un resultado de 27 muertes y cientos de heridos–. Sin embargo, su decisión posterior de postular como candidata presidencial buscando un nuevo mandato, sumado a la postergación de las elecciones hasta octubre de 2020 para enfrentar la crisis sanitaria, contribuyeron a que la polarización política se agudice, desnaturalizando el proceso de transición democrática que se había iniciado.

El impacto de la crisis política de 2019 sobre la institucionalidad democrática ha sido de tal intensidad, que ha sacudido algunos de los cimientos esenciales en los que se asentaba el régimen electoral boliviano, como: cómputos definitivos e irrevisables y aceptados por todos los competidores, la estabilidad en el cargo de las autoridades electorales y el principio de preclusión, por el que la actividades cumplidas ya no pueden ser revisadas ni repetidas; pero que excepcionalmente se tuvieron que adaptar a los difíciles retos de la realidad política y sanitaria, con el fin de volver a la normalidad constitucional. Los consensos políticos sobrevinieron con el fin de reencauzar el proceso electoral.

Frente a la necesidad de volver a la normalidad institucional, con carácter extraordinario, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó por unanimidad la Ley Nº 1266 de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales de 24 de noviembre de 2019, que a tiempo de dejar sin efecto los resultados de la elección fallida de 2019, dispuso la convocatoria de nuevas Elecciones Generales para el mandato constitucional 2020 – 2025. También fijó la convocatoria a un proceso de elección de nuevos Vocales del TSE, así como las Asambleas Legislativas Departamentales realicen un nuevo proceso de la selección de ternas para la elección de Vocales de los TDE, a cargo de la Cámara de Diputados. Además, esta Ley determina que conforme establece la Constitución: los ciudadanos que hubieran sido electos de forma continua a un cargo electivo durante los dos periodos constitucionales anteriores, no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo; autorizando de esta manera apartarse de la Sentencia Constitucional 0084/2017.

En vez de construir las bases para un acuerdo nacional frente a la emergencia sanitaria, la crisis económica y la institucionalidad democrática, el gobierno transitorio de Añez apostó por llevar adelante una gestión gubernamental partidaria, promoviendo su propia candidatura y confrontando con el resto de los actores políticos. Además, en el marco de las medidas de excepción y de una severa cuarentena para enfrentar la pandemia se evidenciaron hechos de corrupción, represión de la protesta social, restricciones a la libertad de expresión y persecución política; incluyendo actos de interferencia sobre el sistema de justicia, en un contexto de graves carencias del sistema de salud pública para contener el contagio del Covid-19.

Las pasadas Elecciones Generales del 18 de octubre del 2020 significaron para la democracia boliviana el retorno a la normalidad institucional. Luego de recomponer el Órgano Electoral a fines del 2019, el país cuenta ahora con un nuevo gobierno democráticamente electo en el Ejecutivo, una nueva Asamblea Legislativa elegida por el voto popular y también ha renovado sus autoridades regionales o subnacionales. Así, con las elecciones de Gobernadores Departamentales, Alcaldes y Concejales Municipales del 7 de marzo se cierra una fase en el proceso de recuperación de la normalidad institucional. Sin embargo, consideramos que la transición democrática no ha terminado, está inconclusa, sigue pendiente la agenda de institucionalización de un órgano judicial independiente, con la capacidad de cumplir una función arbitral en el juego democrático y contribuir a la reconciliación nacional.

Recordemos que en el debate electoral previo, un aspecto donde hubo una alta coincidencia entre los candidatos presidenciales fue en la necesidad de una reforma profunda del sistema de justicia. Una de las premisas que ha anunciado el Gobierno del presidente Luis Arce es la transformación de la justicia para que esta sea independiente al servicio de la población. Para eso el Ministro de Justicia, en noviembre de 2020 conformó una comisión plural de asesoramiento, integrada por 11 juristas con trayectoria profesional muy reconocida encomendándoles la misión de elaborar una propuesta de reforma constitucional en materia de administración de justicia. Sin embargo, esta iniciativa naufragó por la falta de apoyo político y cuestionamientos que vinieron desde el interior del propio partido de gobierno, que pusieron en pausa esta iniciativa.

Lamentablemente la lógica del compromiso democrático ha sido sustituida por la del sectarismo político. Se evidencian nuevamente algunos signos de uso de las herramientas de persecución política. Se busca criminalizar la protesta cívica y ciudadana de 2019, a la vez que se impulsa una autoamnistía para aquellos que desde las filas del partido de gobierno participaron de la violencia política. Por otra parte, selectivamente ciertos procesos judiciales contra políticos de oposición que estuvieron en los anaqueles archivados se reactivan días antes de las elecciones para inhabilitar candidaturas, interferencia del Ejecutivo central en las campañas electorales del nivel local, el uso de las vacunas como moneda política, el despido y estigmatización de funcionarios públicos de carrera, entre otros, dan la idea que las apelaciones iniciales por la reconciliación están siendo sustituidas por una nueva dinámica de polarización en la lucha política.

¿Cuándo terminan las transiciones democráticas? La idea de transición alude justamente a la idea de metamorfosis, un momento en que no se termina de desmontar el viejo régimen, a la vez que se sigue construyendo la nueva institucionalidad. En tal sentido, diversos académicos concuerdan que las transiciones concluyen, cuando: a) se supera la violencia y abusos del pasado, para iniciar procesos auténticos de verdad, justicia y reparación, b) la sociedad alcanza un período de convivencia, apertura y cambio, y c) se logra la consolidación de instituciones democráticas genuinas, desterrando las prácticas autoritarias y corruptas que provocaron la violencia y confrontación entre diversos sectores de la sociedad.

El camino de recuperación de la institucionalidad democrática en Bolivia, tiene aún varios retos pendientes. El principal, sin duda, constituye la reforma y recomposición del sistema de justicia. Resulta urgente nutrir de contenido un nuevo Pacto de Estado para la recuperación de la institucionalidad judicial. Dado que el contexto actual continúa siendo de profunda polarización política y de falta de confianza en las actuales autoridades judiciales para averiguar la verdad de lo sucedido, se hace necesario avanzar en una hoja de ruta que oriente y promueva las reformas institucionales para una justicia independiente, para que pueda asumir su rol de garante de los derechos fundamentales, lo que contribuirá a consolidar la paz y reconciliación en el país.

*Abogado, Oficial de Programa Senior de la Fundacion para el Debido Proceso, DPLF

Foto: (AP Photo/Juan Karita)