Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú protege consulta previa de pueblos indígenas pero convalida medidas que debilitan protección del ambiente

Juan Carlos Ruiz Molleda*

En días pasados, el Tribunal Constitucional (TC) expidió sentencia en el proceso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley No 30230, ley que debilita la institucionalidad estatal en materia ambiental y, de forma inconsulta, disponía de territorios no titulados de pueblos indígenas. La sentencia dispone la inaplicación de 15 artículos de la Ley 30230, que regulaban la titulación de territorios no titulados, para beneficiar a proyectos extractivos y de infraestructura. Lo anterior, debido a la ausencia de consulta previa a los pueblos indígenas en Perú sobre las respectivas disposiciones declaradas inconstitucionales.

De otro lado, la sentencia declara infundada la demanda en la parte ambiental, convalidando las diferentes medidas contenidas en la Ley No 30230, que debilitan la institucionalidad estatal que protege el medio ambiente. Nuestras principales críticas en la parte ambiental de la sentencia son[1]:

  1. La Constitución peruana establece mandatos claros al Estado con el fin de proteger el medio ambiente: “El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales” (artículo 67 de la Constitución), “El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas” (artículo 68 de la Constitución) y “El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada”. (artículo 69 de la Constitución).
  2. El derecho fundamental al disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida, reconocido en el artículo 2.22 de la Constitución, no solo implica el derecho subjetivo a un medio ambiente, sino la obligación del Estado de preservarlo. En palabras del Tribunal Constitucional, “el derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute”. Es precisamente esta institucionalidad ambiental, que permite una protección adecuada, la que ha sido debilitada con la ley 30230.
  3. A pesar de todos estos mandatos, el TC acaba de convalidar las siguientes medidas: a) la reducción de la facultad sancionadora de la OEFA contenida en el artículo 19 de la Ley 30230; b) la reducción del presupuesto de la OEFA establecido en el artículo 12 de la Ley No 30230; c) el traslado de la competencia de creación de Zonas Reservadas (Área Natural Protegida) del Ministerio del Ambiente a la Presidencia del Consejo de Ministros en el art. 20 de la Ley 30230, lo que significa que ya no será el MINAM sino un organismo político con es el Consejo de Ministros quien decida sobre la creación de este tipo de áreas protegidas; d) la reducción de los plazos para opinar sobre los EIA contenida en el artículo 21 de la Ley 30230, que establece que las opiniones sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) vinculantes o no vinculantes deberán emitirse en un plazo máximo de 45 días hábiles; e) la desnaturalización del ordenamiento territorial y de la zonificación ecológica y económica contenida en el artículo 22 de la Ley 30230, sobre todo cuando redefine al ordenamiento territorial para quitarle su carácter concertador, pero también decisorio sobre los usos del territorio, considerándolo solamente orientador. Y por si quedara alguna duda, establece la prohibición expresa de asignar, mediante el ordenamiento territorial, usos y establecer exclusiones de usos; 6) el traslado de la competencia de determinar los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA) contenida en el artículo 23 de la Ley Nº 30230; y 7 ) establece que los ECA y LMP deben basarse en criterios de protección de la salud y el ambiente y en el análisis del impacto regulatorio y económico sobre las industrias y poblaciones involucradas.
  4. Las libertades de empresa, de comercio y de industria tiene reconocimiento constitucional, pero como el propio artículo 59 de la Constitución lo señala, el ejercicio de estas actividades no puede poner en peligro el orden público, la salud y el medio ambiente.
  5. Si bien es cierto que el Ejecutivo tiene la discrecionalidad, en ejercicio de su función de gobierno, de diseñar e implementar políticas públicas para lograr sus objetivos, estas no pueden afectar derechos fundamentales ni bienes jurídicos constitucionales. En este caso, la derogación de las reglas contenida en la Ley 30230, eran “necesarias” para concretar la protección del medio ambiente. Como dice el Tribunal Constitucional, “la revalorización de los derechos fundamentales como “conquistas frente a la mayoría” o como “límites al poder político” exige pues asumir una postura según la cual el legislador o cualquier otra autoridad política tienen un límite en su libertad de configuración normativa de la Constitución, tanto en un sentido negativo (de respeto)”.
  6. De acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), los Estados parte tienen la obligación de “remover” todos los obstáculos legales y fácticos que impiden el ejercicio de las obligaciones allí contenidas. En este caso, el Estado peruano no ha cumplido con remover los obstáculos contenidos en la ley 30230, que impiden una protección efectiva del medio ambiente. En palabras de la Corte IDH, “el deber general del artículo 2 de la Convención Americana implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención”.
  7. Si uno revisa otras sentencias recientes en materia ambiental del Tribunal Constitucional, como por ejemplo, la STC 00011-2015-PI (f.j. 15) sobre uso de plaguicidas tóxicos, o más antiguas como la STC 03347-2007-PA (f.j. 5) sobre protección de áreas naturales protegidas, uno encuentra que el TC en la sentencia materia de análisis, se olvidó de su función de “prevenir” las violaciones al derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado y adecuado (No 00012-2015-PI, f.j. 172).
  8. El Tribunal Constitucional desconoce la obligación del Estado de “preservar” el medio ambiente y la dimensión objetiva del derecho al medio ambiente. El tribunal ha señalado que el contenido del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado comprende dos elementos 1) el derecho a gozar de ese medio ambiente y 2) el derecho a que ese medio ambiente se preserve[2]. Es esta última obligación la que sustentaba el pedido de nulidad de varios artículos de la Ley 30230, por parte de los demandantes.
  9. Cuando un Estado reconoce un derecho fundamental, reconoce tres obligaciones, 1) la desarrollar órganos o instituciones de protección, 2) desarrollar procesos o procedimientos para concretar la protección, y 3) asignar presupuesto para que esos mecanismos de protección de materialicen[3]. Es eso lo que no ha cumplido el Tribunal Constitucional en el presente caso en materia de institucionalidad ambiental.

Consideramos que esta sentencia sienta un mal precedente en la protección del ambiente. En un contexto donde la población viene tomando más conciencia de la importancia de proteger el ambiente, el Tribunal Constitucional tomó e camino contrario y perdió una oportunidad de emitir una sentencia que lo cautele.

 

*Abogado, Instituto de Defensa Legal (IDL), Lima, Perú

 

[1] Sobre este parte nos hemos pronunciado en https://www.enfoquederecho.com/2020/06/14/pueblos-indigenas-le-ganan-batalla-a-gobierno-en-defensa-de-sus-territorios-indigenas/.

[2] Tribunal Constitucional, 00048-2004-AI/TC, f.j. 17.

[3] Ver ALEXY, Robert. “Teoría de los derechos fundamentales”. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 454 y sgts.

Comentarios a la Nueva Ley de Consulta Previa del estado de Oaxaca, México

Naayeli Ramírez-Espinosa*

Oaxaca es uno de los estados de México con mayor presencia de pueblos indígenas (más del 32.2% de la población según encuesta oficial del 2015). El 22 de febrero de 2020, el Congreso de este estado publicó la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamexicanas, la cual presenta considerables avances en comparación con las otras dos leyes en la materia existentes en el país (las de los estados de Durango y San Luis Potosí).

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El “Tren Maya”: Simulación y engaño gubernamental

Romel Rubén González Díaz* y Elisa Cruz Rueda**

La implementación del megaproyecto de infraestructura ferroviaria conocido como el “Tren Maya” en México, una de las principales propuestas del gobierno federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador para sacar de la pobreza a millones de mexicanos, ha sido recibida con gran preocupación y generado críticas de diversos sectores de la sociedad civil, debido a que no se estaría consultando debidamente a las comunidades indígenas y campesinas afectadas, a la luz de los estándares internacionales del derecho a la consulta previa reconocidos por México. A continuación, una opinión crítica en torno de dicho megaproyecto.

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Celebremos los derechos de los pueblos indígenas, más allá de la consulta previa

Daniel Cerqueira*

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En 1994, la Asamblea General de la ONU eligió el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Dicha fecha es una ocasión para que la sociedad civil, Estados y comunidad internacional reflexionen sobre los desafíos para el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Entre los derechos que presentan importantes retos para su debida implementación, este ensayo se enfocará en la consulta previa, libre e informada (CPLI). En el ámbito constitucional, su reconocimiento ocurrió en un contexto de adopción de cartas políticas que establecieron un nuevo modelo de participación de los pueblos indígenas en las decisiones estatales. Entre las décadas de 1980 y 1990, varios Estados del continente pasaron a reconocerse como sociedades multiculturales y abandonaron el paradigma constitucional integracionista vigente hasta entonces. Dicho paradigma se basaba en dos premisas principales: i) la cultura de los pueblos indígenas tiende a extinguirse por su inadecuación al orden económico y social mayoritario; y ii) el poder público debe mediar la integración de los pueblos indígenas al resto de la sociedad, garantizándoles derechos económicos y sociales mínimos.

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Recomendaciones al Estado mexicano en el marco del proceso de consulta previa en el estado de Campeche, en cumplimiento de una sentencia de la SCJN

En noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la propiedad territorial de los pueblos y comunidades indígenas de los municipios Hoplechén y Tenabo, del estado de Campeche, al exigir que el Estado cumpla con el derecho a la consulta previa, libre e informada. El caso se refería específicamente a la suspensión de la siembra de soya genéticamente modificada en estos territorios hasta que los pueblos y comunidades indígenas tuvieran la información necesaria para tomar la decisión de sembrar o no dicha soya.

David Lovatón, en su participación en el foro de discusión “El caso del pueblo maya frente a la soya transgénica de Monsanto. Contexto y análisis de los fallos de la SCJN” en la Universidad Nacional Autónoma de México, explica cuatro irregularidades en el proceso de consulta previa que se está llevando a cabo en las comunidades indígenas de los municipios Hoplechén y Tenabo y brinda dos recomendaciones para que el Estado mexicano cumpla su función de proteger el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.

Leer informe presentado a la SCJN

Primer reporte de la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada

Por: David Lovatón 

Consultor DPLF

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Recientemente se conformó la “Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada”, integrada por personalidades y organizaciones de sociedad civil. Esta Misión se creó a solicitud de las comunidades de Hopelchén y Tenabo que deben ser debidamente consultadas en cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México.

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¿Por qué la consulta previa no funciona en proyectos extractivos en el Perú?

Juan Carlos Ruiz Molleda

Instituto de Defensa Legal

Publicado originalmente en La  Mula

 

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Foto: PUCP

Al momento de escribir esto se encuentra la Relatora de las Naciones Unidas de los de Derechos de los Pueblos Indígenas en el Perú (Relator de las NNUU). Quiere ver cómo funciona la consulta previa en el Perú. El Viceministerio de Interculturalidad querrá vendernos la idea, que el Perú es el país modelo de consulta previa en el mundo.
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Sentencia de Suprema Corte sobre la soya transgénica en la península de Yucatán: Una tutela insuficiente de derechos humanos

Jorge Fernández Mendiburu

Integrante de Indignación, promoción y Defensa de los derechos Humanos AC y del Colectivo Ma OGM

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Foto: Colectivo Ma OGM

El 4 de noviembre pasado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución de suma trascendencia para el pueblo maya peninsular en México. Se confirmó de manera definitiva la concesión de tres amparos presentados por comunidades y asociaciones de apicultores pertenecientes a dicho pueblo originario, en contra de un permiso otorgado por la Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación) a la empresa transnacional de biotecnología y agroquímicos Monsanto, para la siembra, en fase comercial, de 253,500 hectáreas de soya genéticamente modificada en 7 entidades del país, incluyendo las tres que integran la península de Yucatán.

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La amenaza a los derechos de los pueblos étnicos sigue en el año de 2016 en Brasil

 

Por: Liana Amin Lima

Abogada especialista en Derecho de los Pueblos Indígenas y Comunidades Negras. Candidata a Doctorado en Derecho Socioambiental por la Pontifícia Universidad Católica de Paraná, Brasil.

 

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Foto: Manifiesto del movimiento indígena en rechazo a la PEC 215 en el Congreso brasileño. Brasilia, diciembre de 2015. Fuente: www.conferenciaindigenista.funai.gov.br.

El año de 2015 terminó para los pueblos étnicos de Brasil con la participación de líderes y lideresas en la COP-21 en Paris, donde denunciaron las contradicciones del gobierno brasileño en la articulación del Acuerdo del Clima. Brasil no está haciendo su “deber de casa” en relación con la conservación de las áreas protegidas (resguardos indígenas, territorios colectivos y unidades de conservación) frente a las violaciones de derechos por la construcción de hidroeléctricas en la región amazónica. Igualmente, denunciaron los recientes retrocesos legislativos, entre ellos, la promulgación de la nueva Ley de Acceso y Uso del Patrimonio Genético y Conocimientos Tradicionales (Ley n. 13.123, de 20 de mayo de 2015) que reglamenta el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La promulgación de esta ley se hizo sin el consentimiento previo, libre e informado, violando dicha garantía constitucional en perjuicio de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales.

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Bolivia: los Guaraníes, el gas y una consulta incómoda

Por: Marcela Torres

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Foto: Juanky Pamies Alcubilla

En términos normativos, Bolivia es uno de los Estados más progresistas de América Latina en lo que a reconocimiento de derechos indígenas se refiere. La constitución boliviana del año 2009 reconoce una senda cantidad de derechos colectivos a los 39 pueblos indígenas del país, incluyendo expresamente sus derechos territoriales. Dicha constitución reconoce además a la consulta previa como mecanismo principal de la democracia participativa que, junto con la democracia comunitaria y la democracia representativa, constituyen la nueva forma de gobierno de Bolivia. Todos estos cambios normativos dan cuenta del liderazgo político que se gestó dentro de las principales organizaciones sociales de dicha nación en las últimas dos décadas y que alcanzó su máxima visibilidad en el año 2006 cuando el dirigente sindicalista de origen indígena Evo Morales asumió la presidencia. Durante los primeros años de su mandato Morales, quien siempre ha señalado que él “gobierna obedeciendo al pueblo”, instauró una tradición de negociación entre gobierno central y sociedad civil que, si bien dificultó la implementación de políticas públicas en un inicio, le otorgó la credibilidad necesaria que le ha permitido mantenerse en el poder hasta la fecha[1].

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