Kristen Sample**

El 26 de enero de 2021, Mynor Moto fue elegido por el Congreso de Guatemala para cubrir una vacante en la Corte de Constitucionalidad a pesar de estar siendo investigado por una unidad de élite de la Fiscalía.  La sociedad civil fue enfática en sus críticas a Moto y al proceso de selección. El nuevo gobierno de Estados Unidos también se pronunció, afirmando que la presencia de Moto en la Corte «amenaza el estado de derecho… y debilitaba la integridad de la Corte».  

La toma de posesión de Moto fue bloqueada gracias a la orden de arresto emitida a pedido de los fiscales el 1 de febrero. Optó por huir en lugar de responder a los cargos que se le imputaban. 

La gravedad de los cargos y las deficiencias del proceso de selección hacen que el caso de Moto sea impactante, pero no es ni mucho menos el único. La independencia y la integridad de los jueces y fiscales es un reto de larga data en Guatemala y en la región. En una clasificación mundial de la independencia judicial, 15 de 20 países de América Latina y el Caribe fueron calificado «por debajo del promedio».  

La calidad del estado de derecho depende, en gran medida, de la capacidad e integridad de los propios operadores judiciales. Cuando están integrados por individuos de reconocida calidad moral, los tribunales y las fiscalías son más capaces de resistir las presiones políticas y los intereses privados.  Del mismo modo, cuando los procesos de selección se perciben como transparentes y meritocráticos, es más probable que participen candidatos cualificados y de alta integridad. 

A nivel mundial, existe un amplio espectro de sistemas para la selección de estos cargos de alto nivel. Las opciones incluyen una regulación mínima (como el simple nombramiento por parte del Ejecutivo), la elección popular y los procedimientos detallados de evaluación y selección por parte de una comisión de nombramientos. En la región norte de América Central (Honduras, El Salvador y Guatemala), donde la independencia del poder judicial y de los fiscales se considera como elemento clave de la lucha contra la corrupción, las disposiciones constitucionales o las reformas legislativas han tratado de despolitizar las instituciones poniendo el proceso de nombramiento en manos de actores ostensiblemente no políticos, al menos en parte. 

Aunque bien intencionadas, estas reformas han sido subvertidas en gran medida por poderosos grupos de interés, como se ha documentado en reportajes de investigación en profundidad y en casos judiciales.  Influir en la selección de jueces y fiscales se ve como una «inversión» que se paga en términos de impunidad y contratos lucrativos, y los actores corruptos han encontrado formas de manipular las salvaguardias de integridad que se incorporaron a los procesos de selección. Como explica un exfiscal centroamericano, «mientras que antes la elección de un fiscal general no se consideraba importante, hoy en día algunos fiscales han alcanzado el estatus de celebridades y los poderosos grupos de interés se preocupan más por su elección que por la elección presidencial». 

La sociedad civil desempeñó un papel clave en la promoción de muchas de las reformas legales que sustentan los procesos de selección, y también ha trabajado para promover la integridad en su aplicación.  La investigación sobre los últimos 10 años de iniciativas impulsadas por la sociedad civil en relación con los procesos de selección de jueces y fiscales reveló una amplia gama de compromisos, como la promoción de la reforma, la supervisión del proceso, las campañas de concienciación pública, la investigación de los candidatos y el litigio estratégico. 

¿En qué medida los esfuerzos de la sociedad civil han mejorado la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de selección? Las personas activistas consultadas para esta investigación se apresuraron a identificar numerosos casos en los que los procesos de selección no cumplían las normas de integridad.  A pesar de estos contratiempos, también existe la sensación de que los tribunales y las fiscalías estarían en peores manos sino fuera por sus esfuerzos. La participación de la sociedad civil ha servido para aumentar el nivel de interés público, mediático e internacional, documentar las irregularidades y fortalecer su propia capacidad de investigación, defensa y coordinación. Hay indicios de que la atención puede haber servido para disuadir a algunos candidatos corruptos de aplicar a estos nombramientos o para poner a los candidatos seleccionados sobre aviso de que su actuación en el tribunal o como fiscal general será objeto de escrutinio.  

Teniendo en cuenta los procesos de selección programados para los próximos meses -en particular para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Guatemala y El Salvador y de Fiscal General en El Salvador-, ¿qué sabemos en términos de los factores que importan para la integridad de la selección de jueces y fiscales? 

Continuidad.  La participación de la sociedad civil en los procesos de selección de jueces y fiscales es ad hoc y a menudo llega retrasada.  En la medida en que los donantes prestan apoyo, éste se limita a un único proceso electoral y puede ponerse en marcha sólo unos meses, o incluso semanas, antes de las elecciones, lo que obliga a la sociedad civil a actuar de forma reactiva, dificulta la creación de coaliciones, la divulgación pública, las investigaciones y las estrategias jurídicas. Un apoyo plurianual permitiría realizar esfuerzos sostenidos, incluida la incidencia para la reforma legal, que se gestiona mejor en períodos no electorales. 

Apoyo diplomático.  La ausencia de canales institucionales que funcionen significa que la sociedad civil debe depender de la presión internacional.   En ocasiones, la sociedad civil ha sido eficaz a la hora de abogar ante la embajada de los Estados Unidos y otros aliados de la comunidad diplomática para oponerse a candidatos sin escrúpulos considerados contraproducentes para los intereses de seguridad de Estados Unidos e internacionales.  Sin embargo, esta estrategia está lejos de ser infalible; el apoyo diplomático es intermitente y el apoyo internacional también conlleva riesgos, como la dependencia, la preocupación por la soberanía nacional y la reducción de la legitimidad. 

Formación de coaliciones. Los grupos de interés corruptos tienen recursos financieros, políticos y mediáticos superiores.  En respuesta, la sociedad civil debe capitalizar su única ventaja real -los números- construyendo y activando coaliciones transversales que incorporen a los movimientos populares y a los ciudadanos de a pie.  Tradicionalmente, el poder del activismo cívico se ve limitado por las fracturas ideológicas, geográficas o socioeconómicas.  Para superar estas divisiones es necesario comprometerse a crear coaliciones amplias incluso con organizaciones que trascienden las líneas políticas y, lo que es aún más importante, invertir en alianzas urbano-rurales a través de la divulgación, la escucha y la creación de confianza con los movimientos sociales basados en ciudades secundarias y zonas rurales.  

Periodismo de investigación. La experiencia en todo el mundo ha demostrado que la eficacia de los esfuerzos de la sociedad civil contra la corrupción depende en gran medida de un contexto de libertad de prensa. Los reportajes en profundidad realizados por periodistas de investigación en la subregión han arrojado luz sobre los vínculos entre las redes ilícitas y los candidatos a cargos judiciales y fiscales de alto nivel.  Además, la prensa desempeña un papel vital como «infomediario» que traduce y comunica la información generada por la sociedad civil al público en general. 

Estrategias de comunicación. La activación de un amplio apoyo público depende de la medida en que los ciudadanos vean conexiones claras entre los procesos de selección y sus propias realidades económicas y sociales.  Dado que los informes de seguimiento y el litigio estratégico implican conceptos jurídicos complejos, la sociedad civil debe hacer un esfuerzo adicional para desarrollar formatos que sean accesibles y significativos para el público en general. Las estrategias de comunicación deben basarse en la recopilación de datos -como la investigación de la opinión pública y los grupos de discusión- y ser bidireccionales e interactivas, de modo que los ciudadanos participen activamente a través de reuniones comunitarias o ayuntamientos. 

Combatir la desinformación.  En estos procesos de alto riesgo, la lucha por controlar la narrativa es feroz.  Las estrategias de comunicación utilizadas por los grupos de interés corruptos incluye las alianzas con los medios de comunicación convencionales «amistosos», así como el desarrollo de campañas de desinformación coordinadas en los medios de comunicación convencionales y redes sociales.  Los grupos de la sociedad civil son presentados como elitistas, corruptos o controlados por intereses extranjeros.  La necesidad de estrategias preventivas para contrarrestar la desinformación subraya la importancia de la continuidad de los esfuerzos para permitir un seguimiento sostenido y la configuración del entorno informativo. 

Justicia abierta. Aunque se han adoptado iniciativas de «gobierno abierto» en todo el mundo, el ámbito judicial va por detrás de otros sectores.  La falta de información disponible públicamente es un claro impedimento para los esfuerzos de investigación de la sociedad civil, por ejemplo, para revisar las sentencias anteriores de los candidatos a cargos judiciales.  El desarrollo de una base de datos sistemática y completa -informada y compartida por los principales grupos de activistas de la sociedad civil- permitiría un análisis continuo de la conducta de los actores del sistema judicial y agilizaría las investigaciones en futuros procesos.  

Estándares. Las organizaciones de la sociedad civil han fundamentado sus esfuerzos en los estándares internacionales y se han involucrado con los organismos de derechos humanos de la ONU y del sistema interamericano a través de actividades de promoción y audiencias públicas. En un intento de presionar a los responsables de la toma de decisiones para que se adhieran a criterios objetivos, las OSC también han creado paneles independientes paralelos que califican y clasifican a los candidatos según estos estándares internacionales. Hasta ahora, estos esfuerzos han sido ad hoc.  La adaptación de un conjunto común de criterios objetivos en todos los procesos de selección y su vinculación a una conversación nacional más amplia sobre el significado de conceptos como «mérito», «integridad» y «honorabilidad» en lo que respecta a estos cargos podría aumentar el impacto de estos procesos de evaluación comparativa.  

Observación. El nivel y la calidad de la observación de la sociedad civil de estos procesos de selección ha variado considerablemente en los últimos 10 años.  En algunos contextos, la sociedad civil se ve obligada a gastar mucha energía negociando los derechos y las condiciones de la observación misma con las comisiones de nombramiento o con el poder legislativo.  Si bien existen diferencias críticas entre la observación nacional de las elecciones (directas) y la observación de los procesos de selección de autoridades judiciales y fiscales, esta última podría beneficiarse de las lecciones aprendidas a lo largo de más de 30 años de observación electoral, incluidas las primeras batallas para hacer valer el derecho de los ciudadanos a observar sus elecciones, el desarrollo de redes regionales y mundiales, la adopción de principios de observación y el intercambio de metodologías de supervisión.  

Ante el continuo asalto a la independencia del poder judicial, los grupos de la sociedad civil desempeñan un papel clave, y emplean una serie de buenas prácticas para apoyar la integridad del proceso.  Teniendo en cuenta lo que está en juego y los poderosos grupos de interés que pretenden subvertir los procesos, en los próximos meses tendrán que utilizar todas las herramientas desarrolladas, y muy posiblemente más. 

*Publicado originalmente en el Blog Global Anti-Corrupción. Basado en una investigación realizada para Open Society Foundations y la Oficina de Washington para América Latina con el apoyo del National Democratic Institute y la Due Process of Law Foundation.

**Directora de Gobernanza Democrática en NDI.

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