La sesgada respuesta del Estado mexicano a Naciones Unidas en torno al Tren Maya

Enrique Gallegos Madrigal

Además de todas las críticas, movilizaciones y cuestionamientos que ha desatado el megaproyecto denominado “Tren Maya” entre la ciudadanía, los pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil en México, hay que sumar el cuestionamiento de los mecanismos de protección internacional de derechos humanos, particularmente el que cobija el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A raíz de una comunicación enviada por posibles violaciones a derechos humanos, seis mandatos temáticos[1] del sistema de Naciones Unidas remitieron una carta al Gobierno de México a fin de requerir información y explicaciones sobre violaciones al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado; sobre la obstaculización del acceso a información pública relacionada con el proyecto; sobre la exención de estudios importantes; sobre los procesos para dar a conocer información sobre impactos ambientales, sociales, culturales y de otro tipo; sobre el estado de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en la región; sobre el inminente desalojo de algunas comunidades; sobre la violación a derechos humanos en el marco de la pandemia por COVID-19; y sobre una posible militarización de tramos del referido megaproyecto.

El Gobierno de México dio respuesta a dicha comunicación el 20 de noviembre de 2020, no obstante, es importante destacar varias cosas. La primera de ellas es que omite deliberadamente dar información o explicaciones sobre las violaciones a derechos humanos que están sucediendo actualmente, en cambio, se ocupa de mencionar algunos de los procedimientos que sí se han cumplido. A continuación, se ejemplifican algunas de las omisiones importantes del Gobierno de México en su respuesta.

Respecto de los cuestionamientos sobre el derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, el Estado señala que se obtuvo la aprobación del proyecto durante la “fase consultiva” de los días 14 y 15 de diciembre, no obstante, de acuerdo con la “Convocatoria al Proceso de Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio Participativo Ciudadano sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya”[2], el objeto de la consulta fue “establecer un diálogo con los pueblos y comunidades indígenas a fin de recibir sus opiniones” y “establecer acuerdos […] respecto de su participación en la implementación de dicho proyecto”, es decir, dicho proceso no tuvo por objeto preguntar a las comunidades si querían o estaban de acuerdo con el proyecto o no.

Por otro lado, la escasa información que se presentó durante las asambleas tenía un sesgo a favor del proyecto. Además, tal información no comprendió estudios claves, como por ejemplo Manifestaciones de Impacto Ambiental y Estudios de Impacto Social, los mismos que fue fueron realizados mucho después durante los últimos meses del 2020.

Todo el proceso se llevó a cabo con gran celeridad, lo que pone en manifiesto que para el gobierno mexicano la consulta era una mera formalidad que tenía que realizarse en un mes, como consta en la convocatoria de dicho proceso. Otra cuestión importante es que quienes actúan en representación de pueblos y comunidades de acuerdo con las actas de “asamblea” del proceso llevado a cabo por el gobierno, son autoridades municipales y ejidales, no autoridades tradicionales indígenas, lo que ya había sido cuestionado por el Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México: “otro problema fundamental es que las autoridades ejidales y agrarias, producto de la Ley Agraria, no necesariamente coinciden con las autoridades representativas de las comunidades indígenas y, en muchos casos, entran en conflicto con ellas”[3].

Antes de la supuesta “Consulta” el gobierno mexicano realizó actividades de difusión de sobre las “bondades” del proyecto a través de lo que denominaron “Caravana Informativa el Tren que nos Une”. Dichas actividades fueron realizadas entre marzo y agosto de 2019 a través de una empresa prestadora de servicios denominada “El juego de las llaves”, que fue contratada mediante adjudicación directa por un monto superior a un millón de dólares estadounidenses. Cabe mencionar que entre los objetivos del contrato se encontraba “mejorar la percepción del Proyecto Tren Maya”, por lo que es válido considerar que esta campaña influenció indebidamente algunas de las opiniones que pudieron ser manifestadas durante la supuesta consulta previa realizada durante el mes de diciembre de 2019.

Respecto a los cuestionamientos sobre las medidas previstas para desarrollar los necesarios estudios de impacto social, cultural, ambiental y de derechos humanos, y medidas para asegurar que sean realizados de manera independiente e imparcial, es importante hacer mención de que el gobierno mexicano contrató consultores para lograr la exención de estos estudios importantes, por lo cual se puede advertir que su intención es realizar el menor número de estudios. Esta información se puede corroborar consultando el proceso de contratación registrado con el código de expediente 2021487 publicado en noviembre de 2019 en la plataforma pública Compranet y también en el informe “Avances y logros” publicado en el portal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 4 de junio de 2020[5]

Es de destacar que la Manifestación de Impacto Ambiental a la que se hace referencia en la respuesta del gobierno mexicano solo contempla algunos tramos del proyecto, por lo que no se evalúan de forma integral los potenciales impactos que la totalidad del mismo podría tener en la región. Asimismo, muchas de las opiniones remitidas a la SEMARNAT en el marco de los mecanismos de participación ciudadana, alertan de incongruencias en la Manifestación de Impacto Ambiental, así como omisiones importantes al momento de señalar las características hidrológicas, geológicas y climáticas de la zona sur-sureste de México.

Del mismo modo, en relación a la reunión pública de información convocada por la SEMARNAT el 3 de agosto de 2020, es importante señalar que esta fue notificada el 1 de agosto de 2020, es decir, con apenas dos días de anticipación. Asimismo: fue convocada en un contexto de alto de riesgo de la emergencia sanitaria por COVID-19; no garantizó una amplia participación pues solamente contemplaba un máximo de 25 personas; establecieron prerrequisitos que obstaculizaron la participación de las personas y, por último, la ubicación donde se llevaría a cabo representó una barrera para la participación de las personas (estaba a 238 km de la capital de Yucatán, a 355 km de la capital de Quintana Roo, a 326 km de la capital de Tabasco, a 596 km de la capital de Chiapas y a 61 km de la capital de Campeche).

Finalmente, respecto al tema de “las medidas adoptadas para asegurar que personas defensoras de los derechos humanos, las personas que levantan dudas o solicitan más información respecto al proyecto puedan manifestarse y ejercer sus derechos sin miedo a sufrir amenazas, desprestigio, agresiones y criminalización”, el Estado omite responder a todos los señalamientos por los comentarios de Altos Funcionarios del Gobierno incluido el Presidente de la República, el Vocero del Gobierno de la República, el Titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el Director Jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo; tampoco se pronuncian en la campaña de estigmatización en contra de las organizaciones de la sociedad civil que cuestionan el proyecto.

Dicha campaña se remonta por lo menos a febrero de 2020, cuando el Presidente de la República deslegitimaba a las comunidades que presentaban el primer amparo por la violación del derecho a la consulta señalando[6]: “Así es el conservadurismo, aunque se disfracen de gente de izquierda o ambientalistas” y “es nada más oposición por oposición sin causa; o sí, con causa, pero para enfrentarnos”. Este tipo de mensajes se han reiterado e incluso han escalado en intensidad; en la actualidad continúan y apenas en diciembre de 2020 diversos medios de comunicación digital retomaban palabras del Presidente para atacar a una organización local de Yucatán (Indignación A.C)[7].

Además de estos ejemplos concretos, mucha de la información que el Estado proporcionó a relatoras y relatores en los anexos no es pública ni accesible para la ciudadanía en general, y mucho menos para las organizaciones y colectivos que buscan cuestionar el proyecto. Asimismo, es importante mencionar que en la respuesta del gobierno de México se omite dar una explicación de por qué autoridades como FONATUR se resisten a dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por autoridades judiciales federales y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En resumen, la respuesta de México deja en claro que la posición del gobierno actual es clara -aunque incompatible con los estándares internacionales- y se remite a aquella advertencia que dio el Presidente de la República durante septiembre de 2019. A mitad de una lluvia torrencial durante un evento público advirtió: “truene, llueva o relampaguee se va construir el Tren Maya. Lo quieran o no lo quieran”[8].

Enrique Gallegos Madrigal es Consultor de DPLF


[1] Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; del Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado; de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; y de la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos.

[2] Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Convocatoria y Protocolo para el Proceso de Consulta Indígena sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya, publicado el 15 de noviembre de 2019, consultado el 9 de diciembre de 2020 en https://www.gob.mx/inpi/documentos/convocatoria-al-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-proyecto-de-desarrollo-tren-maya.

[3] Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México, A/HRC/39/17/Add.2, 28 de junio de 2018, párr. 20.

[5] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Avances y logros. Primer año del Dr. Víctor M. Toledo al frente de la Semarnat”, 4 de junio de 2020, p. 2, https://www.gob.mx/semarnat/documentos/avances-y-logros-en-el-primer-ano-del-dr-victor-manuel-toledo.

[6] Gobierno de México, Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina, Jueves 6 de febrero de 2020, https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-jueves-6-de-febrero-de-2020?idiom=es.

[7] La Chispa, “SAT va por 16MDP donados en 3 años a Indignación AC; fundadores aumentan fortuna”, 1 de diciembre de 2020, https://lachispa.mx/sat-va-por-16mdp-donados-en-3-anos-a-indignacion-ac-fundadores-aumentan-.fortuna/; Reflexión 24, “SAT VA POR 16MDP DONADOS EN 3 AÑOS A INDIGNACIÓN AC; FUNDADORES AUMENTAN FORTUNA”, 1 de diciembre de 2020, https://reflexion24informativo.com.mx/sat-va-por-16mdp-donados-en-3-anos-a-indignacion-ac-fundadores-aumentan-fortuna/.

[8] Azteca Noticias, “Va porque va el Tren Maya”, 23 de septiembre de 2020, https://youtu.be/JOv5sYR0NKo

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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