Libre determinación indígena: algunos apuntes desde el Derecho Internacional

Daniel Cerqueira*

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El impacto de la pandemia del COVID-19 para los pueblos indígenas, aunado al contexto de violencia y despojo territorial en su perjuicio, nos obliga a pensar soluciones desde los más variados ámbitos jurídicos y políticos. Con ocasión del día internacional de los pueblos indígenas, celebrado el 9 de agosto, este ensayo resume la forma como el Derecho Internacional ha abordado la libre determinación, con un énfasis en la necesidad de fortalecer su aplicación a los pueblos indígenas. Lo anterior, por el imperativo de preservar la existencia de tales pueblos y sus culturas, y por la necesidad de mitigar los efectos de crisis ambientales de las cuales la exposición a patógenos desplazados de su hábitat natural – tales como el SARS-COVID-2 – es solamente una manifestación.

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Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú protege consulta previa de pueblos indígenas pero convalida medidas que debilitan protección del ambiente

Juan Carlos Ruiz Molleda*

En días pasados, el Tribunal Constitucional (TC) expidió sentencia en el proceso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley No 30230, ley que debilita la institucionalidad estatal en materia ambiental y, de forma inconsulta, disponía de territorios no titulados de pueblos indígenas. La sentencia dispone la inaplicación de 15 artículos de la Ley 30230, que regulaban la titulación de territorios no titulados, para beneficiar a proyectos extractivos y de infraestructura. Lo anterior, debido a la ausencia de consulta previa a los pueblos indígenas en Perú sobre las respectivas disposiciones declaradas inconstitucionales.

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Los Tribunales Agrarios en México

A la luz de los derechos humanos de los pueblos indigenas y campesinos

 

El informe se presentará de forma virtual el jueves 30 de abril de 2020 a las 4:30 PM, hora de México. Más información aquí.

Los Tribunales Agrarios en México, creados mediante reforma constitucional en 1992, han sido los órganos judiciales encargados de dirimir las controversias que se han generado principalmente en el  campo mexicano, pero que alcanzan otros contextos como el urbano. Como tribunales especializados han desempeñado una función jurisdiccional indispensable para resolver la conflictividad agraria, comunal y territorial en este país.

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El “Tren Maya”: Simulación y engaño gubernamental

Romel Rubén González Díaz* y Elisa Cruz Rueda**

La implementación del megaproyecto de infraestructura ferroviaria conocido como el “Tren Maya” en México, una de las principales propuestas del gobierno federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador para sacar de la pobreza a millones de mexicanos, ha sido recibida con gran preocupación y generado críticas de diversos sectores de la sociedad civil, debido a que no se estaría consultando debidamente a las comunidades indígenas y campesinas afectadas, a la luz de los estándares internacionales del derecho a la consulta previa reconocidos por México. A continuación, una opinión crítica en torno de dicho megaproyecto.

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Derechos humanos, pueblos indígenas y Amazonía: Comentarios al informe temático publicado recientemente por la CIDH

Cristina Blanco*

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Han pasado varias décadas desde que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) comenzó a abordar la situación de los pueblos indígenas en la región. La Comisión Interamericana (CIDH), desde mediados de los 80, y la Corte Interamericana, desde comienzos de la década de 2000, conocieron casos contenciosos y abordaron los problemas históricos enfrentados por los pueblos indígenas, en particular reivindicaciones sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Los pronunciamientos de ambos órganos han generado sólidos estándares, especialmente en materia de propiedad indígena, a un nivel de detalle que ha sido incorporado por otros sistemas internacionales de derechos humanos.

Pero nunca, hasta ahora, se había mirado desde el SIDH más allá de las fronteras estatales que separan a estos pueblos, para ver integralmente las regiones biogeográficas que comparten, como es el caso de la Panamazonía. Tal abordaje es clave pues tienen en este territorio elementos coincidentes de su historia y cosmovisión, y un presente marcado por múltiples patrones comunes de afectación a sus derechos que requieren esfuerzos conjuntos. El informe sobre la situación de derechos humanos de los pueblos en la Panamazonía, que la CIDH presentó hace unos días en Quito, resulta por ello novedoso y oportuno.

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Celebremos los derechos de los pueblos indígenas, más allá de la consulta previa

Daniel Cerqueira*

English version here.

En 1994, la Asamblea General de la ONU eligió el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Dicha fecha es una ocasión para que la sociedad civil, Estados y comunidad internacional reflexionen sobre los desafíos para el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Entre los derechos que presentan importantes retos para su debida implementación, este ensayo se enfocará en la consulta previa, libre e informada (CPLI). En el ámbito constitucional, su reconocimiento ocurrió en un contexto de adopción de cartas políticas que establecieron un nuevo modelo de participación de los pueblos indígenas en las decisiones estatales. Entre las décadas de 1980 y 1990, varios Estados del continente pasaron a reconocerse como sociedades multiculturales y abandonaron el paradigma constitucional integracionista vigente hasta entonces. Dicho paradigma se basaba en dos premisas principales: i) la cultura de los pueblos indígenas tiende a extinguirse por su inadecuación al orden económico y social mayoritario; y ii) el poder público debe mediar la integración de los pueblos indígenas al resto de la sociedad, garantizándoles derechos económicos y sociales mínimos.

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El Sínodo para la Amazonía y los derechos humanos

SÍNODO AMAZÓNICO CATÓLICO:

OPORTUNIDAD PARA ESCUCHAR LA VOZ DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) es una organización de la sociedad civil independiente de los Estados, partidos políticos, iglesias, organismos internacionales, empresas y de cualquier tipo de agremiación política, social y emprendimiento económico. Sin embargo, ello no nos impide hacer sinergias y cooperar con algunas instituciones públicas o privadas, tanto nacionales como internacionales, cuando coincidimos en principios y valores a favor de los derechos humanos, la democracia o el estado de derecho en América Latina.

Ese es el caso de la Red Eclesial Pan Amazónica (REPAM), instancia de la iglesia católica de América Latina que fue constituida el año 2014 para proteger la Amazonía y los pueblos que en ella habitan,  en sintonía con la exhortación del Papa Francisco de cuidar la “casa común” (el planeta tierra) que plasmó en su Encíclica “Laudato Si” (2015). En ese contexto, durante la visita que realizó al Perú en Enero del 2018, el Papa anunció -en la ciudad amazónica de Puerto Maldonado- el inicio del “Sínodo especial para la Amazonía”, el mismo que concluirá en Roma en octubre del presente año.

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Derechos territoriales indígenas: Brasil en el banquillo de los acusados

Tito Vilhalva, Cleber Buzatto, Bruno Pegorari y Letícia Aleixo

Texto publicado orignalmente en portugués en Nexojornal

 

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El fantasma de la política asimilacionista de los pueblos indígenas, que hizo desaparecer a millones desde la colonización, nunca desapareció por completo en las prácticas institucionales del Estado brasileño. Últimamente, dicho fantasma nos vuelve a asombrar, especialmente cuando el asunto es la garantía de los derechos territoriales indígenas.

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Brasil, ¿sucursal de Venezuela?

Daniel Cerqueira

Artículo publicado originalmente en  Open Democracy

 English /Português

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Los pueblos indígenas y quilombolas de Brasil enfrentan retrocesos propios de países sin estado de derecho. Su única esperanza es el Poder Judicial.

Ausencia de elecciones libres, criminalización de las voces críticas al gobierno, represión sistemática de manifestantes y Poder Judicial inoperante frente a los abusos del gobierno. Estas son solamente algunas de las razones por las que Venezuela merece el rótulo de dictadura. Mientras allá la ruptura de la democracia afecta a la población en general y a los pueblos indígenas en particular, en Brasil los pueblos indígenas y quilombolas están sujetos a atropellos institucionales y a una oleada de violencia e impunidad propias de un país sin estado de derecho.

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Ríos: seres vivientes y personalidad jurídica

Lieselotte Viaene

Artículo originalmente publicado en Plaza Pública

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Río Chixoy, Guatemala Foto: L. Viaene

Nuevos argumentos legales en la defensa de los territorios de los pueblos indígenas

En marzo de este año, Nueva Zelanda estableció un precedente legal mundial al otorgar el estatus de persona jurídica al río Whanganui, parte del territorio del pueblo indígena Maori Iwi. La ley Te Awa Tupua reconoce este río como un antepasado, una entidad viva, poniendo fin a una lucha de 140 años de este pueblo indígena por el reconocimiento de su relación espiritual con el río. Pocos días después, la corte suprema del estado Uttarakhand en la India, citando la decisión del parlamento neozelandés, decidió que los ríos Ganges y su afluente Yamuna, ambos considerados sagrados por los hindúes, tienen derechos como los seres humanos con el objetivo evitar que los ríos sigan con altos niveles de contaminación. También la Corte Constitucional de Colombia, en una sentencia de abril de este año, considera el río Atrato en la provincia de Chocó, principalmente territorio afro-descendiente, como sujeto de derecho ordenando al Estado un plan de protección contra la minería desbordada.

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