Ana Lorena Delgadillo y Alicia Moncada**

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visita México y Guatemala en uno de los momentos más álgidos de la crisis migratoria en las Américas. Más allá de que en la agenda ya se decidió qué y a quién viene a escuchar, no podemos dejar pasar la ocasión para comunicarle lo que el gobierno posiblemente no le dirá. 

La administración Biden-Harris dice estar comprometida con revertir las crueles políticas migratorias de la administración de Trump como el programa “Quédate en México”, que terminó oficialmente el 1 de junio de este año, reparar el sistema de asilo estadounidense e implementar un plan integral para una migración segura, legal y ordenada que combata la pobreza, la inseguridad y la violencia como causas estructurales de la migración en la región. 

Las intenciones del gobierno estadounidense no pueden concretarse sin pensar al mismo tiempo en condiciones de gobernabilidad y seguridad en la región. Inyectar recursos y desarrollar programas en comunidades trastocadas por el crimen organizado, sin mecanismos de seguridad y de gobernabilidad que funcionen, generará más riesgos que soluciones. La violencia, impunidad y corrupción no son exclusivos de Centroamérica, también trastocan a México. Mientras México y Centroamérica no fortalezcan sus instituciones de procuración y administración de justicia, su autonomía e independencia, difícilmente la violencia disminuirá y con ello, algunas de las causas principales de la migración. 

Harris además debe escuchar que existe una criminalidad organizada que opera desde Centroamérica y México hasta EUA, que goza de impunidad y cuyos beneficios económicos no se han afectado. El crimen organizado transnacional sigue desapareciendo, secuestrando, extorsionando, ejecutando, sometiendo a trata y tráfico a personas migrantes, porque los países se lo han permitido. 

Un excelente punto de partida para entender este fenómeno son los casos de masacres, los secuestros y las desapariciones de migrantes. A 10 años de las masacres de San Fernando,  no sabemos que se hayan reunido los fiscales de la región a tratar de integrar investigaciones desde una lógica transnacional.

Recientemente, el secretario de Seguridad Interior de EUA anunció una nueva operación (Operation Sentinel) dirigida al combate de organizaciones criminales transnacionales relacionadas con el tráfico ilegal de migrantes. Nos parece una iniciativa importante, pero que no debe operar sólo para los delitos que le importan a EUA -como el tráfico y trata de personas- sino también los que afectan gravemente a la región y que se consideran graves violaciones de derechos humanos como los relacionados con la desaparición y ejecución, así como el secuestro de migrantes. 

Es indispensable la construcción de mecanismos extraordinarios con enfoque transnacional, que tengan garantías de independencia para que puedan contar con toda la información y cooperación necesaria y actuar sin presión alguna. Estos equipos deben conformarse con personal confiable y cualificado, que pueda investigar estructuras estatales involucradas con la participación de las víctimas y sus representantes.

Por último, preocupa que el gobierno de Biden apoye que  México y los países del triángulo norte estén incrementando la presencia militar en las fronteras, a fin de frenar la migración y externalizar sus fronteras. Esto muy a pesar de saber que las fuerzas armadas operan en nuestros países sin mecanismos de control ni transparencia, además con el histórico peso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. 

Es importante que la vicepresidenta Harris dialogue con las autoridades de los países con quienes se reunirá en sus visitas, pero no puede dejar de escuchar a las poblaciones afectadas y a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Escuchar sólo a una parte tendrá como consecuencia la implementación de medidas sesgadas que no beneficiarán a las personas más vulneradas de la región. 

* Columna de opinión publicada originalmente en Diario La Reforma.

** Ana Lorena Delgadillo es directora de la Fundación para la Justicia; Alicia Moncada es investigadora de la misma organización.

Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin