Garantías para una justicia independiente en Bolivia y el Reglamento de Preselección de candidatos a las más Altas Cortes

 Ramiro Orías

Oficial de Programa Sénior DPLF

 

Ursula Indacochea

Oficial de Programa Sénior,

Coordinadora del Área de Independencia Judicial en DPLF

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 Bolivia es el único país de la región -y quizás del mundo- que elige a la totalidad de sus jueces de altas cortes, por voto popular y universal. Cada seis años, bolivianos y bolivianas deben acudir a las urnas para definir con su voto, quiénes integrarán el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura de Bolivia. Así lo estableció el texto constitucional promulgado en febrero de 2009, luego de ser aprobado en referéndum nacional.

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¿Es el voto directo, adecuado para elegir a altas autoridades judiciales? Reflexiones sobre la elección de altos magistrados en Bolivia

 

Ursula Indacochea

Oficial Sénior de Programa, DPLF

Publicado previamente en la Revista Reforma Judicial, revista informativa del órgano judicial de Bolivia

Sucre, No. 02, noviembre 2016

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Desde febrero de 2009, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece –en sus artículos 182.I, 188.I, 194.I y 198- que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional Plurinacional y hasta del Consejo de la Magistratura, deben ser elegidos por sufragio universal, de una lista de candidatos establecida previamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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Sin carrera judicial no habrá independencia judicial en Bolivia

Eddie Cóndor Chuquiruna

Director Ejecutivo de Fundación Buen Gobierno

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La Constitución Política del Estado (art. 178-II), establece que la garantía de la independencia judicial se sustenta en la autonomía presupuestaria y la carrera judicial.

La autonomía presupuestaria, que debería ser objeto de referéndum constitucional, se materializaría en el otorgamiento de un porcentaje -fijo- del presupuesto general del Estado, suficiente que haga viable los distintos servicios de justicia, sin tener que depender de Gobierno alguno; que permitan gastos recurrentes, operativos, de funcionamiento, inversiones y por otra parte, la institucionalización de todos los cargos judiciales.

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Conclusiones de la Cumbre de Justicia: Un Balance Crítico a la Luz de los DD.HH. Parte I

Ramiro Orias A.

Oficial de Programa DPLF

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Los días 10 y 11 de junio tuvo lugar en la ciudad de Sucre la denominada “Cumbre Nacional de Justicia Plural”, convocada por el gobierno del Presidente Evo Morales, con una amplia participación de actores sociales y representantes de los órganos judiciales, que abordaron diversos aspectos en relación a la situación de los graves problemas que aquejan a la justicia en Bolivia, a objeto de establecer lineamientos para el cambio estructural del sistema judicial. 

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Bolivia: elegir o no a los jueces

 

Luis Pásara

Senior Fellow en DPLF

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Los días 3 y 4 de junio se reunirá en Sucre la Cumbre nacional de justicia plural para vivir bien, convocada por el gobierno del presidente Evo Morales. El largo título de la reunión encabeza la búsqueda de una reforma a fondo del sistema de justicia, cuyos bajos rendimientos son de sobra conocidos en el país.

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Bolivia: los Guaraníes, el gas y una consulta incómoda

Por: Marcela Torres

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Foto: Juanky Pamies Alcubilla

En términos normativos, Bolivia es uno de los Estados más progresistas de América Latina en lo que a reconocimiento de derechos indígenas se refiere. La constitución boliviana del año 2009 reconoce una senda cantidad de derechos colectivos a los 39 pueblos indígenas del país, incluyendo expresamente sus derechos territoriales. Dicha constitución reconoce además a la consulta previa como mecanismo principal de la democracia participativa que, junto con la democracia comunitaria y la democracia representativa, constituyen la nueva forma de gobierno de Bolivia. Todos estos cambios normativos dan cuenta del liderazgo político que se gestó dentro de las principales organizaciones sociales de dicha nación en las últimas dos décadas y que alcanzó su máxima visibilidad en el año 2006 cuando el dirigente sindicalista de origen indígena Evo Morales asumió la presidencia. Durante los primeros años de su mandato Morales, quien siempre ha señalado que él “gobierna obedeciendo al pueblo”, instauró una tradición de negociación entre gobierno central y sociedad civil que, si bien dificultó la implementación de políticas públicas en un inicio, le otorgó la credibilidad necesaria que le ha permitido mantenerse en el poder hasta la fecha[1].

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Bolivia: elementos que hacen “integral” una reforma al sistema de justicia

Autor: Eddie Cóndor Chuquiruna*

La Paz, Bolivia

En mis recientes artículos sobre Bolivia, he comunicado la necesidad de promover una reforma integral del sistema de justicia y parece que mis propuestas han caído en un saco roto. Los poderes Ejecutivo y Legislativo, insisten -sospechosamente- en su idea de superar la crisis judicial con las propuestas que emerjan de la denominada “cumbre judicial”; actividad a la que seguramente invitarán -únicamente- a quienes consideran afines al “proceso de cambio”. La Universidad, inexplicablemente, sigue ausente, al igual que la masa crítica de las Organizaciones No Gubernamentales independientes. Ignoramos si es que algún Colegio de Profesionales (como el de abogados), tiene propuestas presentadas e incluidas en el proceso de cambio promovido por el gobierno. Desconocemos también los alcances de las propuestas que estarían haciendo las llamadas “organizaciones sociales”, porque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene gestionando la “cumbre judicial” con exagerado y antidemocrático hermetismo. El Poder Judicial no ha podido responder a las críticas que pesan sobre él, por su débil situación; el Tribunal Constitucional ha mantenido su perfil de siempre; la Fiscalía General del Estado ha realizado una propuesta pública en respaldo al Ejecutivo y Legislativo; y, ningún medio de comunicación “se ha ganado el pleito” de apoyar este proceso con responsabilidad, compromiso y proactividad.

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