El “Tren Maya”: Simulación y engaño gubernamental

Romel Rubén González Díaz* y Elisa Cruz Rueda**

La implementación del megaproyecto de infraestructura ferroviaria conocido como el “Tren Maya” en México, una de las principales propuestas del gobierno federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador para sacar de la pobreza a millones de mexicanos, ha sido recibida con gran preocupación y generado críticas de diversos sectores de la sociedad civil, debido a que no se estaría consultando debidamente a las comunidades indígenas y campesinas afectadas, a la luz de los estándares internacionales del derecho a la consulta previa reconocidos por México. A continuación, una opinión crítica en torno de dicho megaproyecto.

La propuesta del “Tren Peninsular” (TP) (que no es maya), surge desde el centro del país y del gobierno. Nosotros hemos seguido todo el proceso: la primera acción para legitimar esta propuesta tan general, fue poner a consideración de todo el país su aceptación a través de una encuesta diseñada desde el centro y elaborada desde la capital. Después se realizaron foros o reuniones públicas, planteadas y coordinadas igualmente desde la capital. Y en este año 2019 la convocatoria, el protocolo, los cuadernillos y la información diseminada por medios electrónicos siempre diseñada y ejecutada desde el centro del poder, fueron lanzados con menos de una semana para iniciar la llamada Consulta, en su primera fase de información y principalmente de manera virtual, sin considerar los mecanismos y tiempos que cada comunidad tiene para tomar acuerdos.

La información proporcionada por el gobierno mexicano con respecto a los impactos ambientales, como la deforestación, el ruido, la destrucción de cenotes, las cuevas de murciélagos, zonas núcleos de reservas naturales, fauna, entre otros, no responde a preguntas básicas sobre las medidas de mitigación. Tampoco se aborda la afectación al patrimonio cultural -como son las zonas arqueológicas como la Ruta Bec- que provocará el turismo de masa, sin un plan para el manejo de la basura y  contaminación. Tampoco se señala cómo se va abastecer de agua o la forma de proporcionar servicios, ni se mencionan las afectaciones a las viviendas de las personas que viven en la ruta donde pasará el TP. Sobre ésto solo se ha informado que no se van a expropiar sin especificar el tipo de asociación o forma de participación que los propietarios de esas viviendas o terrenos tendrían con el Estado. Esto se complica cada vez más, ya que continuamente cambian el trazo de las rutas o tramos que se afectarán.

Tampoco se ha proporcionado información técnica sobre el tipo de equipo que se usará, su tonelaje y volumen (por el suelo calcáreo que predomina en la península), tarifas, tiempos de construcción, seguridad social tanto para los trabajadores en la puesta del tren como de los habitantes que estarán o se encuentra adyacentes a las vías (por los accidentes que pudieran suceder tanto en la construcción como en la operación del tren). Y sobre todo, no se ha atendido el reclamo de muchos ejidos y organizaciones comunitarias sobre problemas antiguos no resueltos como indemnizaciones que se les deben por afectaciones anteriores relacionadas con la construcción de carreteras; tampoco se aclara qué pasará con el acceso al agua (ya que muchas poblaciones actualmente carecen del vital liquido); regularización de la tenencia de la tierra, tala inmoderada, siembra de soya transgénica, palma africana, o sobre mega parques de energía renovable.

Por ello la llamada Consulta (en su fase informativa) que actualmente se está operando desde el gobierno mexicano es parcial, contradictoria, sesgada y sobre todo limitada por estar dirigida a unos cuantos, sin consultar directamente a las comunidades y pueblos indígenas (respetando sus propios procesos y mecanismos, violentando así el principio de culturalmente adecuada que señala el Convenio 169) que serán afectados e impactados (en todos los aspectos ambientales, económicos, productivos, culturales, de seguridad social y servicios públicos).

El doble discurso refuerza la simulación: con una mano el gobierno dice consultar y solicita el consentimiento invocando el Convenio 169 de la OIT y, con la otra mano, amenaza y manipula  utilizando viejos mecanismos de acarreos, de levanta mano y de condicionar información a cambio del consentimiento o de la promesa de resolver los problemas de servicios públicos o productivos, o bien, de otorgar empleo. El INPI, institución encargada de defender o proteger los derechos de los pueblos indígenas, es el primero en violentar sus derechos y busca a toda costa, justificar la aprobación del TP y un consentimiento dado bajo presión (violentado el principio de buena fe) para su ejecución, cuyo objetivo final es fortalecer el despojo de los territorios indígenas para entregarlos al gran capital inmobiliario y hotelero.

En este sentido hemos visto cómo el valor de la tierra ya aumentó (tan solo por el anuncio del proyecto), pero los habitantes ni siquiera reciben el 50% de ese valor sino que lo que reciben está por debajo del valor real; es decir, el mercado inmobiliario no espera el resultado de la llamada Consulta, ya está operando. Las autoridades locales y comunitarias, por la falta de información sobre los verdaderos impactos, a ciegas aceptarán dicho proyecto del tren, pero cuando las comunidades conozcan la verdad o el objetivo final, su respuesta será otra.

En resumen, lo que actualmente se vive en México con la simulación de una Consulta Indígena es muestra de cómo el actual gobierno mexicano simula y elude sus obligaciones internacionales porque: 1º. Aplica mecanismos electorales (mano alzada y casillas), cuando estos han sido calificados por los distintos relatores de la ONU en materia indígena, como inadecuados e insuficientes. 2º Antes de consultar ya aprobó el proyecto de Tren Peninsular, prueba de ello son las subastas, licitaciones y concesiones que se están realizando, a la par de la fase de información a los indígenas sobre lo que es el TP; y 3º El Presidente Andrés Manuel López Obrador violenta el principio de consentimiento previo libre e informado, por lo anotado en los puntos 1º y 2º, sobretodo porque previo a lo que él llama Consulta, descalifica a los que se opongan o “voten” en contra, señalándolos de “reaccionarios”, “retrogradas”, “fifís”, confrontando asi a la población.

Tan solo en la primera fase de “información” de la llamada Consulta, hemos recabado información en las asambleas comunitarias en las que constatamos que los principios de una verdadera Consulta Indígena están violentados, colocando a las comunidades en estado de indefensión frente a lo que el TP provocará de afectaciones y sin una definición especifica de los posibles beneficios.

*Consejo regional indigena y popular de Xpujil S.C. (CRIPX)
**Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena – Universidad Autónoma de Chiapas (EGAI-UNACH)

Foto: Tren Maya

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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