Ramiro Orias* y Úrsula Indacochea**

Bolivia enfrenta el efecto combinado de varias crisis coyunturales –política, electoral, económica, social– a la que vino a sumarse la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. Un peligroso ‘coctel’ que aumenta la tensión y pone en riesgo el proceso de transición democrática y el restablecimiento de la normalidad institucional. Este escenario, además, profundiza una crisis estructural, de larga data, la crisis judicial.

Este contexto de múltiples crisis, marcado por la confrontación política y una creciente restricción de recursos públicos, debilita cada vez más los esfuerzos por reformar y mejorar la capacidad del sistema de justicia para enfrentar la impunidad por violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, así como para atender las nuevas demandas de justicia de los ciudadanos y ciudadanas, en especial de los grupos más vulnerables, que son quienes han soportado el mayor peso de los efectos de la pandemia, y justamente, quienes más requieren de la protección de sus derechos.

Hoy, Bolivia se encuentra de nuevo ante una de las encrucijadas decisivas de su historia. Las próximas elecciones generales del 18 de octubre ofrecen al país la vía democrática y pacífica para renovar la construcción del Estado de derecho y la oportunidad de reencauzar las energías que se requieren para la recuperación institucional del sistema de administración de justicia. Este aspecto -la recuperación de la justicia- no es secundario, pues una de las principales causas de la erosión democrática ha sido el progresivo debilitamiento y la larga agonía de la justicia boliviana, hasta el punto de ser incapaz de contener el deterioro del Estado de derecho.

En esa línea, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) ya en su Informe titulado Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El Camino hacia el Fortalecimiento de la Democracia en Bolivia, de 2007, concluía señalando:

La Comisión observó diversos elementos que pueden cuestionar la independencia, imparcialidad e idoneidad de los jueces en Bolivia. En primer lugar, se tomó conocimiento de algunas falencias en cuanto a los procesos de designación de los funcionarios judiciales y del Ministerio Público, así como de la debilidad y falta de consolidación de un sistema disciplinario. Asimismo, existe una percepción muy fuerte de que los poderes Ejecutivo y Legislativo no respetan la independencia judicial.

Luego de 14 años de ese informe lamentablemente la situación no mejoró, sino que incluso se ha visto agravada. Pasado los conflictos de noviembre del año 2019, diversos organismos internacionales y no gubernamentales desarrollaron informes sobre la situación de derechos humanos en Bolivia. Aunque esos informes externos son diferentes en cuanto a sus enfoques, objetivos y metodología, en todos ellos resuena una coincidencia: la necesidad de avanzar en el fortalecimiento del sistema de justicia si se quiere enfrentar los problemas crónicos de impunidad.

Nuevamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de la visita de su Secretario Ejecutivo a Bolivia en noviembre de 2019, con el objeto de recoger información sobre la crisis política y social post electoral, concluyó que: no es claro que la institucionalidad nacional esté en condiciones o en capacidad de cumplir con la obligación de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables por violaciones de derechos humanos, planteando al mismo tiempo la necesidad de una investigación internacional independiente e imparcial sobre estos hechos, para coadyuvar a las autoridades nacionales en dicho cometido. La CIDH también precisó que recibió denuncias de actos y patrones de persecución judicial de opositores durante el Gobierno del Evo Morales; que entrañarían violaciones de los derechos humanos que deben también ser investigadas, juzgadas y sancionadas. Finalmente, señaló -entre otras recomendaciones- la necesidad de: Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos.

Amnistía Internacional también preparó un informe sobre estos hechos, abordando de manera más completa la complejidad de la crisis política y electoral, donde a tiempo de recordar que Bolivia tiene una lamentable historia de impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el pasado, concluye que, en un ambiente de creciente polarización e intolerancia, y de falta de confianza en las autoridades bolivianas para impartir justicia independiente, Bolivia requiere de un mecanismo independiente, para desentrañar la verdad y brindar justicia y reparaciones a las víctimas y sus familiares.

Este informe además incluye recomendaciones a los candidatos presidenciales, para que el próximo gobierno electo se comprometa a: Adoptar medidas para asegurar una investigación diligente, independente e imparcial de las violaciones de derechos humanos y de los actos de violencia cometidos durante la crisis postelectoral; y –entre otros aspectos-, reconocer públicamente que hechos de corrupción pueden afectar y obstaculizar el goce y ejercicio de los derechos humanos y comprometerse con su investigación y sanción según corresponda.

Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo público su informe sobre La situación de DDHH tras las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia, que propone una hoja de ruta para prevenir violaciones de derechos humanos, garantizar la rendición de cuentas y allanar el camino hacia unas elecciones pacíficas, participativas e inclusivas. Este organismo identifica la existencia de un “patrón de persecución judicial” a la oposición política que se cimienta en prácticas y debilidades de larga data del sistema de justicia, en particular la falta de independencia ante la injerencia política.

Frente a este problema recomienda: Desarrollar una progresiva reforma estructural al sistema de justicia, en particular para asegurar su independencia y el respeto al debido proceso. Esta reforma debería incluir un diagnóstico profundo del sistema de justicia penal; revisar el proceso de selección de jueces, fiscales y Fiscal General; adoptar una ley sobre la carrera judicial; mejorar los mecanismos para evaluar el desempeño de jueces y fiscales, así como los procedimientos disciplinarios. Finalmente, la OACNUDH concluye que: Bolivia se enfrenta a la oportunidad de transitar de las divisiones y debilidades estructurales de sus instituciones hacia una etapa de estabilidad basada en la rendición de cuentas, el Estado de derecho y la confianza en las instituciones.

Por su parte, Human Rigths Watch publicó recientemente un informe bajo el título La justicia como arma de persecución política en Bolivia (septiembre, 2020) que documenta casos de persecución política arbitraria de opositores del régimen anterior y concluye que el gobierno de Evo Morales mediante un proceso de reformas judiciales debilitó la independencia del sistema de justicia, creando una situación de desmantelamiento institucional que permitió a su gobierno entonces, y al de Áñez ahora, usar de forma indebida el sistema judicial con fines políticos.

El Informe detalla una serie de reformas y medidas aplicadas por Evo Morales que socavaron la independencia judicial, y muestra cómo hoy el sistema de justicia boliviano continúa sufriendo las consecuencias de los cambios aplicados durante su gobierno. Entre sus principales recomendaciones señala que: Bolivia debe implementar cambios profundos en su sistema de justicia, dando prioridad a las reformas que permitan que jueces y fiscales obren de manera independiente y sin temor a represalias. Al efecto, propone: reformar el sistema de justicia de Bolivia para garantizar su independencia, comenzando por abrir un proceso público participativo que promueva e incluya las perspectivas de todos los partidos políticos, de miembros de la sociedad civil y de organizaciones que trabajen en la reforma del sistema de justicia, así como de expertos internacionales en la materia.

La transición democrática boliviana enfrenta un escenario de crisis, incertidumbre y riesgo. Resulta necesario reforzar los espacios de diálogo, deliberación y reflexión para nutrir de contenido la agenda de recuperación de la institucionalidad democrática, erosionada progresivamente durante la última década. Dado que el contexto actual continúa siendo de profunda polarización política y la falta de confianza en las actuales autoridades del sistema de justicia, se hace necesario impulsar un proceso de reforma que atienda tanto los retos de larga data que tiene el país, como los producidos por la reciente crisis.

Para abordar esta encrucijada, desde una perspectiva democrática que fortalezca la independencia judicial, es preciso promover cambios estructurales. Pero ¿hacia dónde ir, cuando la justicia está tan dañada? La profundidad de los cambios que se necesitan, que se acercarían en algunos aspectos a los que se han implementado en escenarios de transiciones post conflicto, debe garantizar un escrupuloso cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos reconocidos, en especial aquellos que protegen las diversas dimensiones de la independencia judicial.

Algunas experiencias cercanas recientes, como la profunda reforma judicial en 2018 en el Perú, país que apostó por el otorgamiento de facultades de revisión extraordinarias a un ente autónomo para anular nombramientos, ratificaciones y procesos disciplinarios corruptos e irregulares, o bien el acompañamiento de un mecanismo internacional independiente que apoye la transición, en la línea de algunas experiencias centroamericanas, son solo algunas opciones que vale la pena explorar para blindar la credibilidad pública de este proceso.

Un caso de referencia cuyas lecciones aprendidas vale la pena mirar con detenimiento, por sus similitudes con la experiencia boliviana, es el proceso de transición del sistema de justicia en Ecuador, que tuvo como objetivo “depurar” sus instituciones de lo que se conoció como “la metida de mano en la justicia”, usando las propias palabras del expresidente Rafael Correa. En febrero del 2018, el presidente Lenin Moreno, logró que mediante referéndum constitucional se aprobara reformar la Constitución para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), así como dar por terminado el período constitucional de sus entonces miembros, y que un nuevo Consejo transitorio (CPCCS-T) asuma sus funciones, con la exclusiva tarea de evaluar el desempeño de las autoridades de control cuya designación le correspondía al primero (entre ellas, al Fiscal General del Estado, Procurador General del Estado y miembros del Consejo de la Judicatura), “anticipando la terminación de sus períodos” en caso de que dicha evaluación fuera negativa. Terminado el encargo, el CPCCS-T se extinguiría.

El CPCCS-T inició estas evaluaciones, empezó solicitando información a varias instituciones sobre su gestión con plazos muy cortos, y en numerosos casos, separó a las autoridades de sus cargos de forma cuestionada, apresurada y poco alineada con estándares de debido proceso, al punto que incluso organizaciones de derechos humanos tradicionalmente críticas de la cooptación correísta de la justicia, acudieron al sistema interamericano de derechos humanos a expresar preocupación por este proceso de transición express. El CPCCS-T separó de sus funciones en junio de 2018 a los vocales titulares del Consejo de la Judicatura cuyo mandato estaba previsto hasta 2019 y designó un nuevo Consejo también transitorio. Finalmente, una composición definitiva, tras el respectivo proceso, tuvo lugar el 29 de enero de 2019. Otros casos cuestionados fueron los del Defensor del Pueblo, y el de los magistrados de la Corte Constitucional, pues en este último caso el CPCCS-T no tenía una competencia clara (ya que el CPCCS no incluía a esta corte entre los órganos que le compete nombrar). La creación de un CPCCS-T casi omnipotente y actuando sin considerar los estándares internacionales, ha generado que hoy varias de las autoridades judiciales removidas hayan presentado peticiones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que se restituyan sus derechos.

Bolivia ya no puede seguir haciendo más de lo mismo, y tampoco puede perder la oportunidad que el nuevo escenario post electoral puede dar para una reforma judicial basada en un pacto político inclusivo, transparente y democrático que siente las bases de una política de Estado en materia de gobierno judicial. Una de las bases de ese pacto podría ser encontrar la ruta constitucional para iniciar un proceso de auditoria y evaluación del desempeño judicial, y de la búsqueda de algún mecanismo adecuado de saneamiento de la judicatura, bajo parámetros de respeto del debido proceso, criterios objetivos y una instancia imparcial e independiente que conduzca este proceso.

En ese sentido, en el marco del proceso electoral, el país deberá debatir, por ejemplo, las posibilidades una Ley de Transición Judicial, que incluya una instancia independiente y plural, con participación de organismos internacionales especializados, con la competencia de revisar y auditar técnicamente los procesos de nominación judicial, evaluar el trabajo de los jueces en casos donde se cometieron abusos de poder evidentes, así como de calificar y seleccionar a los postulantes que serán designados por las instancias competentes. De ese modo, se podrá transitar en la ruta hacia una justicia garante de los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas, que sea un contrapeso eficaz del poder político, consolidando una paz social duradera para el país.

La Paz/Washington DC, 30 de septiembre de 2020

*Oficial de Programa Sénior de la Fundación para el Debido Proceso – DPLF

**Coordinadora del Programa sobre Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso – DPLF

Foto: Joe Gratz/Flickr, dominio público