What Happened in Bolivia? Indefinite Reelection, Electoral Fraud, and Constitutional Succession

Ramiro Orias*

Versión en español aquí.

In order to understand what happened in Bolivia over the past few days, which have seen a serious escalation of violence in the midst of a political crisis that ended with the resignation of President Evo Morales, we need to go back to the 2009 political pact that paved the way for the adoption of a new national constitution. This constitution established that the president may be reelected to only one consecutive term, and that terms served prior to the entry into force of the new constitution shall be taken into account for the purposes of calculating new terms of office.

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¿Qué pasó en Bolivia? Reelección indefinida, fraude electoral y sucesión constitucional

Ramiro Orias*

English version here.

Para entender qué pasó en Bolivia estos últimos días, en que se vio una grave escalada de violencia en el marco de una crisis política que concluyó con la renuncia del Presidente Evo Morales, es necesario retroceder hasta el pacto político del 2009 que viabilizó la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado, que estableció que el presidente puede ser reelecto por una sola vez de manera continua y que los mandatos anteriores a la vigencia de la nueva Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones.

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Protección de la Independencia Judicial en Bolivia

La sentencia constitucional plurinacional 049/2019 con relación al régimen de traslados de los jueces

Marco A. Loayza Cossío*

Uno de los legados más importantes que nos dejó la Ilustración desde un punto de vista jurídico fue la teoría de la separación de poderes que, en muchas oportunidades, fue hasta denostada por diversas corrientes políticas pero que nos demuestra que el hecho de desconcentrar el poder es la mejor garantía para un equilibrio entre los diferentes órganos y su actuación frente a la sociedad, así como una garantía personal de cualquier ciudadano o ciudadana de cara a un Estado que siempre tiende a concentrar su actividad y poder.

Donde más debe garantizarse la separación de los órganos del Estado es en el ámbito judicial ya que la independencia es un puntal de su actuación e implica dos dimensiones, la primera es la independencia institucional, que se refiere a la relación que tiene la entidad dentro del mismo Estado con los otros poderes, de los cuales debe estar completamente alejada y neutral; y por otro lado está la independencia funcional de sus servidores y servidoras públicas, que tienen el deber de juzgar y por lo tanto deben contar con la capacidad de ejercer sin ningún tipo de presión interna o externa esta vital labor para proteger los derechos de la población.

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Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2018

Susana Saavedra Badani*

La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, agrupa a más de 50 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional en Bolivia, comprometidas con articular esfuerzos, integrar conocimientos y acciones conjuntas para promover, monitorear y acompañar la reforma integral al sistema de justicia en Bolivia.

En el marco de los derechos de control social y participación ciudadana, las organizaciones que conforman la Plataforma se han propuesto iniciar una práctica sistemática de generar reportes alternativos a los informes oficiales de gestión de las instituciones del sistema de administración de justicia, con el fin de publicar anualmente un balance sobre el estado de situación de la agenda pública de la justicia que identifique barreras de acceso, buenas prácticas, avances y desafíos comprometidos por el Estado.

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Venezolanos, go home!

Asociación Civil Derechos en Acción*

El 23 de febrero del año 2001, el gobierno boliviano expulsó a una familia peruana que había ingresado al país cuatro días antes sin presentar los documentos migratorios correspondientes. En 2012 el caso terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que un año después sancionó a Bolivia por haber violado los derechos de sus cinco integrantes, entre otros el principio de no devolución, las garantías judiciales, la protección judicial, la protección a la familia y la integridad personal. El asunto es conocido en la jurisprudencia de la Corte IDH como el caso de la Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia[2], caso emblemático por haber sido el primero en el que tribunal de San José se pronunció sobre el principio de no devolución en un caso contencioso.

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Comentario sobre el caso Bolivia vs. Chile ante la Corte Internacional de Justicia relativo a la obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico

Salvador Herencia-Carrasco*

La decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) significó un duro golpe para las aspiraciones marítimas de Bolivia. El 1 de octubre de 2018, la CIJ emitió su sentencia desestimando todas las pretensiones bolivianas, concluyendo que Chile no tiene una obligación jurídica de negociar una salida soberana al mar. Sigue leyendo

Bolivia: los desafíos del nuevo Fiscal General del Estado

Ramiro Orias*

Publicado originalmente en Página Siete.

Luego de seis años de gestión, conforme manda la Constitución boliviana, la Asamblea Legislativa Plurinacional, previo un proceso de concurso público de preselección ha designado -con el voto de dos tercios de sus miembros- al abogado Juan Lanchipa como nuevo Fiscal General del Estado, quien asume, en un momento de grave crisis, la conducción del Ministerio Público, cuya credibilidad pública es tal vez la más baja desde su creación. La manera como se condujo el caso Alexander, donde un médico inocente y sin las suficientes evidencias fue condenado a 20 años de cárcel, refleja enormes debilidades en cuanto profesionalismo e integridad, así como escasez de capacidades para la investigación forense en la persecución penal, sumado a prácticas de opacidad y abuso de poder que han hecho que esta organización deje de cumplir con su rol de defensor de los intereses generales de la sociedad.

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