¿Principio pro persona o arcaísmo jurídico?

 Daniel Cerqueira

Oficial de Programa Sénior de DPLF

Salvador Herencia Carrasco

Director de la Clínica de Derechos Humanos

HRREC, Universidad de Ottawa

 

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Suprema Corte de Justicia de México debe reconocer el derecho de propiedad colectiva de la comunidad indígena Huitosachi

En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitirá un pronunciamiento que puede implicar un avance o un grave retroceso para los derechos de los pueblos indígenas en México. En el centro de la controversia se encuentra la comunidad de Huitosachi, del Pueblo Rarámuri, que reclama la obligación estatal de titular su territorio. Su pretensión fue planteada a través de una figura clásica del Derecho Privado: la prescripción adquisitiva o usucapión. Las dos instancias judiciales que conocieron el caso en el estado de Chihuahua decidieron favorablemente a la comunidad, tras lo cual fue presentado un amparo directo por parte de una empresa que reclama ser la legítima propietaria del territorio reivindicado por los Huitosachi.

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Leer el Derecho Agrario a la luz de los estándares internacionales en materia indígena: un desafío para el Estado mexicano

Daniel Cerqueira

Oficial de Programa Sénior de DPLF

David Lovatón

Profesor Principal PUCP y consultor de DPLF

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El 15 y 16 de enero de 2017 se llevó a cabo en la ciudad de Mérida, estado de Yucatán, el seminario “Leer el Derecho Agrario en México a la luz de los Estándares Internacionales en Materia Indígena y Derechos Humanos”. Integrantes de comunidades indígenas, funcionarios estatales, académicos y organizaciones de derechos humanos reflexionaron sobre las transformaciones del Derecho Agrario mexicano y su aplicación por parte de las autoridades nacionales.

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México y el costo de la improvisación: a propósito de la designación del nuevo Procurador General

Úrsula Indacochea

Oficial de  Programa  Sénior, DPLF

Publicado en Animal Político

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La semana pasada, en México, se designó un nuevo titular para la Procuraduría General de la República. El procedimiento vigente, establece que esta designación corresponde al Presidente de la República, y que debe ser ratificada por el Senado. La intervención de dos órganos distintos en el proceso de selección, es una práctica que, en teoría, genera incentivos para que los nominados sean personas sin afinidades políticas evidentes, y por tanto, más independientes. Pero sin transparencia y control ciudadano efectivo, la idoneidad queda al azar y la independencia es sólo aparente. Y el precio que un país puede terminar pagando por ello, al final del camino, puede ser muy alto.

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Periodismo y defensa del medio ambiente, dos actividades de riesgo en América Latina

Entrevista a Katya Salazar , Directora Ejecutiva DPLF

por Francesc Badia i Dalmases

Originalmente publicada en Democracia Abierta
Versión en inglés

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Mientras no se presenten medidas integrales que corten los vasos comunicantes entre el crimen y las estructuras estatales, la vulnerabilidad de ciertos grupos y la violencia dirigida contra los mismos perdurará.

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Penas, medidas cautelares y prisión preventiva en el proceso penal: urgencia de una nueva reforma constitucional en México

Carlos Ríos Espinosa

Consultor independiente en derechos humanos y justicia penal

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El 18 de junio de 2016 finalmente marcó el inicio de la vigencia del nuevo sistema procesal penal acusatorio en todo el territorio de México. Transcurrieron ochenta y dos años para que el orden jurídico nacional reconociera la necesidad de regresar a los planteamientos originales del constituyente de 1917, el cual introdujo los principios del modelo acusatorio para el proceso penal en México.

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¿Hay razones para celebrar el 9 de agosto de 2016 en América Latina?

Daniel Cerqueira

Oficial de Programa Sénior de DPLF

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En 1994, la Asamblea General de la ONU eligió el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Desde entonces, jefes de Estado y altas autoridades siguen el ritual iniciado por la ONU y participan de solemnidades para homenajear a los pueblos indígenas. Organismos internacionales realizan sesiones especiales y sus comités especializados emiten comunicados para recordar los derechos de los pueblos indígenas. Aunque dicha costumbre es replicada desde hace varios años en los países de América Latina, no hay muchas razones para celebrar el 9 de agosto este año.

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El delito de delincuencia organizada y su persecución penal en la reciente reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en México

Por: Carlos Ríos Espinosa

Consultor independiente en materia de Justicia Penal y Derechos Humanos.

Senado México

Foto: Vanguardia

El 14 de junio de 2016 la Cámara de Diputados aprobó una serie de cambios a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO) con el pretendido objetivo de adecuar sus contenidos a los principios generales del proceso penal acusatorio y reglar las excepciones que específicamente prevé la reforma constitucional del 18 de junio de 2008. La LFDO establece regulaciones en el plano sustantivo, en el adjetivo y en el de ejecución penal, y también prevé un capítulo orgánico sobre las autoridades competentes de la investigación y juzgamiento de la delincuencia organizada. En este escrito no pretendo hacer un examen integral de todas las reformas a la ley, me concentraré en los aspectos que resultan más preocupantes desde la perspectiva de la persecución de este tipo de delitos y para las garantías y salvaguardias de los derechos fundamentales de quienes se encuentran imputados por este delito, a la luz de los principios y características del proceso acusatorio.

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