Lo bueno, lo controversial y lo inconstitucional de la reforma a la justicia

Carolina Villadiego Burbano*

El Congreso colombiano aprobó una ambiciosa reforma de la justicia. ¿En qué consiste la reforma y por qué es probable que parte de ella se caiga por inconstitucional?

La reforma

El pasado 15 de junio el Congreso aprobó el proyecto de reforma de la justicia, que modifica más de 90 artículos de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Como el proyecto debe ser revisado por la Corte Constitucional antes de entrar en vigencia, solo sabremos que quedará en pie una vez se surta ese proceso. Dada la magnitud de la reforma, me concentraré en explicar el contenido de los principales cambios, con lo bueno, lo controversial y lo inconstitucional. 

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Las raíces del problema: nuestras recomendaciones a la Administración Biden para enfrentar la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica

Ursula Indacochea* y Katharine Valencia**

English version available here.

La Administración del presidente Joe Biden tiene muy claro que uno de los principales problemas de su agenda es la gestión adecuada de la migración masiva de personas a los Estados Unidos, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Ha apostado por distanciarse de las políticas violatorias de los derechos humanos y de la narrativa hostil y criminalizante de su antecesor en el cargo, Donald Trump; en su lugar, ha prometido una aproximación humanitaria y medidas efectivas para atacar el verdadero problema de fondo: la inseguridad, la desesperanza y la falta de oportunidades y de bienestar en los países de origen, que obligan a las personas a migrar. 

Esta estrategia, bautizada como “la estrategia de raíces”, viene construyéndose con intervención de varias agencias y descansa sobre una premisa acertada: el carácter estructural de las causas de la migración y el entendimiento de que no se resolverán ni en el corto plazo ni únicamente con la transferencia de recursos financieros a los gobiernos. ¿Por dónde empezar?

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Selección adversa: el apoyo de la sociedad civil para la elección de jueces y fiscales honestos en Guatemala, Honduras y El Salvador*

Kristen Sample**

El 26 de enero de 2021, Mynor Moto fue elegido por el Congreso de Guatemala para cubrir una vacante en la Corte de Constitucionalidad a pesar de estar siendo investigado por una unidad de élite de la Fiscalía.  La sociedad civil fue enfática en sus críticas a Moto y al proceso de selección. El nuevo gobierno de Estados Unidos también se pronunció, afirmando que la presencia de Moto en la Corte “amenaza el estado de derecho… y debilitaba la integridad de la Corte”.  

La toma de posesión de Moto fue bloqueada gracias a la orden de arresto emitida a pedido de los fiscales el 1 de febrero. Optó por huir en lugar de responder a los cargos que se le imputaban. 

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El rol de la justicia frente a los autoritarismos*

Prof. Aníbal Pérez-Liñán**

El ataque político a la justicia es un momento central en los procesos de erosión democrática. Cuando miramos los casos de autocratización en América Latina y en la Unión Europea encontramos que la captura de la justicia (en especial la captura de las cortes constitucionales), es el momento decisivo, y a menudo irreversible, en el deslizamiento hacia un régimen autoritario. Muchas personas se preguntan hoy en día por qué la captura de la justicia se ha vuelto tan importante para los líderes autoritarios, y qué podemos hacer frente a este desafío. Para explorar estas preguntas, propongo tres ideas:

La primera es que la relación entre autoritarismo y de estado de derecho no es lineal. La ciencia política ha tenido que enfrentar esta ambigüedad a lo largo de su historia intelectual.

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La lección de Ana Estrada: vivir y morir con dignidad

Josefina Miró Quesada Gayoso*

El pasado 25 de febrero, el onceavo juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en un hecho sin precedentes en la historia del Perú, reconoció el derecho a una muerte digna de Ana Estrada. Ana, quien a sus 44 años padece de una enfermedad muscular en etapa avanzada, es la primera peruana que solicita al Estado ejercer su derecho, y consecuentemente, acceder a un procedimiento médico de eutanasia, cuando ella así lo requiera. A nivel latinoamericano, solo Colombia cuenta con una declaración similar. En 1997, de manera contundente, despenalizó para ciertos casos el delito de homicidio piadoso, reconoció este derecho y lo posicionó como un asunto de derechos humanos (sentencia C-239).

El caso de Ana no sólo es una conquista judicial, sino política y social que cruza fronteras. La muerte digna, tema que ha sido históricamente (y lo sigue siendo) tabú en una sociedad y en una región mayoritariamente católica, ha sido colocado como agenda pública. En el Perú, el debate sobre la vida y la muerte ha sido abordado ampliamente en los medios de comunicación, en las aulas universitarias, en eventos académicos, en los hospitales y otros ambientes de salud, en las reuniones familiares, y hasta en el Congreso de la República, donde ya hay un proyecto de ley que busca despenalizar y legalizar la eutanasia[i].

Pasar de percibir la libertad de decidir sobre nuestro proceso de muerte como un delito, a entenderlo como un derecho, requiere un cambio radical en nuestra valoración del comportamiento. Exige desterrar estigmas, despejar dudas, poner a un lado las convicciones personales o religiosas, aprender que la muerte es parte de la vida, entender y empatizar a quienes piden respetar su derecho. La ley, por sí sola, no cambiará esta percepción. De ahí, la importancia de hacer pedagogía sobre la muerte digna que trascienda los pasillos del Poder Judicial. La historia de Ana conmueve y facilita que nosotros podamos hablar de ello. Empiezo, entonces, por ahí, para compartir luego unas reflexiones sobre este histórico fallo y entender los alcances de este derecho emergente que se abre paso en el Perú y en, cada vez más, países del mundo[ii].

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Sistemas judiciales durante la pandemia: la experiencia de Sudamérica

Carolina Villadiego Burbano*

Una primera versión de este artículo fue publicada por la autora en inglés en la página web de la Comisión Internacional de Juristas el 29 de abril de 2020. Disponible aquí.

En América Latina, los gobiernos adoptaron varias medidas para enfrentar la crisis de salud pública generada por la pandemia del COVID-19. Algunos, decretaron estados de excepción y adoptaron medidas restrictivas de derechos y libertades (cuarentenas, medidas de aislamiento preventivo, toque de queda, entre otras). Asimismo, los sistemas de justicia adoptaron medidas específicas para proteger el derecho a la salud y garantizar el acceso a la justicia.

Este artículo describe algunas medidas adoptadas por los poderes judiciales en América del Sur, y propone algunas reflexiones personales y preliminares acerca de los factores que deben analizarse para evaluar su proporcionalidad y eficacia. Es importante tener en cuenta que el poder judicial cumple distintos roles en un Estado de derecho: protege derechos fundamentales, revisa judicialmente decisiones gubernamentales, garantiza el acceso a un recurso judicial efectivo, al debido proceso y los derechos de las personas privadas de la libertad. Por ello, esta labor es muy importante durante la emergencia sanitaria, como recordó la Comisión Internacional de Juristas.

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Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2018

Susana Saavedra Badani*

La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, agrupa a más de 50 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional en Bolivia, comprometidas con articular esfuerzos, integrar conocimientos y acciones conjuntas para promover, monitorear y acompañar la reforma integral al sistema de justicia en Bolivia.

En el marco de los derechos de control social y participación ciudadana, las organizaciones que conforman la Plataforma se han propuesto iniciar una práctica sistemática de generar reportes alternativos a los informes oficiales de gestión de las instituciones del sistema de administración de justicia, con el fin de publicar anualmente un balance sobre el estado de situación de la agenda pública de la justicia que identifique barreras de acceso, buenas prácticas, avances y desafíos comprometidos por el Estado.

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Perú, aquí se va a defender lo ganado

Cruz Silva del Carpio*

El mundo nos mira. Somos el país de Suramérica que a pesar de los constantes ciclos de bonanza económica y de robo sistemático de sus ganancias, como nos lo  recordó Alfredo Quiroz, está a punto de someter a la justicia a uno de sus eternos personajes políticos. Justamente, el más escurridizo ante la justicia: Alan García.

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Un juez muestra a la justicia frente al poder

Luis Pásara*

Un juez federal estadounidense ha dado desde su estrado una clase magistral sobre la justicia, de especial utilidad para ingenuos. Ha condenado a cuatro mujeres que creían ejercer su solidaridad con los inmigrantes que atraviesan el desierto de Arizona, dejándoles agua y alimentos en lugares donde pudieran encontrarlos. No sabían –o no podían creer– que un juez, un funcionario público encargado de administrar justicia, llegaría a considerar ese acto –para ellas, un acto de justicia– como un delito merecedor de pena de prisión.

Hace mucho que me ha llamado la atención el doble sentido de la palabra justicia. Quien sufre un agravio y reclama justicia se somete a la justicia para llevarle su demanda. Los filólogos dirán que hay allí una anfibología o, mejor aún, una disemia (palabra de doble significado). Pero un ciudadano agudo percibirá que ese doble significado encierra una trampa.

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La justicia española en tela de juicio

Luis Pásara*

En el curso de un año, la justicia española ha seguido un proceso de creciente presencia pública que desemboca ahora en una marcada pérdida de prestigio, derivada de un conjunto de decisiones –más que discutibles, arbitrarias– que han adquirido notoriedad y han generado un importante rechazo social. Todo comenzó con la opción tomada por el gobierno anterior, del Partido Popular, de reconvertir el conflicto político del independentismo catalán en una multiplicidad de procesos judiciales. Algunos de ellos se libraron en el terreno constitucional, para obtener la anulación de decisiones adoptadas por órganos de la Generalitat catalana; pero otros, más hirientes, se confiaron a la vía penal para procesar y encarcelar a los dirigentes del independentismo.

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