A la luz de los derechos humanos de los pueblos indigenas y campesinos

El informe se presentará de forma virtual el jueves 30 de abril de 2020 a las 4:30 PM, hora de México. Más información aquí.

Los Tribunales Agrarios en México, creados mediante reforma constitucional en 1992, han sido los órganos judiciales encargados de dirimir las controversias que se han generado principalmente en el  campo mexicano, pero que alcanzan otros contextos como el urbano. Como tribunales especializados han desempeñado una función jurisdiccional indispensable para resolver la conflictividad agraria, comunal y territorial en este país.

A pesar de su trascendencia, en los últimos años, y con la implementación de las reformas neoliberales, el Estado mexicano, a través de sus diversas administraciones, ha ido desarticulando y desmantelando estos órganos hasta dejarlos en una situación de grave crisis institucional y financiera, limitando, con ello, el derecho que muchas comunidades indígenas y campesinas tienen de acceder a una justicia pronta, expedita e imparcial y a un recurso efectivo, en términos de lo establecido por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ante esa situación y frente al escaso material de análisis en torno a la situación que atraviesan los tribunales agrarios, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), que tiene como una de sus principales líneas de trabajo, el acceso a la justicia,  determinó realizar una investigación que situara la problemática y estableciera algunas de las principales causas de esta crisis, así como recomendaciones que debieran seguir los órganos del Estado mexicano, específicamente quienes integran los poderes ejecutivo y legislativo, para reforzar estos órganos judiciales cuya labor se hace más indispensable que nunca frente a los crecientes conflictos territoriales que se viven en el país por la implementación de diversos megaproyectos en regiones indígenas y campesinas.

Para lo anterior, los autores de este trabajo realizaron entrevistas con magistradas y magistrados de los tribunales agrarios de distintos distritos, así como con litigantes especializados en la materia y representantes de organizaciones sociales, además de analizar una vasta información obtenida a través del sistema de acceso a la información pública gubernamental, en torno al presupuesto asignado a los tribunales agrarios y su distribución al interior de los mismos.

Para DPLF no pasa desapercibido que si bien los tribunales agrarios han sido fundamentales para la resolución de la conflictividad territorial, su labor ha sido insuficiente sobre todo frente a los reclamos de los pueblos indígenas. En esa lógica, la presente investigación pretende ser una continuación y mantener la perspectiva crítica del Informe sobre la jurisdicción agraria, publicado por DPLF en el 2018. Tanto en ese informe como en el presente reiteramos, como parte del análisis y las recomendaciones, que la legislación constitucional y agraria, así como la labor  de los Tribunales Agrarios debe reformarse para hacer de estos órganos verdaderos garantes de los derechos al territorio, la autonomía y la libre determinación, y saldar una parte de la deuda que el Estado mexicano tiene con los pueblos indígenas.

Esperamos que el presente informe contribuya no sólo como una herramienta de análisis y reflexión, sino como una guía para los magistrados y magistradas y fundamentalmente, un elemento de discusión e insumo en los espacios de los poderes ejecutivo y legislativo, principales responsables de rescatar y mejorar la labor de los Tribunales Agrarios.

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