What Kamala Needs to Know*

Ana Lorena Delgadillo and Alicia Moncada**

The Vice President of the United States, Kamala Harris, is visiting Mexico and Guatemala at one of the most critical moments of the migration crisis in the Americas. Although her itinerary has been predetermined, we cannot miss this opportunity to communicate what the Mexican government may not tell her.

The Biden-Harris administration says it is committed to reversing the Trump administration’s cruel immigration policies such as the “Remain in Mexico” program (which officially ended this year), repairing the US asylum system, and implementing a comprehensive plan for safe, legal and orderly migration that combats poverty, insecurity and violence as structural causes of migration in the region.

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Ejercicio de la libre determinación de comunidades tzeltales en Chiapas: una gran distancia entre ley y realidad

Gabriel Mendoza Zárate*

Este año, 2021, se cumplen 30 años de la ratificación de México del Convenio 169 de la OIT (1991) relativo a pueblos indígenas y tribales, y el próximo año, 2022, se cumplirán 30 años de la reforma constitucional de 1992; donde, por primera vez, el Estado mexicano reconoció la existencia de los pueblos y comunidades indígenas en el país, poniendo fin -al menos a nivel normativo- a una política de negación indígena y de idealización del mestizaje cultural en la construcción de una supuesta identidad nacional. También este año se cumplen 20 años de la reforma Constitucional del 2001, en la que después del levantamiento neozapatista de 1994 y de los Acuerdos de San Andrés de 1996 en Chiapas, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la autonomía. Sin embargo, para las comunidades tzeltales de los municipios de Chilón y Sitalá, en Chiapas, el ejercicio del derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas en México sigue siendo negado. A continuación, un artículo sobre las grandes dificultades y amenazas que enfrentan, en los hechos, dos comunidades tzeltales en los altos de Chiapas.

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La sesgada respuesta del Estado mexicano a Naciones Unidas en torno al Tren Maya

Enrique Gallegos Madrigal

Además de todas las críticas, movilizaciones y cuestionamientos que ha desatado el megaproyecto denominado “Tren Maya” entre la ciudadanía, los pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil en México, hay que sumar el cuestionamiento de los mecanismos de protección internacional de derechos humanos, particularmente el que cobija el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A raíz de una comunicación enviada por posibles violaciones a derechos humanos, seis mandatos temáticos[1] del sistema de Naciones Unidas remitieron una carta al Gobierno de México a fin de requerir información y explicaciones sobre violaciones al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado; sobre la obstaculización del acceso a información pública relacionada con el proyecto; sobre la exención de estudios importantes; sobre los procesos para dar a conocer información sobre impactos ambientales, sociales, culturales y de otro tipo; sobre el estado de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en la región; sobre el inminente desalojo de algunas comunidades; sobre la violación a derechos humanos en el marco de la pandemia por COVID-19; y sobre una posible militarización de tramos del referido megaproyecto.

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The Mayan Train Raises a New Leviathan in Mexico: Civil Society Organizations

David Lovatón Palacios*

Versión en español aquí.

Mexican President Andrés Manuel López Obrador recently embraced an unfounded smear campaign against civil society organizations (CSOs) and international foundations that have supported initiatives and decisions that—on legal grounds—challenge or oppose the “Mayan Train” mega-project in the Yucatán Peninsula and other states in southeastern Mexico. It seems that the president is beginning to suffer from the binary and decidedly authoritarian political syndrome seen in many Latin American rulers: either you’re with me or you’re against me.

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La reapertura de los tribunales en tiempos de COVID-19: Caso México

Carlos G. Guerrero Orozco* y Ana Lorena Delgadillo Pérez**

La administración de justicia en tiempos de COVID-19 ha sido uno de los mayores retos a los que se han enfrentado los países de Latinoamérica. En tiempos de coronavirus, la atención urgente de violaciones de derechos humanos tuvo ciertos obstáculos a nivel regional. Ahora, durante el periodo más álgido de la pandemia, la reanudación de actividades ordinarias en los Poderes Judiciales de América Latina como el mexicano, debe orientarse a garantizar el acceso a un recurso efectivo.

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Las desapariciones hoy: Algunos aprendizajes y herramientas desde la región noreste de México

Karina Ansolabehere*

Las desapariciones en México no son un fenómeno nuevo pero a partir de 2006 su número se incrementó exponencialmente y se cometen en buena parte del territorio del país. De acuerdo con las cifras presentadas a principios de este año por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, 61637 personas se encontraban desaparecidas a lo largo del territorio. La magnitud da cuenta de la crisis de derechos humanos que vive el país en el marco de una democracia electoral. Lamentablemente, esta no es una realidad solo mexicana sino compartida con otros países de América Latina.

Ante este problema desde la academia se organizaron diferentes grupos de investigación para atender las necesidades de las víctimas y buscar soluciones. Las reflexiones que se presentan a continuación resultan de los 5 años de trabajo de uno de estos grupos: el Observatorio Sobre Desaparición e Impunidad en México (ODIM)[1]. En este recorrido, en diálogo con organizaciones, periodistas, grupos de familias, autoridades y académicas, logramos identificar algunas dinámicas que presentan las desapariciones en la región noreste de México, así como herramientas útiles para investigar este fenómeno que también podrían serlo para otros colegas interesados en el tema.

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Suprema Corte de México ordena al Congreso legislar sobre consulta indígena

Poder Judicial ha cruzado la línea que separa la obligación de adecuar la legislación interna en materia de derechos humanos y la autonomía de los pueblos indígenas

Naayeli Ramírez Espinosa* y Daniel Cerqueira**

Publicado originalmente en el Blog del CEC.

El pasado 10 de junio la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso Federal emitir una ley que reglamente el derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI). Dictada en el marco de una acción de amparo presentada por tres personas indígenas, la sentencia se fundamenta en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, y en el artículo 2° de la Constitución Federal mexicana, los cuales consagran el referido derecho fundamental de los pueblos indígenas. La resolución de la SCJN comparte los parámetros de una sentencia emitida por la judicatura federal el año pasado, dirigida al estado de Oaxaca, que ordenaba al congreso local adoptar una ley sobre CPLI. El 22 de febrero del presente año el congreso de Oaxaca dio cumplimiento a esta sentencia y publicó la Ley de Consulta Previa Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

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Falta de acceso a informacion pública en México: El Tren Maya que quiere marchar en total oscuridad

Enrique Gallegos Madrigal*

El megaproyecto denominado “Tren Maya” es una prioridad para el Gobierno federal mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que con dicha obra vial se sacará de la pobreza a millones de mexicanos(as) del sudeste del país. Sin embargo, pese a sus supuestas virtudes, su diseño y construcción marchan en la total opacidad, a pesar que toda la información debería ser de acceso público. A continuación, un artículo que da cuenta de los intentos legales que a la fecha se han hecho para conocer de qué va realmente este “Tren Maya”.

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Así se siente Jalisco: En medio de la violencia policial y la ineficiencia fiscal

Ramon García*

En el marco de un descontento global por la brutalidad policial, el 4 de mayo del 2020 fue asesinado un joven ciudadano jalisciense a manos de la policía local: Giovanni, albañil de profesión, fue detenido con exceso de fuerza el 3 de mayo del 2020 en la ciudad de Ixtlahuacán de los membrillos (aledaña a la capital de Jalisco) y encontrado muerto por sus familiares al día siguiente con signos de tortura.

Esto provocó una profunda indignación en la población, que revivió el hastío por la violencia en el Estado: Guadalajara, la capital de Jalisco, es una de las ciudades más violentas del mundo según el reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en la que donde desaparecen 7 (RNEPED)[1] personas cada día y se comete un homicidio cada 3 horas y media (SESNSP).[2]

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Ley de Amnistía en México: Más allá de los mitos

Isabel Erreguerena, Maïssa Hubert y Viridiana Valgañon*

El pasado 20 de abril, en medio de una controversial sesión extraordinaria del Senado de la República, se aprobó una Ley de Amnistía que permitiría la liberación de cientos de personas privadas de libertad en México. Esto provocó una ola de críticas tanto por el contexto de contingencia sanitaria, como por sus objetivos y contenidos. Frente a una amplia campaña de desinformación, desde Equis Justicia para las Mujeres nos parece importante deconstruir varios mitos que se vienen difundiendo sobre los alcances de esta Ley.  A lo largo de este artículo, explicaremos su origen, el debate relativo a su adopción en medio de la pandemia, y los retos que se tendrán que superar para su implementación.

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