La lección de Ana Estrada: vivir y morir con dignidad

Josefina Miró Quesada Gayoso*

El pasado 25 de febrero, el onceavo juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en un hecho sin precedentes en la historia del Perú, reconoció el derecho a una muerte digna de Ana Estrada. Ana, quien a sus 44 años padece de una enfermedad muscular en etapa avanzada, es la primera peruana que solicita al Estado ejercer su derecho, y consecuentemente, acceder a un procedimiento médico de eutanasia, cuando ella así lo requiera. A nivel latinoamericano, solo Colombia cuenta con una declaración similar. En 1997, de manera contundente, despenalizó para ciertos casos el delito de homicidio piadoso, reconoció este derecho y lo posicionó como un asunto de derechos humanos (sentencia C-239).

El caso de Ana no sólo es una conquista judicial, sino política y social que cruza fronteras. La muerte digna, tema que ha sido históricamente (y lo sigue siendo) tabú en una sociedad y en una región mayoritariamente católica, ha sido colocado como agenda pública. En el Perú, el debate sobre la vida y la muerte ha sido abordado ampliamente en los medios de comunicación, en las aulas universitarias, en eventos académicos, en los hospitales y otros ambientes de salud, en las reuniones familiares, y hasta en el Congreso de la República, donde ya hay un proyecto de ley que busca despenalizar y legalizar la eutanasia[i].

Pasar de percibir la libertad de decidir sobre nuestro proceso de muerte como un delito, a entenderlo como un derecho, requiere un cambio radical en nuestra valoración del comportamiento. Exige desterrar estigmas, despejar dudas, poner a un lado las convicciones personales o religiosas, aprender que la muerte es parte de la vida, entender y empatizar a quienes piden respetar su derecho. La ley, por sí sola, no cambiará esta percepción. De ahí, la importancia de hacer pedagogía sobre la muerte digna que trascienda los pasillos del Poder Judicial. La historia de Ana conmueve y facilita que nosotros podamos hablar de ello. Empiezo, entonces, por ahí, para compartir luego unas reflexiones sobre este histórico fallo y entender los alcances de este derecho emergente que se abre paso en el Perú y en, cada vez más, países del mundo[ii].

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Sistemas judiciales durante la pandemia: la experiencia de Sudamérica

Carolina Villadiego Burbano*

Una primera versión de este artículo fue publicada por la autora en inglés en la página web de la Comisión Internacional de Juristas el 29 de abril de 2020. Disponible aquí.

En América Latina, los gobiernos adoptaron varias medidas para enfrentar la crisis de salud pública generada por la pandemia del COVID-19. Algunos, decretaron estados de excepción y adoptaron medidas restrictivas de derechos y libertades (cuarentenas, medidas de aislamiento preventivo, toque de queda, entre otras). Asimismo, los sistemas de justicia adoptaron medidas específicas para proteger el derecho a la salud y garantizar el acceso a la justicia.

Este artículo describe algunas medidas adoptadas por los poderes judiciales en América del Sur, y propone algunas reflexiones personales y preliminares acerca de los factores que deben analizarse para evaluar su proporcionalidad y eficacia. Es importante tener en cuenta que el poder judicial cumple distintos roles en un Estado de derecho: protege derechos fundamentales, revisa judicialmente decisiones gubernamentales, garantiza el acceso a un recurso judicial efectivo, al debido proceso y los derechos de las personas privadas de la libertad. Por ello, esta labor es muy importante durante la emergencia sanitaria, como recordó la Comisión Internacional de Juristas.

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Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2018

Susana Saavedra Badani*

La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, agrupa a más de 50 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional en Bolivia, comprometidas con articular esfuerzos, integrar conocimientos y acciones conjuntas para promover, monitorear y acompañar la reforma integral al sistema de justicia en Bolivia.

En el marco de los derechos de control social y participación ciudadana, las organizaciones que conforman la Plataforma se han propuesto iniciar una práctica sistemática de generar reportes alternativos a los informes oficiales de gestión de las instituciones del sistema de administración de justicia, con el fin de publicar anualmente un balance sobre el estado de situación de la agenda pública de la justicia que identifique barreras de acceso, buenas prácticas, avances y desafíos comprometidos por el Estado.

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Perú, aquí se va a defender lo ganado

Cruz Silva del Carpio*

El mundo nos mira. Somos el país de Suramérica que a pesar de los constantes ciclos de bonanza económica y de robo sistemático de sus ganancias, como nos lo  recordó Alfredo Quiroz, está a punto de someter a la justicia a uno de sus eternos personajes políticos. Justamente, el más escurridizo ante la justicia: Alan García.

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Un juez muestra a la justicia frente al poder

Luis Pásara*

Un juez federal estadounidense ha dado desde su estrado una clase magistral sobre la justicia, de especial utilidad para ingenuos. Ha condenado a cuatro mujeres que creían ejercer su solidaridad con los inmigrantes que atraviesan el desierto de Arizona, dejándoles agua y alimentos en lugares donde pudieran encontrarlos. No sabían –o no podían creer– que un juez, un funcionario público encargado de administrar justicia, llegaría a considerar ese acto –para ellas, un acto de justicia– como un delito merecedor de pena de prisión.

Hace mucho que me ha llamado la atención el doble sentido de la palabra justicia. Quien sufre un agravio y reclama justicia se somete a la justicia para llevarle su demanda. Los filólogos dirán que hay allí una anfibología o, mejor aún, una disemia (palabra de doble significado). Pero un ciudadano agudo percibirá que ese doble significado encierra una trampa.

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La justicia española en tela de juicio

Luis Pásara*

En el curso de un año, la justicia española ha seguido un proceso de creciente presencia pública que desemboca ahora en una marcada pérdida de prestigio, derivada de un conjunto de decisiones –más que discutibles, arbitrarias– que han adquirido notoriedad y han generado un importante rechazo social. Todo comenzó con la opción tomada por el gobierno anterior, del Partido Popular, de reconvertir el conflicto político del independentismo catalán en una multiplicidad de procesos judiciales. Algunos de ellos se libraron en el terreno constitucional, para obtener la anulación de decisiones adoptadas por órganos de la Generalitat catalana; pero otros, más hirientes, se confiaron a la vía penal para procesar y encarcelar a los dirigentes del independentismo.

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Bolivia: elementos que hacen “integral” una reforma al sistema de justicia

Autor: Eddie Cóndor Chuquiruna*

La Paz, Bolivia

En mis recientes artículos sobre Bolivia, he comunicado la necesidad de promover una reforma integral del sistema de justicia y parece que mis propuestas han caído en un saco roto. Los poderes Ejecutivo y Legislativo, insisten -sospechosamente- en su idea de superar la crisis judicial con las propuestas que emerjan de la denominada “cumbre judicial”; actividad a la que seguramente invitarán -únicamente- a quienes consideran afines al “proceso de cambio”. La Universidad, inexplicablemente, sigue ausente, al igual que la masa crítica de las Organizaciones No Gubernamentales independientes. Ignoramos si es que algún Colegio de Profesionales (como el de abogados), tiene propuestas presentadas e incluidas en el proceso de cambio promovido por el gobierno. Desconocemos también los alcances de las propuestas que estarían haciendo las llamadas “organizaciones sociales”, porque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene gestionando la “cumbre judicial” con exagerado y antidemocrático hermetismo. El Poder Judicial no ha podido responder a las críticas que pesan sobre él, por su débil situación; el Tribunal Constitucional ha mantenido su perfil de siempre; la Fiscalía General del Estado ha realizado una propuesta pública en respaldo al Ejecutivo y Legislativo; y, ningún medio de comunicación “se ha ganado el pleito” de apoyar este proceso con responsabilidad, compromiso y proactividad.

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La reciente crisis política en Guatemala explicada

Find the original version in English at the GHRC Blog here

Autora: Lindsay Bigda*

17585147938_16feb5c44a_z¿Qué está pasando en Guatemala?

El descubrimiento de una gran red de corrupción en Guatemala ha provocado una indignación pública masiva en todo el país. Muchos están calificando a esta situación como una “crisis política” ya que las elecciones generales de septiembre se acercan.

El 16 de abril, las autoridades capturaron a 22 personas – incluyendo al actual jefe y el ex-jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT) – siendo la culminación de una investigación de ocho meses sobre una red criminal que defraudaba al Estado. Seguir leyendo

El proyecto de un nuevo Código Penal peruano y las “comunidades indígenas”

Autor: J. Fernando Bazán Cerdán*

Artículo originalmente publicado en la ONAJUP del Poder Judicial de la República del Perú

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El 9 de diciembre del 2014 la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República del Perú aprobó el dictamen del proyecto de nuevo Código Penal, que se encuentra en debate por el pleno del legislativo. La propuesta aglutina en un solo texto sustitutorio 152 iniciativas de modificación al Código Penal de 1991 (Código Alva Orlandini).

Estas reformas son necesarias para actualizar la normativa penal a los avances dogmáticos experimentados en el último cuarto de siglo y para uniformar las reformas parciales de su articulado incorporadas durante el mismo período. Seguir leyendo