Penas, medidas cautelares y prisión preventiva en el proceso penal: urgencia de una nueva reforma constitucional en México

Carlos Ríos Espinosa

Consultor independiente en derechos humanos y justicia penal

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El 18 de junio de 2016 finalmente marcó el inicio de la vigencia del nuevo sistema procesal penal acusatorio en todo el territorio de México. Transcurrieron ochenta y dos años para que el orden jurídico nacional reconociera la necesidad de regresar a los planteamientos originales del constituyente de 1917, el cual introdujo los principios del modelo acusatorio para el proceso penal en México.

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¿Hay razones para celebrar el 9 de agosto de 2016 en América Latina?

Daniel Cerqueira

Oficial de Programa Sénior de DPLF

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En 1994, la Asamblea General de la ONU eligió el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Desde entonces, jefes de Estado y altas autoridades siguen el ritual iniciado por la ONU y participan de solemnidades para homenajear a los pueblos indígenas. Organismos internacionales realizan sesiones especiales y sus comités especializados emiten comunicados para recordar los derechos de los pueblos indígenas. Aunque dicha costumbre es replicada desde hace varios años en los países de América Latina, no hay muchas razones para celebrar el 9 de agosto este año.

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El delito de delincuencia organizada y su persecución penal en la reciente reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en México

Por: Carlos Ríos Espinosa

Consultor independiente en materia de Justicia Penal y Derechos Humanos.

Senado México
Foto: Vanguardia

El 14 de junio de 2016 la Cámara de Diputados aprobó una serie de cambios a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO) con el pretendido objetivo de adecuar sus contenidos a los principios generales del proceso penal acusatorio y reglar las excepciones que específicamente prevé la reforma constitucional del 18 de junio de 2008. La LFDO establece regulaciones en el plano sustantivo, en el adjetivo y en el de ejecución penal, y también prevé un capítulo orgánico sobre las autoridades competentes de la investigación y juzgamiento de la delincuencia organizada. En este escrito no pretendo hacer un examen integral de todas las reformas a la ley, me concentraré en los aspectos que resultan más preocupantes desde la perspectiva de la persecución de este tipo de delitos y para las garantías y salvaguardias de los derechos fundamentales de quienes se encuentran imputados por este delito, a la luz de los principios y características del proceso acusatorio.

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580 razones contra la impunidad por la muerte de Jorge Antonio Parral Rabadán en México

Por: David Lovatón

Profesor principal PUCP

Consultor DPLF

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Foto: Octavio Gómez / Proceso

Jorge Antonio Parral Rabadán era un joven profesional de 38 años de edad, que trabajaba en la empresa pública CAPUFE (Caminos y puentes federales), a la cual había logrado ingresar luego de un concurso en el que quedó en primer lugar por delante de 130 postulantes. Le tocó servir como administrador de un puente fronterizo con los Estados Unidos de Norteamérica, en el Estado de Tamaulipas. Nunca recibió una sanción disciplinaria y todo indicaba que tendría un futuro profesional promisorio.

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Breves reflexiones sobre la reciente reforma de la justicia militar en México

 

Por: David Lovatón

Profesor principal PUCP

Consultor DPLF

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Foto: Somos Noticia

El pasado 29 de abril del presente año, el Senado mexicano aprobó la reforma del Código de Justicia Militar (CJM) y el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales (CMPP). Con anterioridad, la Cámara de Diputados había hecho lo mismo. El pasado 16 de mayo las normas fueron publicadas oficialmente por el Gobierno mexicano.

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Una Sala de Justicia Indígena en Oaxaca

Por: Gerardo Martínez Ortega

Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (CEPIADET)

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Foto: CEPIADET

El 30 de junio de 2015, a través de una reforma a la Constitución de Oaxaca, se facultó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a “establecer y ponderar criterios de homologación y adecuación en la aplicación de las normas estatales y las normas indígenas en el marco del pluralismo jurídico; así como resolver los conflictos derivados de los ámbitos de competencia entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción estatal”.

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