David Lovatón Palacios*

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Recientemente el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho suya una infundada campaña de desprestigio en contra de organizaciones de sociedad civil (OSC) y fundaciones internacionales que hemos respaldado iniciativas y pronunciamientos que -dentro del marco de la ley- cuestionan o se oponen al megaproyecto denominado “Tren Maya” en la Península de Yucatán y otros Estados del sureste mexicano. Al parecer, el presidente está comenzando a padecer del conocido síndrome político, binario y ciertamente autoritario, de muchos gobernantes latinoamericanos: o estás conmigo o estás en mi contra.

En conferencia de prensa del pasado 28 de agosto del 2020, el presidente de México hizo mención -con nombres, cuadros y cifras de por medio- a las donaciones que algunas organizaciones de sociedad civil (OSC) recibimos de fundaciones internacionales, dando a entender que nuestro respaldo a iniciativas que cuestionan o se oponen al megaproyecto denominado “Tren Maya”, no se debe a una auténtica voluntad de cautelar los derechos humanos de comunidades indígenas potencialmente afectadas, el derecho de acceso a la información pública o el medio ambiente, sino a subalternos intereses económicos. Similar acusación se repitió en sus conferencias de prensa del 3 y 4 de septiembre del 2020.

Esta campaña estigmatizadora es un guion bastante conocido en América Latina: las OSC incómodas a los intereses del gobernante de turno, son acusadas de recibir recursos del extranjero y de hacer todo lo que hacen por dinero y no por convicción en los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia. Fujimori en Perú, Uribe en Colombia, Correa en Ecuador, Chávez y Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Bukele en El Salvador y Bolsonaro en Brasil, han sido algunos de los presidentes que en la historia reciente latinoamericana han echado mano de esa narrativa.

Estas campañas tienen además la virtud de desviar la atención y esconder verdaderos problemas que el presidente de turno ofreció resolver pero que -luego de algunos años en el poder- no logra hacerlo, al menos no en la envergadura o velocidad que esperaba. Entonces se fabrican enemigos internos y extranjeros que supuestamente se oponen al desarrollo obstruyendo sus políticas o megaproyectos y se les comienza a responsabilizar de errores propios con el conocido mensaje mediáticos en mañaneras, sabatinas o programas televisivos como “aló presidente” del extinto ex presidente Hugo Chávez: “ellos son los culpables, no nosotros”.

Es muy lamentable que un presidente como Andrés Manuel López Obrador se haya prestado a este tipo de campañas, pues él mismo tuvo que enfrentar una gigantesca maquinaria mediática y empresarial que hizo lo imposible para evitar que ganara las elecciones del 2018. Esa maquinaria sólo dejó de operar cuando fue inminente su avasallador triunfo electoral.

Muchos de sus actuales autoridades y funcionarios(as) provienen de las canteras de la sociedad civil y en el pasado también fueron estigmatizadas o atacadas, por ende, él sabe perfectamente -o debería saber- que desde hace décadas existe en México -muchísimo antes del “tren maya”- un mosaico de organizaciones sociales dedicadas a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, a combatir la violencia y la discriminación de las mujeres, a mejorar la calidad de vida de los niños, a combatir la pobreza y el hambre, a defender la libertad de expresión, a denunciar graves y masivas violaciones de derechos humanos, a defender los derechos de los pueblos originarios, a proteger el medio ambiente, a impulsar investigaciones académicas, etc.

El presidente también sabe -o debería saber- que las OSC -hace décadas- reciben donaciones de prestigiosas instituciones de cooperación internacional de los Estados Unidos, Canadá o Europa, que les permite llevar a cabo sus fines institucionales. No sólo las asociaciones civiles reciben donaciones, también sindicatos, iglesias o universidades. Todo ello dentro del marco legal mexicano, con total transparencia y anualmente auditado.

Esa es la situación que el presidente ahora dice descubrir y develar, justo cuando un grupo importante de ellas y de periodistas han cuestionado o se han opuesto a su megaproyecto del “Tren Maya”, no en forma delictiva o con malas artes, sino con procesos de amparo, investigaciones, pronunciamientos o denuncias internacionales. Y razones no les faltan para tal inconformidad. Veamos rápidamente:

• Desde un inicio, el Tren Maya estuvo cubierto por un velo de opacidad difícil de aceptar en una sociedad democrática. Cuando algunas OSC han presentado pedidos de acceso de información pública en torno a este proyecto a las oficinas federales como FONATUR[1] encargadas del mismo, con frecuencia han recibido como respuesta que tal información no existe. Esta opacidad se ha reflejado, por ejemplo, en el ocultamiento en el que -según la prensa- habría incurrido por varios meses el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) de un informe crítico encargado a más de treinta (30) científicos “para no influir” en la supuesta consulta previa que tuvo lugar en diciembre del 2019.[2]
  
  A la fecha dicho informe ya se conoce y entre los impactos ambientales negativos que advierte están los siguientes: “el TM [tren maya] tendrá un impacto negativo en los servicios ambientales que nos brindan los ecosistemas que serán afectados, destacando los posibles efectos negativos en las áreas más importantes de recarga del manto freático de la PY [Península de Yucatán]: i) el anillo de cenotes denominado en 2013 como Reserva Geohidrogeológica y ii) las selvas de la región de Calakmul, donde las aguas cosechadas son transportadas y acumuladas para en algún momento fluir hacia los principales sistemas costeros de la península de Yucatán y alimentar seis de las nueve subcuencas hidrográficas ubicadas en la PY. También será afectada la capacidad de estos ecosistemas forestales de capturar, a través de la fotosíntesis, el bióxido de carbono atmosférico, es decir, de ser sumideros de carbono.” (p. 12)[3]

• La consulta previa a las comunidades indígenas afectadas por este megaproyecto, se llevó a cabo tan sólo entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del 2019 y no cumplió con los estándares internacionales en la materia; en otras palabras, no fue un proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, tal como dejó constancia la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos: “llama la atención en relación con el proceso de consulta indígena sobre el “Proyecto de desarrollo Tren Maya”, realizado del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019, el cual hasta el momento no ha cumplido con todos los estándares internacionales en la materia.”[4]

• Este megaproyecto a la fecha tampoco ha sido especialmente prolijo con los Estudios o Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA). Si bien ya se adjudicaron casi todos los tramos o fases del tren, la única MIA que se conoce es la que FONATUR presentó a la SEMARNAT (Secretaría de medio ambiente y recursos naturales) recién el pasado 18 de junio del 2020 sólo en relación al tramo o fase 1 del proyecto[5]. El 21 de agosto del 2020 diversas OSC y ambientalistas solicitaron formalmente a SEMARNAT que niegue la autorización del impacto ambiental “puesto que incurre en los tres incisos previstos en la legislación ambiental según los cuales debe negarse la autorización solicitada”[6]
  
  Al respecto, el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG) y el Laboratorio de estudios sobre empresas transnacionales (LET), del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicó en diciembre del 2019 un avance de investigación sobre el tren maya y en relación a su impacto ambiental advirtió de “Los potenciales efectos devastadores (ecológicos, sociales, culturales) de una intervención infraestructural como la que se propone con el megaproyecto Tren Maya-Corredor Transístmico cuentan con una abundante evidencia en el campo de los saberes científicos y otros. Este proyecto, con sus “polos de desarrollo” y sus parques industriales, de realizarse profundizaría el daño ya causado en la región por el progreso en sus múltiples formas. Los impactos inmediatos previsibles ya son de una gravedad histórica que llevará a reacomodos ecológicos incluso imprevisibles. Tanto el Istmo de Tehuantepec como la Península de Yucatán tienen la virtud de ser lugares de cruce y diversificación de especies que serían irreversiblemente dañados con el paso del tren…” (pp. 8 y 9)[7]

Así que nadie se opone al desarrollo y menos aún al combate a la pobreza en México. Pero el desarrollo del sureste mexicano no necesariamente tiene que tener rostro de acero y cemento, no necesariamente debe significar más millones de turistas, sobreexplotación de los recursos naturales o impactar negativamente en la biodiversidad. La noción de desarrollo del señor presidente también debería incorporar modelos mucho más sustentables social y ambientalmente que en la Península de Yucatán están tratando de impulsar, como es el caso de la apicultura de exportación con el apoyo, precisamente, de las OSC, la cooperación internacional y la academia.

Seguramente son modelos de desarrollo sustentables que generan menos millones de dólares que las mega inversiones públicas o privadas, pero ¿acaso ese no es también el nuevo enfoque económico que el presidente está intentado impulsar para todo México desde hace dos años? ¿acaso no es cierto que el presidente considera la posibilidad que México pueda crecer algo menos, siempre y cuando mejore la distribución y el reparto de ingresos? ¿por qué lo que es válido para México -según el presidente- no es válido para la Península de Yucatán?

En la conferencia de prensa del pasado 3 de septiembre y ante la pregunta de una periodista en torno al incumplimiento de las Manifestaciones de impacto ambiental (MIA) en varios proyectos que el gobierno federal viene impulsando, como es el caso del “Tren Maya”, el presidente aseguró -enfáticamente- que todas las exigencias y estándares ambientales en tales proyectos iban a ser respetados porque -dijo-: “Nosotros cumplimos la ley”. Saludamos ello y esperamos que así sea porque las OSC también cumplen la ley. El acatamiento de la legalidad nacional e internacional es lo que -desde un inicio- ha motivado a las OSC y periodistas que cuestionan o se oponen a la forma en la que se viene implementando este megaproyecto, que pone en peligro la selva maya, segundo pulmón verde que queda en América Latina después de la amazonia.

*Asesor legal DPLF

[1] Fondo Nacional de fomento al turismo.

[2] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/conacyt-oculto-informe-critico-con-el-tren-maya-ven-riesgo

[3] https://interactivo.eluniversal.com.mx/online/pdf-20/PDF-RESUMEN-EJECUTIVO-GCTTM.pdf

[4] https://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1359:onu-dh-el-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-tren-maya-no-ha-cumplido-con-todos-los-estandares-internacionales-de-derechos-humanos-en-la-materia&Itemid=265

[5] file:///C:/Users/David%20Lovat%C3%B3n/Downloads/Extracto-TM-Fase-1-Espan%CC%83ol.pdf

[6] https://www.cemda.org.mx/piden-a-semarnat-negar-la-autorizacion-de-impacto-ambiental-al-proyecto-tren-maya/

[7] http://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/default/files/2019-12/OLAG-2019-TrenMaya-Avancesdeinvestigacio%CC%81n.pdf

Foto: Presidencia de la República, México