Enrique Gallegos Madrigal*

El megaproyecto denominado “Tren Maya” es una prioridad para el Gobierno federal mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que con dicha obra vial se sacará de la pobreza a millones de mexicanos(as) del sudeste del país. Sin embargo, pese a sus supuestas virtudes, su diseño y construcción marchan en la total opacidad, a pesar que toda la información debería ser de acceso público. A continuación, un artículo que da cuenta de los intentos legales que a la fecha se han hecho para conocer de qué va realmente este “Tren Maya”.

El proyecto denominado “Tren Maya” es un proyecto de infraestructura que consiste en la construcción de 1,525 kilómetros de vías ferroviarias, 15 estaciones y otros elementos asociados a su funcionamiento[1]. Dicho proyecto, a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), interconectaría en un solo sistema a los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, en el sur de México.

Desde que se anunció en julio de 2018[2] se han suscitado una serie de críticas desde diversos sectores. No sólo se ha cuestionado su viabilidad económica y el negativo impacto ambiental y social que tendría, sino también la absoluta opacidad con la que se han ido tomando decisiones sobre el proyecto, a pesar que la información debería ser de acceso público.

Por su naturaleza, el rol que han tenido las autoridades que han intervenido en sus distintas fases, así como por el presupuesto público que se ha destinado al proyecto, es importante tener en cuenta que todas las autoridades relacionadas con su planeación o ejecución están obligadas a cumplir con el marco jurídico de acceso a la información, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En el entendido que la información pública es del dominio de las personas y el acceso a ella no debe presentar un problema para el interesado, cualquier persona debería tener acceso a la información que se haya generado en torno a este megaproyecto y el Estado está legalmente obligado a entregar. Es responsabilidad de las autoridades adoptar todas las medidas que aseguren el respeto y la garantía de este derecho[3], poniendo esa información a disposición (transparencia proactiva) o respondiendo a las peticiones específicas que se realicen. No obstante, la transparencia no ha sido una característica del “Tren Maya”.

En marzo de 2019 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), órgano constitucional autónomo garante de este derecho, emitió un fallo en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque esta autoridad declaró no haber encontrado documentos disponibles respecto a los costos, beneficios, estudios y planeación ejecutiva del proyecto de inversión Tren Maya frente a una solicitud ciudadana. Considerando los avances del proyecto al momento de la solicitud, resulta poco probable la inexistencia de tal información[4].

En junio de 2019 el pleno del INAI falló[5] en contra de la Secretaría de Turismo por declararse incompetente para entregar la información sobre la adjudicación directa que se hizo para realizar los estudios de factibilidad del proyecto “Tren Maya”, así como el nombre de las empresas beneficiadas y los montos a pagar relacionados con dichos estudios. En el mismo fallo se ordenó poner a disposición dichos documentos.

Un mes después se emitió otra resolución en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por no entregar los estudios del análisis costo-beneficio económico y ambiental del proyecto. En dicha resolución se señaló que la información disponible en el portal oficial del proyecto (www.trenmaya.gob.mx) no cuenta con suficiente información.

En febrero del 2020 el INAI falló una vez más en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por no realizar una búsqueda exhaustiva de la información relacionada con los permisos para la construcción y operación de terminales y vías del “Tren Maya” y por derivar la solicitud realizada a otras autoridades.

Por último, en marzo del 2020 medios de comunicación reportaron que El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ocultó el informe “Territorios mayas en el paso del tren: situación actual y riesgos previsibles”[6], en el que se concluyó que el megaproyecto del Tren Maya tendrá impactos negativos. Por otro lado, se informó que FONATUR indebidamente reservó por cinco años una serie de estudios clave sobre el “Tren Maya”[7].

De lo anterior se desprende que FONATUR y otras autoridades como la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no solo no han puesto a disposición de las personas suficiente información, sino que en algunos casos se han deslindado de sus obligaciones legales en materia de transparencia y también han ocultado información deliberadamente.

Este asunto adquiere mayor relevancia cuando el derecho fundamental de acceso a la información pública es particularmente importante para la consolidación, el funcionamiento, la preservación de los sistemas democráticos y la realización de otros derechos humanos[8]. Como señalaron las y los comisionados del INAI, es de total importancia que los ciudadanos cuenten con elementos para estar en condiciones de evaluar en todo momento la construcción del ferrocarril que ha sido anunciado por el Gobierno Federal.

El contexto de opacidad que ha enmarcado (i) el ejercicio del presupuesto público, (ii) la realización de contrataciones y adjudicaciones directas con empresas, (iii) el otorgamiento de permisos y otras autorizaciones y (iv) la realización de estudios, preocupa enormemente porque no es exclusivo del megaproyecto “Tren Maya” y se han visto prácticas similares en obras como el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” y la Refinaría “Dos Bocas”. Dado que el “Tren Maya” es una obra a largo plazo y existen múltiples denuncias de violación a los derechos humanos en su ejecución, es clave que se garanticen los estándares más altos de acceso a la información.

*Abogado

[1] FONATUR, Presentación informativa del Tren Maya, 28 de mayo de 2019, disponible en: https://bit.ly/2YUxJzr.

[2] Plataforma AMLO, Conferencia de prensa, 23 de julio de 2018, disponible en: https://bit.ly/2QGFANS.

Cfr. CIDH, Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información, RELE, 2007, https://bit.ly/1PLHd2b, párr. 96.

[4] Cfr. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sesión del 21 de marzo de 2019, disponible en: https://bit.ly/3dnbXtd.

[5] Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, expediente RRA 3502/19, disponible en: https://bit.ly/3hJdtcJ.

[6] El Universal, “Conacyt ocultó informe crítico con el Tren Maya; ven riesgo”, 9 de marzo de 2020, disponible en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/conacyt-oculto-informe-critico-con-el-tren-maya-ven-riesgo.

[7] Proceso, Fonatur reserva por cinco años estudios clave sobre el Tren Maya, 11 de marzo de 2020: https://www.proceso.com.mx/621488/fonatur-reserva-estudios-tren-maya.

[8] CIDH, El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2010, https://bit.ly/2HuybhI, párr. 1 y 4.

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