El Tren Maya erige un nuevo Leviatán en México: las organizaciones de sociedad civil

David Lovatón Palacios*

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Recientemente el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho suya una infundada campaña de desprestigio en contra de organizaciones de sociedad civil (OSC) y fundaciones internacionales que hemos respaldado iniciativas y pronunciamientos que -dentro del marco de la ley- cuestionan o se oponen al megaproyecto denominado “Tren Maya” en la Península de Yucatán y otros Estados del sureste mexicano. Al parecer, el presidente está comenzando a padecer del conocido síndrome político, binario y ciertamente autoritario, de muchos gobernantes latinoamericanos: o estás conmigo o estás en mi contra.

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Libre determinación indígena: algunos apuntes desde el Derecho Internacional

Daniel Cerqueira*

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El impacto de la pandemia del COVID-19 para los pueblos indígenas, aunado al contexto de violencia y despojo territorial en su perjuicio, nos obliga a pensar soluciones desde los más variados ámbitos jurídicos y políticos. Con ocasión del día internacional de los pueblos indígenas, celebrado el 9 de agosto, este ensayo resume la forma como el Derecho Internacional ha abordado la libre determinación, con un énfasis en la necesidad de fortalecer su aplicación a los pueblos indígenas. Lo anterior, por el imperativo de preservar la existencia de tales pueblos y sus culturas, y por la necesidad de mitigar los efectos de crisis ambientales de las cuales la exposición a patógenos desplazados de su hábitat natural – tales como el SARS-COVID-2 – es solamente una manifestación.

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Suprema Corte de México ordena al Congreso legislar sobre consulta indígena

Poder Judicial ha cruzado la línea que separa la obligación de adecuar la legislación interna en materia de derechos humanos y la autonomía de los pueblos indígenas

Naayeli Ramírez Espinosa* y Daniel Cerqueira**

Publicado originalmente en el Blog del CEC.

El pasado 10 de junio la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso Federal emitir una ley que reglamente el derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI). Dictada en el marco de una acción de amparo presentada por tres personas indígenas, la sentencia se fundamenta en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, y en el artículo 2° de la Constitución Federal mexicana, los cuales consagran el referido derecho fundamental de los pueblos indígenas. La resolución de la SCJN comparte los parámetros de una sentencia emitida por la judicatura federal el año pasado, dirigida al estado de Oaxaca, que ordenaba al congreso local adoptar una ley sobre CPLI. El 22 de febrero del presente año el congreso de Oaxaca dio cumplimiento a esta sentencia y publicó la Ley de Consulta Previa Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

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Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú protege consulta previa de pueblos indígenas pero convalida medidas que debilitan protección del ambiente

Juan Carlos Ruiz Molleda*

En días pasados, el Tribunal Constitucional (TC) expidió sentencia en el proceso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley No 30230, ley que debilita la institucionalidad estatal en materia ambiental y, de forma inconsulta, disponía de territorios no titulados de pueblos indígenas. La sentencia dispone la inaplicación de 15 artículos de la Ley 30230, que regulaban la titulación de territorios no titulados, para beneficiar a proyectos extractivos y de infraestructura. Lo anterior, debido a la ausencia de consulta previa a los pueblos indígenas en Perú sobre las respectivas disposiciones declaradas inconstitucionales.

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Comentarios a la Nueva Ley de Consulta Previa del estado de Oaxaca, México

Naayeli Ramírez-Espinosa*

Oaxaca es uno de los estados de México con mayor presencia de pueblos indígenas (más del 32.2% de la población según encuesta oficial del 2015). El 22 de febrero de 2020, el Congreso de este estado publicó la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamexicanas, la cual presenta considerables avances en comparación con las otras dos leyes en la materia existentes en el país (las de los estados de Durango y San Luis Potosí).

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El “Tren Maya”: Simulación y engaño gubernamental

Romel Rubén González Díaz* y Elisa Cruz Rueda**

La implementación del megaproyecto de infraestructura ferroviaria conocido como el “Tren Maya” en México, una de las principales propuestas del gobierno federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador para sacar de la pobreza a millones de mexicanos, ha sido recibida con gran preocupación y generado críticas de diversos sectores de la sociedad civil, debido a que no se estaría consultando debidamente a las comunidades indígenas y campesinas afectadas, a la luz de los estándares internacionales del derecho a la consulta previa reconocidos por México. A continuación, una opinión crítica en torno de dicho megaproyecto.

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Celebremos los derechos de los pueblos indígenas, más allá de la consulta previa

Daniel Cerqueira*

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En 1994, la Asamblea General de la ONU eligió el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Dicha fecha es una ocasión para que la sociedad civil, Estados y comunidad internacional reflexionen sobre los desafíos para el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Entre los derechos que presentan importantes retos para su debida implementación, este ensayo se enfocará en la consulta previa, libre e informada (CPLI). En el ámbito constitucional, su reconocimiento ocurrió en un contexto de adopción de cartas políticas que establecieron un nuevo modelo de participación de los pueblos indígenas en las decisiones estatales. Entre las décadas de 1980 y 1990, varios Estados del continente pasaron a reconocerse como sociedades multiculturales y abandonaron el paradigma constitucional integracionista vigente hasta entonces. Dicho paradigma se basaba en dos premisas principales: i) la cultura de los pueblos indígenas tiende a extinguirse por su inadecuación al orden económico y social mayoritario; y ii) el poder público debe mediar la integración de los pueblos indígenas al resto de la sociedad, garantizándoles derechos económicos y sociales mínimos.

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Recomendaciones al Estado mexicano en el marco del proceso de consulta previa en el estado de Campeche, en cumplimiento de una sentencia de la SCJN

En noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la propiedad territorial de los pueblos y comunidades indígenas de los municipios Hoplechén y Tenabo, del estado de Campeche, al exigir que el Estado cumpla con el derecho a la consulta previa, libre e informada. El caso se refería específicamente a la suspensión de la siembra de soya genéticamente modificada en estos territorios hasta que los pueblos y comunidades indígenas tuvieran la información necesaria para tomar la decisión de sembrar o no dicha soya.

David Lovatón, en su participación en el foro de discusión “El caso del pueblo maya frente a la soya transgénica de Monsanto. Contexto y análisis de los fallos de la SCJN” en la Universidad Nacional Autónoma de México, explica cuatro irregularidades en el proceso de consulta previa que se está llevando a cabo en las comunidades indígenas de los municipios Hoplechén y Tenabo y brinda dos recomendaciones para que el Estado mexicano cumpla su función de proteger el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.

Leer informe presentado a la SCJN

Primer reporte de la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada

Por: David Lovatón 

Consultor DPLF

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Recientemente se conformó la “Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada”, integrada por personalidades y organizaciones de sociedad civil. Esta Misión se creó a solicitud de las comunidades de Hopelchén y Tenabo que deben ser debidamente consultadas en cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México.

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¿Por qué la consulta previa no funciona en proyectos extractivos en el Perú?

Juan Carlos Ruiz Molleda

Instituto de Defensa Legal

Publicado originalmente en La  Mula

 

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Foto: PUCP

Al momento de escribir esto se encuentra la Relatora de las Naciones Unidas de los de Derechos de los Pueblos Indígenas en el Perú (Relator de las NNUU). Quiere ver cómo funciona la consulta previa en el Perú. El Viceministerio de Interculturalidad querrá vendernos la idea, que el Perú es el país modelo de consulta previa en el mundo.
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