Desjudicializar el neocolonialismo: 10 ideas y 10 propuestas básicas para cambiar la justicia en Bolivia

Eduardo Rodríguez Veltzé*

Publiqué estas notas en 2012 cuando me dedicaba a la actividad académica en la Universidad Católica Boliviana. Las volví a presentar en 2016 cuando parecía recobrar actualidad el debate para abrir un proceso de reformas estructurales al sistema judicial. Hoy en 2021, vuelvo a ellas para aportar al todavía vigente asunto que ha cobrado especial interés a partir de la reciente presentación del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. 

El informe aborda en un capítulo especial las situaciones estructurales para la protección de derechos humanos y estabilidad democrática, entre ellas examina el funcionamiento de la justicia en Bolivia a partir de cuatro elementos: (1) la falta de independencia de la administración de justicia, (2) la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política, (3) el uso abusivo de la prisión preventiva y (4) los obstáculos al derecho al acceso a la verdad y la justicia. El GIEI advierte que “el Estado requiere implementar reformas profundas en su sistema de justicia, a fin de garantizar que la judicatura y el Ministerio Público no sean utilizados para fines políticos por el gobierno de turno, se respeten las garantías al debido proceso y se utilice la detención preventiva de manera excepcional, como último recurso, en los procesos penales. Se advierte la urgente necesidad de que se revise la legislación penal respecto de tipos penales ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes, para evitar la utilización de los mismos de manera arbitraria”.

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Dilemas para la justicia y la verdad a la luz del informe de GIEI-Bolivia

Ramiro Orias Arredondo*

Luego de los hechos de violencia que sucedieron en Bolivia en el marco de la crisis política, electoral y social desatada alrededor de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia acordaron la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el objeto de apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones de  derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, que dejaron un saldo aproximado de 800 heridos y 37 personas fallecidas en diversos lugares del país.

Después de ocho meses de intenso trabajo, pese a las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19, el GIEI-Bolivia presentó su informe final, que refleja un enorme esfuerzo investigativo para contribuir a esclarecer esos hechos. Uno de los mayores valores de este informe, es que aborda –con mucho detalle y rigor – los principales hechos de violencia y graves violaciones de derechos humanos cometidas, tomando como norte las voces de las propias víctimas, que constituyen el centro de las preocupaciones y recomendaciones del documento, sin diferenciar su posición política o sector social. El informe concluye remarcando la necesidad de: “Reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos y todas el reconocimiento de su calidad de víctimas”[1]. Sin ello no se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social.

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La observancia de las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bolivia

Ramiro Orias Arredondo*

Publicado originalmente en Guardiana.

A propósito de la Opinión Consultiva OC 28/21 sobre “la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en Bolivia se ha abierto en un debate público en muchos casos falso o desinformado al menos— sobre el carácter obligatorio de esta decisión para el país.

Conforme al artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), los Estados parte tienen la facultad de declarar que reconocen como obligatoria la competencia de la Corte IDH sobre todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de esta Convención, o solo para casos específicos. En el caso de Bolivia, el 27 de julio de 1993 el Estado reconoció de manera amplia la jurisdicción y competencia de la Corte IDH, declarando su “reconocimiento como obligatoria de pleno derecho, incondicionalmente y por plazo indefinido”.

Una de las formas en que esta Corte se pronuncia sobre la interpretación de la CADH es precisamente mediante las opiniones consultivas. Recordemos que el artículo 64.1 de la convención señala que “[l]os Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos”.

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Bolivia: The Unfinished Democratic Transition

Ramiro Orias*


The failed elections of October 20, 2019 marked a critical milestone in the consolidation of democracy in Bolivia. Whatever the various interpretations of the moment—whether it was electoral fraud or a coup d’état—this episode of political conflict and citizen protest will be remembered in the country’s long-term historical memory as the end of the 14-year government of President Evo Morales, the longest continuous presidential term in the history of the republic.

The political crisis and social upheaval that the country experienced reflected a prolonged, gradual, and cumulative process of institutional weakening, which not only jeopardized the performance of the electoral system but also was rooted in the continuous erosion of the justice system’s capacity to protect citizens’ rights and guarantee the separation and independence of the branches of government.

There are several fundamental data points for understanding how Bolivian democracy deteriorated to the point of constitutional emergency: the inapplicability of constitutional term limits to the presidency; the authorization of the incumbent president’s candidacy for a fourth consecutive term; the subsequent nullification of the elections of October 20, 2019; the resignation of former President Evo Morales and his untimely departure to seek political asylum; the constitutional succession of President Jeanine Añez; her frustrated candidacy and subsequent withdrawal; the successive postponements of the date for new elections following the declaration of a public health emergency in the face of the COVID-19 pandemic; and the extension of terms of office in the executive branch, the legislature, and subnational governments beyond the regularly established limits.

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Bolivia: La Transición Democrática Inconclusa

Ramiro Orias*

Las elecciones fallidas del 20 de octubre de 2019 marcan un hito fundamental en el proceso de consolidación de la democracia boliviana. Más allá de la interpretación coyuntural que unos y otros le dan a este hecho, qué si fue fraude electoral o que si fue golpe de Estado, para la memoria histórica de largo plazo, este episodio de conflicto político y protesta ciudadana será recordado como el punto final de los 14 años de gobierno del Presidente Evo Morales, el periodo presidencial continuo más prolongado de su historia republicana.

La inaplicabilidad de los límites constitucionales a la reelección presidencial, la habilitación de la candidatura del presidente en funciones a un cuarto mandato consecutivo, así como la posterior anulación de las elecciones del 20 de octubre del 2019, la renuncia del ex presidente Evo Morales, su salida intempestiva hacia el asilo político, la sucesión constitucional de la presidenta Janine Añez, su candidatura frustrada y posterior declinación, las sucesivas postergaciones de la fecha para unas nuevas elecciones en el contexto de la declaratoria de emergencia sanitaria frente a la pandemia del Covid-19, la prórroga de los mandatos en el Ejecutivo, Legislativo y gobiernos subnacionales, por términos más allá de los regularmente establecidos, constituyen datos fundamentales para comprender cómo se llegó a descomponer la democracia boliviana, hasta un extremo de excepcionalidad constitucional.  

La crisis política y el estallido social que el país vivió en ese momento reflejó un proceso gradual y acumulado de debilitamiento institucional que se venía arrastrando, que no sólo comprometió el desempeño del sistema electoral, sino que encuentra sus raíces en la erosión progresiva del sistema de administración de justicia en su capacidad para tutelar los derechos ciudadanos y garantizar la separación e independencia de los poderes públicos.

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Bolivia: Independencia judicial en la encrucijada

Ramiro Orias* y Úrsula Indacochea**

Bolivia enfrenta el efecto combinado de varias crisis coyunturales –política, electoral, económica, social– a la que vino a sumarse la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. Un peligroso ‘coctel’ que aumenta la tensión y pone en riesgo el proceso de transición democrática y el restablecimiento de la normalidad institucional. Este escenario, además, profundiza una crisis estructural, de larga data, la crisis judicial.

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América Latina: Derechos civiles y políticos en tiempos de pandemia

David Lovatón Palacios*

Esta nota analiza muy brevemente qué está pasando en América Latina en torno a la restricción de derechos civiles e incluso políticos, en el marco de las diversas medidas excepcionales -pero justificadas- de emergencia adoptadas para enfrentar la pandemia mundial del Covid19. Para ello me he apoyado en excelente notas nacionales escritas por mis colegas de DPLF y algunos destacados invitados, cuyos enlaces aparecen al final de esta nota.

Antes de entrar al tema permítanme la siguiente reflexión: esta pandemia y las medidas restrictivas adoptadas, han sumado más precariedad, sufrimiento y hambre a millones de compatriotas latinoamericanos. Si bien las restricciones al libre tránsito, a la libertad de trabajo, a la libertad de reunión, entre otras, son legítimas pues por el momento el distanciamiento social es la única arma contra este virus, debemos ser consciente que millones de personas en América Latina sobreviven gracias al trabajo callejero o a empleos informales. Es inaceptable que para muchos en AL el dilema sea o que los mate el hambre o el coronavirus. En ese sentido, a partir de esta emergencia, el continente debería retomar un serio debate sobre la pertinencia de un Estado social o de bienestar, sin corrupción, que brinde servicios públicos básicos como salud.

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What Happened in Bolivia? Indefinite Reelection, Electoral Fraud, and Constitutional Succession

Ramiro Orias*

Versión en español aquí.

In order to understand what happened in Bolivia over the past few days, which have seen a serious escalation of violence in the midst of a political crisis that ended with the resignation of President Evo Morales, we need to go back to the 2009 political pact that paved the way for the adoption of a new national constitution. This constitution established that the president may be reelected to only one consecutive term, and that terms served prior to the entry into force of the new constitution shall be taken into account for the purposes of calculating new terms of office.

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¿Qué pasó en Bolivia? Reelección indefinida, fraude electoral y sucesión constitucional

Ramiro Orias*

English version here.

Para entender qué pasó en Bolivia estos últimos días, en que se vio una grave escalada de violencia en el marco de una crisis política que concluyó con la renuncia del Presidente Evo Morales, es necesario retroceder hasta el pacto político del 2009 que viabilizó la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado, que estableció que el presidente puede ser reelecto por una sola vez de manera continua y que los mandatos anteriores a la vigencia de la nueva Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones.

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Protección de la Independencia Judicial en Bolivia

La sentencia constitucional plurinacional 049/2019 con relación al régimen de traslados de los jueces

Marco A. Loayza Cossío*

Uno de los legados más importantes que nos dejó la Ilustración desde un punto de vista jurídico fue la teoría de la separación de poderes que, en muchas oportunidades, fue hasta denostada por diversas corrientes políticas pero que nos demuestra que el hecho de desconcentrar el poder es la mejor garantía para un equilibrio entre los diferentes órganos y su actuación frente a la sociedad, así como una garantía personal de cualquier ciudadano o ciudadana de cara a un Estado que siempre tiende a concentrar su actividad y poder.

Donde más debe garantizarse la separación de los órganos del Estado es en el ámbito judicial ya que la independencia es un puntal de su actuación e implica dos dimensiones, la primera es la independencia institucional, que se refiere a la relación que tiene la entidad dentro del mismo Estado con los otros poderes, de los cuales debe estar completamente alejada y neutral; y por otro lado está la independencia funcional de sus servidores y servidoras públicas, que tienen el deber de juzgar y por lo tanto deben contar con la capacidad de ejercer sin ningún tipo de presión interna o externa esta vital labor para proteger los derechos de la población.

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