Salvador Herencia-Carrasco*
La decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) significó un duro golpe para las aspiraciones marítimas de Bolivia. El 1 de octubre de 2018, la CIJ emitió su sentencia desestimando todas las pretensiones bolivianas, concluyendo que Chile no tiene una obligación jurídica de negociar una salida soberana al mar. Sigue leyendo
Ramiro Orias*
Publicado originalmente en Página Siete.
Luego de seis años de gestión, conforme manda la Constitución boliviana, la Asamblea Legislativa Plurinacional, previo un proceso de concurso público de preselección ha designado -con el voto de dos tercios de sus miembros- al abogado Juan Lanchipa como nuevo Fiscal General del Estado, quien asume, en un momento de grave crisis, la conducción del Ministerio Público, cuya credibilidad pública es tal vez la más baja desde su creación. La manera como se condujo el caso Alexander, donde un médico inocente y sin las suficientes evidencias fue condenado a 20 años de cárcel, refleja enormes debilidades en cuanto profesionalismo e integridad, así como escasez de capacidades para la investigación forense en la persecución penal, sumado a prácticas de opacidad y abuso de poder que han hecho que esta organización deje de cumplir con su rol de defensor de los intereses generales de la sociedad.
Ramiro Orias*
Publicado originalmente en Página Siete.
Una de las innovaciones adoptadas por la constitución boliviana de 2009, fue la diferenciación de roles en las funciones de defensa del Estado y la sociedad. Así, la Procuraduría General del Estado es la institución encargada de defender y precautelar los intereses del Estado, mientras que al Ministerio Público se le encomienda la defensa de los intereses generales de la sociedad, dirige la investigación de los delitos y promueve la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Sigue leyendo
Luis Pásara
While Bolivia’s first election of judicial authorities in 2011—the only one of its kind in Latin America—was a compelling novelty, the second edition held on December 3 of this year attracted much less attention, given that little had changed in terms of the players and the procedures. The outcome was therefore the same as it had been six months earlier: despite a voter turnout of 84.2%, nearly two-thirds of the ballots cast were blank or null and void. This figure was higher than the 2011 rate of 59.27%. Votes cast for one or more candidates decreased from 40.72% to 34.12%.
Luis Pásara
Si en 2011 la primera elección de autoridades judiciales en Bolivia –única en América Latina –constituyó una novedad llamativa, la segunda edición realizada el 3 de diciembre de este año atrajo menos atención, debido a que poco había cambiado en el procedimiento y los actores. Por consiguiente, el resultado fue el mismo que el de hace seis años: con una participación de 84,2% de los electores, votos blancos y nulos rozaron los dos tercios de los votos emitidos, algo más que en 2011, cuando totalizaron 59,27%. Los votos emitidos por uno o más candidatos descendieron de 40,72% a 34,12%.
